22Febrero2017

Editoriales

Por qué no discutir una reforma constitucional

En América Latina, el liderazgo ordena al campo popular. Es sobre la organización que se construyen las victorias populares. Pero la Ley Fundamental, pergeñada en Argentina por los liberales de 1853 y perfeccionada por los neoliberales de 1994, impide la reelección presidencial.

Es decir, sometido a las reglas de los juristas de la oligarquía de ayer y hoy, el Pueblo debe someterse a un enfrentamiento intestino por establecer una nueva sucesión, con enormes posibilidades de perder el control del Estado, esa gran herramienta colectiva de transformación, y eventualmente, aceptar la asunción de un liderazgo complaciente al capital concentrado.

Otra opción, siguiendo las pautas de esa misma Constitución, es modificarla. Claro que para eso habría que enfrentar las presiones de los medios oligopólicos, el sentido común de cierta fracción de clase media pacata que vota por igual a Duhalde como a Binner y dos tercios de ambas Cámaras.

La crisis que abre sobre el liderazgo popular no es la única razón. Se trata de recuperar muchas discusiones abiertas por la reforma constitucional de 1949 (¡abolida por decreto militar!) y otras propias del siglo XXI.

Hay que recuperar el concepto de función social de la propiedad. Pensar en ese marco la potestad legal sobre los recursos naturales, no solo los energéticos sino frenar el saqueo de oro y cobre sobre la cordillera. Avanzar sobre los flujos financieros, adaptar el programa de 1973 sobre la facultad estatal de dirigir el crédito, los tipos de cambios diferenciados, los impuestos a la tierra improductiva y los límites al latifundio. Hay que proteger al pequeño campesinado. Los delitos económicos (evasión tributaria, lavado) deben tener una dimensión penal, en el sentido que lo señalaba la ley de 2002 que el FMI desaprobó. La deuda adquirida por gobiernos no democráticos es ilegítima. Los trabajadores tienen que tener voz y voto en la facturación y ganancias de las empresas.

En cuanto a la protección de la vida, los avances en materia de Derechos Humanos deben ser reconocidos. ¿No es más lógico que el Estado financie a los organismos de DD.HH. antes que a un culto religioso? El aparato represivo policial, “gatillo fácil”, siendo una responsabilidad estatal ¿no podría pensarse como delito de lesa humanidad? (“que todo elemento del estado en su función represiva que atente contra la población debe juzgarse más extensamente”). La cantidad de vida de mujeres humildes que se cobran los abortos clandestinos exige una protección en cuanto a su despenalización (la Constitución actual considera vida desde el mismo momento de la concepción).  En cuanto al aspecto sanitario, la infraestructura sanitaria y habitacional debería pensarse como una prioridad constitucional.

El matrimonio entre los géneros que fuere no puede ser retrotraído (en el sentido que la genitalidad no es fuente de diferencias frente a los derechos civiles). Hay que romper la corporación judicial, el menos democrático de los tres poderes. Una verdadera democracia no se sostiene con patovicas comunicacionales. Hay que incorporar el horizonte de Nación Sudamericana a la Constitución.

Y por sobre todo, hay que abrir este debate al conjunto social. Si no cambiamos las reglas de la oligarquía, regresará con el afán vengativo de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Una nueva Constitución debe cristalizar en términos jurídicos la contraofensiva popular desde 2001-2003 se  viene desarrollando en nuestra patria. Nada que otros países hermanos no hayan avanzado.

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