19Enero2017

Ercolini y un nuevo fallo para las tapas de los diarios

El juez procesó a Cristina y otros ex funcionarios kirchneristas por "asociación ilícita". Se investigan obras públicas incluidas en presupuestos aprobados por el Congreso nacional. 

 

Por Nicolás Adet Larcher

En un fallo de casi 800 páginas, el juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex director de Vialidad Nacional Guillermo Periotti, a Carlos Santiago Kirchner – primo del ex presidente Néstor Kirchner – y al ex secretario de Obras Públicas, José López por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.

La causa contra Cristina avanzó bastante rápido (llamativamente rápido), si se tienen en cuenta los tiempos judiciales en Argentina, más adecuados a la política que a la justicia. En la historia reciente, las causas de corrupción tienen más tratamiento en los medios que en los tribunales. Según el Observatorio de Corrupción de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), por lo general, en Argentina las condenas por hechos de corrupción llegan después de una década, si se trata de empresarios, los tiempos se extienden o perecen. Solo el 15% de las causas llegan a juicio oral y solo 7 de 63 causas de las últimas dos décadas terminaron en condenas.

El detalle de la velocidad es necesario mencionarlo por un motivo. Mientras los medios destacan que la causa había comenzado en 2008 por una denuncia de Elisa Carrió por asociación ilícita (la diputada había denunciado al juez en 2014), lo concreto es que lo que lleva al procesamiento de Cristina y al nuevo fogoneo mediático, en este caso, es una denuncia de Vialidad Nacional que se había presentado este año. Hubo un pedido de parte del fiscal Gerardo Pollicita de agregar la causa de Carrió a la de Vialidad, fusionarlas por similitudes. Con esa velocidad, Ercolini planea que la causa llegue a juicio en 2017, con el timing a tono con el año electoral.

La carátula inicial de la causa fue por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” mientras que la indagatoria – como explica el constitucionalista Eduardo Barcesat – fue por dos delitos distintos que son asociación ilícita y administración fraudulenta. “Cuando uno está bajo la figura de administración fraudulenta, no puede aplicarse las dos figuras penales porque configura un ejemplo de doble persecución penal” dijo Barcesat a Tiempo Argentino. En el fallo, Ercolini nutre sus argumentaciones viales sobre las obras en Santa Cruz a partir de varios elementos, donde se destacan dos: 1) el informe “El Estado del Estado” publicado por el gobierno nacional en junio y 2) la auditoria solicitada a Vialidad Nacional.

Tanto la auditoría como el informe hablan de obras de vialidad específicamente sobre Santa Cruz, sin analizar otras provincias, sin tener en cuenta otras constructoras que se adjudicaron licitaciones mayores. “El Estado del Estado”, un informe que carece de fuentes (nunca se dice de donde salen los datos que se mencionan ni se citan), en su apartado sobre Vialidad Nacional, no involucra en las irregularidades de obras públicas a otras provincias que incluso fueron denunciadas por militantes del propio partido gobernante. En resumen, ni el propio gobierno nacional toma en cuenta denuncias de las delegaciones de Cambiemos en las provincias “K” que denuncian irregularidades en obras. El lente solo se aplica sobre Santa Cruz.

En ese enfoque, omite las menciones a Ángelo Calcaterra quién a través de su empresa IECSA se presentó junto a Austral, la empresa de Báez en varias licitaciones para construir rutas en Santa Cruz. Los dos empresarios tuvieron sus beneficios tanto en Santa Cruz como en otras provincias. Los dos se unían para obtener la obra, incluso asociándose en una ocasión a una empresa china llamada Sinohydro para construir represas hidroeléctricas. En esa licitación, Calcaterra y Báez ganaron con un monto superior al de otros oferentes. Para Ercolini ese dato no fue sospechoso.

Incluso en ese caso del enfoque en Santa Cruz para culpar a Cristina, tampoco se explica en profundidad como es responsable el gobierno de las licitaciones provinciales y municipales. Como remarca el periodista Raúl Kollman, el fallo no procesa a gobernadores, ni jefes de gabinete que pasaron entre 2003 y 2015 (algunos hoy integran la oposición), ni intendentes, solamente se elige a funcionarios específicos que tienen un lugar en la agenda mediática. Con el criterio de Ercolini, cualquier gobernador que genere una licitación irregular no sería procesado en el marco de su responsabilidad como cabeza de la provincia y el procesado pasaría a ser Mauricio Macri por ser el presidente de la nación.

En el fallo, otras de las pruebas son recortes periodísticos y estimaciones del juez. En un tramo, se mencionan notas de Clarín, La Nación y Página/12 que corresponden al momento previo al ballotage entre Menem y Kirchner en 2003. Otro recorte, corresponde a una entrevista de La Nación en 2009. Según Ercolini, el delito se enmarca en una asociación ilícita por qué Báez formó su empresa unos meses antes de la asunción de Kirchner como presidente en 2003.  Incluso va más allá y dice que De Vido, López y CFK ya habían armado una asociación ilícita el 8 de mayo de 2003, la cual se extendió hasta el 9 de diciembre de 2015.

Para Ercolini, los funcionarios del kirchnerismo llegaron al gobierno con el único objetivo de quedarse con todo y explica que – junto a Báez – “montaron una estructura de gobierno (sic) que fuera funcional a las necesidades de la organización”. Sobre esto esgrime como prueba que queda clara esta intención por que los gobiernos kirchneristas nombraron funcionarios de Santa Cruz en el gobierno nacional. En ese apartado, Ercolini utiliza la palabra “entiendo que…”, como lo hace en otros tramos del fallo, sin apelar a la certeza en cuanto a documentación y utilizando suposiciones sobre algo que da como definitivamente probado.

Algo que no termina de redondear Ercolini en su fallo son los motivos por los cuales tres gobiernos buscaron durante 12 años enriquecer a un empresario en particular por encima de otros. No se termina de comprender el costo-beneficio ni de detallar claramente algunos datos. Según la información, el monto adjudicado a Báez asciende a 3 mil millones de pesos a partir de 52 obras que le fueron otorgadas. Una de las hipótesis que esgrimen Ercolini (al pasar) y Claudio Bonadío (en otra causa) es que CFK y Kirchner recibieron 20 millones de pesos como devolución de favor a través de alquileres de inmuebles. Dicho más simple, Báez obtuvo 3 mil millones de pesos y los Kirchner entre 2009 y 2013 obtuvieron 20 millones de pesos como devolución de Báez por el favor. No suena a buen negocio en principio. Como antecedente, en 2005 fue el propio juez Ercolini quién dictó el sobreseimiento de los Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito.

Como se escribió hoy en el diario La Nación, mucho de los datos planteados por Ercolini “en sí mismos no son pruebas” pero para el juez deben valorarse en conjunto, aunque no abunda en detalles de las maniobras en el fallo. Dentro de ese conjunto, se omitieron datos y se sumaron suposiciones que no contribuyen a una investigación que pueda aportar verdaderamente información precisa a futuro.

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