01Marzo2017

Coimas de la constructora Odebrecht: los caminos que conducen a Calcaterra, el primo de Macri

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas investiga al miembro del Clan Macri, luego de que la empresa brasileña asegurara que pagó coimas en diferentes países, entre ellos la Argentina.  

 

Por Juan Cruz Guido

Tal como se anticipó desde la Agencia Paco Urondo, la situación judicial del primo hermano de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, comienza a complicarse debido a sus explícitos lazos con la constructora Odebrecht. La presentación realizada por el abogado Daniel Igolnikov ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, busca ampliar en los nexos argentinos que la compañía brasilera confesó en su declaración arreglada con la justicia brasilera y norteamericana.

De esa “delación premiada” se desprende que la constructora pagó sobornos por más de u$s 35 millones en Argentina entre 2007 y 2014. Es eso lo que el fiscal Rodríguez busca investigar. A partir del delito confesado recolectar las pruebas de su concreción en la argentina. Para eso se propuso analizar las licitaciones de las obras adjudicadas a Odebrecht.

Allí surgen tres obras que la empresa dirigía en el país: una planta potabilizadora de agua en el Paraná de las Palmas, la ampliación de gasoductos y el soterramiento del Sarmiento. La obra más importante que tiene la constructora brasilera es el techado del ferrocarril Sarmiento desde Caballito hasta Haedo, en la cual es socia de IESCA, histórica constructora de Sociedad Macri, y la italiana Ghella.

La presentación también hace énfasis en el hecho irregular de que el decreto de necesidad y urgencia (797/2016), en el cual se amplía el endeudamiento y se giran los fondos al consorcio liderado por IECSA, lleve la firma de Gabriela Michetti. De manera directa se asignan partidas por 45 millones de pesos a la obra de soterramiento y el presidente Mauricio Macri se “excusa” de firmar.

De avanzar la investigación se volvería a poner de manifiesto los serios conflictos de intereses que los funcionarios del gobierno nacional tienen para con las grandes empresas nacionales e internacionales. La Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso aconsejó al Ministro de Energía Juan José Aranguren que en caso de contratos con Shell, firme un secretario de su cartera. Como si el “segundo” del ministerio no siguiera sus lineamientos en política energética.

Lo mismo ocurre con el envío de fondos, vía endeudamiento, a la empresa del primo hermano del presidente, sospechado de testaferro, en un decreto de necesidad y urgencia firmado por la vicepresidenta. La irregularidad de la acción se enmarca en el cambio de financiamiento del proyecto, que antes estaba en manos del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) y ahora pasa a aportarlo el Estado nacional de manera directa.

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