23Enero2017

Política

Ercolini: El fantasma de la asociación ilícita, la cárcel y la proscripción

Luego de haber ordenado medidas de prueba ante el pedido de los fiscales Pollicita e Mahiques, el juez federal Ercolini llamó a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fijando una inhibición total de sus bienes. Un análisis sobre esta anunciada embestida del Partido Judicial contra el anterior gobierno. El fantasma de la asociación ilícita, la cárcel y la proscripción.

Por Juan Cruz Guido

Luego de la presentación formal del pedido de indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner por parte de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, el juez federal Julián Ercolini dio lugar a la investigación ordenando una polémica inhibición de bienes sobre el patrimonio de la ex presidenta. Tal como veníamos anticipando desde este medio, la avanzada del Partido Judicial se condensa definitivamente en esta causa que si bien no lo tipifica, ronda la idea de la asociación ilícita que significaría la posibilidad real de que Cristina Kirchner pudiera cumplir prisión efectiva.

La denuncia presentada por los fiscales federales plantea una virtual proscripción del kirchnerismo, invocando que lo sucedido en los últimos doce años no fue más que una organización criminal que a través de la obra pública busco desfalcar al Estado. Básicamente plantea que a través de la adjudicación de obras en la provincia de Santa Cruz a la constructora de Lázaro Báez, el gobierno de Néstor Kirchner, y luego el de Cristina, recibieron un retorno en el alquiler de los hoteles de la familia en El Calafate. Es justamente allí donde las explicaciones que a partir de hoy coparan la grilla televisiva empiezan a resquebrajarse. Podrán servir para convencer a algunos televidentes, es esta su gran apuesta, pero en un análisis más fino la maniobra resulta bastante burda e incoherente. La suma que le adjudican los fiscales haber pagado a Lázaro Báez en concepto de retorno no representa ni el uno por ciento del dinero entregado en obra pública. Este hecho no es menor para volver insólito no sólo el pedido de indagatoria sino la inhibición de bienes la cual ya estaba ordenada por su colega del Partido Judicial, el juez federal Claudio Bonadio, en la causa por la venta de dólar futuro.

 

El recuerdo de la causa Papel Prensa

Resulta inevitable recordar la actuación del juez Ercolini en la causa Papel Prensa donde justamente, luego de un fundamentado pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella, rechazó llamar a indagatoria a los directores de Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, y al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, en el expediente que investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa a la familia Graiver. Allí fundamentó su rechazo al pedido de indagatoria y posterior apelación del fiscal alegando que estaba a la espera de que se produjeran pruebas fundamentales como una auditoría sobre el valor de mercado de la empresa al momento de la concreción de la evidentemente viciada compra.

Lejos del criterio utilizado en esa ocasión, el juez ordenó esta vez una indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sin evaluar previamente una auditoría sobre todas las adjudicaciones de obras públicas, tal como lo había reclamado la ex presidenta. La clara y poco inocente diferencia de criterio expresa las intenciones de este pedido que, como toda decisión de estas características, impacta de lleno en la agenda mediática. Prueba de su funcionalidad al reclamo de ciertos medios, es que el juez ordenó la inhibición de los bienes, es decir el no poder disponer de ellos, a pesar de que ya regía la inhibición dispuesta por Bonadio. Esta acción, la inhibición, busca generar un golpe de efecto a partir de la impresión de una culpabilidad manifiesta. Busca volver efectiva esta idea que se instaló en los medios de comunicación de recuperar lo supuestamente perdido, lo robado. Pero lo inaudito de esta situación es que quiebra hasta la más mínima concepción de juridicidad, quiebra definitivamente el principio de inocencia.

 

La interminable decadencia de la justicia federal

Una de las grandes estrategias que mantuvo la justicia federal para perpetrarse a pesar de los cambios de gobierno fue justamente el actuar corporativamente. El poder acumulado les permitía, ante la mínima amenaza de juicio político o cambios en la estructura de Comodoro Py, presionar a través de causas al gobierno de turno. Esta nueva maniobra del Partido Judicial apunta en ese sentido. Recordemos que la semana pasada el juez federal Claudio Bonadio, en una acción cobarde y de impacto mediático, ordenó inhibir la sucesión iniciada luego de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. Lo que los magistrados están dejando en claro es que se han puesto a disposición del gobierno y de los medios que tienen el poder de legitimarlos o un hundirlos en el desprecio popular.

Esta evidente operación por parte del macrismo en la justicia federal se expresa en la figura que ya mencionamos de Daniel Angelici. En notas anteriores referimos a la reunión que tuvieron, ya consumado el triunfo de Mauricio Macri, varios fiscales y jueces federales con el presidente del Club Atletico Boca Juniors. Los presentes en el restaurant de Puerto Madero fueron justamente el fiscal Gerardo Pollicita, que además cosecha un aceitado vinculo con el “Tano” desde su paso por la Comisión Asesora de Seguridad Deportiva del Club Boca Juniors, el fiscal Raúl Pleé y los jueces Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi y el que acaba de pedir la indagatoria de Cristina Fernandez de Kirchner, Julián Ercolini.

El otro fiscal, Ignacio Mahíques, también mantiene una estrecha relación con Angelici ya que es hijo de Carlos Mahíques, ex ministro de Justicia en el gobierno de María Eugenia Vidal y hombre muy cercano al presidente de Boca desde sus comienzos como operador del macrismo en la justicia porteña. Mahíques fue desplazado del Ministerio luego de varios fracasos en el comienzo de su gestión –incluida la fuga de los tres presos de General Alvear-. Finalmente, lo reemplazó otro hombre de confianza del “Tano”, Gustavo Ferrari. Ignacio Mahíques también es hermano de Juan Bautista Mahíques, representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura y el encargado de negociar y presionar a los jueces con la posibilidad de la iniciación de los jurys de destitución.  

A partir de este organigrama es que podemos enmarcar el pedido de indagatoria dentro de una serie de medidas corporativas que busca ganarse la confianza del nuevo gobierno y así garantizar estabilidad en el cargo. El hecho que termina de confirmar estas maniobras es la presión que ejerció Angelici para forzar la renuncia de Norberto Oyarbide. El fiscal federal Federico Delgado esta investigando las celdas telefónicas ya que arrojan que el empresario del juego anduvo merodeando Comodoro Py en los días posteriores a su renuncia. Justamente de estas negociaciones trascendió que el polémico juez heredado del gobierno de Menem puso a disposición sus servicios para operar en las causas de corrupción contra el anterior gobierno. Está claro que Angelici rechazó esa propuesta porque ya contaba con la operatividad suficiente para lograr el mismo cometido sin la necesidad de mantener a un juez ya absolutamente deslegitimado y socialmente cuestionado.

Como referíamos en notas anteriores, es necesario encuadrar esta nueva avanzada del Partido Judicial, con la consecuente venia política, en un plano mayor, en una batalla real que se esta dando en el ámbito judicial. Los jueces federales le temen a la latente posibilidad de una vuelta del kirchnerismo al Ejecutivo y, como viejos lobos que han resistido varios gobiernos democráticos, saben que este momento de debilidad por haber perdido el poder del Estado es el mejor para golpear. Dependerá entonces de la fuerza con la que puedan la ex presidenta y los simpatizantes de su gobierno puedan resistir esta nueva embestida que amenaza con, inclusive, meterla presa.

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