22Febrero2017

¿Quiénes son los fiscales macristas Pollicita y Mahíques que quieren meter presa a Cristina?

Alineados con el gobierno nacional, los funcionarios judiciales crearon una insólita figura judicial para avanzar sobre la expresidenta. ¿Buscan proscribirla?

 

Por Juan Cruz Guido

Luego de presentarse frente al juez federal Julián Ercolini en la causa contra el Grupo Austral por supuestos sobreprecios e irregularidades en la adjudicación de obras públicas, la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner denunció una “persecución judicial” que podría desembocar en la proscripción del kirchnerismo en las próximas elecciones.

Tal como anticipó APU el 13 de septiembre, el dictamen de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques gira en torno a la figura de la asociación ilícita que podría lograr una condena de prisión efectiva para la ex presidenta.

Es justamente la posibilidad de la detención la que vuelve a reflotar el fantasma de la proscripción. Como sucede con Milagros Sala en Jujuy, la cárcel resulta un recurso efectivo a la hora de apaciguar el poder político de dirigentes sociales. En este caso, con CFK, sucede que independientemente de la prisión efectiva el impacto mediático que todas estas causas generan logra una proscripción indirecta. A partir de una evidente ensañamiento con los representantes de los sectores populares, se busca generar una condena mediática por fuera del marco judicial.

El lunes pasado, en el juzgado federal N*10 a cargo de Julián Ercolini, la ex presidenta escuchó la imputación en su contra y se remitió al escrito presentado por su representación letrada el 12 de Octubre. Allí se hacía énfasis en un punto que desde este medio ya habíamos destacado. Resulta por lo menos curioso que a partir de informes de Vialidad Nacional sobre supuestos sobreprecios en la obra pública de Santa Cruz, se inicie únicamente una causa contra Lázaro Baez, beneficiario de esas adjudicaciones, y no se amplíe la investigación para con los demás contratistas del Estado.

En el escrito se puntualiza algo que describió APU en una nota luego de las declaraciones de Lázaro Báez desde la cárcel. Austral Construcciones, la constructora de Baéz, es la adjudicataria número 36 de obra pública durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Siguiendo el razonamiento de los fiscales, si efectivamente se conformó una asociación ilícita con el fin de desfalcar al Estado a través de los sobreprecios en la obra pública se debería citar a todos los beneficiados con la misma durante el gobierno kirchnerista. Incluyendo también al primo hermano de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra y a “su” empresa IECSA.

La ex presidenta reitera en su presentación el pedido concreto de que audite toda la obra pública adjudicada durante su gobierno para contrarrestar de esa manera el ensañamiento mediático con Lázaro Báez, asociándolo constantemente a la figura y la familia de Cristina Kirchner.

Partido judicial

Nuevamente la Justicia Federal queda de manera intencional en el centro de la escena. Luego de haber generado un verdadero circo con la detención de Hebe de Bonafini el 5 de Agosto, el juez federal Julián Ercolini vuelve a ser artificie de un verdadero espectáculo en la puerta del antiguo edificio de la Armada sobre la Avenida Comodoro Py. Esta vez, es cierto, totalmente acorralado por la presentación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, el juez federal tuvo que hacer a lugar al pedido de indagatoria contra la ex presidenta.

Pero, ¿quiénes son estos dos fiscales que, al igual que su colega del fuero Guillermo Marijuán, buscan a toda costa la detención de CFK?

El primero, Pollicita, fue el fiscal sobre el cual recayó la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidenta y funcionarios de su gobierno. Allí ordenó 34 medidas de prueba para darle movimiento, pero el juez Daniel Rafecas la desestimó argumentando que no había "ni un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado respecto -aunque sea- a una instigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento”. Mejor suerte tuvo con Ercolini, consiguiendo que ordene el embargo de las cuentas de Florencia Kirchner en el Banco Galicia, en la causa Hotesur. Fue uno de los fiscales que asistió a una reunión en Puerto Madero, una vez ya consumado el triunfo de Mauricio Macri, con el operador judicial en las sombras del gobierno, Daniel Angelici. Allí estaba también, además de Raúl Pleé, Ariel Lijo y Marcelo Martínez de Giorgi, el juez Julián Ercolini.

El otro fiscal, Ignacio Mahíques, es hijo de Carlos Mahíques, ex ministro de Justicia en el gobierno de María Eugenia Vidal y hombre muy cercano a Angelici. Fue desplazado del cargo luego de varios fracasos en el comienzo de su gestión –incluida la fuga de los tres presos de General Alvear-. Finalmente, lo reemplazó otro hombre de confianza del “Tano”, Gustavo Ferrari. Como si esto fuera poco, es también hermano de Juan Bautista Mahíques, representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Desde el Consejo han logrado un presión efectiva para motorizar el juego político de los jurys de enjuiciamiento, motivo fundamental para la perdida de los beneficios jubilatorios de los jueces.

Es justamente el cuestionamiento a las verdaderas intenciones de estas maniobras el espacio desde donde surge una seria preocupación por la situación institucional de la Argentina. Lejos de querer esclarecer el negocio de la obra pública en nuestro país, los fiscales parecen más interesados en perseguir a la ex presidenta. Influyendo de esta manera en la opinión pública a partir del impacto mediático de sus investigaciones y procedimientos e intentando limitar la capacidad politica y electoral de Cristina Fernández de Kirchner.

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