Natalia Salvo: "Sin terminar de vacunar a los médicos, el Gobierno de Larreta cedió vacunas a privados"

Por Martín Massad y Juan Cruz Guido  

La abogada Natalia Salvo dialogó con AGENCIA PACO URONDO RADIO (domingos de 10 a 12, FM La Patriada) sobre la denuncia al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por la cesión de vacunas a las empresas pre-pagas y sobre estado de la causa por el espionaje ilegal.

AGENCIA PACO URONDO: A su entender, ¿en qué consiste la privatización de la vacunación en CABA?

Natalia Salvo: Consiste en la existencia de contratos privados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con empresas de medicina prepaga o sanatorios privados. Esto va directamente en contra de lo que dispone el plan de vacunación estratégico contra el COVID -19, el cual establece etapas para la vacunación. Esta es una norma de orden público y federal, es decir, no es que puedan cumplirla facultativamente las provincias o el gobierno de la Ciudad. La primera etapa de recepción de vacunas recae en el personal médico, tanto del sistema público como privado. El mismo gobierno de CABA reconoce que aún no terminó de aplicar las vacunas a los médicos, y si bien la última partida de Sinopharm que llegó a la Argentina teóricamente tendría que aplicarse al personal docente, siendo el GCBA el principal promotor de la vuelta a clases presencial,  dicen que no lo van a hacer porque primero van a terminar de vacunar al personal de Salud.

Entonces, cómo puede ser que aun sin terminar de vacunar a todo el personal de salud, el GCBA ceda parte de esas vacunas, compradas por el gobierno nacional, a aquellos que tienen la posibilidad de pagar aproximadamente 15 mil pesos en una prepaga y vacunarse primero. Con esto, no solo se incumple la norma, sino que también se promueve la desigualdad, dejando de lado a aquellos que, con mucha angustia, esperaron la apertura de la inscripción, que prácticamente no funcionó, y que aún no han podido vacunarse porque no se culminó con la primera etapa, que es la del personal de Salud.

APU: ¿Cómo analiza el argumento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la distribución de vacunas para las obras sociales como una cuestión de logística eficiente?

N.S.: Lo que sucede es que estas empresas de medicina prepaga lo que requieren para que la persona se pueda inscribir y vacunar es la exclusividad de ser socio o afiliado. No es que estas contrataciones privadas cedan el espacio físico para vacunar o para que el personal de Salud se pueda vacunar, o para que cualquier médico pueda ir a vacunar a un centro privado, sino que lejos de eso, se trata de una privatización de la vacuna por parte del Gobierno de la Ciudad porque solo pueden recibir esa vacuna quienes tienen la posibilidad de pagar una prepaga. Entonces, está claro que no se trata de descongestionar la vacunación, ya que es necesario ser socio. Incluso, después de las denuncias, desde las redes sociales me llegaron facturas de empresas de medicina prepagas muy importantes, cobrando alrededor de nueve mil pesos por una dosis de vacunación, aunque no me consta que estas puedan ser apócrifas o estar adulteradas. 

APU: ¿En qué momento del proceso se encuentra la denuncia?

N.S.: En primer lugar, el fiscal debió determinar si la denuncia era viable y si había elementos probatorios para dar curso. Luego se hizo un requirimiento fiscal y se solicitó un allanamiento, cosa que el Juez ordenó y se produjo la semana pasada. Tengamos en cuenta que el juez de la causa es Stornelli, que es insospechado de algun tipo de parcialidad o de querer livianamente promover este tipo de denuncias contra el color político de Cambiemos.  No obstante, hice el requerimiento fiscal, que es un paso procesal a los fines de instar la denuncia. 

APU: Por otro lado, en referencia al destape que realizó de la red de espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo vivió el proceso del posible paso de la causa a Comodoro Py y, finamente, el hecho de que Casación lo haya dejado suspendido hasta que la Corte decida?  

N. S.: Esta causa que mencionas es la causa de Lomas de Zamora, es decir, no se trata del D`Alessio Gate, pero en realidad lo que justamente el juez solicitó es que se unifiquen todas las causas que tienen que ver con el tema de espionaje ilegal. Estamos hablando de la utilización del Estado y sus dependencias por parte del macrismo en un sistema estructural y sistemático para realizar espionaje ilegal. 

La causa de Dolores fue la primera que destapó este plan sistemático de persecución y espionaje ilegal. Después surgió la causa de Lomas de Zamora que muestra como desde el mismo Estado, específicamente la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se armó un plan de espionaje político y de armado de causas. Allí vimos cómo se cableó la unidad de Ezeiza para espiar conversaciones de los funcionarios detenidos, tanto con sus abogados como con sus familiares. También está la causa de la mesa judicial, que operaba como cerebro para determinar a quién teníaa que armar una causa judicial o cómo se estructuraría el espionaje político.

La causa D`Alessio fue la primera y en la que se tercerizó el espionaje ilegal y el armado de causas, porque la organización criminal que se investigó en Dolores es paraestatal. Además, en este último tiempo se encontró el nexo con la AFI a través de Pinamonti, un abogado que dependía de la AFI y era el jefe de Ricardo Bogoliuk, Aníbal Degastaldi y D`Alessio, que eran quienes conformaban esta organización paraestatal. De a poco se encontró la conexión con Majdalani, más arriba, que a su vez, son las cabezas de AFI y los principales imputados en la causa de Lomas de Zamora.

APU: ¿Cómo considera la paradoja de que el juez Stornelli oficie como fiscal si la causa de Dolores va a Comodoro Py?

N. S: La cuestión es que hay otro fiscal que está involucrado y procesado en la causa D`Alessio, que es Bidone, y lo que hizo el Procurador General de la provincia de Buenos Aires fue apartarlo de sus funciones en medio de la investigación. El procurador general de la Nación interino, Casal, se dedicó a perseguir a ficales que estaban investigando el poder y apañar o encubrir al fiscal Stornelli, que estuvo ocho meses sin presentarse al juzgado de Dolores y dando sus explicaciones en programas de televisión amigos. Ese fiscal aún sigue en funciones porque aún no está revertido el principio de inocencia, ya que su sentencia no está firme, más allá de que ya está confirmada por la Cámara de Apelaciones.

 APU: ¿Cómo cree que va a actuar la Corte con respecto a las causas teniendo en cuenta su experiencia judicial?  

 N. S.: Primero está la Cámara de Casación Penal, que es el tribunal penal máximo. Con respecto a la Corte, hay que tener en cuenta que no tiene plazos para sentenciar, es decir elige la oportunidad de tratamiento de determinadas causas. Para mí, la Corte Suprema, lamentablemente, lo que hace es fallar políticamente e, incluso, mostrar su poder político de una manera totalmente espuria y dañina para las instituciones, y también para el Poder Judicial, que es uno de los que más descredito tiene hoy en día. Por lo tanto, creo que este es un punto muy sensible para tratar en la reforma judicial venidera. La Corte Suprema está compuesta por cinco miembros que resuelven el destino de 44 millones de argentinos y argentinas, y que con una mayoría de tres, y dos jueces que, incluso, aceptaron entrar por decreto, es importante tener en cuenta que siempre va a presionar políticamente desde su lugar.

   APU: Finalmente, al hacer la denuncia en su momento, ¿podía imaginar lo que se vio en la causa de Lomas de Zamora, lo explícito de la inteligencia directamente estatal?  

N.S.:  No, incluso cuando denunciamos la causa de Dolores no imaginé que se iba a destapar esta situación. Por supuesto que sabía la situación en la que se iniciaba,  el gobierno en el que estábamos y los denunciados e imputados involucrados, pero todo este andamiaje estatal utilizado para perseguir opositores, armar causas, disciplinar políticos y jueces, etc., no me lo imagine jamás.