Cuarentena en las villas porteñas: un gobierno a la deriva, mientras los comedores se multiplican

Por Enrique de la Calle

El Programa de Apoyo a Grupos Comunitarios funciona en la ciudad de Buenos Aires hace más de treinta años. Entre otras funciones, tiene que asistir a los comedores barriales, en auge por la grave situación social, que venía desde antes pero ahora se pronunció por la cuarentena. Para muchos protagonistas, la actual situación resuena a la crisis de 2001. 

Los grupos comunitarios sufren marchas y contramarchas de las directivas de los funcionarios porteños de la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat, sostenido por “los mismos de siempre”, como ironizan en el territorio sobre la camada de funcionarios con historia en el sector privado. Se trata del equipo técnico que brinda no sólo la intervención profesional, la evaluación y la formación de redes y espacios de articulación. Son el oído y el alma que motoriza un programa sin timón. Crónica sobre una gestión al borde del colapso.  

El mundo del revés

El equipo técnico es el enlace de las deslucidas políticas públicas con los responsables de comedores y merenderos, promotoras de salud y de género. Trabajadores y trabajadores sociales, licenciadas en nutrición y administrativos de la dirección que velan en el día a día por sostener un sistema frágil atravesado por la perplejidad por funcionarios con un pasado reciente en empresas y compañías multinacionales. 

Cuando comenzó el confinamiento, desde la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil se hallaban perdidos. Los empleados moraban una semana sin ningún tipo de lineamientos. De un día para otro, desembarcó personal contratado del Instituto de la Vivienda (IVC), a cargo de Juan Maquieyra, titular de la repartición que se sumó al programa Apoyo a Grupos Comunitarios. “Nuevos jefes” que desconocían el trabajo y peor aún, sin noción de la tarea de los comedores. Además, con poca predisposición a extensas jornadas laborales.  

El resultado: jefes y supervisores adiestrados por el personal. ¡El mundo del revés! Así fueron improvisando en una jam desentonada durante unas semanas hasta que una reunión, convocada en el flamante ministerio ubicado en Villa Lugano, aportó un mensaje oficial que ya se daba en los hechos: la gente del IVC se haría cargo de coordinar de ahora en más. 

Si bien aún hoy el IVC opera en territorios como la Villa 31, en los barrios de las comunas del sur de la ciudad la luna de miel con grupos comunitarios se disipó. 

Los empleados del Programa de Apoyo a Grupos Comunitarios pertenecen a una estructura que data de hace treinta años y custodian a destajo por el cumplimiento de las tareas, más allá de la gestión de turno, que se hacen por salarios que en muchos casos emparda en la primera mano para cubrir la canasta básica. 

La intervención

Desde sus casas o yendo al barrio, los empleados de planta y contratados precarizados tenían que reportar a “los chicos” del IVC. El personal histórico apaleó un nuevo rol de instrucción insospechado y tuvieron que advertir a sus nuevos jefes sobre los alcances del programa. Doble trabajo. Por un lado, realizaban sus informes, cargaban datos en unas planillas que cada semana era diferente. Por otro lado, Gustavo Portoraro, el gerente de Grupos Comunitarios del Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat, no daba ningún tipo de lineamiento. En el aura todo era vacilación. Un equipo acéfalo sin saber a quién reportar. Para fines de marzo, cuando empezó la pandemia, el programa Apoyo a Grupos Comunitarios estaba intervenido.

En el mes de abril pasado se realizó una reunión donde se presentó al nuevo Director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, el "cheto" Rodrigo Vieiro Magaz, que reemplazó a la Directora General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Inés De Marcos, que renunció al mismo tiempo que el personal le solicitó a Gustavo Portoraro que los reciba para que les explique la situación sin obtener respuesta. 

Teléfonos que resuenan en habitaciones vacías

Como tantos otros y otras, Rodrigo Vieiro Magaz proviene de la Provincia de Buenos Aires, donde fue Subsecretario Administrativo del Ministerio de Trabajo bonaerense durante la pésima gestión de María Eugenia Vidal. Por lo que se sabe, fue "funcio" en La Plata pero sin haber pisado ni una sola vez la ciudad de las diagonales. Macrismo explícito. Antes, se desempeñó como gerente de servicios de capital humano en Telecom y luego fur responsable de compras en Farmacity. 

Ni bien asumió, el licenciado en Administración de empresas, egresado de UCES, efectuó una serie de reuniones donde el equipo competente del programa, es decir sus empleados, tuvieron que explicarle de qué se trataba el trabajo.  

El debut del flamante director fue un fiasco. No tenía la más mínima idea de donde estaba parado. El personal compadecía a reuniones de planificación y articulación a orientar al Director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil sobre los servicios y el alcance de la dirección que asumía. Con un salvoconducto bajo el brazo, el ex Telecom propuso “vamos a hacer un plan de contingencia pero ustedes nos tienen que corregir” ante una concurrencia desorientada y perpleja. Un trabajador con larga trayectoria en esa oficina relató detalles del encuentro a AGENCIA PACO URONDO.

Finalmente, el plan de contingencia nunca fue enviado. Todo "la planificación" se redujo a un mail con un archivo adjunto que consistía en consignar al personal del Gobierno de la Ciudad que se iba a ocupar de relevar datos de los beneficiarios de comedores durante cuatro días seguidos. Encuesta que era recibida por algunos integrantes del programa que notificaba al resto de sus compañeras y compañeros. El equipo técnico sin coordinación advirtió al director Vieiro Magaz, enfrente del gerente operativo Gustavo Portoraro, que “necesitamos alguien que nos coordine, nos estamos autocoordinando” 

Diferencias 

Hay una diferencia que los funcionarios porteños desconocían. Los grupos comunitarios reciben un subsidio y los asistidos no, solo alimentos. Los grupos asistidos, en general, son movimientos sociales organizados de larga data. El ex Telecom y Farmacity debió aprender a consensuar de modo express acuerdos y compromisos políticos que en las empresas donde se desempeñaba era un universo ignorado. Desconocían que un grupo comunitario es mucho más que un comedor, donde se alimenta a personas. Son organizaciones sociales que conocen a la población, a la gente del barrio y su problemática. No es solo el plato de comida. Tuvieron que confrontar y hablar con los responsables de comedores y merenderos. Concebir que no son solo personas que están cocinando. Son grupos comunitarios con mucha historia en el barrio. Los grupos comunitarios piden persistentemente el aumento de raciones, porque, aseguran, "le estamos dando de comer hasta al comerciante que tuvo que cerrar”. 

Desde el Gobierno de la Ciudad, le pidieron a los responsables de comedores y merenderos los datos de los beneficiarios de un día para el otro, con teléfonos, DNI de toda la gente. En muchos casos, los vecinos no tienen computadora. El pedido de los datos fue un viernes a última hora para un lunes. 

Esta situación se dio mientras la Justicia intimó al Gobierno de la Ciudad para que aumente las raciones a los comedores de las villas. Mientras, desde la Dirección distribuian encuestas donde le preguntaban a las organizaciones sobre sus voluntarios: "Estado anímico: ¿Bueno, malo o regular?". Un absurdo. Con el apuro judicial, se espera que la respuesta estatal sea rápida y acorde a las demandas de los barrios, que no pueden esperar a que un ex-Farmacity termine de comprender de qué va su nuevo trabajo.  

Espíritu de cuerpo

Cuando el Instituto de la Vivienda de la Ciudad emprendió la intervención, el personal encargado de los comedores pidió a los nuevos funcionarios que sean cuidadosos con las relaciones que habían construido durante años con las organizaciones locales. “Tenemos que cuidar ese vínculo. Que venga cualquiera y lo rompa en representación nuestra… Nos queríamos morir”, decían.

Las/os profesionales, salvo raras excepciones, trabajan solas y solos en cada territorio. Desde la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil llegaron al colmo de ordenar a las profesionales a repartir bolsones en los barrios más vulnerables. Las/os empleadas/os se pusieron de acuerdo y no fue nadie. Llegaron a convocar a trabajadoras sociales del programa para que vayan a buscar una camioneta del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y hagan las veces de chofer, repartidoras y fletes para la entrega de lavandina y otros elementos de limpieza. El desprecio a los profesionales por parte de los funcionarios es muy evidente. El Programa de Apoyo a Grupos Comunitarios esta diezmado. El problema radica que muchas/os profesionales fueron renunciando, o se fueron a otras áreas y quedaron puestos sin cubrir.  

Mientras, desde la Dirección se jactan de que no se le quitó raciones a ningún grupo, por el contrario, aumentaron las viandas. Las/os trabajadores tienen otra visión. Hay una realidad insoslayable: en las últimas semanas se acrecentó la demanda exponencialmente. Los nuevos beneficiarios son trabajadores que hacían changas, y ahora no están haciendo nada por la cuarentena. Venían mal y ahora están mucho peor. Todo el mundo está pidiendo más comida. 

Hoy se calculan que hay 700 comedores comunitarios en el ámbito de la Capital Federal, entre asistidos y comunitarios. El Gobierno de la Ciudad tomó una medida en relación a los subsidios que reciben cada organización en el marco de la pandemia. Los Grupos comunitarios cobran un subsidio cada seis meses, que será cobrado en estos días. Se determinó suministrar, además, un subsidio extraordinario de acuerdo a la cantidad de raciones. Se trata de partidas que van de los 10 a los 30 mil pesos. Es poco si se considera que la situación empeora día a día.