Las características del modelo libertario: peor distribución del ingreso y boom de sectores que no generan empleo

La discusión sobre el crecimiento económico suele concentrarse en la evolución del Producto Bruto Interno, los niveles de actividad y las perspectivas de inversión.

Sin embargo, existe una dimensión fundamental que muchas veces queda relegada en los análisis económicos dominantes: cómo se distribuye la riqueza generada y qué actores sociales se apropian de una mayor proporción de ella. La distribución primaria o funcional del ingreso permite precisamente abordar esta cuestión. No sólo constituye la piedra angular del reparto de la riqueza en una economía capitalista, sino que también representa una herramienta central para comprender el patrón de acumulación de capital y el perfil de crecimiento vigente. En otras palabras, no alcanza con preguntarse cuánto crece una economía: también es necesario saber quiénes se benefician de ese crecimiento.

Una de las principales virtudes de este enfoque es que permite analizar directamente la puja distributiva que atraviesa a toda sociedad. Los principales actores del proceso productivo —trabajadores asalariados, trabajadores independientes y empresarios— disputan una mayor participación en la riqueza generada, de acuerdo con la correlación de fuerzas existente en cada momento. En ese escenario, el Estado desempeña un papel decisivo como regulador y árbitro, aunque nunca neutral, de esa disputa. El signo ideológico y los intereses de cada gestión gubernamental se expresan en el diseño y la orientación de las políticas públicas: la política fiscal y tributaria, la política de ingresos, la regulación de las tarifas públicas y los mercados, entre otros mecanismos de intervención. A través de estas herramientas, el Estado puede inclinar el reparto de la riqueza en favor de determinados sectores y en detrimento de otros.

En este sentido, el programa de ajuste ultraortodoxo libertario, acompañado por medidas de liberalización y desregulación de mercados y una profunda redefinición de los precios relativos, modificó el perfil del aparato productivo argentino y le imprimió a la actividad económica un carácter marcadamente heterogéneo.

Por un lado, un conjunto reducido de actividades primarias y extractivistas, de carácter oligopólico, baja intensidad laboral y fuerte orientación exportadora, registró tasas positivas de crecimiento. Es el caso del agro, la pesca, la minería y la energía. Por otro, un amplio abanico de actividades con destino externo experimentó distintos vaivenes productivos, afectados por la pérdida de competitividad real y el aumento de los costos internos medidos en dólares. Finalmente, los sectores orientados al mercado interno, caracterizados por una mayor intensidad en el uso de mano de obra, sufrieron las consecuencias del achicamiento del consumo, la apertura económica y la caída de los ingresos reales. El resultado fue la retracción progresiva de numerosas ramas de actividad y un deterioro de las principales variables laborales.

El crecimiento económico registrado durante el último año, aunque mostró una notable desaceleración en su dinamismo, tuvo además un perfil marcadamente regresivo en términos distributivos. Los datos oficiales correspondientes al segundo trimestre de 2026 muestran que la participación de la remuneración al trabajo asalariado en el Valor Agregado Bruto (VAB) a precios básicos se ubicó en el 42,9%, lo que representa una caída de 2,43 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025. En sentido contrario, el excedente de explotación bruto —que expresa fundamentalmente la ganancia empresarial— alcanzó el 44,7%, con un incremento de 2,83 puntos porcentuales interanuales. La comparación permite observar con claridad el desplazamiento de los ingresos desde los trabajadores hacia el capital.

Hay, además, tres elementos que permiten dimensionar la magnitud de este retroceso. En primer lugar, la participación de los salarios en el valor agregado bruto durante el segundo trimestre de 2026 quedó 1,8 puntos porcentuales por debajo de la correspondiente a las ganancias empresariales. En segundo término, la participación salarial profundizó la caída que ya se había observado durante el primer trimestre del año. 

Es importante señalar que este deterioro de la participación salarial en la riqueza no se explica por una caída nominal de la masa de sueldos y salarios. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la remuneración al trabajo asalariado aumentó un 29,6% interanual durante el segundo trimestre. El problema es que ese incremento quedó muy por debajo del registrado por el excedente de explotación bruto, que avanzó un 46,2%.

Es decir, las ganancias empresariales crecieron nominalmente 16,6 puntos porcentuales por encima de las remuneraciones salariales. Como consecuencia, aun cuando los salarios aumentaron en términos nominales, los trabajadores terminaron apropiándose de una proporción menor de la riqueza producida: el 42,9%, frente al 44,7% capturado por el excedente empresarial. La cuestión central, por lo tanto, no es solamente cuánto aumentaron los ingresos de cada sector, sino a qué velocidad lo hicieron en relación con el resto de los componentes del ingreso.

El análisis de la incidencia de las distintas ramas de actividad permite identificar con mayor precisión dónde se produjo ese desplazamiento. De los 2,43 puntos porcentuales que perdió la participación de la remuneración de los asalariados, 0,62 puntos correspondieron al sector público y 1,81 al sector privado. Dentro de este último, las mayores incidencias negativas se registraron en la industria (-0,54 puntos), la administración pública (-0,41 puntos) y el comercio (-0,38 puntos). En otras palabras, el retroceso de la participación salarial no responde a un comportamiento homogéneo de la economía, sino que se concentra especialmente en actividades vinculadas con la producción industrial, el mercado interno y el funcionamiento del Estado.

Del lado de las ganancias empresariales, el incremento de 2,83 puntos porcentuales estuvo impulsado fundamentalmente por dos sectores centrales de la economía primaria y extractiva: la agricultura y la ganadería, por un lado, y la explotación de minas y canteras —que incluye petróleo y gas—, por otro. Cada uno aportó 1,24 puntos porcentuales al aumento del excedente de explotación bruto. También tuvo una incidencia positiva la actividad de electricidad, gas y agua, que sumó 1,16 puntos. En la vereda opuesta, las actividades urbanas e industriales mostraron un comportamiento desfavorable en sus márgenes de explotación: el comercio tuvo una incidencia negativa de 0,94 puntos y la industria restó otros 0,25 puntos. La evidencia sectorial refuerza así una conclusión: el nuevo esquema de acumulación favorece a determinadas actividades primarias y extractivas, mientras debilita la capacidad de generación y apropiación de ingresos de buena parte del entramado productivo local.

La magnitud del fenómeno se vuelve todavía más evidente cuando se excluye al sector público de la medición. En ese caso, la brecha distributiva dentro de la economía privada se amplía considerablemente. La participación de los salarios cae al 35,3% del valor agregado bruto durante el segundo trimestre de 2026, con una pérdida de 2,9 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025. En cambio, el excedente empresarial asciende al 50,7%, luego de aumentar 3,5 puntos porcentuales interanuales. Esto significa que, dentro de la economía privada, las ganancias empresariales se apropian de más de la mitad del valor agregado generado, mientras que la participación de los trabajadores desciende a poco más de un tercio.

Este perfil regresivo de la distribución primaria del ingreso está estrechamente relacionado con el deterioro del mercado laboral durante la gestión libertaria. En el segundo trimestre de 2026, los puestos de trabajo aumentaron apenas un 0,5% interanual, equivalente a 101 mil nuevos puestos. Sin embargo, detrás de ese crecimiento agregado se observa una composición particularmente preocupante. Las modalidades no asalariadas, básicamente trabajadores cuentapropistas, aumentaron un 3,9% (+229 mil puestos), mientras que los asalariados no registrados crecieron un 0,5% (+28 mil). En sentido contrario, los puestos de trabajo asalariados registrados cayeron un 1,4%, lo que representa la pérdida de 156 mil empleos. Por lo tanto, el modesto incremento de la ocupación se explica fundamentalmente por el avance del cuentapropismo y el empleo informal, mientras retrocede el trabajo asalariado registrado. La expansión de modalidades laborales más precarias, con menores ingresos y menor protección social, contribuye así a debilitar la participación de los trabajadores en el reparto de la riqueza.

El patrón sectorial del modelo de crecimiento libertario plantea, además, una discusión de fondo sobre la estructura productiva que se está configurando. Se trata de un esquema de tipo enclave, apoyado en actividades primarias y extractivistas que usufructúan ventajas comparativas naturales estáticas. Este perfil permite que determinados sectores continúen expandiéndose a buen ritmo, incluso cuando la actividad económica agregada pierde dinamismo, como ocurrió durante 2026. Pero también expone tensiones estructurales que pueden conducir a la consolidación de una economía dual y fragmentada, con profundas disparidades regionales y sectoriales. El primer interrogante es si el crecimiento de estas actividades alcanza para traccionar al conjunto de la economía. Hay un dato que obliga a poner en duda esa posibilidad: el agro, la minería y la energía generaron apenas el 17% del valor agregado bruto durante el segundo trimestre de 2026. Hasta el momento, la evidencia indica que el efecto derrame sobre el resto del aparato productivo ha sido prácticamente nulo.

Es cierto que las actividades primarias y extractivistas favorecidas por la política económica pueden contribuir a generar superávits comerciales, aportar divisas y atraer inversiones extranjeras, particularmente cuando cuentan con fuertes estímulos fiscales, cambiarios y comerciales. Sin embargo, esos resultados no garantizan por sí mismos un proceso de desarrollo económico más amplio. Para que los beneficios de esas inversiones alcancen al conjunto de la economía es necesario promover eslabonamientos productivos hacia adelante y hacia atrás, fortalecer los vínculos con proveedores locales, incentivar la transferencia de tecnología y ampliar la integración de estas actividades con el entramado industrial nacional. Sin esos mecanismos, el crecimiento de los sectores exportadores puede convivir con el estancamiento o la contracción de amplias franjas de la economía, sin generar transformaciones estructurales significativas.

El segundo interrogante se relaciona con la capacidad de absorción de empleo privado registrado por parte de las actividades primarias y extractivistas. En este terreno, los resultados también muestran importantes limitaciones. El agro, la minería y la energía concentraron apenas el 7% de los puestos de trabajo del país, es decir, alrededor de siete de cada cien empleos. Pero el dato más significativo es que, en conjunto, estos sectores registraron una destrucción neta de mil puestos de trabajo. Mientras el agro, la pesca y la minería perdieron cinco mil empleos, electricidad, gas y agua generaron cuatro mil. La expansión de estas actividades, por lo tanto, no se tradujo en una creación significativa de puestos de trabajo que permita compensar la destrucción de empleo registrada en otros sectores.

Esta limitación no es un dato menor ni una cuestión circunscripta al desempeño laboral de las actividades favorecidas. También compromete las condiciones de viabilidad y sostenibilidad del resto del aparato productivo. Las actividades orientadas al mercado interno, caracterizadas por una mayor intensidad laboral, enfrentan crecientes dificultades para sostener sus niveles de producción y empleo en un contexto de demanda deprimida, pérdida de ingresos y competencia externa. En esas condiciones, muchas empresas pueden encontrar como única alternativa para sostener su funcionamiento una reducción de los costos laborales mediante cambios en las condiciones de contratación, con el consiguiente avance de la informalidad y la precarización del empleo. De este modo, el deterioro de la calidad del trabajo deja de ser una consecuencia secundaria del modelo para convertirse en uno de sus mecanismos de funcionamiento.

En definitiva, el problema del esquema económico libertario no reside únicamente en su capacidad para generar crecimiento, sino en la naturaleza del crecimiento que promueve y en la forma en que se distribuyen sus resultados. Mientras la política económica continúe priorizando la expansión de un grupo reducido y altamente concentrado de actividades primarias y extractivistas, de carácter oligopólico y baja intensidad laboral, será muy difícil que una eventual mejora del producto se traduzca en una recuperación sostenida de la participación de los salarios en la riqueza generada. Tampoco parece probable que ese esquema pueda impulsar una expansión significativa del empleo privado registrado y de calidad. El crecimiento, por sí solo, no garantiza desarrollo ni mejoras en las condiciones de vida. Y cuando la riqueza aumenta, pero los trabajadores reciben una porción cada vez menor, lo que queda en evidencia es que el problema económico es también, y fundamentalmente, un problema distributivo.