Registro de defunciones fetales: “No tiene nada que ver con el aborto”

Por Santiago Amillano
Desde Neuquén

Ante las críticas recibidas desde sectores que están a favor de la interrupción del embarazo en forma segura, legal y gratuita, la legisladora rionegrina brindó una entrevista a Radio Universidad CALF (Universidad Nacional del Comahue), para aclarar que la iniciativa que establece la creación de un Registro de Defunciones Fetales no tiene ninguna relación con el debate en torno al aborto.

El proyecto, que ingresó en 2016 al Congreso, agrega un capítulo a la Ley 26.413, de Registro del Estado Civil Y Capacidad de las Personas. Establece que se puedan inscribir en los libros de defunciones “a quienes han fallecido dentro del vientre materno cualquiera sea la causa de la muerte, la edad gestacional o el peso que tuvieren al momento de la expulsión”. Asimismo, de aprobarse no sería de carácter obligatorio y sólo ocurriría ante la solicitud de los padres.

Según la diputada Soria, aquellas mujeres que no llegan a un embarazo a término se ven impedidas para solicitar un acta de nacimiento o defunción. En declaraciones a la emisora neuquina, detalló que en muchos casos “se les entrega (el feto) en una bolsa, en el mejor de los casos, o en botellas”.

Sobre la discusión en el poder Legislativo nacional, detalló que ya en 2017 se intentó avanzar, y llegó a debatirse en la Comisión de Legislación General. No obstante, perdió el estado legislativo y pasó para este año.

En los argumentos de la iniciativa, los autores aclaran que son muy pocos los casos en los que se registran las defunciones fetales, porque se deben cumplir parámetros médicos muy específicos y la mayoría de los casos quedan afuera.

A su turno, la diputada del Frente para la Victoria-PJ agregó que el Registro de Defunciones Fetales colaborará a diseñar mejores políticas de salud, al contar con datos específicos sobre estos casos, o bien a fin de elaborar estadísticas que hoy no se tienen.

Finalmente, sobre la despenalización del aborto recordó que ella se ubica en una posición intermedia, en donde está a favor de que se realice de forma gratuita, legal y segura. Sin embargo, aclaró que no está de acuerdo con el proyecto tal como fue presentado el 6 de marzo pasado, y que sólo lo acompañará con algunas modificaciones.