Crisis de la agricultura familiar: "La visión del macrismo es clara, por eso puso a Etchevehere de ministro"

Por Enrique de la Calle

APU: ¿Cuál es la situación que están viviendo la agricultura familiar y campesina en Mendoza?

Diego Montón: Hay un marco que es nacional, el avance del capital sobre los pueblos y sus territorios. El capitalismo, racismo y patriarcado que se conjugan como mecanismos de dominación a través del acaparamiento de territorios, saqueo de los bienes comunes y explotación del trabajo. El gobierno de Mauricio Macri promueve políticas que subordinan la tierra, bienes naturales y nuestro trabajo a las corporaciones y los ponen solo en función de la especulación y sus ganancias. Se intenta imponer los intereses económicos de unos pocos, por encima del bien estar/buen vivir de los pueblos.

En ese marco, se ha desatado una fuerte ofensiva contra todas las instituciones y políticas agrarias para la agricultura familiar y campesina. En este sentido se desmantelaron y desfinanciaron instituciones que trabajan con el sector: la ex Secretaría de Agricultura Familiar, el INTA y el INTI.

APU: ¿En ese contexto, qué pasa en Mendoza, provincia gobernada por un aliado del macrismo?

DM: Mendoza no es la excepción, se desintegró la Dirección provincial de Agricultura Familiar, y no hay instituciones ni políticas para el sector. Eso en un contexto de crisis agropecuaria que se profundiza día a día agudizado por los tarifazos y la inflación que golpean fuertemente a las familias campesinas. Además, la importación indiscriminada de frutas, hortalias y carnes y el control oligopólico del sector bodeguero y los complejos agroindustriales impactan sobre le precio que se les paga a los agricultores. Hay una brecha entre el 500 y el 1000% entre el precio del mercado y lo que se les paga a los productores.

Más del 50% de los agricultores hortícolas tienen que pagar arrendamientos por la tierra, lo que los pone en una situación de superviviencia. En las comunidades campesinas que producen cabras y ganado se han profundizado los conflictos de tierra; la especulación financiera presiona para que capitales especulativos intenten apropiarse de la tierra campesina. Las tierras públicas están siendo subastadas por el gobierno, en lugar de plantear políticas para garantizar la permanencia de las familias campesinas en el campo.

APU: ¿Qué políticas urgentes reclaman?

DM: En ese sentido demandamos al gobierno provincial: políticas de Soberanía Alimentaria y un programa de Reforma Agraria Popular que reconozca los derechos de los campesinos y campesinas, garantice la permanencia y el acceso a la tierra, la adhesión a la Ley Nacional de Agricultura Familiar, la sanción de una Ley de Tierras que evite la especulación financiera y garantice el acceso a las familias campesinas. Queremos que se cumpla con la Ley 6.920 y se otorguen los títulos a las comunidades huarpes, se garantice el acceso a la educación de calidad y adecuada en el campo y se generen políticas públicas para promover la producción campesina y agroecológica, el agregado de valor local y el acceso a los mercados y políticas públicas que consideren la realidad de la mujer rural y el colectivo de diversidad sexual.

Frente a la situación de la Crisis Agropecuaria actual exigimos una inmediata Ley de Emergencia para la Agricultura Familiar Campesina Indígena que contemple: subsidios para la producción y el acceso a los mercados, la suspensión de los desalojos y procesos judiciales contra las familias campesinas, la adjudicación del Salario Social Complementario para que las familias campesinas lleguen a cubrir la canasta familiar, compra estatal directa de los productos campesinos, facilidades para la instalación de Mercados Populares y Ferias para la venta de productos campesinos en los barrios de las ciudades, prioridad de las familias campesinas para el acceso de las tierras públicas y fiscales con políticas de igualdad hacia las mujeres en cuanto a la titularidad de la tierra, y que se reconozca la cotitularidad de las mismas en otras políticas de registro (Renaf, RUP, Renspa), subsidios para las familias campesinas que atraviesan crisis por sequía o inundaciones, una urgente Mesa de Trabajo en el DGI para abordar la situación que venimos denunciando desde 2016 en torno a la corrupción, robo de agua y contaminación y, finalmente, que se garantice el derecho a la educación y la salud de todas las personas que vivimos en el campo.

APU: ¿Tuvieron respuestas de Nación o de la provincia, ambas en manos de Cambiemos?

DM: No hay respuesta, ni hay diálogo, a pesar de que hemos insistido en la necesidad de conformar mesas de trabajo y de avanzar en soluciones conjuntas. La visión del gobierno nacional es clara, puso a Etchevehere de ministro de Agroindustria. Todo lo que no interactúa con el capital financiero para ellos sobra.

APU: ¿Cuántas familias viven de la agricultura familiar y campesina en Mendoza?

DM: En Mendoza hay una diversidad campesina que suma cerca de 18 mil familias, según los estudios que nosotros disponemos: unas 5000 familias que se dedican a la producción caprina, unos 3500 pequeños horticultores, de los cuales el 60% son arrendatarios; unos 3000 contratistas de viña, 2500 pequeños productores de frutas, 3500 pequeños viñateros. Además, más de 80 mil trabajadores rurales. Todos estos sujetos tienen en común su trabajo directo y el de su familia con la tierra, viven en el campo y producen alimentos. En Mendoza, el 95% de la carne caprina proviene de este sector, y mas del 60% de las hortalizas.