Presupuesto 2019: “Es el mercado el que decide dónde se va a desarrollar la inversión pública”

Fotografía de Majo Grenni

Por Soledad Allende

Hoy, la Cámara de Diputados dará tratamiento al presupuesto nacional 2019. El proyecto que presentó el oficialismo implica una gran profundización del ajuste que el gobierno de Cambiemos viene llevando adelante. Frente al Congreso de la Nación, se espera una gran movilización que fue convocada por la CTA, la CTEP y organizaciones sociales y políticas opositoras al gobierno.

Con los presupuestos 2019, el gobierno de Mauricio Macri busca convalidar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto implica importantes recortes en el gasto público: los recortes de las transferencias y el traspaso de los subsidios de los servicios públicos son medidas que repercutirán en las provincias.

Paula Belloni es coordinadora del área económica del Instituto para el  Desarrollo Económico y Social Stella Maldonado, de la CTA de los Trabajadores (IDESBA). A partir del informe de Balance Fiscal de la provincia de Buenos Aires, producido por la central de Trabajadores, Belloni dialogó con Agencia Paco Urondo sobre los desafíos y peligros que afrontarán las y los bonaerenses durante 2019.

Agencia Paco Urondo: ¿A partir de qué fuentes se elaboró el informe y con qué problemas se encontraron a la hora de analizar la situación fiscal que atraviesa la provincia de Buenos Aires?

Paula Belloni: Desde IDESBA-CTA, hace tiempo que venimos haciendo balances sobre la situación fiscal de la Provincia. Pero en este año en particular, que es un año muy complejo en términos económicos, con un valor del dólar que llegó a más de 40 pesos, una inflación que es muy alta y el deterioro de todos los indicadores económicos, Buenos Aires ha brindado muy escasa información acerca de su economía.

En términos fiscales, hasta fines de septiembre no teníamos información de ejecución presupuestaria sobre el año 2018, cuando es una obligación del estado provincial hacerlo. Recién la semana pasada sacaron un informe muy cortito que da cuenta de la ejecución al primer semestre, que no aporta mucho para hacer un balance de cara al presupuesto 2019. Ante este vacío de información preparamos el informe, y en función de material de años anteriores (2016 y 2017). Dado que los lineamientos fiscales que viene siguiendo el gobierno de Cambiemos son muy claros y fuertes, y seguramente, replicando el ejemplo del ejecutivo nacional, se busque profundizarlos en 2019 en la Provincia.

Lo mismo ocurre con informaciones acerca de la deuda. A fines de septiembre, en el marco del enorme endeudamiento que la provincia de Buenos Aires tuvo en los últimos años, no había información oficial. Incluso cuando la toma de deuda tiene la característica de haberse dado en moneda extranjera: con la devaluación el monto cambió muchísimo. En octubre sacaron un informe de deuda para el primer trimestre del año 2018, pero no incluye el periodo de abril y mayo; ni los meses siguientes, que es donde se profundizó la devaluación. Por lo que tampoco da cuenta de la situación actual.

APU: ¿Qué características tienen esa toma de deuda? ¿Se viene utilizando para inversión pública, que es lo que señala el gobierno?

PB: La Provincia viene siguiendo el ejemplo de Nación en este sentido. Para darnos una idea: en el 2016 y 2017 la deuda pública se duplicó. El endeudamiento provincial tiene dos características muy importantes, la primera es que la provincia entró en un esquema de deuda-deuda. Nos endeudamos a corto plazo y la mayor parte de esa deuda se utiliza para pagar la deuda que se va venciendo, e intereses.

Por ejemplo: en el presupuesto provincial 2018 más de un 80% de la deuda tenía éste destino. Es un endeudamiento que tiene un alto costo y que se agota en los acreedores externos. El resto queda para inversiones, entre las que las financieras tienen un mayor peso debido a las políticas nacionales de alta tasa de interés. Entonces lo que queda para la obra pública es muy poco. Los años anteriores, con algunas variaciones menores, fue igual.

El otro elemento importante es que ese endeudamiento feroz se dio en moneda extranjera, en un contexto en el que el tipo de cambio estaba más o menos contenido. Pero, producto de la liberalización financiera que llevó adelante el gobierno nacional, se dieron una serie de corridas cambiarias a partir abril y mayo, propiciadas por el sector financiero, y sólo por esto la deuda se incrementó en un 80% más. Ese 80% son más de 200.000 millones de pesos, que es un monto superior al que se destinó a educación y cultura para este año. Siendo que Educación tiene la partida de gasto social más importante en la Provincia, producto de las reformas de los años ‘90 que transfirieron a las provincias esos gastos. Endeudarse en moneda extranjera, en un contexto en donde se sabía que se iba a devaluar, dejó hipotecada las posibilidades de los años próximos en relación al gasto.

APU: Además de la toma de deuda, ¿qué otras formas de financiamiento tiene el estado provincial para afrontar el estrangulamiento fiscal en el que se encuentra?

PB: Los ingresos del estado provincial se incrementaron un 9% en los dos primeros años en términos reales, pero no fue la estructura tributaria la que posibilitó esto, sino que se dio a partir de las transferencias del estado nacional, que aumentaron más de un 100% en términos reales. Esto generó una gran dependencia de la Provincia respecto del estado nacional, que la deja vulnerable en el contexto de un acuerdo con el FMI que exige un ajuste, cuando una de las variables de ajuste principales son justamente las transferencias a las provincias.

Si bien la provincia logró formalizar una parte de las transferencias vía pacto fiscal, el acuerdo con el FMI implica el traspaso de algunos gastos a las provincias; por ejemplo los subsidios a los servicios públicos. Por lo que dichos recursos se licuan.

Tampoco se han dado cambios en la estructura tributaria, que es muy regresiva. Por ejemplo: la provincia de Buenos Aires no llevó adelante un revalúo en las tierras rurales que permita tener ingresos genuinos de sectores que estaban aumentando sus ganancias.

Por el lado del gasto, en términos agregados hubo un aumento del 4%. Pero al interior de ese gasto el incremento se explica por el pago de intereses de la deuda.  El resto de los gastos que hacen a las capacidades del estado se congeló pero con heterogeneidades a su interior, donde áreas puntuales se desfinanciaron.

APU: ¿Qué repercusiones tiene concretamente en el gasto social que el grueso de los ingresos fiscales se estén destinando al pago de la deuda y las inversiones financieras?

PB: Las consecuencias del ajuste las sufrieron en primer lugar los trabajadores y trabajadoras estatales, que son los que llevan adelante las funciones del estado. Eso se enmarca en una apuesta más general de Cambiemos que ellos denominan “Modernización del Estado”, que fue acompañada en la provincia de Buenos Aires por cuatro modificaciones de la Ley de Ministerios en dos años, siguiendo el ejemplo del estado nacional que bajó el rango de ciertos ministerios a secretarias, como es el caso del ministerio de salud o el de trabajo. Seguramente se de una quinta reforma en la provincia de Buenos Aires. Hubo cambios no sólo en la estructura del ejecutivo, que lejos de simplificarse se agrandó, sino también en los objetivos que se plantean las distintas áreas de gobierno, restando actividades en materia de salud, producción, desarrollo social, infraestructura y trabajo. Esto fue acompañado por un recorte en los recursos que se destinan a ciertos ministerios. Educación fue muy afectada en los dos primeros años de gobierno, cayendo un 9% en términos reales.

Hay un ajuste que es selectivo: Los que reciben intereses de la deuda vieron incrementar esa partida, y el resto del funcionamiento del estado se recortó. El recorte recayó sobre todo en las trabajadoras  y trabajadores, que vieron  reducida su masa salarial en más de un 4%. Además se  llevaron adelante un montón de despidos y, luego, bajo  la ley de emergencia administrativa, las formas de contratación fueron mucho más precarias, más inestables, peor remuneradas y en peores condiciones de trabajo.

APU. Bajo este discurso de “modernización del Estado” también se impulsa una relación entre el sector público y el privado que es novedosa en relación al fenómeno de privatizaciones de los años ‘90 ¿Cómo es esta relación?

PB: A nivel nacional se aprobó la Ley de participación público-privada, que implica que las decisiones de inversión pública dejan de estar en manos del Estado y pasan a estar en manos del capital privado. Es decir que el criterio, que debería ser el de garantizar el acceso público a ciertos derechos de manera universal, por ejemplo  la salud y la educación, pasa a tener el criterio de la ganancia. Entonces es el mercado el que decide dónde se va a desarrollar la inversión pública.

Esto es una forma adaptada de los que fueron las privatizaciones de los ‘90. Ya no se plantean las privatizaciones que eran la línea del Consenso de Washington y que dieron resultados altamente negativos: lo vivimos hoy con las tarifas de los servicios públicos, que adquieren valores exorbitantes por servicios que son básicos e imprescindibles para toda la sociedad.

Ahora se plantea una forma distinta, donde todo lo que sea posibilidad de ganancia sea administrado por el sector privado y el estado complementa el resto de las actividades. La experiencia mundial nos dice que todos los proyectos de inversión público-privadas son más ineficientes y tardan mucho más años, hay mucho sobreprecio y corrupción. A cambio de la parte de inversión que hace el privado, la ley de participación público-privada le garantiza una alta rentabilidad por una gran cantidad de años con posibilidades de ser renovada, dando lugar a muchísimas irregularidades. Incluso el FMI cuestiona hoy en día estos acuerdos que se llaman PPP. Hoy estos acuerdos también se encuentran limitados debido a las altas tasas de interés que están aplicando las políticas económicas del gobierno nacional, tasas que implican que la inversión productiva sea carísima reduciendo aún más las posibilidades de inversión.