CORREPI: "Nuestra consigna es 'Cuidémonos colectivamente del virus y de la represión'"

Por Mariano Nieva

María del Carmen Verdú es abogada y titular de CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional). En el marco de esta cuarentena que ya lleva casi 90 días de duración se refirió, entre otras cosas, a la actuación de las Fuerzas de Seguridad en este estado de excepción y a las respuestas que intentan dar como colectivo ante las denuncias de torturas y detenciones arbitrarias que se dieron en los últimos meses, sobre todo, en los sectores de menores más vulnerados. 

Agencia Paco Urondo: ¿Cómo estuvieron analizando desde CORREPI la actuación de las fuerzas de seguridad, sobre todo, en el contexto de la cuarentena?

Carmen Verdú: El 20 de marzo, cuando se publicó el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 297/2020, CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional) emitió un comunicado en el que, sin cuestionar la utilidad del aislamiento social preventivo y obligatorio como instrumento para prevenir la expansión de la pandemia y limitar sustancialmente la circulación comunitaria del virus, advertíamos sobre dos cuestiones.

La primera es que las medidas dispuestas tendrían graves consecuencias para el enorme universo de personas (trabajadores/as precarizados/as, en negro, quienes dependen de changas, personas en situación de calle, etc.), que, si las obedecía, no podrían garantizar una subsistencia diaria. Por eso exigíamos que, para atravesar la cuarentena con dignidad, se dispusieran de manera inmediata la asistencia material (alimentaria, sanitaria, de prestación de servicios públicos básicos como el agua, etc.) a ese 40% de la población que vive en la informalidad.

Y lo otro, que al disponer la implementación del aislamiento en manos de las Fuerzas de Seguridad (FFSS), se les dio facultades discrecionales para evaluar lo "justificado" del motivo para transitar la vía pública, de realizar detenciones e imputar por los delitos de los artículos 205 (incumplimiento de las medidas tomadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia) y 239 (desobediencia) del código penal, se multiplicarían las situaciones represivas sobre los sectores y personas más vulnerables.

Dijimos que, si bien el motivo esgrimido era preservar la situación sanitaria, esa decisión de responder desde lo represivo en lugar de dar exclusividad a lo sanitario y asistencial, ingresaríamos en una nueva situación de excepción, bajo la arbitrariedad de las mismas fuerzas de seguridad que vienen cumpliendo su rol represivo frente a los sectores más castigados de nuestro pueblo, responsables de los miles de casos de gatillo fácil y torturas que denunciamos sistemáticamente. Nada facilita más la implementación del control social que una situación de excepción como la que se inauguró y fue profundizando desde ese día.

APU: Ante esta situación ¿Cuáles fueron las primeras acciones que se tomaron?

CV: Nosotras/os convocamos a establecer vías de comunicación entre las organizaciones del campo popular para estar atentxs ante cualquier situación de arbitrariedad o represión y CORREPI se puso en alerta para denunciar cada hecho represivo a través de nuestras redes, bajo la consigna "Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión. La salida es la organización colectiva y popular".

A tres meses casi, las más de 50 publicaciones, entre reportes de aplicación del DNU y notas sobre cuestiones de particular gravedad que difundimos, dan cuenta de que lamentablemente la realidad confirmó ese diagnóstico previo, superándolo incluso con episodios particularmente extremos. 

Estamos elaborando un informe preliminar de los tres primeros meses de pandemia, en el que destacan el crecimiento de muertes en lugares de detención, la masividad de detenciones arbitrarias, la sistemática imposición de tormentos a personas detenidas, la represión sobre sectores organizados de la clase trabajadora y la introducción de "novedades" normativas graves para la vigencia de los derechos y garantías de las personas -como la ampliación del uso del trámite de flagrancia para condenas exprés por violación del aislamiento en algunas provincias o directamente de procedimiento policial para juzgar y condenar en otras- y la inusitada gravedad del protocolo para el ciberpatrullaje, también en manos de las Fuerzas de Seguridad (Res.144/2020 del Ministerio de Seguridad).

APU: Veníamos de un gobierno como el de Mauricio Macri, extremadamente duro en términos de política de seguridad, "Doctrina Chocobar" incluída. ¿Notan cambios?

CV: Durante la gestión de gobierno de Mauricio Macri, ante el crecimiento inusitado de aplicación del conjunto de políticas represivas estatales, que incluyó reformas tanto en lo operativo y logístico como en lo normativo, con la legalización del gatillo fácil, por ejemplo, a través del Protocolo que autorizó a las fuerzas federales a disparar por la espalda y a personas desarmadas, CORREPI definió la etapa como la instalación de un estado de excepción no formalmente declarado, con suspensión de derechos y garantías, que se tradujo en record absoluto de personas asesinadas por el aparato represivo estatal (fusilamientos de gatillo fácil, desapariciones forzadas, muertes en lugares de detención, etc.). 

El solo hecho de que Macri no obtuviera la reelección y que a nivel nacional se anunciara un enfoque distinto en la materia, corroborado inicialmente con la derogación de media docena de los Protocolos Bullrich, naturalmente fue una buena noticia, y así lo dijimos, sin dejar por eso de señalar que la agenda urgente pendiente era mucho más amplia, y que medidas parciales no tendrían un efecto significativo.

La irrupción de la pandemia y la decisión de instalar a las FFSS como garantes del cumplimiento del aislamiento frenaron ese proceso y abrió, como decía más arriba, una nueva situación de excepción, esta vez formalmente declarada en el DNU 297/2020.

APU: En 2017, en pleno gobierno de Cambiemos, se dieron los casos de los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel por la represión estatal. Desde CORREPI se dijo que se estaba viviendo un verdadero estado de excepción. ¿Qué otras cosas nos puede contar sobre aquella declaración?

La desaparición forzada y muerte de Santiago, el fusilamiento de Rafael Nahuel y el caso Chocobar constituyen el trípode sobre el que se apoyó esa definición de estado de excepción, particularmente a partir de la actitud que los gobiernos nacional y provinciales afines tomaron frente a esos tres episodios. Por primera vez desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica un gobierno salió, en bloque, y a través de sus principales figuras (presidente, vicepresidenta, jefe de gabinete, ministros, etc.)  a proclamar que ésa era su política de estado y la iba a defender y sostener, lo que además hizo, tanto normativamente como en los hechos. Lo explicamos en detalle en la nota introductoria del Archivo 2019.

APU: ¿Cómo es el trabajo de relevamiento diario de casos que hace CORREPI en materia de abusos por parte de las fuerzas de seguridad?

CV: Hacemos lo mismo que para la construcción del Archivo de Casos: Recurrimos a toda fuente disponible, aunque las básicas son el contacto directo con víctimas, familiares o amigos de las víctimas; el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales; el aporte que recibimos de lxs compañerxs que, desde sus provincias, sistematizan y nos remiten información ya chequeada y los informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de interés.

Durante la cuarentena, nuestras redes se vieron inundadas de consultas y denuncias como nunca antes, a punto tal que, aunque tratamos de responder todas, no siempre llegamos a reproducirlas.

APU: Una de las grandes deudas desde 1983 al menos en nuestro país es la democratización de las Policías tanto federales como municipales y provinciales. ¿Cree que puede existir un control efectivo de estas fuerzas para evitar excesos contra la población civil?

CV: La expresión "democratización de las FFSS" parte de conservar cierta confianza de que sería posible, dentro del marco institucional de un sistema basado en la explotación y la opresión, como es todo gobierno que administre una sociedad dividida en clases y regida por el capitalismo, tener fuerzas de seguridad "al servicio de la comunidad" y no al servicio de la clase dominante.

La consigna del "control popular de las FFSS" requiere, previamente, el control del aparato estatal del que son el brazo armado. No es posible imaginar policías, gendarmes o prefectos que defiendan los intereses de lxs trabajadoras/es mientras no gobiernen lxs trabajadorxs.

Otra cosa bien diferente es advertir las diferencias, matices y características propias de cada fracción de la burguesía, que no administra el estado igual en cada caso, y aprovechar todas las instancias en las que la relación de fuerzas permita ganar reivindicaciones progresivas, aunque no resuelvan la situación de fondo. Haber logrado la derogación de parte de los protocolos Bullrich al inicio de la actual gestión es un buen ejemplo en ese sentido.  

APU: ¿Qué opinión tiene sobre que la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, en un protocolo les tenga que recordar a los altos jefes de las fuerzas de seguridad cómo actuar y que no deben cometer delitos?

CV: La respuesta está en la misma pregunta: la ministra se vio obligada a recordar a la tropa que comanda que no deben cometer delitos en el cumplimiento de las órdenes que reciben. Naturalmente sería peor que los felicitara, como sí lo hicieron Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, Ministros de Seguridad de Nación y Provincia de Buenos Aires durante el macrismo, respectivamente, y destacamos esa diferencia. Pero hoy el coronel Sergio Berni forma parte de la misma alianza de gobierno, como sucede también con varias de las gobernaciones más elocuentes en materia represiva reciente.

Ese protocolo y las reiteradas manifestaciones de la ministra en similar sentido no se han traducido en medidas efectivas de sanción frente a la enormidad de hechos represivos denunciados. Es mínima la cantidad de casos en los que se iniciaron causas penales y prácticamente inexistentes las detenciones, excepto el caso ultra visibilizado de la desaparición forzada de Luis Armando Espinoza.

APU: La última. La flamante interventora del Servicio Penitenciario Federal María, Laura Garrigós de Rébori, sostuvo hace unos días que "una vez que termine la cuarentena va a ir en aumento la tasa de los delitos". ¿Qué reflexión merece esta declaración?

CV: Las estadísticas de política criminal hace décadas que no son completamente públicas,así que no sé si quiere decir que durante la cuarentena bajaron. No sé tampoco en qué contexto lo habrá dicho la funcionaria. Tampoco desde CORREPI nos interesa particularmente contar robos, eso es tarea del Estado. Nosotras/os llevamos la cuenta de la criminalidad de las fuerzas de seguridad. Que prueben con resolver la situación económica de las/os que se caen del mapa por la crisis y tal vez hasta les sale más barato esa gestión que el propio sistema carcelario.