Gatillo fácil en Paraná: a un año y nueve meses del asesinato de Gabriel Gusmán todavía no hay imputados

Por Mariano Osuna*

A un año y nueve meses del caso de gatillo fácil ocurrido en barrio Capibá de Paraná todavía la causa no tiene imputados. Allí, el 25 de septiembre de 2018, un operativo de la policía de Entre Ríos terminó con el asesinato por la espalda de Gabriel Gusmán, un joven de 20 años, a manos de los agentes Rodrigo Molina y Diego Íbalo. Los efectivos llegaron, luego de un llamado al 911, en el móvil 1021 y dispararon pese a la rendición tras la voz de alto. Desde aquella fecha, los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull nunca convocaron a los policías a indagatoria, quienes como paradoja trágica continúan cumpliendo funciones en las fuerzas de seguridad de la provincia.

“A un año y nueve meses no hubo ningún avance”, afirmó Lucía Tejera, abogada querellante. “Si bien se realizaron diversas pruebas como testimoniales e informes periciales lo cierto es que la Fiscalía aún no ha llamado a indagatoria a los funcionarios policiales involucrados”, detalló en diálogo con AGENCIA PACO URONDO.

“Ni llamado a indagatoria ni dispuesto el archivo de la causa si entiende que no hubo responsabilidad de los policías, ninguna de las dos cosas”, retomó la abogada sobre la inacción de Fiscalía. “Nos mantiene en un limbo jurídico, puesto que de acuerdo al Art. 223 del Código Procesal Penal de la provincia, el fiscal tiene un término para realizar la Investigación Penal Preparatoria -IPP- que es de tres meses desde la última declaración indagatoria del imputado”, explicó. La Letrada querellante reclamó que en esta irregular situación no tienen “ni declaración de imputados ni plazos” y recordó, de manera desesperante, que “hace un año y nueve meses que Gabriel Gusmán fue asesinado y aún no tenemos respuesta por parte del Ministerio Público Fiscal”.

“Y esto no lo señalamos solamente porque consideramos que se están vulnerando diversos derechos como el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva a los familiares de Gabriel, que están constituidos como parte querellante, sino también porque ésta situación deja a los funcionarios policiales en una situación de sospecha constante porque están sindicados como los autores del hecho”, profundizó Tejera sobre la incertidumbre del proceso ante la inacción judicial.

Aquél 25 de septiembre, el fiscal Badano decidió en el momento la detención de Rodrigo Molina y Diego Íbalo, quienes fueron trasladados a Alcaldía de Tribunales. Allí permanecieron demorados solamente 36 horas y luego fueron liberados, ante una caravana de decenas de patrulleros de la policía de Entre Ríos, que se encontraba haciendo guardia en la puerta lateral del edificio, sobre calle Córdoba, de la capital provincial. Aquella guardia fue respaldada por el jefe provincial de la policía, Gustavo Maslein, y acompañada por opiniones del jefe departamental, Marcos Antoniow.

El silencio de la Procuraduría

“El 15 de mayo realizamos una presentación ante el procurador García, que es el jefe de los fiscales a quienes también, en marzo de 2019, solicitamos se llame a declarar como imputados a Íbalo y Molina”, recordó la abogada en diálogo con AGENCIA PACO URONDO. “No obtuvimos ninguna respuesta, ni de Badano, Ramírez Montrull ni de García”, lamentó.

Tejera destacó que “los distintos elementos probatorios y el hecho de que Gabriel haya muerto por una bala en la nuca, son suficientes para que se llame a declarar a los policías como imputados, que se eleve a juicio y luego en un debate oral se discuta en qué circunstancias se dió el hecho”. Además, reclamó que “la fiscalía podrá realizar su acusación o incluso desistir de la misma. Pero en esta instancia, en donde un pibe de 20 años fue asesinado por una bala policial en circunstancias que a todas luces indican que Gabriel estaba de espaldas a la policía y con las manos en señal de rendición, no puede la fiscalía dilatar uno de los actos procesales más importantes, incluso para ejercer la defensa en juicio”.

“Nosotros estamos convencidos que el asesinato de Gabriel Gusmán es un caso de gatillo fácil, y así queremos discutirlo en la instancia de debate”, exigió la representante legal de la familia. “Apoyamos el compromiso por la investigación de los hechos de la fiscal Cedrés en el caso de Iván Pérez, otro pibe asesinado por las balas policiales, donde indagó y solicitó la prisión preventiva del policía imputado Mauricio Gómez, se dispuso la prisión domiciliaria con control electrónico y ya se encuentra en una etapa superior”, ejemplificó sobre el caso del joven de 24 años asesinado en el barrio Molinari, de Gualeguaychú, el pasado 9 de octubre de 2019. Gómez, un efectivo que ya había recibido una condena de un año en suspenso por golpes a un joven de Buenos, en el corsódromo, durante una detención el 9 de febrero de 2016. Se  encuentra en definición la posibilidad de un juicio por jurados para este caso, uno de los primeros en la provincia.

Sobre las diferencias en el accionar del Ministerio Público Fiscal, Tejera preguntó “¿Por qué en algunos casos actúan con toda la rapidez y vehemencia?” y recordó el accionar en el allanamiento dispuesto por la fiscal Peñón en la Comisaría de Federación, “que tuvo el apoyo de sus colegas e incluso de la Asociación de Magistrados de la Provincia ante la actitud sumamente repudiable del Jefe de la Policía de la provincia contra la funcionaria pública”.

Allí, la Asociación expresó que “estas investigaciones implican -ni más ni menos- vulneraciones de normas constitucionales, de tratados internacionales de derechos humanos, amén de las disposiciones del Código Penal Argentino y que afectan la dignidad de las personas. De allí la necesidad de que sean aclarados estos hechos”.

“Nada dijo la Asociación de Magistrados cuando liberaron a Íbalo y Molina, festejados por más de 50 patrulleros, quienes los acompañaron hasta el despacho del Jefe de Policía Maslein, quien les dió su incondicional apoyo”, denunció. “Defensa corporativa de la policía y de los funcionarios del poder judicial”, lamentó. “Entonces no podemos entender, salvo que consideremos a estas fiscales como personas aisladas, por qué Íbalo y Molina no se encuentran indagados? o ¿Por qué siguen prestando servicio, patrullando y portando armas? ¿Cuál es el criterio del Ministerio Público Fiscal en relación a los hechos de violencia institucional que ocurren en nuestra provincia?”, sentenció.

 Alejandra, la mamá de Gabriel, como su familia y amistades, esperan algún avance del letargo judicial que hoy tiene la causa. Rodeados por organismos de derechos humanos, espacios sindicales, sociales, educativos y comunitarios, Alejandra participa de distintas actividades para visibilizar un nuevo caso de gatillo fácil, para denunciar la impunidad naturalizada y obtener justicia. Esa búsqueda que su lucha cada día grita y siembra.

La represión en un merendero de Villa 351

Como informó AGENCIA PACO URONDO, el pasado 1 de mayo, efectivos de la policía provincial reprimieron con balas de goma un merendero que repartía locro en la villa 351 de Paraná. En aquel operativo, delante de niñas y niños, hubo vecinos lastimados. Consultada sobre esa causa, Tejera explicó que “si bien la Ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, salió a dar declaraciones, no hay investigaciones que se dirijan a dilucidar la responsabilidad de los policías que actuaron en ese operativo, que a todas luces fue excesivo, irregular y en presencia de niñes”.

Sobre el proceso, detalló que se iniciaron dos causas. “Una en la que se investigan las lesiones sufridas por los policías, y en donde se indagó -aquí tomaron declaración de imputados inmediatamente, se imputaron los delitos de lesiones y tentativa de homicidio, y se solicitaron medidas en relación a 4 personas, entre ellas un menor de 18 años”, relató y advirtió que esa causa la lleva Ramírez Montrull, “quien tiene que investigar el homicidio de Gusmán por parte de la policía”.

“La otra causa que se inicia y que lleva la fiscal Laura Cattaneo es por la denuncia que realiza el Defensor oficial de uno de los imputados, por hechos de violencia institucional que prolijamente documentó el abogado. La fiscal espera que se produzcan pruebas en el legajo que investiga Ramírez Montrull, supeditando su investigación a la que tiene por objeto investigar las lesiones a los policías”, precisó la abogada. Sobre esta segunda instancia, recordó que esta denuncia se realiza “por la obligatoriedad que tienen todos los defensores de denunciar hechos de violencia institucional que expliciten sus defendidos según el protocolo puesto en marcha por la Defensoría de la Provincia, el cual celebramos y consideramos una herramienta necesaria”. Por último, reclamó la implementación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, que es ley desde el año 2018.

*Corresponsal de AGENCIA PACO URONDO en Entre Ríos