La Legislatura porteña aprobó la nueva ley que regula las aplicaciones de delivery

Por Belén Ruíz Díaz

A pesar del rechazo de los trabajadores de reparto y mensajería, se aprobó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la ley presentada por el oficialismo macrista que regula a las app de delivery y que establece que no se podrá cobrar mas del 20% de comisión a los comercios, además de la prohibición del sistema de incentivo y castigo a los empleados, y la creación de un sitio de quejas para los clientes. A su vez, incorpora requisitos como la inscripción en AFIP y AGIP, y le exige a los trabajadores realizar cursos de seguridad vial.

La votación contó con 37 votos a favor, 4 en contra y 17 abstenciones, estas últimas pertenecientes al bloque del Frente de Todos. El proyecto presentado por iniciativa de la diputada Cristina García de Aurteneche (Vamos Juntos) y del legislador Marcelo Gouman (UCR/Evolución) crea la figura del “repartidor habilitado”, es decir que el repartidor pasa a ser un sujeto que debe estar habilitado por el gobierno para poder circular. Los trabajadores de aplicaciones exponen que esto los criminaliza, ya que permite sanciones para aquellos que no cuenten con habilitación, pero solo en el rubro de aplicaciones, no así a los repartidores de mensajería u otras empresas.

Uno de los puntos más importantes es la calificación de las empresas como “operadoras de oferta y demanda” en vez de “prestadoras de servicio”, esto quiere decir que las apps no tienen una responsabilidad mayor mas que la de intermediario entre el local y el cliente, y para la Asociación de Personal de Plataformas (APP) esto “oculta que las empresas en realidad prestan un servicio”.

Desde el Frente de Todos, bloque que se abstuvo en su totalidad, se planteó que en el proyecto no están contemplados los derechos laborales, como así tampoco la seguridad social, los aportes jubilatorios ni el seguro de riesgo de vida, y que además la ley se trata desde la problemática de controlar el transporte y no desde el ámbito laboral, como presentó el FdT en su proyecto, que también establecía que la comisión sea de un 15 por ciento y no del 20 como se terminó firmando.

Los distintos gremios, como la Asociación de Trabajadores de Reparto (ATR) y la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASSIM), marcharon desde temprano hacia la Legislatura para evidenciar el rechazo de la nueva ley. En el medio y por un conflicto interno, se produjeron agresiones entre los miembros de ambas asociaciones, que fueron disipadas por la Policía Metropolitana.

Ante la aprobación, los trabajadores de reparto sostuvieron mediante un comunicado que el proyecto es el resultado del diálogo entre el gobierno, las empresas de plataformas y la Cámara de Empresas de Mensajería de Motos y Afines (CEMMARA), y que las y los repartidores no fueron escuchados. Además aseguraron que irán a la justicia para pedir la inconstitucionalidad de la resolución.