Chaco: cinco familias campesinas resistieron desalojo en Margarita Belén

Por Diego Moneta / Foto: Ana Nicora

En un predio rural cercano a Margarita Belén, en Chaco, cinco familias campesinas que trabajan la tierra hace más de 40 años se enfrentaban a un posible desalojo. La medida fue  impulsada por un particular y el Poder Judicial había dispuesto su cumplimiento antes del 28 de junio. Sin embargo, el reclamo de las familias sumó cada vez más apoyo y lograron frenar la medida.

En el lugar en cuestión viven las familias Fernández Benítez, conformadas por los hijos de Vilma y Martín Fernández, asentados hace más de cuarenta años. Llevan adelante tareas de siembra y cosecha de verduras, cultivan plantas medicinales y tienen una ladrillera. A lo largo de las décadas, la tierra fue cambiando de manos. Los primeros dueños fueron demandados por el trabajador rural porque no le pagaban, juicio el cual ganó, con la representación de un abogado de la Unión de los Pequeños Productores del Chaco, por los veinte años de posesión de la tierra que llevaba. 

Más tarde, frente a otros titulares, la situación cambió y pareció estabilizarse. Hace dos años se reanudaron los pedidos de desalojo, pero las familias alegan que nunca pisaron la tierra en todo este tiempo. Las decisiones están en manos del Juzgado Civil y Comercial Nº2 de Resistencia, a cargo de Ana Mariela Kassor. El pasado 21 de abril hubo un primer intento, que se suspendió por la resistencia y el acompañamiento de diversas organizaciones y de instituciones públicas.

Días más tarde, la jueza convocó a una audiencia virtual y resolvió la nueva fecha de junio, sin aportar una solución para las familias en caso de efectivizarse, dado el contexto de crisis sanitaria. Las organizaciones criticaron que desconocía el derecho posesorio de las familias afectadas, además de presentar inconsistencias y errores en nomenclaturas catastrales y contradecir normativa nacional e internacional que las protege, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar.

En ese marco, se reactivó el proyecto de Ley de expropiación 1416 en favor de las familias de la economía popular. Al mismo tiempo, solicitaron que, para evitar casos similares en un futuro, se prorrogue por tres años la vigencia de la emergencia habitacional de las tierras de la agricultura familiar, campesina e indígena, según propone el proyecto de Ley 1176 de este año. El respaldo a la iniciativa llegó también por parte de docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), al que se sumó el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otras personalidades. 
  
La semana pasada acudieron a la Legislatura provincial en busca del consenso de representantes de los principales bloques partidarios. Sin embargo, ante la falta de acuerdo para debatir en el recinto, se definió que la comisión de Asuntos Constitucionales genere una instancia de mediación, a través de la cual se llegó una solución acordada entre las partes que mantiene a las familias en el lugar. AGENCIA PACO URONDO dialogó con Ana Nicora, secretaria del Interior de la CTA provincial que acompaña a las familias. 

Agencia Paco Urondo: ¿En qué contexto se encuentran las familias?

Ana Nicora: La Familia Fernández Benítez vive en Margarita Belén a un kilómetro y medio del pueblo. Está afincada desde hace más de cuarenta años. Son cinco familias, 21 personas, ocho menores. Su vivienda y su trabajo, todo lo tienen ahí. El poder de la injusticia no reconoció los derechos sucesorios, ni la ley vigente en el Chaco de freno a los desalojos.

El 19 de abril, ante la notificación de desalojo, buscaron apoyo y ahí estuvimos durante ocho horas. Cuatro camionetas policiales, veinte agentes, oficial de justicia, todo para desalojarlos. No pudieron porque las familias, la comunidad e instituciones públicas se interpusieron. A partir de ahí, la visibilización de la situación, que cobra relevancia porque, entre otras cosas, está asentado en la causa que las tierras fueron rematadas y que quien las compró inició el juicio de desalojo y perdió. Eso también lo desconoció la jueza Kassor. 

APU: ¿Qué sucedió con las iniciativas legislativas?

AN: El proyecto de expropiación, presentado en el 2018, fue activado nuevamente y tuvo despacho favorable por unanimidad en la Comisión de Tierra de la Cámara de Diputados provincial. No ocurrió lo mismo en Asuntos Constitucionales por el rechazo de los radicales y del Frente Integrador. No se pudo tratar en el recinto, a pesar del apoyo del Frente De Todos, porque al rechazo se sumó el Pro. 

APU: ¿Cuál es la situación a nivel judicial?

AN: La causa estaba con sentencia firme, en primera instancia, para el desalojo. En segunda instancia se nulificó, apelaron los desalojadores y el Superior Tribunal de Justicia devolvió la causa al juzgado de Kassor, que volvió a fallar por el desalojo. Parece que se dio cuenta que traía consecuencias en la vida de cinco familias y llamó a una audiencia de mediación con intervención del defensor del Pueblo, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, la Subsecretaría de Agricultura y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros.

La primera propuesta, relocalización, tuvo un contundente rechazo, ya que significaba comenzar de nuevo en otro lugar. El sábado 26 de junio hubo una nueva mediación y el Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial, presentó una propuesta superadora que permitiría que la familia se quede y continúe trabajando. Garantiza cinco hectáreas, salvando tres viviendas y dos por construir para quienes quedaron fuera del predio. Es un acuerdo de mediación judicial, que garantiza que no serán desalojados, asentado en el expediente. La causa del remate de las tierras, por la cual ya fueron juzgadas, se seguirá investigando. 

APU: ¿Cuáles son los próximos pasos?

AN: Por un lado, acompañar y garantizar que se cumpla el acuerdo en los plazos estipulados, junto al intendente de Margarita Belén, quien tuvo un decidido apoyo sobre las familias. Por otro, poner en debate, en los tres poderes del Estado, el acceso y la regularización de la tierra e interpelar los fallos que desconocen derechos sucesorios, derechos sociales y derechos campesinos.

Además, junto al observatorio de Conflictos Sociales de la UNNE, trabajar sobre el mapa de conflictos de tierras rurales en la provincia con una política de alerta y prevención para que NUNCA MÁS haya desalojos en tierras de agricultores.