Caso Facundo Molares: preocupación por el proceso de extradición del militante popular

Por Diego Moneta / Foto: Solidaridad con Facundo Molares

Facundo Molares Schoenfeld es un militante argentino de 46 años. Es oriundo de San Miguel, Buenos Aires, y lleva una vida marcada por la lucha internacionalista. Inició su trayectoria política en la Federación Juvenil Comunista (La Fede), donde fue secretario de Organización. Participó, siendo estudiante, de las protestas del 2001 y, tras viajar a Salta, reflexionó que un proceso similar tardaría en repetirse en nuestro territorio. En la actualidad, enfrenta un proceso de extradición que, según afirma su pareja Mónica Glomba, en diálogo con AGENCIA PACO URONDO, puede sentar un “antecedente nefasto para la política de derechos humanos interna y externa” de nuestro país.   

Tras recorrer varios países, Colombia era la única experiencia asimilable. Se incorporó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), en el frente Teófilo Forero, bajo el alias de "Camilo" o “El argentino". Fue uno de los pocos extranjeros que tomó protagonismo, junto a Manuel Olate Céspedes (Roque) de Chile y Tanja Nijmeijer (Alexandra Nariño) de Países Bajos. Cobró notoriedad pública en 2011, tras la liberación del concejal Armando Acuña, que había sido secuestrado dos años antes.

“Camilo” participó de la guerrilla pero también activamente de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en 2016 y ratificados en Noruega. El cese al fuego pactado con el gobierno de Juan Manuel Santos permitía a la organización conformarse como partido político formal -Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-, si bien algunos grupos se negaron y pasaron a la clandestinidad. Meses más tarde, regresó al país y comenzó a militar en el Movimiento Rebelión Popular, en el que también se volvió secretario de Organización. Los Acuerdos son incumplidos en general desde la asunción de Iván Duque, lo que generó cientos de asesinatos de firmantes. En los primeros tres meses de 2022 van once, pero se suman decenas de defensores de Derechos Humanos (DDHH) en manos de paramilitares y el propio ejército. “Desde 2016 son más de 1300 ejecuciones”, puntualiza Glomba.

"Es evidente que no vino desde Colombia para pasear"

El siguiente destino de Facundo fue Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, como fotorreportero en las elecciones de 2019, siendo parte de la revista digital Centenario del movimiento que integra. Ya había publicado algunos artículos bajo la firma de Julián Katari, en honor a Túpac Katari, referente del último levantamiento en el Alto Perú contra el imperio español, según señala el director Leonardo Juárez. En el contexto de denuncias de fraude -avaladas por la Organización de Estados Americanos (OEA)-, las protestas se agudizaron y Facundo resultó herido de bala a fines de octubre en la localidad de Montero.

Allí fue detenido y torturado por un crimen que no cometió. "Es evidente que no vino desde Colombia para pasear", dijo Jeanine Áñez, presidenta de facto tras el golpe contra Evo Morales. El 11 de noviembre Hugo, su padre, viaja con su compañera y lo halla internado en el Hospital Japonés sin estar identificado. Había sido trasladado en coma inducido por una insuficiencia renal severa -ya padecía diabetes y problemas hepáticos y cardíacos-. En ese momento, uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen se presentaron, esposaron al joven a su cama, secuestraron a la pareja para trasladarla a una comisaría y, tras diversos maltratos, fueron expulsados de Bolivia. Sin ningún tipo de acusación, recién el 29, a través de una causa por supuesto homicidio, asociación delictiva e instigación pública, le dictan prisión preventiva en la cárcel de Palmasola. A pesar de la recomendación médica de tratamiento -sigue teniendo una bala en el cráneo y esquirlas que le dañan un ojo-, a los tres días lo llevan al Penal en Chonchocoro en El Alto, La Paz, donde quedó incomunicado, con hipertensión arterial y un pulmón funcionando con capacidad limitada.

Gracias a la lucha de la familia y las distintas organizaciones que la acompañaron, y posibilitado por los cambios de gobierno -la asunción de Alberto Fernández pero sobre todo el regreso de la democracia en Bolivia-, en diciembre de 2020 el Tribunal de Montero le concedió la extradición para volver a nuestro país. Había sido “detenido y sometido a un proceso judicial irregular”, indicó Cancillería en un comunicado. Le dictaron libertad provisional para atender su estado de salud y así pudo ser repatriado.

El año pasado residió en la casa de su padre en Trevelín, Chubut. El 7 de noviembre Hugo y Facundo fueron sorprendidos por un operativo de la Policía Federal. El militante fue otra vez detenido y Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, lo aclamó en su cuenta de Twitter. “Su actitud es infundada e indica un posicionamiento político”, remarca Glomba. Si bien el pasado de Molares en las FARC era conocido, la circular de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) se corresponde al secuestro ocurrido hace doce años -su aporte se reduce a la liberación, según el concejal-. Sin embargo, no había pedido formal de extradición colombiano, que ya había sostenido la inexistencia de antecedentes ante las acusaciones al joven durante su paso por Bolivia. 

En ese entonces, fue alojado en una comisaría de Esquel, a pesar de que estaba a punto de ser operado del corazón. Quedó encerrado e incomunicado durante varios meses en el Penal de Rawson -recordado por la fuga de un grupo de militantes en 1972 que concluyó en la Masacre de Trelew-. A principios de este año, la Gremial de Abogados y Abogadas logró su traslado a la cárcel de Ezeiza, donde certificaron un cuadro de hipertensión, por lo que la Coordinadora por la Libertad de Facundo Molares reclamó por la atención inadecuada y el estado del Servicio Penitenciario Federal. En el Hospital Posadas le diagnosticaron pericarditis constrictiva grave y la pérdida casi total del ojo derecho.

Audiencia por extradición 

La Fiscalía colombiana afirma que Molares no es parte de quienes adhirieron al proceso de paz. Sus abogados, Gustavo Franquet y Eduardo Suárez, dicen que sí, aunque no aparezca en las actas oficiales que conformaban los amnistiados. Buscan que sea dirimido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y no por un tribunal ordinario, lo que sería una “cuestión de improcedencia”, señala Glomba. Según Franquet, la principal hipótesis se basa en comentarios de arrepentidos que, además, le adjudican participación en combates con la Policía, y destaca que si, ante un mismo delito con varios acusados, sólo se procesa a quienes no figuran en los listados, resulta problemático por dar lugar a arbitrariedades. “Subyace una situación de carácter política”, comenta Glomba, lo que no se enmarcaría dentro de los delitos tipificados en los convenios de extradición entre ambos países.

Tras diversas demoras administrativas, ya que la solicitud de extradición debió rehacerse al ser impugnada por no cumplir con la legislación y convenios existentes, y en un marco que desde la defensa de Molares entienden de “desigualdad material y subjetiva”, el 20 de abril se realizó la primera audiencia del juicio. “La jornada se dilató porque negaban la entrada de las herramientas de trabajo a los abogados, existiendo orden de autorización y la presencia del equipo de la Fiscalía con sus elementos”, explica Mónica. También hubo obstáculos por parte del Servicio Penitenciario Federal y el estado de virtualidad en la celda de Facundo “sin servicio de internet ni enchufe y en condiciones deplorables de higiene”. En ese contexto, Hugo declaró que nadie le había asegurado a su hijo que estaba prófugo y reiteró la inclusión de Facundo en los Acuerdos de Paz. La semana que viene tendrán lugar las declaraciones testimoniales y los alegatos de ambas partes.

En la entrada del Penal de Ezeiza organismos de DDHH llevaron a cabo una conferencia de prensa para mostrar su rechazo al pedido del gobierno de Colombia y reclamar a las autoridades de nuestro país que intervengan. Más allá de lo que suceda con el proceso, la decisión en última instancia recae en el Poder Ejecutivo, que primero lo repatrió y luego lo volvió a detener. “Nos llama la atención la celeridad con la que han permitido el ingreso de la solicitud de extradición”, indica Glomba. “Un Estado no extradita a sus ciudadanos”.  

Los organismos solicitan que se deniegue la entrega del militante por razones políticas y humanitarias. En primer lugar, la intervención de un tribunal que no corresponde expresa “clara animadversión”. Por otro lado, el delicado estado de salud del joven, que requiere atención constante y especializada, y temen que en las cárceles del país vecino “no se dispensará”. Tampoco en este momento Colombia garantiza “ningún derecho humano a sus poblaciones”, agrega Glomba y sentencia: “No están dadas ninguna de las condiciones para que la extradición no implique lo que llamamos una pena de muerte encubierta”.

La compañera destaca la militancia de los abogados defensores y el acompañamiento que tienen en un “amplísimo marco de unidad”, representado en la conferencia del miércoles. Enfatiza la tarea llevada a cabo por los organismos que no sólo se han dirigido por carta al propio militante sino que “han interpelado a distintos ministerios”. La toma de decisiones del Poder Ejecutivo debería ser “acorde a una construcción histórica que los gobiernos de características progresistas han tenido en situaciones similares”, finaliza Glomba.