Mafia: la exacta definición de la cabeza del actual poder judicial

El jueves pasado el TOF 2 de la Ciudad de Buenos Aires emitió su famoso fallo -ya cantado con anterioridad- condenando a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta, a seis años de prisión e inhabilitación absoluta para cumplir cargos públicos, no solo sin pruebas, sino existiendo pruebas de descargo efectivas que demostraron durante el juicio la inexistencia de delito.

Lo que hicieron los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso se llama prevaricato, un delito previsto en el artículo 269 del Código Penal, que consiste en dictar resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas. Un solo dato, como ejemplo, citaron hechos falsos: que Cristina hubiese tenido la administración de los recursos imputables a las labores de vialidad en Santa Cruz. Es exactamente lo que ocurrió en este fraudulento juicio: la comisión de delito por parte de los jueces que dictaron el veredicto. Un hito vergonzoso más de esta administración, no de justicia, sino de injusticia, que padecemos los argentinos cada vez que gobierna la derecha o, aun durante gobiernos democráticos, mantiene poder de fuego. Ante la consumación del hecho delictivo la Vicepresidencia denunció públicamente la existencia ya no de un partido judicial sino de una verdadera mafia judicial, renunció a cualquier candidatura para 2023 y, claramente, dejó en manos del Movimiento Peronista la responsabilidad de enfrentar la mafia y de seguir llevando adelante las banderas históricas de soberanía política, independencia económica y justicia social.

Cristina no se equivocó en la definición. Unos días antes, los primeros de diciembre, se mostraron, de manera desnuda frente al pueblo, las tripas de la mafia judicial, pero también política y empresarial, cuyo fin es destruir la Patria. Nadie ya puede negar su existencia. Pudo vérsela y escuchársela en directo. Como quien abre de pronto la puerta de un despacho y se encuentra al juez de su causa teniendo sexo con su contraparte.

Se conocieron e hicieron públicos una serie de chats y conversaciones de un grupo de la aplicación Telegram, integrado por el juez federal Julián Ercolini, el Juez del tribunal de casación penal Carlos Mahiques, el juez del juzgado contencioso administrativo Pablo Cayssials, el secretario de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo D´Alessandro, Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y directivo del Grupo Clarín, y el CEO del Grupo Clarín Jorge Rendo. Ese grupo de chat se armó con el nombre de “Operación de Página 12”, con el fin de pergeñar una estrategia de ocultamiento e invención de pruebas falsas, debido a que ese medio, junto a otros, difundieron que el Grupo Clarín les financió a todos los nombrados (y a otros que no aparecen en el grupo de chat) un viaje privado al predio que tiene Joe Lewis en Bariloche, zona de Lago Escondido, lo cual puso en evidencia la connivencia de un sector del poder judicial con la oposición macrista, la aceptación de dádivas por parte de sujetos bajo su competencia judicial, la connivencia con empresarios corruptos y con funcionarios desestabilizadores de la ex AFI macrista y actuales funcionarios de Larreta en la Capital Federal. Se trató, inequívocamente, de delitos.

En los intercambios tanto de texto como de voz de esos chats se escuchan directamente y de manera expresa la propuesta de acciones delictivas, tanto por funcionarios administrativos como por jueces: cómo cometer delitos para tapar esa reprochable acción: cómo hacer desaparecer pruebas, cómo inventarlas, qué hechos tapar, cómo mentir sobre el lugar en que se reunieron y sobre los medios de transporte utilizados, proponer interferir en la fiscal y el juez de Bariloche a cargo de la investigación para que actuaran de una manera connivente, fraguando una investigación, y hasta cómo “hacer cagar” al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria a quien consideraban autor de la filtración del viaje ilegal. “Hacer cagar”, por parte de quienes tienen semejante poder, puede significar tanto privación ilegítima de la libertad como homicidio. Se lee escribir al juez Ercolini: “¿No es más fácil que nos facture Lago Escondido dos noches con media pensión?”. Y Cayssiails responde: “Pero Nos facturaron después de ir No antes. ¿Y ninguno sacó la tarjeta, Pagamos todo grone?” Para muestra valen esos solos ejemplos, el resto de las vomitivas conversaciones pueden encontrarse en los medios, serios, por supuesto. La sensación es de asco. Un juez federal proponiendo inventar facturas ex post facto para pretender justificar retroactivamente lo que en realidad fue una dádiva ilegal, y el otro cometer delitos, inclusive violentos, y los modos para hacerlos efectivos: pagar en negro, evasión fiscal, “hacer cagar” a una persona. ¡Magistrados!

Hay decenas de historias parecidas a estas en los últimos tiempos, especialmente a partir del año 2015, y antes también, en que asistimos a un conjunto de acciones sistemáticas, diría judicialmente pornográficas -por lo explícitas- cometidas por agentes del poder judicial, connivente con el establishment político antiargentino; acciones destinadas a convertirse en una suerte de trinchera para demoler el estado de derecho. Sería tedioso enumerarlas, todos y todas las conocemos.

El Presidente de la Nación salió al cruce de esos hechos vergonzosos en una cadena nacional en la que volvió a hablar de los sótanos de la democracia (la primera vez fue en su discurso de asunción el 10 de diciembre de 2019, y siguieron varias), a describir nuevamente el fango que ya todos conocemos (ya lo hizo innumerables veces), promesa de reforma judicial (que hizo mil veces) y anunció la promoción de denuncias, que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos presentó en Bariloche el 7 de diciembre, ante el juzgado federal y fiscalía con los que seguramente ya se comunicaron los visitantes de Lago Escondido para indicarles cómo deben falsificar la investigación, cosa que se sabe porque ellos mismos así lo tramaron, conforme surge de los chats que se conocieron.

Es como si el Presidente desconociera que está presentando batalla en el campo equivocado. Ante un verdadero conflicto de poderes, en que la cabeza del poder judicial excede manifiestamente sus competencias (¡legisla!, interfiere en actos de administración (Artículo 99 Inc. 1° de la Constitución Nacional), suspende indebidamente actos de competencia exclusiva del poder ejecutivo o del legislativo abusando de la concesión de amparos), delinque prevaricando (juicio de vialidad), delinque en los hechos (aceptación de dádivas por una de las partes de un juicio que estuvo bajo su competencia: viaje a Lago Escondido pagado por el grupo Clarín) o programa la comisión de delitos (planificar la punición sin causa de un funcionario: Glinski, o cómo falsificar facturas de pago antedatándolas), ante ese verdadero conflicto de poderes, el campo de batalla es el desafío directo al cumplimiento de decisiones ilegales por parte de quien no está facultado ni tiene competencia constitucional para emitirlas: se llama desobediencia a disposiciones que implican decisiones ilegales. Eso es lo que debió haber hecho desde un primer momento el Presidente, con lo que hubiese concitado enorme apoyo popular que le hubiese dado el poder político que hoy asume no tener, acudiendo al argumento de la escasez de votos parlamentarios, que él mismo provocó con sus indecisiones ahuyentando más de 4 millones de votos en 2021.

Uno no sabe ya, a estas alturas, a qué calificativo recurrir para definir a este poder judicial que nos abruma con actos aberrantes: es una vergüenza, un escándalo, una podredumbre, un pelotón de fusilamiento, una verdadera asociación ilícita, la administración de justicia convertida en un partido político. Todo lo que hacen es escandaloso. La definición de mafia, a la que arribó Cristina el 6 de diciembre, es la más adecuada. No solo por los casos sonados contra Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo, motivo de demonización por mero interés político electoral económico, en que la cabeza del poder judicial se convirtió en una agrupación política aliada de la oposición y del establishment financiero; o por los demás ejemplos antes dados, sino en general, también en los casos comunes. Hay una negación sistemática de garantías, un bochorno y una degradación total.

La degradación institucional, especialmente judicial, a la que estamos asistiendo, es cada día más adecuada a la letra del famoso tango Cambalache, de Enrique Santos Discepolo: “Un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolca´os en un merengue, y, en el mismo lodo, todos manosea´os. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, pretencioso estafador...”

En derecho las cosas, los actos, pueden definirse conceptualmente, según lo que las ciencias jurídicas y las leyes dicen que “deben ser”. Pero la sociología del derecho, es decir una mirada desde el “ser”, desde lo que se advierte en la realidad más allá de las definiciones formales, permite que ensayemos una definición de lo que es, de lo que ocurre realmente en el funcionamiento de nuestro sistema judicial. Sin riesgo de equivocarnos, la actividad de nuestro poder judicial en su cabeza desde hace unos quince años, permite afirmar la vigencia de las siguientes seis máximas:

1. Este poder judicial trata los conflictos que caen bajo su competencia, tendiendo en primer lugar a la protección interna de sus miembros y de sus privilegios.

2. Resuelve siempre privilegiando la justificación de su existencia y persistencia como corporación, con un interés propio y característico de las “famiglias” mafiosas.

3. Su objetivo principal es preservar el mantenimiento del estatus quo general, es decir la zona de confort en la que está inmerso, en la cual ve posibilitada su persistencia y protección.

4. Su método de funcionamiento es evitar que el conflicto o caso que cayó bajo su competencia afecte intereses de quienes tienen algún tipo de poder en el entramado socio político del momento, independientemente de quien sea el actor o demandado, o imputado o querellante en el fuero penal. El poder superior es el que tiene privilegio.

5. El anterior método es directamente proporcional a la potencialidad, o jerarquía institucional, del poder que tenga o represente alguno de los sujetos del pleito que cae bajo su jurisdicción, en el caso y momento dados, capaz de infligir algún daño a la “famiglia judicial”, e inversamente proporcional al grado de vulnerabilidad de la parte involucrada.

6. Apreciando todo lo anterior con suficiente distanciamiento y objetividad, este poder judicial, principalmente en su cabeza, ha asumido la suma del poder público, en tándem con el poder mediático y económico concentrado, para administrarlo de manera exactamente igual a épocas pre republicanas, de modo decididamente monárquico. Solo falta que apliquen el sistema medieval de ordalías para resolver los casos.

Creo sinceramente que, si el pueblo y la dirigencia política honesta no reacciona convenientemente frente a esta mafia sistemática y delictiva, generando con valentía un conflicto de poderes y negándose a obedecer investigaciones y fallos judiciales ilegales o en exceso de sus competencias constitucionales, estamos a un paso, otra vez, del horror.