Niembro imputado por lavado de dinero
El comentarista deportivo, que ayer declinó a encabezar la lista de diputados nacionales de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires- era el dueño de la firma La Usina Producciones, que recibió de modo directo del Gobierno de la CABA más de 20 millones de pesos. Su socio, Alberto Meza, era candidato suplente en la misma lista.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) inició una investigación preliminar de oficio. El 11 de septiembre la unidad a cargo del fiscal Carlos Gonella presentó la denuncia que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello con la intervención del fiscal Ramiro González. La causa lleva el número °9797/15 y está caratulada como "Rodríguez Larreta, Horacio y otros s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".
La denuncia de la Procelac analizada por González señalaba que "Nos hallamos por el momento frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de 'La Usina Producciones SRL' por un monto total de $19,473,878,30" que nunca fueron otorgadas "a través del mecanismo de licitación pública". También se denunció que la operatoria se hizo a partir de invocar "razones de urgencia, por lo que fueron salteados los mecanismos de la licitación pública".
La denuncia afirma que La Usina: "carecería de empleados a cargo, no posee página web -algo particularmente llamativo para los tiempos que corren y más aún teniendo en cuenta que se trataría de una empresa ligada al rubro publicitario, según describe su objeto social-, y sus dos únicos clientes durante sus tres años de existencia habrían sido el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires".
La Procelac consideró que pudo haber lavado de dinero a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos -el primero en 2013- por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los denunciantes señalaron que tanto Meza como Niembro "incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos vehículos de alta gama". Niembro, según la denuncia, posee un Mercedes Benz A12 C250 Blue Efficiency y Meza es titular de dos AUDI modelo Q5 2.0 FSI Quattro.
La Procelac había denunciado al jefe de Gabinete y jefe de Gobierno electo Horacio Rodríguez Larreta, las ministras de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley y Gabriela Mabel Reybaud, y al secretario de Comunicación Social, Facundo Gaytán, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública y administración infiel. La acusación con respecto a los funcionarios, según se desprende de la imputación que hizo González, deberá seguir siendo investigada por el juez de Instrucción Roberto Ponce donde fue denunciado Macri.
El fiscal González basó su imputación por lavado de dinero en la hipótesis que planteó la Procelac en la denuncia: "necesariamente ese gran caudal de dinero de origen ilícito (que supera holgadamente la condición objetiva de punibilidad impuesta por el art. 303 del C.P) debió haber sido puesto nuevamente en circulación en el mercado, con la consecuencia posible de que adquiera la apariencia de un origen lícito". El artículo 303 del Código Penal establece en su inciso 1 que "Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí". El juez Casanello debe decidir si hace lugar a las medidas pedidas por González quien impulsó la investigación por lavado.