Estatales bonaerenses: juez ordena reapertura paritaria

El juez Luis Federico Arias intimó al Ejecutivo provincial a convocar a los gremios del sector estatal bonaerense, y a acordar una autoridad imparcial que dirima entre ambos en la negociación salarial. Advierten que en caso de no cumplir, la Provincia sería pasible de recibir sanciones económicas y de ser denunciada penalmente.

Tras acatar a medias el fallo judicial que obligaba al Ejecutivo provincial a reabrir las negociaciones y luego de una frustrada reunión a principios de mayo, la decisión del magistrado significa un nuevo golpe al intento oficial de “manejar” los aumentos salariales.

En su resolución, Arias advierte al gobierno provincial “a que en el plazo de cinco días de notificada la presente, acuerde con los gremios implicados en la negociación paritaria de la Ley 10.430, la designación de la autoridad imparcial que habrá de intervenir en los términos del art. 39 inc. 4 de la Constitución provincial, debiendo para ello ajustarse a la representatividad establecida en la Ley 13.453”.

La sentencia del letrado anuncia además que en caso de que la administración bonaerense no acate lo fallado por él, son pasibles de hacer efectivas sanciones que trepan a los 50.000 pesos por cada día de demora, como así también “el reproche que corresponda efectuar en sede penal por la presunta comisión de delitos de acción pública en que hubiere incurrido la autoridad con su conducta”.

Cabe destacar que la causa contra el Estado provincial viene siendo promovida en forma conjunta por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quienes vienen rechazando el aumento salarial que propuso el gobierno de Vidal, del orden del 12% semestral, pidiendo un piso de incremento de 40%, acorde a la inflación real en la Argentina.

Al conocerse la noticia, el juez Arias, aclaró que la orden de reabrir la paritaria estatal se resolvió el pasado 29 de abril y que si bien fue apelada por la Fiscalía de Estado, “el recurso fue concedido con efecto no suspensivo, por lo que la misma se encuentra plenamente vigente”.

Incumplimiento

En caso de incumplir el Ejecutivo con lo ordenado, el fallo establece que será el juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 el lugar en donde se realizarán las negociaciones entre el Estado provincial y los gremios, fijando para ello una audiencia para el 21 de junio a las 10 horas, en la sede de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata -por no contar su sala con espacio suficiente para llevarlo adelante-.

En diálogo con el diario Hoy, el juez señaló que “el gobierno no cumplió con el fallo que en su momento yo había dictado, lo que nos llevó a que tomáramos una medida complementaria a la cautelar que oportunamente se dio, por considerar que hubo un incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo”.

Según el magistrado, “la intención nuestra es que se siga dialogando y se siga discutiendo para cumplir con la ley 16.543 que es la que regula el procedimiento paritario. Buscamos ser una especie de autoridad imparcial que trate de manejar la situación entre ambas partes, para que el conflicto no se siga alargando en el tiempo y se solucione lo más prontamente posible”.

“Lo que hemos ordenado es que se lleven adelante las paritarias poniéndose de acuerdo con los trabajadores estatales respecto de cuál va a ser la autoridad imparcial, si eso no se da, hemos fijado audiencia para el 21 de junio en la facultad de Periodismo platense para que se realice la misma con la intervención del juzgado”, destacó Arias.
Tardanza

En el fallo del juez Luis Federico Arias, considera “inadmisible” la tardanza en la que incurrió el gobierno bonaerense en resolver el planteo recusatorio hecho por el SOEME, ATE y CICOP al ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, por considerarlo juez y parte en la negociación paritaria.

Para el magistrado, la demora tuvo el agravante de que fue la propia autoridad recusada, quien resolvió el planteo efectuado por las partes, circunstancia que acrecienta aún más la condición de parcialidad de los negociadores intervinientes en las reuniones paritarias.

De la resolución judicial se desprende que al tardar 30 días el gobierno en contestar la recusación, mostraron una lentitud que deja en evidencia una actitud de no querer negociar. Vale recordar que Arias solo tardó 24 horas en dictaminar la resolución que dio conocer ayer.

Fuente: Infogei