Causa Ciccone: la caída de la doctrina Irurzun

Por Juan Cruz Guido
Foto: Hector Magnetto, Jorge Brito y Guillermo Stanley el 3 de julio de 2018 en la embajada de Estados Unidos. (Fuente: Infobae)

Esta semana se conoció la sentencia del Tribunal Oral Federal N°4, compuesto por los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Néstor Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, donde se condenó, entre otros, al exvicepresidente Amado Boudou a cinco años y diez meses de prisión, ordenando su inmediata detención. Justamente esta última parte fue la que causo más estupor, teniendo en cuenta que la sentencia todavía no fue revisada. De manera que Boudou volverá otra vez a la cárcel sin condena firme.

La causa Ciccone fue una de las más utilizadas mediáticamente para golpear al gobierno anterior y en particular al vicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero finalmente, en los hechos, tanto en la instrucción como en el juicio, no se pudo probar lo que a priori se postulaba como un apropiamiento por parte de Amado Boudou, a través de un testaferro, de la empresa perteneciente a la familia Ciccone. Por el contrario, el expediente se erige como un cross a la mandíbula de la "doctrina Irurzun" expresada por el presidente de la Cámara Federal al momento de ordenar la detención de Julio De Vido por sus "lazos residuales de poder".

El expediente “BOUDOU, Amado y otros s/ cohecho y negociaciones incompatibles”, que estuvo estancado en la instrucción por la falta de pruebas concretas, avanzó velozmente a juicio luego de que Alejandro Vandenbroele, "fronting" para levantar la quiebra en su momento de la calcografía, se acogiera al tan vanagloriado régimen del imputado arrepentido. De esta manera, se convirtió en el primer arrepentido dentro de una causa de importancia institucional como lo es Ciccone.

Lo que sucedió luego revela justamente las falencias de la mencionada doctrina. En su declaración, Vandenbroele aseguró reiteradas veces desconocer a Amado Boudou pero, por otro lado, reconoció que el dinero para levantar la quiebra fue aportado en primer medida por Raúl Moneta, para pasar luego a una estricta dependencia de Jorge Brito, presidente en ese momento del Banco Macro. Pero no sólo eso, el arrepentido declaró ante el juez de instrucción Ariel Lijo y el fiscal federal Jorge Di Lello que durante todo este tiempo Jorge Brito le había estado pagando un sueldo para "comprar" su silencio. Esta situación sí que se ajusta a las previsiones del instituto de la prisión preventiva ya que hubo un claro y alevoso intento de parte de Brito de obstruir la investigación. Ante esto, el fiscal Di Lello se vio obligado a pedir no sólo la indagatoria sino también la detención del banquero. Dicho pedido fue rechazado sin mayores explicaciones por parte de Lijo.

La decisión del magistrado dejó de manifiesto la doble vara y arbitrariedad para aplicar la denominada “doctrina Irurzun” a los verdaderos poderosos, los que realmente tienen lazos de poder para afectar investigaciones como quedó demostrado en el caso. Esto sumado a la protección mediática de la que gozó Brito, en particular del Grupo Clarín de Héctor Magnetto, con quien mantiene una relación cercana.

Lo cierto es que todo el "círculo rojo" salió en defensa del banquero ya que, a partir de la declaración de Vandenbroele, las acciones de Macro comenzaron una debacle que continua hasta el día de la fecha y que precipitó la salida de Jorge Brito de la presidencia de la entidad, dejando a Guillermo Stanley (padre de la ministra de Desarrollo Social) como hombre fuerte en el directorio. Ni desde el gobierno, ni desde el poder real tenían interés en hacer caer el Banco Macro.

Lijo vs Boudou: Round 2

Una semana después de las elecciones generales de octubre, y dos después de que el camarista Martín Irurzun ordenara detener a Julio De Vido, el oficialismo, envalentonado por el triunfo, avanzó en el Consejo de la Magistratura contra el camarista Eduardo Freiler. Otro de los jueces en la mira del Ejecutivo era justamente Ariel Lijo, quien era cuestionado por los vínculos comerciales de su hermano, Alfredo Lijo, con el finalmente destituido juez Freiler.

Ante esto, Lijo, en un acto desesperado de supervivencia política, ordenó el 3 de noviembre la detención de Amado Boudou de manera intempestiva en un expediente que llevaba cinco años planchado, por supuesta asociación ilícita para blanquear activos provenientes de viáticos del Ministerio de Economía. A pesar de lo burdo de la medida, que luego revocaría la Sala I de la Cámara Federal, la lealtad al Ejecutivo fue exitosa ya que en una nota publicada en La Nación se reseña una reunión privada el 14 de noviembre entre el presidente Mauricio Macri, el titular de la AFI, Gustavo Arribas, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el presidente de Boca, Daniel Angelici, donde se ultimaron detalles sobre la salida de Freiler y se puso en la mira a Lijo, aunque se reconoció, según La Nación, que "siempre jugó bien" para el Ejecutivo. Lo que finalmente le dio una vida más al juez federal. La reunión generó polémica al ser publicada por el matutino vinculado al gobierno, pero nunca fue desmentida.