Cierran centros de estudiantes en universidades carcelarias

La medida se dio a conocer un día después del aniversario del golpe de Estado de 1976, causando malestar y repudio, no solo entre los estudiantes afectados, sino el toda la comunidad universitaria y diferentes sectores sociales. La medida, que prohíbe la conformación de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y restringe la permanencia de las personas privadas de libertad en los espacios de estudio, ya entró en vigencia y los estudiantes fueron retirados por la fuerza de los Centros.

La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, desde el Programa de Extensión en Cárceles (PEC) de Filo y la Asociación Civil Dar Margen, fue contundente en el comunicado difundido sobre este tema: “Los centros universitarios intramuros permiten a las personas privadas de su libertad realizar carreras de grado y diplomaturas, tomar cursos de formación profesional y participar de talleres y actividades culturales. Son espacios autogestionados por lxs estudiantes privados de su libertad, en articulación con las universidades y organizaciones sociales.

En los centros hay bibliotecas, laboratorios de computación y todo lo necesario para el desarrollo de la vida universitaria adentro. En algunos hay además espacios de asesoramiento jurídico, talleres y cooperativas. Su organización, limpieza y mantenimiento depende exclusivamente de lxs estudiantes privados de libertad, que cumplen tareas ahí y hacen aportes de manera solidaria, por fuera del horario de clase. Sin esa comunidad de estudiantes organizados, estos centros no funcionan. No solo cumplen un importante rol en la formación de las personas privadas de libertad, sino que a lo largo de su historia han sido clave para defender los derechos humanos y promover la inclusión social de la población penal”.

El primero se fundó en el año 1985, en la cárcel de Devoto, a partir de una iniciativa de un grupo de personas encarceladas, docentes y autoridades de la Universidad de Buenos Aires. El Centro Universitario Devoto (CUD) del Programa UBAXXII de educación superior en establecimientos penitenciarios federales fue el primero de su tipo y una experiencia pionera reconocida en todo el mundo.

Siempre genera debate social la forma de vida intracarcelaria. Aunque está claro que aquellas personas que residen en un ámbito de encierro sólo tienen restringido el derecho a la libertad, mientras que todos los demás, como el de la educación deberían poder ejercerlos normalmente.

Sin embargo, es sabido que genera discrepancias cuando se debate sobre la posibilidad de trabajar (se sostiene generalmente que deberían hacerlo para costear los gastos que generan al Estado, cuando en realidad muchos lo hacen para enviar dinero a sus familias). Hay otros, como el acceso a la salud que resultan difíciles de garantizar, los establecimientos carcelarios casi no cuentan con hospitales propios y las posibilidades de control y tratamiento de una población tan numerosa son casi nulas.

Muchas veces la respuesta social y no descarto comentarios similares a esta nota, es que debe tomarse como parte del castigo y del riesgo asumido a la hora de decidirse a emprender un camino contrario a la ley.

Repasar la frase de nuestra Constitución Nacional en su artículo 18: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificar los más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”, es recuperar el objetivo de ese encierro con miras a una recuperación con posibilidades de reinserción social, que muchas veces se logra gracias a la obtención de un título universitario.

Sin embargo, y más allá de la conocida indiferencia de la administración Milei con respecto a la garantía de goce de derechos básicos, tibiamente fundamentado en su visión particular del rol del Estado, se pone de manifiesto que esta medida es un complemento de los recortes que sufre la Educación en general.

Desde diciembre 2023 el presupuesto para el área cayó en un 28%, sumado a la eliminación del FONID (Fondo Nacional de incentivo Docente), la interrupción en la distribucion de notebooks, la intervencion de EDUC.AR y la derogación de los programas “Mejoramiento de la calidad educativa”, “Conectar Igualdad”, “Fortalecimiento territorial” y “Acompañamiento de organizaciones educativas”.