Manifestación contra el decreto de Milei: detuvieron a dos trabajadores de prensa

En el marco de la multitudinaria marcha del movimiento obrero organizado y las organizaciones sociales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, se conoció un hecho represivo por parte de las fuerzas de la seguridad. Así lo denunció el portal Resumen Latinoamericano que denunció la detención del dirigente de la @CTAAutonoma y trabajador de prensa, Martín Brunas.  También, desde Correpi señalaron que fue detenido el trabajador de prensa Agustín Ricardi.

“Martín Brunas, compañero de prensa y de CTA Autónoma, y Agustín Ricardi, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad por filmar en la movilización contra el DNU de Milei. Repudiamos la represión policial contra la posibilidad de filmar durante la movilización”, sostuvo la Correpi en sus redes sociales.

A su vez, la organización antirepresiva añadió: “Hacemos responsable al gobierno de la Ciudad por la salud de los compañeros. ¡Abajo el DNU y el protocolo anti protesta de Bullrich y Milei!”

Según detallaron los testigos, los agentes policiales de la Ciudad montaron un desproporcionado operativo en calle Corrientes cuando la manifestación contra el DNU ya se estaba terminando con las columnas militantes retirándose. 

En este marco, los hechos represivos ocurrieron cuando los manifestantes se desconcentraban y caminaban sobre la vereda mientras efectivos de la Policía de la Ciudad estaban dispuestos en hileras sobre el cordón.

La movilización frente a Tribunales contó con miles de miltitantes sociales y gremiales de la CGT, CTA y organizaciónes politicas. En este marco, los manfiestantes nucleados en la principal central obrera dieron a conocer una carta dirigida al mandatario libertario, bajo el título: “Somos los trabajadores, no la casta”.

La carta de la CGT a Milei

“El Presidente de la Nación prometió hacer un ajuste lo pagaría lo que él denomina ”casta política”, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte.

Pero su primer acto de gobierno es un Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales

El orden y la libertad de una República comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución Nacional y al equilibrio de los tres poderes del Estado.

No hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral.

Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario.

El DNU está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hoy vinimos a pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor del Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU. Frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República.

Es el Parlamento quien debe debatir cada una de las iniciativas del Poder Ejecutivo, como lugar natural para el diálogo político entre los representantes de todos los sectores. Vivimos en una República de iguales, no somos un estado mesiánico ni una monarquía.

Hoy, en representación de los intereses de todos y todas las trabajadoras y los trabajadores que, de manera sectorizada o generalizada, ven conculcados sus derechos, presentamos ante la Justicia Nacional del Trabajo nuestro reclamo a fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad de Urgencia.

No lo hemos hecho ni por “sadismo ni por corrupción”, lo hacemos por la responsabilidad que nos cabe de representar los intereses individuales y colectivos para los que fuimos elegidos en cada organización gremial, en defensa de los derechos de todos/as los y las trabajadores/as y de la ciudadanía en general.

Por último, reiteramos que una elección democrática de Presidente otorga legalidad y legitimidad para quien es electo para impulsar las iniciativas políticas que considere necesarias, pero siempre en el marco de la ley y el respeto a la división de poderes republicanos.

Ser legal es respetar la Constitución Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías.

Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República.