A ocho años de la masacre de la Cárcova: impunidad para los jefes policiales

Por CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)

El 3 de febrero del 2011 la Policía de la provincia de Buenos Aires reprimió con gases lacrimógenos, balas de goma y plomo a un grupo de vecinos del barrio La Cárcova de San Martín. Como consecuencia de la represión, fueron asesinados Mauricio Ramos y Franco Almirón, y resultó gravemente herido Joaquín Romero. En 2014, durante el juicio oral, se pudo reconstruir el accionar de la Bonaerense y la justicia condenó al subteniente Gustavo Vega a siete años de prisión y absolvió por duda al agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 2 Gustavo Sebastian Rey. En 2015 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia anuló la absolución de Rey y ordenó realizar un nuevo juicio para determinar su responsabilidad, recalificó la condena a Vega -de tentativa de homicidio simple a calificado – y le indicó al tribunal del juicio que ajuste la pena que finalmente fue elevada a 15 años y 6 meses de prisión. Sin embargo, las responsabilidades de los jefes del operativo donde murieron Franco Almirón y Mauricio Ramos, y fue herido de gravedad Joaquín Romero siguen sin ser sometidas a una investigación judicial.

Desde el comienzo en 2011, el CELS en representación de las familias solicitó cuatro veces que los jefes del operativo Víctor Hualde, Amado Silva Marinone y Amilcar Pino declaren como imputados. Sin embargo, durante estos años el Ministerio Público Fiscal de San Martín negó de forma sistemática el pedido de la querella de las familias de los jóvenes. En diciembre del 2018 el Fiscal general de San Martín confirmó el cierre de la causa penal contra los jefes del operativo. Al mismo tiempo, continúa demorado el nuevo juicio oral contra Sebastián Rey, acusado de homicidio agravado por las muertes Mauricio Ramos y Franco Almirón. En 2015 la Casación provincial anuló la absolución por duda dictada a su favor, y ordenó la realización de un nuevo juicio oral y público. Sin embargo, a partir de sucesivas apelaciones de su defensa, hace más de 3 años que las familias de las víctimas esperan que se fije fecha de inicio.

A ocho años de la masacre de La Cárcova el poder judicial le negó a las víctimas y sus familias la posibilidad de investigar y determinar las responsabilidades penales de los jefes policiales. Resulta recurrente la resistencia a avanzar seriamente sobre quienes dan las órdenes o tienen a su cargo operativos que causan graves violaciones de derechos humanos.