La casa de la resistencia oriental

El 26 de julio de 1975 fue un día especial para Valentín Alsina, aunque los vecinos no lo supieran. En una zona de fábricas y talleres, sobre la calle Isleta al 500, había una casa común y corriente, sin una fachada ostentosa, lejos del centro y envuelta en misterio porque casi nada se sabía de sus moradores. Aquella noche llegaron, en distintas tandas, personas vestidas de manera exótica, la mayoría con anteojos oscuros, no para ocultarse del sol, sino que iban tabicados, para no reconocer donde estaban. Parecían disfrazados con túnicas y capuchas, casi imposible reconocerse entre sí. Las camionetas traían a sus pasajeros tirados en el suelo, para no identificar el lugar, los vehículos entraban, bajaba el contingente, se iban, y un rato más tarde volvían con otra tanda. No eran vecinos del barrio, sino que arribaban desde la ciudad de Buenos Aires, de pueblos del conurbano y también desde Uruguay. Todo lo hacían con sigilo pues la reunión era un encuentro político clandestino, con las máximas medidas de seguridad. Eran uruguayos perseguidos por la dictadura que se implantó en la costa oriental desde mediados de 1973, mientras en la Argentina se vivía la primavera camporista. A veces se escuchaba pasar un tren, y en medio de las charlas se sentía el ladrar de perros. Los que llegaban no eran improvisados, sino que tenían una militancia política de años, algunos conocían el terror de las cárceles uruguayas de donde supieron fugarse, muchos de ellos estaban en el exilio, aunque ellos preferían decir que se habían replegado para organizarse, conjurar, tomar fuerzas y volver para combatir contra la dictadura.

A fines de 1972 el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, con un perfil más foquista, estaba casi desarticulado, con sus dirigentes presos en cárceles de máxima seguridad. El formateo de Uruguay con políticas neoliberales fue más allá, por eso el 27 de junio de 1973 el presidente Juan María Bordaberry cerró el Congreso, impulsó un autogolpe y desató una persecución a los militantes que seguían organizados, ya fuera en las universidades o en los sindicatos. El Frente Amplio quedó virtualmente proscripto, pues las nuevas leyes de seguridad y el Parlamento cerrado lo dejaron fuera de circulación legal. Hubo un grupo de organizaciones que decidieron el repliegue a territorio argentino, y llegaron al país militantes que pertenecían a la CNT (Central Nacional de Trabajadores), a la FAU (Federación Anarquista del Uruguay), a la OPR 33 (Organización Popular y Revolucionaria 33 orientales), al FER (Frente Estudiantil Revolucionario), a la ROE (Resistencia Obrero Estudiantil), y al FRT (Frente Revolucionario de los Trabajadores). Una mezcla de siglas cuyos integrantes se cruzaban, se juntaban, discutían en la clandestinidad, en una combinación de ideas marxistas y anarquistas, apelando a la política y no al foquismo. El encuentro del aquel 26 de julio, al que llamaron Congreso, fue la coronación de tres años de debates y organización. El Congreso no apuntaba a regresar a su país de inmediato, querían la construcción de un espacio político y estar preparados a la hora de regresar, y a ese espacio lo denominaron Partido Para la Victoria del Pueblo (PVP).

La bandera y el empresario

Tal vez los más osados de aquel heterogéneo grupo fueran los de la OPR 33, quienes, a mediados de 1969, enfrentados con el gobierno de Pacheco Areco, robaron de la casa del general Juan Antonio Lavalleja, que funciona como Museo Histórico Nacional, la bandera original de los Treinta y Tres Orientales. El emblema, con franjas horizontales azul, blanco y rojo, con la leyenda Libertad o Muerte, la enarboló Lavalleja en la playa de La Agraciada para iniciar la campaña de independencia, en abril de 1825. Los ladrones no buscaban profanar el símbolo patrio, sino sacarlo de las manos de aquellos que vendían el Uruguay a corporaciones internacionales y a potencias imperiales como EE.UU.

Cinco años más tarde, la misma organización se encargó de conseguir dinero para financiar el alojamiento y mantenimiento de los que se replegaban a la Argentina y planificaban el regreso. Al principio hubo algún intento de secuestro, pero no tuvieron la recompensa reclamada. No obstante, el 16 de marzo de 1974, con Juan Domingo Perón como presidente de la Argentina, se dio vuelta la taba. El OPR 33 secuestró a Federico Hart, un empresario lanero de origen holandés. Lo que trascendió es que el secuestrado tenía problemas legales porque la justicia lo vinculaba al contrabando, por lo que no deseaba que su caso tuviera repercusión. De esta manera lograron que desembolsara 10 millones de dólares, lo que le permitió a la organización obtener casas para sus militantes, locales seguros para reunirse y cierta holgura para manejarse de manera más libre en la Argentina. Ese mismo mes los presidentes de Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay se reunieron para tratar diversas cuestiones, y hubo quienes hablaban del bloque anticomunista, donde la Argentina estaba afuera. Los encuentros fueron el germen del Plan Cóndor, reunión e intercambio de información de las áreas de seguridad e inteligencia de esos países, propiciado por la CIA de EE.UU.

A su vez la ROE trataba de mantener alguna resistencia sindical y estudiantil dentro del Uruguay, lo que no se sostuvo por mucho tiempo pues la represión se acrecentaba día a día, con detenciones y desapariciones. Hacia 1974 hay una nueva ola migratoria de militantes, quienes no claudican, sino que siguen con la idea de resistir, esta vez desde la orilla argentina. Buscaban armar un Frente de Resistencia a la Dictadura uruguaya, y se realizaron reuniones privadas que delinearon documentos para fijar la línea del futuro congreso, donde se fundaría un nuevo espacio político. A su vez realizaron reuniones públicas, como el acto en la Federación de Box del 19 de abril de 1974 o el encuentro de la calle México el 2 de junio del mismo año, donde concurrieron muchos uruguayos, quienes terminaron detenidos por el área de Extranjería de la Policía Federal. Su liberación fue un mes después, y la Federal se quedó con los datos filiatorios de un centenar de exiliados, información que sirvió para detectar de manera temprana las cartas que pasaban de uno a otro lado del Río de la Plata. Muchos uruguayos lo sabían, por eso su correspondencia iba en clave, para no revelar de manera abierta sus planes.

Congreso y represión

El 26 de julio es una fecha simbólica para las luchas en América Latina. Por un lado, se recuerda la muerte de Eva Perón (1952) y, por otro, el primer gesto rebelde de Fidel Castro al intentar tomar el Cuartel Moncada, en Cuba (1953). Aquel 26 de julio se hace el Congreso fundacional del PVP en Lanús, en una casa de Valentín Alsina. Fue el corolario de una serie de reuniones, donde se debatieron documentos y se redactó una serie de resoluciones que buscaba convocar a organizaciones laborales y estudiantiles, y a todo el pueblo en general, para organizarse para enfrentar y derrocar a la dictadura, a la vez que enjuiciar a los que violaron la constitución en crímenes de lesa nación; la propuesta de conformar un gobierno provisorio con los sectores de la sociedad que lucharon contra la dictadura; y aplicar una serie de 20 medidas para encaminar al Uruguay. El PVP no sólo apuntaba a resistir, sino a derrocar a la dictadura y a tomar el poder.

El siguiente paso fue contactarse con distintos sectores de la vida política uruguaya para coordinar acciones, principalmente con los trabajadores y sus representantes sindicales. Vinculados a una agencia de publicidad, lanzaron la Campaña Alejandra, en homenaje a la revolucionaria rusa Alejandra Kollontai, para promover de manera velada un mensaje del pueblo uruguayo. La más recordada es la de la empresa Vilox, con el logo XV y el mensaje de la pronta llegada de la empresa al país, que en realidad llevaba un logo similar al PVP, Por la Victoria (XV). El auspicio de la empresa de neumáticos Funsa fue otro paso, donde 3.000 trabajadores estaban afiliados al sindicato, organización prohibida por el gobierno.

En 1976 la Argentina sufre un golpe de Estado y entra en la coordinadora represiva del Plan Cóndor. A fines de marzo, se producen las primeras detenciones del PVP, una de ellas fue la de Luis Ferreyra, junto a otros dos compañeros, que viajaban en una casa rodante e intentan entrar al Uruguay por Colonia. Eran los moradores de la casa de Valentín Alsina, que abandonaron el lugar para evitar la captura y continuar con la Campaña Alejandra, por lo que la casa quedó abandonada hasta que los militares van por ella, la dinamitan y arrasan con lo que encuentran.

En abril se producen las primeras desapariciones y asesinatos. En junio hay muchos secuestros, la mayoría de ellos llevados a un taller mecánico que funcionó como centro clandestino del Plan Cóndor: Automotores Orletti, que estaba bajo el comando del Primer Cuerpo de Ejército. La inteligencia, a través de la Secretaría de Información del Estado (SIDE), tenía una participación activa a través del general Otto Paladino, quien también coordinaban los secuestros de chilenos, e incluso cubanos. Otro jefe era un civil, con un prontuario frondoso, que fue parte de la Triple A y ahora actuaba como un colaborador de la SIDE: Aníbal Gordon. Hace poco se descubrió la Casa Bacacay, que Gordon consiguió para que fuera un centro clandestino exclusivo de la SIDE. En ambos centros los golpes, la tortura, las violaciones, fueron moneda corriente, y destacan como principales preguntas el destino de la bandera de los Treinte y Tres Orientales y el dinero del secuestro de Alfredo Hart. No son solo militares argentinos, hay una partida de militares uruguayos que participan de manera activa en los operativos comandados por el mayor José Gavazzo.

Son muchos los secuestrados, entre ellos Gerardo Gatti y León Duarte, dirigentes del PVP y de la CNT, por quienes los militares solicitan un rescate de 2 millones de dólares. Se llega a entablar una negociación, a través de Washington Pérez, también del PVP, a quien también le ofrecían la liberación de 10 sindicalistas de la CNT, pero desde el partido no hay intención de pagar. Pérez estuvo secuestrado, pero lo liberaron para que consiguiera el dinero. En el último contacto con Duarte éste le dijo: “Andate, porque estos son unos asesinos”.

En los primeros días de julio, a un año de la fundación del partido, se produce un vuelo en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, con pilotos orientales y veinticuatro militantes secuestrados rumbo a Montevideo. Ni Gatti ni Duarte fueron de la partida. El mayor Gavazzo hace una puesta en escena para la prensa, explica que capturó a un grupo de guerrillero que ingresaba al país para desestabilizar al gobierno. El grupo, que simulan capturarlos en el Chalet Susy, del balneario Shangrilá, compuesto por varones y mujeres, se distribuye en cárceles de máxima seguridad, por lo que pasan de la condición de desaparecidos en la Argentina a presos en Uruguay, lo que permitió su supervivencia. En el contingente estaba Sara Méndez, secuestrada en julio, pero no estaba Simón, su bebé de apenas veinte días, apropiado por un comisario de la Federal, y que encontrará 26 años después.

Los que quedaban en Buenos Aires seguían militando, reuniéndose, organizándose, sin pensar en replegarse a Europa u otro país de América Latina, como Cuba o México. El PVP estaba muy golpeado, descalabrado y con escasa posibilidad de reacción. En septiembre se produce el segundo embate contra la organización, con el secuestro de 22 militantes y dos menores, quienes sobrevivirán con la identidad cambiada, lejos de su familia. En los primeros días de octubre un nuevo vuelo despegó de Aeroparque para llevarse a más de una veintena de militantes, de quienes se desconoce su paradero al día de hoy. En el contingente viaja María Claudia García, embarazada, cuya beba fue apropiada por una familia uruguaya. El poeta y premio Cervantes, Juan Gelman, su abuelo, la va a buscar de manera incansable, hasta que en el año 2000 recupera a su nieta Macarena. El hijo de Gelman, Marcelo, con Alberto Mechoso, y otros seis secuestrados de Orletti, fueron arrojados en tambores de 200 litros, cubiertos con material, en el Canal San Fernando, a mediados de octubre, y recuperados por la Prefectura casi de inmediato.

Con los secuestros, los grupos de tareas obtenían propiedades, que le sacaban bajo tortura a los que tenían casas a su nombre. Incluso consiguieron algo de dinero de los secuestros, entre ellos en la casa de Adalberto Soba. La plata grande llegó cuando secuestraron a Alberto Mechoso, quien en su casa tenía una parte importante del dinero del secuestro de Hart. Se calcula que en total recaudaron 8 millones de dólares, y lo repartieron en tres partes iguales (Policía Federal, la banda de Gordon, y la patota de Gavazzo) sin intención de devolvérselo ni a la familia Hart ni a ninguno de los dos Estados para los que trabajaban.

Los militares creyeron que el objetivo principal que se planteó contra el PVP se logró, pues con las decenas de desapariciones casi logran su aniquilación. Tiempo después los mismos militares reconocerán que el partido no fue eliminado sino apenas neutralizado pues, desde Brasil y Europa, la resistencia seguía con la circulación de volantes, folletines y la revista Compañero.

La casa de la memoria

Las numerosas caídas implicaron la pérdida de las viviendas que los uruguayos usaron para su repliegue. Perdieron por lo menos catorce casas y, junto a ellas, el paradero de la bandera de los Treinta y Tres Orientales. Cuando se encaró el repliegue, se trajo a la Argentina la bandera sustraída en 1969, se la escondió detrás de un cuadro en una de las catorce casas, y desde entonces no se sabe nada de ella. Pasados cincuenta años los sobrevivientes, militantes del PVP, e integrantes del actual Frente Amplio, buscan recuperar una sola de esas viviendas, por su valor simbólico. La casa de la resistencia oriental se encuentra en la calle Ricardo Balbín, al 500, en Valentín Alsina. Tardaron en ubicarla, casi nadie la recordaba, pues muy pocos la vieron desde fuera. En 2006 Luis Ruiz y Hugo Cores, participantes del Congreso del PVP, ubicaron un muro, un portón de metal para la entrada de vehículos, y un limonero que deja ver sus frutos detrás de la pared. Las dudas persistieron pues no estaba la antigua fachada, la cual fue demolida por los militares. Fue Ruiz quien reconoció los ladrillos de vidrio de un galpón lindero, lo que le confirmó que habían encontrado la casa del Congreso. En 2012 recibieron el apoyo del Concejo Deliberante de Lanús, que declaró el sitio de interés, y en 2018 la Legislatura bonaerense aprobó la expropiación del inmueble y el traslado de la familia ocupante. Falta la ejecución de lo sancionado para levantar allí la Casa de la Memoria Latinoamericana, donde se preservará la memoria de los que fueron víctimas del Plan Cóndor.