Los fusilamientos de José León Suárez fueron declarados crímenes de lesa humanidad

A 70 años de uno de los episodios más oscuros de la historia argentina, la Justicia Federal de San Martín declaró que los fusilamientos de José León Suárez de 1956 constituyeron crímenes de lesa humanidad y responsabilizó al Estado por su planificación, ejecución y encubrimiento. La sentencia, dictada en el marco de un Juicio por la Verdad, además ordenó una serie de medidas de reparación para las víctimas y sus familias.

La resolución fue dada a conocer este lunes por la jueza Alicia Vence, quien reconoció la responsabilidad estatal en los hechos ocurridos durante la madrugada del 10 de junio de 1956, bajo la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas. El fallo consideró acreditado que efectivos policiales realizaron un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida y detuvieron a las doce personas que se encontraban allí. Fueron trasladadas primero a la comisaría de San Martín y luego a un descampado en los basurales de José León Suárez, donde se produjeron los fusilamientos.

Como consecuencia fueron asesinados Mario Brión, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Lizaso, y Vicente Rodríguez. En tanto, Reinaldo Benavídez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta, Juan Carlos Livraga, y Julio Troxler lograron sobrevivir. El testimonio de Livraga, quien actualmente tiene 96 años y reside en Estados Unidos, resultó clave en el denominado Juicio por la Verdad.

Durante la lectura de la sentencia la magistrada sostuvo que existió responsabilidad estatal en la planificación, ejecución y posterior encubrimiento de los hechos, encuadrados como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Debido al tiempo transcurrido, todos los responsables directos ya fallecieron. Sin embargo, el tribunal estableció la responsabilidad penal que les hubiera correspondido.

La sentencia atribuyó responsabilidades a las máximas autoridades del gobierno de facto de la época. A su vez, fueron señalados el entonces jefe de la SIDE, Juan Constantino Quaranta, el jefe de la Policía Bonaerense, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, y el jefe regional de San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno. Aunque no contempla sanciones penales, determinó que la pena aplicable, de haber sido juzgados, habría sido la prisión perpetua.

Reparación

Además del reconocimiento histórico, el fallo dispuso un amplio conjunto de medidas reparatorias destinadas a preservar la memoria y reparar simbólicamente a las víctimas. Los fundamentos completos se darán a conocer el próximo 16 de julio.

Entre las principales disposiciones se encuentran la rehabilitación del buen nombre y honor de las doce víctimas, la publicación de la sentencia en los Boletines Oficiales de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, la incorporación de los hechos en los diseños curriculares de los sistemas educativos nacional y bonaerense, la instalación de placas conmemorativas en los sitios donde ocurrieron los allanamientos, detenciones y fusilamientos, la creación de un sitio de memoria en el predio de los históricos basurales de José León Suárez y la inclusión de todas las víctimas en el registro oficial de víctimas de violencia institucional del Estado argentino.

María José Carranza, nieta de Nicolás Carranza, en diálogo con AGENCIA PACO URONDO, se expresó sobre la sentencia.

Agencia Paco Urondo: ¿Cuál fue la primera impresión ante este veredicto histórico?

María José Carranza: Fue un gran día para nosotros y nosotras como familiares de los fusilados de Suárez. Es cierto, el juicio tardó en llegar, pero no deja de ser emocionante. Después de 70 años exigiendo justicia, estar vivos y vivas para escuchar de primera mano y en persona que el poder judicial nos dio la razón, que Aramburu, Rojas, Rodríguez Moreno, Quaranta, Desiderio Fernández Suárez y sus secuaces eran burdos asesinos comunes, y que no había traidores a la patria sino servidores y defensores de la Constitución nacional del 49, la democracia y la justicia social.

APU: ¿Qué opina sobre la declaración del delito como de lesa humanidad? 

MJC: El reconocimiento por parte del poder judicial también nos reconforta, no porque no lo supiéramos sino porque ahora lo reconoce el propio Estado argentino a través de una sentencia y veredicto histórico. Después de años y años de atropello institucional podemos decir que finalmente la verdad se impone, la memoria triunfa sobre el olvido y la justicia no es propiedad de ricos o militares asesinos. Perón decía que "La fuerza es el derecho de las bestias", y a estas bestias por fin las alcanzó el derecho y la justicia.

APU: ¿Y ahora qué viene?

MJC: Esto no es el final, es el puntapié para dar lugar al reconocimiento de los que se levantaron contra la dictadura cipaya y perecieron bajo el plomo de los tiranos: Lanús, La Plata, Penitenciaria Nacional Las Heras, Campo de Mayo, Escuela mecánica del ejército, Automóvil club Argentino y, por supuestos, por las víctimas de los bombardeos en la Plaza de Mayo.