La lucha colectiva migrante: la derogación del decreto 70

Por Gabriela Costanzo* 

* Por decisión de la autora esta nota contiene lenguaje no binario.

El jueves 4 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la derogación del decreto de necesidad y urgencia 70, sancionado por el gobierno de Mauricio Macri en 2017 que posibilitaba un mecanismo de expulsión exprés destinado a los extranjeros que estuvieran bajo cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal o por faltas administrativas en el trámite migratorio. Una vez que se desencadenaba el trámite de detención y expulsión era de manera inmediata. Este decreto, menoscababa los derechos de distinto índole como el de reunificación familiar y vulneraba el principio de inocencia y el debido proceso del Estado de derecho.

La vigencia del DNU/ 70 estuvo signada por expulsiones arbitrarias casi inmediatas y sin la posibilidad a la legítima defensa: separaciones de madres y sus hijes lactantes hasta impedimentos en los accesos a turnos en los hospitales fueron la vida cotidiana de les migrantes. Como era de esperar, la noticia de la derogación fue recibida con mucha satisfacción y alegría, como un acto de justicia reparador, especialmente para la población migrante que viene luchando por la defensa de la migración como derecho humano, en conjunto con organizaciones migrantes, sociales, de derechos humanos, como el CELS y CAREF, y espacios académicos. Así, con la voz teñida de logro y emoción nos comunicamos con migrantes e investigadores que participaron de esta lucha.

Marta Guerreño Lopez, Coordinadora Nacional Red de Lideres Migrantes en Argentina, afirmó: “Por fin!!! Llego el gran día. La derogación de este infame DNU 70/2017, que hizo retroceder nuestros derechos logrados con tanta lucha, separó familias y expulsó inocentes sin el debido proceso. Ese DNU se basó en información sesgada, lleno de prejuicios y hasta engañosa. Lo único que hizo fue CRIMINALIZAR aún más nuestro colectivo de por sí desvalorizado. Es preciso aclarar que no es como están diciendo algunos medios. Este decreto solo vulneró derechos y garantías, separó madres de sus hijos, y nos sumió tanto temor de ser expulsados que dejamos de participar de las luchas y manifestaciones. El DNU inconstitucional, indigno e infame mancilló el espíritu de la Ley 25.871. Como organizaciones de migrantes pedimos debido proceso y no deportación exprés, que dista mucho de defender delincuentes como algunos malintencionados desean hacer ver. Sentimos que este gobierno al derogar el decreto; valida el principio del debido proceso, la equidad y el respeto a que migrar es un derecho”.

Si nos detenemos en los considerando en los que se fundaron la sanción del decreto macrista y, actualmente, las consecuencias de su derogación, la investigadora Natalia Debandi (UNRN- Conicet) siguió: “La derogación del DNU viene en primer lugar a saldar una deuda con los derechos humanos, con la coherencia y también con el "deber ser" en el diseño de políticas públicas. El DNU fue creado en base a justificaciones falaces y datos tramposos e incorrectos: se alegaba un aumento en la participación de las personas migrantes en la criminalidad a partir de cifras parciales y comparaciones incorrectas y descontextualizadas. El DNU puede ser utilizado como un ejemplo de todo lo que NO se debe hacer en el diseño de políticas públicas: tergiversar datos, usar información parcial para justificar decisiones, desconocer la voz de los grupos de interés y formular políticas que son regresivas en derechos. Ahora además de derogar tenemos que revertir el mal hecho”.

En la misma línea, la investigadora Ana Paula Penchaszadeh (IIGG-FSOC-UBA/CONICET) describió: “El macrismo no solo obstaculizó activamente la regularización documentaria de los migrantes, sino que además profundizó su criminalización y penalización: primero generaron las condiciones para dejar miles de personas en situación documentaria irregular (a través de demoras en los turnos, virtualizaciones kafkianas de los trámites y aumentos desmesurados de las tasas migratorias) y luego se ocuparon de definir esta falta como un delito. Finalmente, se ocuparon de confundir todo el universo penal, borrando los niveles de gravedad y tipos de condena, y de construir un entramado expulsivo para proceder a la expulsión exprés de vendedorxs migrantes en situación migratoria irregular bajo el pretexto de resistencia a la autoridad, en un contexto de escalada racista de la violencia policial”.

En diálogo con Lourdes Rivadeneyra, de la Red de Migrantes y Refugiadxs de la Argentina, nos contaba sobre el proceso de lucha colectivo que se llevó adelante para conseguir esta derogación, la unión de organizaciones, instituciones académicas e investigadores, organismos de derechos humanos. “Fue una lucha en conjunto, por eso hoy también es una celebración para todas y todos, ya que como siempre digo, cuanto más derechos la sociedad argentina alcance se hace un poquito mejor, gana. Fue el logro de una lucha colectiva, y la lucha siempre va a valer la pena, aunque a veces una piensa que no avanza o avanza un paso y retrocede cinco; siempre luchar va a dar sus frutos, estoy feliz”, describió. 

Con la misma satisfacción, Zulema Montero, presidenta de la Asociación Yanapacuna (“ayudar” en Quechua) e integrante del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM), aclaró: “Estoy muy contenta por la derogación del nefasto decreto 70/2017, que durante estos años de vigencia causó mucho dolor y angustia en las familias de migrantes, separó familias, niñxs argentinos de muy corta edad quedaron con traumas psicológicas irreversibles". "Un decreto que violó el principio del debido proceso, el derecho a una defensa legítima, restricción al control de poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa. Era inconcebible como una autoridad administrativa como es la Dirección de Migraciones podría disponer una expulsión sobre una condena ya cumplida incluso caducada. Los migrantes somos trabajadores que aportamos al engrandecimiento de este país”, celebró.

Por su parte, Pablo Cossio, también integrante del Bloque de Trabajadorxs Migrantes y Campaña Migrar no es delito se sumó a las reflexiones sobre la decisión gubernamental. “Para nosotres la derogación de este DNU significa volver a la ley de migraciones 25.871. El decreto criminalizó el derecho a la justicia de las y los trabajadoras y trabajadores migrantes en la Argentina; cuando se anunció por el macrismo igualó a la migración con el delito, varios funcionarios circularon diciendo cifras que eran una locura, que relacionaban a la migración con el narcotráfico, que hablaban que las cárceles estaban llenos de migrantes, datos que desde las organizaciones de migrantes y de derechos humanos fuimos desmintiendo y que hoy finalmente se hace justicia, esta exigencia que ya lleva cuatro años. Los pasos de acá en adelante son seguir mejorando y luchando por más derechos y seguir haciendo políticas públicas sin restricciones para la población migrante en la Argentina”, aseveró. 

Según Jackson Jean, presidente de la Comisión de los Referentes Haitianos en Argentina e Integrante de la Agenda Migrante, continuó en la misma línea: “Ante todo, lo entiendo como el fin de la criminalización hacia los migrantes por el Estado y una luz de esperanza para los migrantes en la conquista de más derechos como seres humanos y pilar socio-económico de la Argentina. Subrayo que la criminalización de los extranjeros fue siempre una de las excusas de todos los gobiernos racistas, capitalistas y elitistas. La derogación del decreto por el gobierno de Alberto Fernandéz es una decisión inteligente y refleja su ideología, cual es la Justicia Social”.

En ese sentido, Esteban Trujillo Gaitán, de Estudiantes Migrantes UBA (EsMiUBA), contó que “pugnamos durante los últimos cuatro años el DNU/70 por la criminalización y estigmatización que padecimos todes, el DNU antimigrante nos puso como chivo expiatorio y legitimó una práctica abusiva por parte del poder punitivo, profundizando el discurso de odio y xenofobia en la sociedad argentina. Hoy celebramos la restitución de derechos a la población migrante en Argentina quienes contribuimos a la construcción de una Nación más justa, igualitaria y equitativa para todas y todos.”

A su vez, Doris Quispe Juro, activista de la Campaña Nacional Migrar no es delito, sostuvo que “la derogación del DNU 70/17 es el logro de la lucha colectiva de las organizaciones migrantes, académicas, de derechos humanos y políticas. La calle fue el medio masivo para romper el cerco mediático, salimos con un discurso positivo del aporte y riqueza nacional que generamos los migrantes en Argentina, esto ante la ofensiva criminalizante del macrismo y las expulsiones arbitrarias. En este último año en plena pandemia la angustia de las familias migrantes con órdenes de expulsión fue sostenida por las organizaciones ya que la administración migratoria tuvo una etapa hostil al tener vigente ese decreto y continuó notificando expulsiones, pero no lo pudieron sostener más y por eso la derogación fue inminente. La lucha continúa por los expulsados que faltan volver, para que tengan una revisión de sus casos y, también, se respete el interés superior del niño y la niña, así como el proyecto de vida de les migrantes por el derecho inalienable a migrar. Aprendimos, las organizaciones, en este proceso a trabajar juntes, eso es lo maravilloso, sentirse acompañados y contenidos entre nosotros mismos”.

Por último, el activista afro Nengmbi Sukama, desde el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración aseguró: “Celebramos la derogación del DNU 70/2017 considerándola una batalla ganada debido a la constancia, perseverancia, resistencia y resiliencia de las organizaciones de migrantes, de derechos humanos y académicas/os con un fuerte apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, Amnistía Internacional, etc. Cuatro años después, estamos celebrando la restauración del Estado de derecho de personas migrantes en la Argentina. Lo cual es indicativo de que juntos podemos contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos de todas y todos”.

Se repiten en sus testimonios, la lucha sin claudicar, la vocación para transformar las necesidades en derechos concretos, la búsqueda de una sociedad plural, justa, diversa, hospitalaria, así como la emoción a flor de piel por tanto sufrimiento e injusticias vividas y luchadas. Entonces, la derogación del DNU/ 70 es un triunfo en tanto sociedad que puede ser más igualitaria y amorosa.

* Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA); Maestranda en Comunicación y Cultura (FSOC-UBA); Becaria en Formación en Investigaciones Estratégicas (UBA), docente e investigadora (FSOC-UBA).