Paraguay: la criminalización de la protesta social como estrategia política

Marlene Tatiana Orué nació en una familia de clase trabajadora en Asunción, Paraguay. Se recibió de abogada, tras la muerte de su padre quedó a cargo del estudio jurídico y, con el tiempo, enfocó su carrera en la defensa de los derechos humanos. Es militante del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por el cual fue candidata a diputada en la primera lista paritaria -uno de los logros que considera más significativos de su lucha-. En la actualidad impulsa la creación de la primera cátedra de género en universidades públicas, bajo el nombre de “Serafina Dávalos”, para reivindicar a la primera letrada feminista del país.

Sin embargo, desde 2017 Marlene es objeto de persecución política por su rol en la defensa de la memoria de víctimas de represión estatal y en protestas sociales, enmarcada en una estrategia para deslegitimar y silenciar críticas y oposiciones. Según denuncia, en diálogo con AGENCIA PACO URONDO, la “violencia estructural se expresa en un sistema que castiga a quienes alzan la voz y protege a los sectores vinculados al poder económico y criminal en Paraguay”. En otras palabras, una cultura autoritaria que, al igual que en otros países sudamericanos, persiste en particular en los aparatos judiciales y policiales.

Los hechos

El puntapié de esta historia son las jornadas del viernes 31 de marzo y sábado 1 de abril de 2017. Miles de personas movilizaron al Congreso Nacional rechazando la aprobación, por parte de un grupo de senadores -25 votaron a favor-, de una enmienda constitucional para avalar la reelección de Horacio Cartes, del Partido Colorado. Un grupo irrumpió en el edificio, provocando daños e incendios parciales. Tras la represión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relevó varios legisladores, activistas y periodistas heridos por uso indiscriminado de balas de goma y gases lacrimógenos, además de cientas de detenciones, incluyendo menores, y que a las mujeres llevadas a sede policial se las obligaba a desnudarse, supuestamente, para determinar si escondían drogas.

Apenas iniciado el sábado, agentes de la Policía Nacional allanaron la sede asunceña del directorio del PLRA sin orden judicial, en un hecho sin precedentes desde la recuperación democrática. Ingresaron a los gritos y comenzaron a disparar. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, Rodrigo Quintana, dirigente juvenil de La Colmena, Paraguarí, fue asesinado de un escopetazo por la espalda del suboficial Gustavo Adolfo Florentín Silva, quien luego se acercó, lo tocó con el pie y siguió su rumbo. No obstante, el Ministerio Público optó por impulsar imputaciones selectivas contra opositores, basando la acusación en presunciones y registros incompletos, por el incendio parcial del Congreso. Una de las personas sindicadas falsamente como “organizadoras” de los hechos fue Marlene.

El desequilibrio judicial

A partir de entonces el accionar del Poder Judicial fue dispar. Por un lado, Marlene Orué, que integra la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), llegó a ser declarada en rebeldía y a tener orden de captura. Por otro, la Fiscalía abrió una causa análoga en la que imputaron a dirigentes liberales por supuesta alteración de la escena del crimen. En paralelo, Guillermo Duarte Cacavelos, letrado de la familia del joven, denunciaba la paralización de la investigación y, para peor, trabas impuestas por quienes representaban al Ministerio Público. En concreto, nunca hubo interés en averiguar quiénes dieron las órdenes en aquellas jornadas -en otras palabras, la responsabilidad política penal-, mientras el autor material cumplía la pena mínima de prisión preventiva, llegando al juicio en libertad.

La querella asegura que quienes participaron del operativo, que no respondían a un único mando y se encontraban allí por diversas razones, llegaron hasta la sede del PLRA para allanarla, aunque nunca se supo para qué. En ese sentido, a partir de cámaras de seguridad y registros telefónicos, señalan una cadena de autoridades, que va de altos mandos a personal más de base: Luis Cantero, director general de Orden y Seguridad, Enrique Isasi, director de Apoyo Táctico -ya retirado, fue visto como guardia privado de Cartes-, Críspulo Sotelo, comandante de la Policía Nacional, Prudencio Burgos Roa, director de la Primera Zona Policial, bajo cuyas órdenes actuaron Florentín y otros imputados como el suboficial Arnaldo Báez y el comisario Tomás Paredes Palma, y otros dos policías, Amado Florentín Cantero Godoy y Zacarías Centurión, pasados a retiro en 2019. Se marca, incluso, que Sotelo habló con el entonces presidente.

Tras varios recursos y recusaciones, el juicio oral se inició a principios de marzo de este año y, un mes después, el Tribunal de Sentencia, presidido por Lourdes Garcete e integrado por Rossana Maldonado y Manuel Aguirre, comunicó la condena a Gustavo Florentín. Por unanimidad, recibió 24 años de cárcel por homicidio doloso, dando por probada la acusación de los fiscales Hernán Galeano y Marlene González, que al igual que la familia habían solicitado un año más en la pena. Sin embargo, a partir de ahí aparecen distintas inconsistencias y falencias que esperan dilucidar en las próximas instancias judiciales.  

Por mencionar sólo una: desaparición de pruebas. La hija de Quintana, a través de sus representantes legales, informó que, de los elementos probatorios ofrecidos en audiencia preliminar, se extraviaron los discos que contienen las imágenes de la sede del PLRA y de la Comandancia y el cruce de llamadas del celular del condenado. El Tribunal no se expresó sobre la situación. A su vez, los jueces concluyeron que el operativo se llevó a cabo por hechos de “vandalismo” punibles en el marco de la protesta, cuando, por lo que se puede observar en las cámaras de seguridad, el marco previo era de total normalidad y calma. 

Luego está el panorama del único condenado, que insistió en su inocencia por negar que los testigos lo hayan identificado como autor y tampoco haber realizado el disparo mortal. Según el Tribunal, hay dudas sobre cuál escopeta usó, dado que no figura como entregada en los registros de Armería de la Comandancia, pero que, a partir de pericias, concluyeron que la munición de goma correspondía al suboficial Báez, a diferencia de uno de los argumentos de su defensa. Con el vídeo del ingreso a la sede partidaria se pudo determinar que quien efectuó el tiro letal fue Florentín. Por su parte, el agente, que tiene otros procesos por supuesto tráfico de drogas, asalto y violencia familiar, afirmó que el entonces ministro del Interior y actual fiscal Lorenzo Lezcano le ofreció dinero para inculparse. Señala incluso que el propio Lezcano informó a la prensa su confesión, la cual desliza que jamás ocurrió. 

Por último, el principal cuestionamiento es que no se haya investigado quién dio la orden de irrumpir en el local de uno de los partidos políticos más importantes del país. Para los opositores, hay otros involucrados más importantes responsables. Según la Fiscalía no se hallaron pruebas de una disposición de ingreso, que pudo haber existido, aunque no surgió evidencia, pero que también pudo haber habido otros participantes, instigadores o cómplices. Al mismo tiempo, sin autorización escrita alguna, aunque con conocimiento de superiores, Florentín salió sin resistencia alguna. No obstante, sí hubo orden concreta de despejar manifestantes, sin entrar a la sede, pero el contenido del cruce de llamadas no pudo ser constatado por no ser avalado por disposiciones judiciales.

Actualidad

A la espera de la sentencia escrita del fallo -a disposición el 23 de abril-, cabe destacar que la persecución contra opositores persiste, sobre todo con la contribución de medios de comunicación afines al oficialismo. A ocho años del asesinato de Quintana, dirigentes y amistades realizaron una representación teatral sobre su muerte en forma de homenaje y luego se trasladaron al Palacio de Justicia, con la intención de que una fotografía del joven, un libro y el expediente del caso sean recibidos en el museo de la institución, y para solicitar mayor publicidad del juicio, ya que el partido fue excluido como querellante.

Sin embargo, les fue impedido el acceso y fueron reprimidos por la Policía Nacional en la explanada del lugar, al mando del comisario Mario Ovelar. A pesar de exhibir la solicitud previa del permiso correspondiente para el acto, el mismo alegó la existencia de una acordada que no permite manifestaciones en ese sector. Para peor, fueron denunciados por “perturbación de la paz pública” y “resistencia al orden público”, reviviendo viejas prácticas de la dictadura a cargo de Alfredo Stroessner, quien gobernó de facto Paraguay durante más de tres décadas. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Marlene Orué profundiza el panorama en materia de derechos humanos del país limítrofe. 

Agencia Paco Urondo: A ocho años del caso, ¿qué reflexión puede hacerse desde la represión en el Congreso?

Marlene Orué: El 31 de marzo de 2017 marcó un antes y un después en la historia democrática del Paraguay. Fue una noche de violencia estatal sin precedentes desde la caída de la dictadura. Se reprimió de forma brutal a la ciudadanía que protestaba legítimamente contra una maniobra autoritaria en un intento ilegal de enmendar la carta magna para la reelección de Horacio Cartes -constitucionalmente prohibida- y dentro de la sede del PLRA fue asesinado por la Policía Nacional Rodrigo Quintana, joven presidente de la juventud de mi partido de la filial de La Colmena, Paraguari. 

Ocho años después no hay justicia ni responsables condenados, de los más de cuarenta policías de civil y antidisturbios que atracaron la sede sin orden judicial. Condenaron a un solo policía que disparó al compañero, pero no se investigó quién dio la orden del atraco ni la cadena de mando policial. Lo que sí hay es memoria activa, resistencia y una juventud que sigue exigiendo verdad, justicia y garantías de no repetición.

APU: ¿Cuál fue la respuesta de distintas áreas del Estado en este tiempo?

MO: La respuesta del Estado ha sido de encubrimiento, impunidad y criminalización. El Poder Ejecutivo nunca reconoció la responsabilidad política de esa represión. Las fuerzas de seguridad actuaron con violencia desproporcionada y sin control civil. El Poder Judicial, en lugar de investigar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato, persiguió a militantes y manifestantes. Se nos imputó sin pruebas, se nos expuso en los medios y hasta hoy siguen las amenazas y hostigamientos. La institucionalidad falló en proteger derechos y prefirió proteger a los poderosos.

APU: ¿Cómo funciona la violencia estructural del sistema paraguayo en relación a los DDHH?

MO: La violencia estructural en Paraguay se expresa en un sistema que castiga a quienes alzan la voz y protege a los sectores vinculados al poder económico y criminal. Hay un aparato judicial profundamente contaminado por intereses políticos, una policía sin controles reales y un Estado que no garantiza derechos básicos. Defender los derechos humanos en Paraguay implica asumir riesgos, desde persecución judicial hasta campañas de estigmatización. Es un sistema que no tolera la disidencia y criminaliza la protesta.

APU: Hace unos años usted fue denunciada por supuestamente intentar quemar el Congreso, esa misma fecha. ¿Cómo fue ese proceso? ¿La persecución se replicó?

MO: Fui imputada arbitrariamente por los hechos del 31 de marzo sin ninguna prueba que me vincule con el incendio del Congreso. Fue parte de una estrategia clara de criminalización selectiva de opositores. Durante años arrastré ese proceso judicial, que afectó mi derecho a militar, enseñar y trabajar. Fui estigmatizada públicamente, y esa persecución continúa. Este año, al participar en un homenaje pacífico a Rodrigo Quintana, fui otra vez denunciada por “incitación al desorden público”. Es evidente que hay un patrón sistemático de persecución política que busca silenciar voces críticas, especialmente de mujeres, feministas y defensoras de derechos humanos.

APU: En nuestro país tuvo poca notoriedad, pero se difundió el caso de dos menores argentinas asesinadas por fuerzas de seguridad paraguayas y la exigencia de medidas judiciales. ¿De qué manera describiría el caso y la articulación entre organizaciones de derechos humanos de ambos países?

MO: Ese caso es uno de los más dolorosos y paradigmáticos de la violencia estatal en Paraguay. Dos niñas argentinas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad paraguayas durante un operativo militar en 2020 y el Estado intentó encubrir el hecho, incluso con la quema de los cuerpos. Desde el primer momento, organizaciones de derechos humanos en Argentina y Paraguay se articularon para exigir justicia, en un esfuerzo transnacional que visibilizó la gravedad del hecho. La respuesta institucional paraguaya, lamentablemente, fue de impunidad. Este caso demuestra no sólo la brutalidad de las fuerzas de seguridad sino también cómo la verdad se convierte en una amenaza para quienes tienen poder.

*En este enlace hay imágenes y videos de los reclamos y homenajes mencionados.