Fernanda García Monticelli: “La planificación entre Estado y movimientos sociales puede ayudar a resolver la falta de arraigo de los gobiernos populares"

Por Julián Bilmes, Andrés Carbel y Santiago Liaudat

En los últimos años emergió un nuevo tipo de planificación del desarrollo impulsada por organizaciones de trabajadores. Como parte del ciclo de entrevistas sobre planificación, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Fernanda García Monticelli, Subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales de la Nación, quien ha coordinado el trabajo en torno al Plan Nacional de Integración Socio Urbana. Experiencia que, junto al Plan de Desarrollo Humano Integral, constituyen iniciativas de planificación popular. 

Agencia Paco Urondo: Para arrancar, quisiéramos que te presentes y nos digas cuál fue tu participación en el Plan Nacional de Integración Socio Urbana (PNISU).

FGM: Soy contadora pública y abogada, militante social y fundadora del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en donde milito desde hace más de veinte años. Desde el 2007 tuve un rol en la implementación de diferentes políticas públicas sectoriales en cogestión con el Estado. Primero, la implementación del Sistema de Reciclado con Inclusión Social de CABA, luego la creación de la CTEP, la Mutual Senderos y el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Actualmente me desempeño como Subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales dentro de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La misión fundamental de la SISU es la implementación de la Ley 27.453/18 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y del Programa de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares. En cuanto al Plan Nacional de Integración Socio Urbana, tuve un rol activo de coordinación desde el inicio, desde la planificación de las primeras acciones, hasta la planificación en etapas y, hoy en día, su implementación.

APU: La planificación del desarrollo ha sido históricamente una atribución del Estado. ¿Cómo surgió la idea de armar un plan de desarrollo desde las organizaciones de trabajadores?

FGM: Surgió de la necesidad que se veía en el sufrimiento del pueblo pobre. Y observando que, lamentablemente, el Estado argentino había perdido la capacidad de dar respuesta a problemas sociales esenciales y urgentes y de planificar, inclusive, el corto plazo. Desde la óptica de la militancia y las organizaciones sociales era muy claro que la situación requería un plan de desarrollo. Había que trabajar en una planificación para resolver los tres grandes problemas que venimos planteando hace años: el acceso a tierra, techo y trabajo para los sectores más vulnerables del país. También observamos que, en un mundo saturado de datos cuantitativos e información, no había conocimiento de cuántos asentamientos, cuántos barrios, cuántas villas existían en todo el país. Existía un trabajo muy serio que había realizado la ONG Techo en algunas provincias, y esta era prácticamente la única fuente de datos con que contaba la Argentina hasta 2016. Pero era información parcial, ya que habían relevado solo algunos lugares del país.

APU: O sea, ¿el Estado argentino no tenía información sobre los barrios populares?

El Estado argentino no tenía información oficial sobre todos los barrios populares. En ese momento existía el registro de asentamientos de la provincia de Buenos Aires a partir de la ley 14.449/12 de Acceso Justo al Hábitat. No había otra información oficial. Es más, cuando empezamos a trabajar en la implementación de políticas públicas para el sector, encontramos que el Estado se basaba en un estudio realizado en base al Censo Nacional 2010, que había hecho el Observatorio de la Deuda Social que dirige Agustín Salvia de la UCA. Lo que habían realizado era un muy buen trabajo con las capas de información de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) relevadas en el censo. Así el Estado argentino determinó cuáles eran las novecientas localidades más vulnerables del país y en base a esa información aproximada se ejecutaban las políticas públicas para el sector. Pero el Censo 2010 no había ingresado a la gran mayoría de los barrios populares y arrastraba una extrapolación de la información censal a la geografía territorial, con información incluso errónea sobre los barrios populares, villas y asentamientos. Por eso, como primer paso, nos planteamos la necesidad de generar un registro de los barrios populares del país.

APU: Registrarlos para que existan para la política pública y para el resto de la sociedad.

FGM: Exacto.

APU: ¿Cómo fue la etapa de diagnóstico que dio por resultado el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)?

FGM: Como dije, el primer paso del PNISU era obtener un diagnóstico de la situación. El proceso se desarrolló en lo metodológico a través de una hoja de ruta que tenía una planificación concreta paso a paso. Esta fase de diagnóstico tenía a su vez tres etapas. En la primera, llevada adelante entre los meses de octubre 2016 y diciembre 2016, se realizó una experiencia sin precedentes, por la velocidad y los actores involucrados. Organizaciones sociales como la CTEP, la CCC y Barrios de Pie, junto a la ONG Techo y a Cáritas Argentina, en tres meses rastrillaron todas las ciudades de más de diez mil habitantes del territorio nacional. A partir de ese trabajo se identificaron 4.416 barrios populares. Villas y asentamientos cuyos polígonos fueron demarcados y quedaron adecuadamente georreferenciados en una plataforma digital GIS (Sistema de Información Geográfica) con estos cinco datos básicos: ubicación, nombre, conformación, estimación de familia y acceso a los servicios básicos.

En la segunda etapa, desde enero de 2017, se obtuvieron imágenes satelitales de cada uno de esos barrios y se dispuso un equipo de cincuenta jóvenes, mujeres y hombres de las villas de CABA, coordinados por militantes sociales y por geógrafos capacitados en el uso de tecnologías de última generación, para la delimitación de calles, manzanas, viviendas y edificaciones. Esto permitió identificar 900.000 viviendas dentro de estos 4.416 barrios populares. En pocos meses, hicimos un trabajo catastral entre los villeros y las organizaciones, trabajo que el Estado y miles de expertos y funcionarios no habían hecho en décadas. Finalmente, en la tercera etapa, entre marzo y octubre de 2017, se puso en marcha el relevamiento vivienda por vivienda con más de trece mil relevadores, vecinos de los barrios e integrantes de las organizaciones que mencioné, y en pocos meses se relevaron puerta a puerta aproximadamente un 65% de las viviendas. Al día de hoy, relevamos a dos millones y medio de personas. Tenemos más de ochocientos mil encuestas realizadas en esta tercera etapa. Fue la parte más compleja porque teníamos que ir casa por casa, hablar con los vecinos, ir a preguntarle a cada uno. Entonces, la primera etapa la hicimos al 100%; la segunda la hicimos al 100%; la tercera, en ese momento, casa por casa, llegamos al 65% de los 900 mil terrenos cartografiados. Fuimos a todas las casas, pero en muchas había familias que no estaban o no querían que les hagamos la encuesta. En síntesis, obtuvimos en tiempo récord los polígonos de los barrios, teníamos mapeadas las viviendas y calles, y relevada una porción significativa de las viviendas.

Todo este trabajo se realizó con un equipo central muy reducido de coordinación técnica y política, el grupo de cincuenta jóvenes villeros que mencioné, que fueron capacitados para el trabajo con los mapas en computadora, y la articulación en el territorio del trabajo de miles de personas, cuadros, militantes, vecinos, profesionales. ¿Saben cuántos éramos en el equipo central para organizar todo esto? ¡Solo seis personas! Esto fue el RENABAP, que constituye la fase de diagnóstico del Plan Nacional de Integración Socio Urbana, la etapa más conocida del PNISU. Incluyó, además, innovaciones tecnológicas como el desarrollo para el relevamiento en territorio de una aplicación para celulares que funcionaba sin conexión a internet y en aparatos no tan nuevos. Esto permitió la capilaridad en todo el territorio en muy pocos meses ya que los propios vecinos y vecinas pudieron participar del relevamiento de sus propios barrios. Una de las cuestiones importantes a destacar es la seriedad y precisión con que se hizo el trabajo de relevamiento por las organizaciones sociales. Pasó por todos los filtros: desde lo académico, pasando por la auditoría interna de Jefatura de Gabinete de Ministros, hasta lo político.

APU: Una vez que tienen el diagnóstico, ¿cuál es la fase que siguió?

FGM: Dentro del PNISU, o “masterplan” como también le llamamos, esto estaba perfectamente diseñado. La segunda fase era trabajar en una norma que establezca la expropiación de todos los barrios populares y la creación de un instituto que tenga la propiedad fiduciaria de los terrenos donde se asentaron los 4.416 barrios, con fuertes poderes estatales para lograr las obras necesarias para la integración socio urbana. Pero esta segunda fase se postergó en el tiempo por cuestiones políticas. A cambio, logramos, con la información relevada, una normativa que garantiza reconocimiento de la posesión de las familias, que permitió a las familias pobres contar con la seguridad de la tenencia y con una herramienta para requerir el acceso a los servicios básicos. Así, en mayo del 2017 se publicó el Decreto 358/2017. Se trata de un marco normativo que reconoció al RENABAP como el registro oficial de los barrios populares en Argentina, estableció una definición legal de barrio popular y creó el Certificado de Vivienda Familiar que reconoce la posesión de su hogar para las familias. Logramos este certificado de posesión, basándonos en que la posesión es un hecho reconocido por el Código Civil y Comercial, lo que permitía la seguridad en la tenencia ante situaciones de desalojo y facilitaba el acceso a los servicios básicos, entre otros derechos. Lo vimos como un paso intermedio, porque en nuestra planificación había que frenar los desalojos y conseguir la expropiación de todos los barrios. Pero eso solo se podía brindar a través de la expropiación masiva.

Luego, en octubre de 2018 se consiguió la Ley 27.453 de Regularización Dominial conocida como Ley de Barrios Populares. ¡Fue un paso histórico! En cuanto al establecimiento de un instituto estatal que se hiciera cargo de las obras necesarias, finalmente se creó en 2018 la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cargo que actualmente ocupa Fernanda Miño, una dirigente villera, surgida del Barrio La Cava de San Isidro. Si bien el gobierno anterior creó la Secretaría, no puso un peso para la gestión de integración de barrios populares. Esto recién pasó a fines del 2019 con la creación del Impuesto País y la asignación del Fondo de Integración Socio Urbana. Este año se reforzó aún más con la afectación del Aporte a las Grandes Fortunas.

APU. O sea, que el PNISU tenía tres fases. Primero, el diagnóstico, logrado a través del RENABAP. Segundo, una etapa institucional-normativa, que implicó la creación de los instrumentos legales e institucionales. ¿La tercera fase sería el planeamiento y ejecución de las obras?

FGM: Efectivamente. La última etapa era lograr concretamente la integración socio urbana. El plan establecía que se tenía que trabajar en la idea de “integración socio urbana”. Es decir que se rechazaban las propuestas de urbanización y erradicación o relocalización de villas y asentamientos en zonas periféricas de las ciudades. Lo que había que hacer era integrar los barrios populares a las ciudades en el lugar donde estaban. Es un planteo que tomamos de la experiencia del grupo de sacerdotes en las villas de emergencia. Se busca minimizar los reasentamientos, quedando solamente para los casos de apertura de calles, riesgos hídricos o ambientales. Se elaboró entonces un plan de obras a doce años para la realización de todos los trabajos necesarios para la integración de los barrios populares. Obras que están guiadas por el conocimiento real de las necesidades de los barrios populares. No solo por el estudio que permite el RENABAP, sino porque en esta etapa se realizó un Diagnóstico Urbano en territorio, con los vecinos y organizaciones sociales, para identificar con claridad las obras necesarias en cada uno de los más de 4.000 barrios: cloacas, agua potable, energía eléctrica, espacios comunitarios, escuelas, garitas, luminarias, etc. ¡El Estado nacional no contaba tampoco con esta información!

Este trabajo a nivel nacional también lo realizamos en poco tiempo, entre octubre 2018 y noviembre del 2019; otra vez con el desarrollo de tecnologías en territorio y con laburo principalmente de organizaciones y vecinos, y unos pocos arquitectos e ingenieros con voluntad militante. Ese trabajo nos arrojó que, para poder integrar todos los barrios populares, sin considerar las obras de viviendas, se necesitan 23 mil millones de dólares, considerando todo lo que son obras de infraestructura de la vereda para adentro. O sea, aproximadamente el 50% de la deuda contraída por Macri con el FMI. En paralelo, nos planteamos la generación de un programa de lotes con servicios para reducir el hacinamiento crítico de los barrios y para las futuras generaciones de los barrios populares que no tienen otra alternativa de acceso a un pedacito de tierra en las condiciones de mercado. Para lo cual se precisa la disposición de un millón de lotes con servicios en todo el país.

APU: En la primera fase, el RENABAP, quedó claro el grado de participación popular. Pero, ¿cómo se dio en las otras dos etapas (la normativa-institucional y la de implementación)?

FGM: La segunda etapa la trabajamos desde la Mesa Nacional de Barrios Populares, compuesta por las organizaciones sociales, Techo y Cáritas. Se necesitaba la fuerza de la movilización, la presión social y política para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo avancen en este sentido. Mientras tanto, se trabajaba en diferentes espacios en el desarrollo del plan de obras a doce años. Hubo diferentes mesas en ese momento, en las diferentes regiones, en las que participaron referentes de base que tenían experiencia de lucha por la tierra o de acceso a los servicios básicos. Se trabajó muy fuerte con todos los referentes organizados en estas mesas. Y, como decía anteriormente, para pasar a la tercera etapa, la implementación, se requería de un diagnóstico urbano de lo que se necesitaba en cada barrio a nivel de infraestructura. Para eso se hizo un relevamiento barrio por barrio que llamamos “diagnóstico urbano”, mediante una encuesta completa a un referente social en cada uno de los barrios .

APU: Es interesante ese punto. ¿Se vuelve entonces sobre un trabajo de diagnóstico, pero más preciso, de otro tipo?

FGM: Lo que pasa es que el RENABAP requería para su éxito que fuera realizado lo más rápido posible. Fuimos a preguntar al INDEC y nos propusieron una encuesta en papel de dos horas y media a cada compañero en el territorio. ¡Todavía estaríamos haciéndola! Entonces, para que fuera exitosa la propuesta necesitábamos poder tener el diagnóstico barrio por barrio en pocos meses. Por eso, en esa instancia, hicimos una encuesta muy básica, con datos concretos. Eran solo siete preguntas y se recorría el barrio. La segunda encuesta a nivel barrio, en cambio, se pensó en forma posterior, cuando ya teníamos los polígonos dibujados y el relevamiento realizado. Con esa información y para planificar obras, realizamos este “diagnóstico urbano”, también en territorio, pero con una encuesta en profundidad a referentes barriales.

APU: ¿Cuáles creés que fueron los principales aciertos –tanto en contenido como metodológicos– de esas experiencias de planificación?

FGM: Uno de los aciertos en la planificación fue, claramente, consolidar el relevamiento, tener la información precisa. Creo que hay muchas políticas públicas que son ideas brillantes, pero que no se pueden ejecutar por no sustentarse en un conocimiento preciso en territorio, y no tener los datos, ni cualitativos, ni cuantitativos. Segundo, haber hecho rápido y en forma contundente el trabajo, nos permitió consolidar la política pública, aprovechar la coyuntura mientras fue favorable, lograr todo lo que se logró. Tercero, la participación de los propios actores en el proceso de planificación, la presencia en el territorio. Una política pública que se hizo en cogestión con el Estado, pero pensada por los propios compañeros y militantes, y, sobre todo, por los vecinos que sufren la falta y los errores de la política pública.

APU: ¿Y las principales falencias? ¿Qué tipo de obstáculos no previstos aparecieron cuando pasaron a la etapa de ejecución?

FGM: Primero, a veces nos preguntamos “¿por qué no levantamos tal dato en ese momento?”. Hoy nos faltan un montón de variables y de información como para poder seguir planificando el desarrollo de la política. Pero esta falencia va en contra del acierto que mencioné antes. En fin, como hubo datos que no se relevaron, particularmente qué obras se necesitan en los más de 4.000 barrios, es un trabajo en territorio que hay que hacer ahora en cada uno de los casos. Estamos trabajando en procesos de perfeccionamiento de la cartografía y en las cosas que en ese momento se hicieron de esa manera, pero que nos permitieron tener esta plataforma operativa y normativa para poder pensar la integración en los barrios.

Lo segundo, más importante tal vez, son los obstáculos para poner en marcha la obra pública que necesitan los barrios populares. Por un lado, muchos municipios no tienen capacidades técnicas, de hacer proyectos, o no priorizan esas obras dentro de su territorio porque priorizan cosas más visibles como hacer una plaza o una avenida, mejorar la costanera o el casco histórico de su ciudad. Las conexiones de agua potable y las cloacas no se ven, a los políticos no les reditúa electoralmente. Y para nosotros es lo fundamental. Nuestro lema es “primero los barrios populares con servicios básicos”. Entonces, hay problemas de implementación del masterplan, por un lado, por la falta de capacidades operativas y, por otro lado, por temas de prioridad política de los actores que tienen que desarrollar estos proyectos, sea provincias, sea municipios. Y algo que trabajamos mucho para revertir problemas de implementación de políticas previas, es el tema de la participación e involucramiento de los actores sociales. Cuando nos pusimos a estudiar cómo habían sido los planes de integración socio urbana, o la implementación de este tipo de políticas en los diferentes gobiernos, encontramos que eran planes hechos sin contar con los vecinos. ¡Y fracasaron! Si no no tendrías más de 4.000 barrios populares en condiciones de precariedad, informalidad y marginalidad. El Estado no puede nunca más pensar una planificación de una política pública sin la participación popular.

Todo el tiempo nos van surgiendo diferentes necesidades, empezás a trabajar con algún proyecto de obra en un barrio y el proyecto se encuentra con nuevas necesidades, surgen nuevas cuestiones a atender o surgen nuevas ideas. De ahí que pensar la implementación de estas políticas requiere de los sujetos y es necesaria una retroalimentación constante con la planificación. Por eso una de las ideas centrales dentro del PNISU, además obviamente de la realización de las obras, era que fueran planificadas con los vecinos, según las necesidades del barrio. Esta idea de "yo me llevo puesto todo" y desembarco en el barrio con una obra pensada en un escritorio, sin los vecinos, tiende al fracaso. Esta idea participativa, protagónica, popular, hoy es uno de los ejes centrales de la SISU en todo el país, con todas las provincias y municipios. Siempre en base a esta línea. ¡Y no hemos tenido ni un problema!

APU: Todos los manuales hablan de la necesidad de que las planificaciones sean “participativas”. ¿No se hacían de este modo? ¿Por qué tuvieron que aparecer las organizaciones? ¿Hay una burocracia técnica y una dirigencia política desconectadas de los sujetos reales?

FGM: Hay una élite política que gobierna sin la participación del sujeto al que las políticas apuntan. En mi opinión, son una élite que está totalmente desconectada del territorio. Y lo mismo sucede con los expertos, los académicos. Uno de los mayores cuestionamientos que tuvimos al PNISU vino de la mano del progresismo académico que defendía el “hábitat”. No habían logrado en todos estos años que se abra una canilla con agua potable en un barrio popular, pero nos discutían muy fuerte, buena parte del arco progresista y experto en el hábitat. Hay expertos que viven de esto, yendo de congreso a congreso, contando lo mismo, y ofreciendo soluciones para el hábitat popular en la Argentina, pero que, en su gran mayoría, no laburaron en la implementación real de una política pública para el sector. Cuando terminamos de relevar los más de 4.000 barrios, los detractores de la política que hacíamos vienen con un estudio y nos dicen “no, esto no se puede hacer porque al 50% de los barrios hay que relocalizarlos”. Esa es la planificación de laboratorio. Pero el tema es que… ¡están ahí! Y hay que hacer algo, y hacerlo urgentemente, para dar dignidad a las familias que no tienen ni siquiera agua. Esos grandes planificadores de escritorio terminan justificando la inacción: como hay que relocalizar a la mitad de los barrios, no se puede hacer nada. ¡Y no se había hecho casi nada en décadas!

Por supuesto, hubo honrosas excepciones. En diferentes momentos del masterplan tuvimos trabajo con algunos expertos, antes y después de la presentación de la ley, inclusive en formaciones con los referentes de territorio. Pero, en general, fuimos muy cuestionados por parte de la élite política y técnica. La misma discusión se planteó en el Congreso, y algo similar plantea Cristina en su libro Sinceramente refiriéndose a la letra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se los leo:“Tendríamos que haber hecho algo más corto y concreto. Pero sacrifiqué una Ley precisa y mejor por tener la mayor cantidad de voces representadas (...) Los sectores autodenominados progresistas deberán plantearse, frente a futuros debates y discusiones, si la exigencia permanente de lo ideológicamente perfecto no es directamente proporcional al fracaso o cuanto menos a la imposibilidad de poder cambiar en serio las cosas y, objetivamente, terminar siendo funcional a la derecha y el statu quo”.

Nos criticaron, y ni siquiera se sabía cuántos barrios populares había en el país. Nosotros arrojamos luz sobre esto, mostramos a nivel nacional que el 89% de los vecinos no tenían cloacas, que el 80% no tenía agua potable, derechos humanos básicos. Hoy las cosas han cambiado y en general tenemos diálogo con la mayoría de los sectores que, en ese momento, fueron detractores acérrimos de la ley.

APU: En el período 2003-2015, hubo una apuesta por reformular el rol del Estado en la economía y la sociedad. Eso implicó un retorno de la planificación estratégica en muchas áreas (agropecuaria, científica y tecnológica, industrial, etc.). ¿Fueron parte las organizaciones de trabajadores de esas planificaciones?

FGM: Como MTE no fuimos convocados; la CTEP nació en 2011 y tampoco fue convocada. En parte porque nuestro Movimiento nace en ese período y su esfuerzo estuvo en organizar primero al sector cartonero y luego a todas las ramas nucleadas en la economía popular. Pero no sé si otras organizaciones sociales, como el Movimiento Evita, fueron invitadas. Lo ignoro. Supongo que Emilio Pérsico, que fue Subsecretario de Agricultura Familiar en los últimos dos años del gobierno de Cristina Fernández, pudo haber sido invitado. Pero el sector de la economía popular, como tal, no fue convocado a ninguna planificación. De hecho, en parte la creación de la CTEP en 2011 fue una respuesta a la falta de políticas públicas hacia el sector. Ya la teoría de que el crecimiento económico iba a derramar y a absorber a los descartados del sistema estaba mostrándose errada. A nivel macroeconómico los gobiernos kirchneristas fueron gobiernos que pensaron en los sectores más vulnerables. Pero se subestimó el problema de la exclusión social y no se entendió el papel de la economía popular. La idea absolutamente dominante era la incorporación de los trabajadores en la economía formal. Hay que tener en cuenta que recién el 9 de diciembre de 2015, el día antes que Cristina Fernández dejó la presidencia, se le dio a la CTEP el reconocimiento mediante personería social. Antes se nos negó sistemáticamente.

APU: En los procesos de planificación en curso (Desarrollo Productivo, Ciencia y Tecnología, etc.), ¿están siendo incorporadas las organizaciones? La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), ¿fue invitada?

FGM: No, que yo sepa no.

APU: Los planes de desarrollo que elaboraron las organizaciones de trabajadores son impulsados por actores externos al Estado, pero en buena medida buscan orientar políticas estatales. ¿Cómo es esa relación? ¿Son programas políticos? ¿Son estrategias de desarrollo a ser llevadas desde el gobierno, contra el gobierno o más allá del gobierno?

FGM: Claramente son programas políticos que buscan ser políticas públicas en cogestión entre el Estado argentino, las organizaciones sociales y los sectores que representan, a los que está dirigida esa política. Ha quedado demostrado que la interacción entre organizaciones y Estado, con muy pocos recursos, con mucha voluntad y participación puede consolidar políticas públicas. Esta estrategia debería ser replicada en todas las áreas. Y necesariamente debe tener la participación de los sujetos a los que va dirigida la política. Si no perdemos todos. Pierde el Estado, pierden los gobernantes, pierde plata el desarrollo de la política y, obviamente, pierde el pueblo pobre que es el que sufre la desidia y los errores de concepción, implementación y ejecución de políticas públicas.

APU: ¿En qué medida todo el proceso del PNISU les sirvió para organizar al sector? ¿Fue la planificación una herramienta de construcción de poder popular?

FGM: ¡Sí! Sirvió para organizar a miles y miles de vecinos y vecinas en todo el país, para generar conciencia sobre los derechos que se tienen y para fortalecer la organización popular. Sin dudas. Pero además, este tipo de planificación popular, en cogestión entre Estado y movimientos sociales, puede ayudar a resolver uno de los grandes problemas de los gobiernos populares que es la falta de arraigo en el territorio. Son gobiernos muchas veces con una buena idea, pero pierden anclaje en la realidad. Creo que algo de eso explica la sorpresa frente al resultado electoral del domingo 12 de septiembre. La planificación popular, participativa, de la política pública, acompañada con el seguimiento de la ejecución y la retroalimentación de los resultados, puede ser un buen modelo para pensar ese nexo entre la sociedad y el Estado, que no quede tan distante una cosa de la otra.