Laura Cravello Lonardi: “El Estado tiene la obligación de indemnizar por los crímenes que cometió durante la dictadura militar”

AGENCIA PACO URONDO dialogó con María Laura Cravello Lonardi, militante de derechos humanos e integrante de la Comisión Vesubio y Puente 12. Se refirió a las acciones del gobierno para intentar desprestigiar a los organismos de derechos humanos.

En sus redes sociales también se expresó sobre el anuncio del Gobierno respecto a la suspensión de pagos de indemnizaciones y señaló: “Dejen de hacerse eco de las noticias. La investigación se centra sobre la banda de Martínez Moreira procesada y quienes gestionaron expedientes con ellos. El estado puede auditar todo lo que quiera. Los derechos adquiridos no se tocan.  Nadie va a dejar de cobrar, no es legal. Serán ellos los que tengan que demostrar si alguna cosa estuvo mal otorgada y eso no es un tema que atañe a quienes presentaron todo correctamente”.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Podría relatarnos la causa que involucra a Adrián Martínez Moreira quien falsifico documentación para cobrar leyes reparatorias?

Laura Cravello: Cúneo Libarona hablo de quince causas, pero en realidad hay una causa única que acumula a todas. La causa es la 34925/2016 que tiene un derrotero y es importante destacar que nadie cobro lo que no correspondía. Todo empieza con una denuncia de la Asociación de Ex detenidos-desaparecidos acerca de la falsificación de un testimonio de Adriana Calvo, que Adrián Martínez Moreira introdujo en la causa Plan Condor y los archivos de la APDH.

Esta denuncia la hizo una víctima del terrorismo de Estado, Carlos Gregorio Lordkipanidse. No se procedió con la instrucción que los procesados querían. Esto queda parado hasta que transcurren dos años más, en el año 2016 el abogado Javier Garín se entera que hay un grupo de personas dirigidas por Adrián Martínez Moreira que ofrecían servicios de abogados en Leyes reparatorias indicando su nombre, además le habían falsificado firmas en 52 causas judiciales en el contencioso administrativo judicial.

Esta causa como no lo encontraban a Martínez Moreira queda acá y se espera la pericia psiquiátrica de esta persona que nadie podía encontrar. En el año 2020 aprovechando la pandemia un abogado, que decía llamarse Omar García se propone en el grupo de leyes preparatorias para hacer un patrimonio gratuito a víctimas del terrorismo de Estado. Yo participaba de esa página, de vez en cuando, y les dije a las personas que no manden documentación a perfiles virtuales. Resulta que la persona que los llamaba por teléfono era el abogado Adrián Martínez Moreira. En el juzgado aparecían amparos con mora con la firma de este abogado.

APU: ¿Qué sucedió después?

LC: Buscando documentos a nombre de los ahora procesados encuentro que habían presentado documentación apócrifa. Entonces al ver tantas irregularidades ingreso a la causa con identidad reservada y notifico a la secretaria de Derechos Humanos de lo que estaba sucediendo.

Entonces la secretaria de Derechos Humanos encuentra que estaban intentando cobrar falsificando resoluciones judiciales que había presentado este abogado de otros juzgados donde los jueces decían que eran falsas. Habían montado una estructura para presentar falsas causas y obtener dinero.

Entonces estas personas que estaban atrás de todo esto empiezan a hacerme denuncias falsas. Finalmente, las denuncias falsas en contra mía se desestiman. Después gracias a la presentación judicial del abogado Javier Garin logramos que Moreira sea periciado, y se dictamina que es sociópata, permitiendo su imputabilidad. 

Todo esto se les cae, se perita y se allana el domicilio de Adrián Martínez Moreira que no era víctima ni tampoco abogado. Falsifico su identidad y fecha de nacimiento. Cuando le allanan el domicilio encuentran un montón de evidencias acusatorias. Después se lo cita a indagatoria, se detienen todas las preparatorias que estaban siendo investigadas. Se peritaron todos los expedientes y nadie cobra.

APU: ¿Moreira se había infiltrado entre las víctimas?

LC: Moreira se había Inventado una historia para infiltrase entre las víctimas. Nunca fue reconocido como hijo de desaparecidos, nunca pudo cobrar nada, lo mismo que con los otros procesados. No pudieron obtener ninguna de las reparaciones en Nación. Quedaron procesados por estafa en grado de tentativa. No son quince bandas como dicen, es solo una banda y hay cinco procesados. Además de ellos se están investigando a más personas.

Entonces cuando Cúneo Libarona sale a hacer la entrevista, quienes habían destapado la causa era la gestión de Horacio Pietragalla y había sido Federico Efron el abogado querellante de la pericia técnica y quien se había peleado durante dos o tres años en el juzgado de la doctora Capuchetti.

La causa estuvo detenida entre 2016 y 2020.Recien este mes la gestión de la secretaria de Derechos Humanos después de cuatro meses pone un abogado como querellante en la causa. Es decir que cuando Cuneo hablo no estaban ni presentados, no habían investigado nada y todo había sido fruto de la gestión anterior, de Horacio Pietragalla. Ahora que ya están procesados y va a ser elevado a juicio me parece perfecto que acompañen la causa. En relación a la causa que yo era denunciante desde 2021 me acepto la fiscalía de Paloma Ochoa como querellante, asimismo el Juzgado de la Doctora María Eugenia Capuchetti.

APU: ¿Qué opinión tiene en relación a las leyes reparatorias?

LC: El Estado tiene una obligación que es indemnizar por los crímenes que él mismo cometió a las víctimas de terrorismo de Estado. Para eso se fueron estipulando una serie de leyes reparatorias que no son para nada agiles.

El resto de las leyes no requerirían patrocinio letrado. La realidad es que siempre que haya dinero de por medio, siempre van a haber bandas que pretendan estafar. Sin embargo, estas leyes pasan por una serie de controles muy rigurosos que dejan a mucha gente afuera por el manejo clandestino de aquellos operativos. Cuando se reclaman estas leyes pasan muchos años hasta que se conceden todos los extremos y lleva mucho tiempo. En muchos casos se les niega porque no se obtienen las pruebas suficientes. Y en otras oportunidades las personas fallecen antes de cobrarlas.

Lo que se suele hacer es pagar en bonos menos la ley 25914  a los hijos de los detenidos desaparecidos. Y a veces las leyes salen por un importe y se paga en bonos un año más tarde, por eso cobran apenas un 30% de lo que sale en la resolución.

APU: ¿Podría contar su historia en relación al Terrorismo de Estado?

LC: Yo soy hija de María Cristina Lonardi y Ricardo Cravello, ambos secuestrados el 8 de diciembre de 1975 por un grupo de fuerzas militares y policiales. Llevados a Puente 12 y Brigada Güemes y aún permanecen desaparecidos. Este tipo de secuestros fue dirigido por el batallón 601 y el engranaje que fueron preparando para tomar el poder quienes los secuestraron en marzo de 1976. Yo creo que las fuerzas armadas estuvieron actuando mucho antes del golpe de 1976. Ya lo vimos en los fusilamientos de Trelew y la persecución militante comenzó en 1955.En este momento estoy transitando el primer juicio por secuestro y desaparición de mis padres ,pertenezco a la Comisión Vesubio y Puente 12 que impulsan todas estas investigaciones.

APU: ¿Qué opinión tiene sobre los hechos sucedidos en perjuicio de la militante de la organización HIJOS hace un tiempo atrás?

LC: Es consecuencia de un mecanismo derivado de un discurso de odio y negacionista bajado desde el poder. Nadie puede aseverar que los agresores fueran parte del gobierno, sin embargo, desde el poder ejecutivo se instigan frases y consignas plagadas de odio. Después siempre hay grupos que se creen legitimados por estos mismos dichos para llevar a cabo situaciones de violencia muy graves como las que efectivamente suceden. Es terrible que los militantes de Derechos Humanos vuelvan a tener miedo. Ninguno de nosotros pedimos nunca venganza, solo pedimos justicia.