En Gran Bretaña, el país elogiado por Milei, 120 millonarios pidieron pagar más impuestos
En un breve cable, que aparece en días pasados en un matutino de la Ciudad de Buenos Aires especializado en temas económicos, hay una referencia a la política impositiva que un grupo de ciudadanos de Gran Bretaña expone como necesaria de adoptar en una eventual reforma del sistema impositivo inglés.
Hay un estrato de altos ingresos en la economía británica que abonan anualmente suculentos montos de dinero para cumplir con sus obligaciones impositivas. Reunidos seguramente en alguno de esos pubs, tan celebrados por la cinematografía y la literatura inglesa, un grupo de ellos resolvió –y luego lograron mucho más adhesiones, hasta llegar a cien individuos- pedir al nuevo gobierno inglés que encabeza el laborista Burnham que imponga impuestos más altos a las mayores fortunas del país. Y afirman rotundamente: “Nos lo podemos permitir”. O sea, están en condiciones de afrontar un sistema impositivo que los grabe especialmente por su capacidad de pago, sin dañar su existencia, sin reducir su nivel de vida, sin afectar su futuro.
Entre las 120 firmas de la carta que lleva por título “orgullosos de pagar” y que fue promovida por el grupo que comenté antes, “Patriotas Millonarios”, solo reconozco a un exfutbolista muy famoso en su momento, Gary Lineker, que firma encabezando la petición junto a un cineasta que fue el productor de una película muy vista en el mundo, “Nottingham Hill”, y un productor musical cuyo apellido es Eno, y cuyo curriculum desconozco. ¿Qué solicitan estas 120 personas que son muy ricas y que tienen que afrontar impuestos elevados? Que el nuevo gobierno propicie un aumento, no una disminución de impuestos.
Estamos leyendo cotidianamente reclamos en la Argentina de grandes empresarios, por ejemplo los que cultivan soja y maíz, y que se han convertido en gente muy enriquecida, que dicen que si no le bajan los impuestos corren el peligro de convertirse en el futuro en habitantes de la calle. Es una paradoja que estoy planteando, pero que luce así cuando uno lee las notas que elevan pidiendo que se eliminen las retenciones. Y por el contrario aquí estos 120 “millonarios”, como los denomina el diario matutino, alegan enfáticamente “queremos que nos pongan impuestos.” Nos lo podemos permitir. No estamos hablando de los impuestos a los que madrugan y van a trabajar cada día por un sueldo, sino de los más ricos, cuyos ingresos se derivan de la riqueza que poseen.” Este concepto es fundamental en la petición. Marca el criterio con el que se debe considerar a un sistema tributario justo y equitativo: El que más tiene, más paga. Y más aún si hay, como en Gran Bretaña y sin duda la enorme mayoría de los países, incluido especialmente el nuestro, deficiencias notorias en la prestación de servicios imprescindibles a la población, como la salud y la educación, para dar un ejemplo. Quienes más capacidad de pago tienen, porque están en la cúpula de los que reciben ingresos fruto de la acumulación de riquezas propias en la historia reciente, o aún en la historia antigua, como seguramente lo serán los que poseen tierras en ese país, enfrentan a la opinión pública no con un pedido de disminución de la carga, sino alegando que están en condiciones y que creen justo –una palabra muy vilipendiada hoy en día por el gobierno argentino-, creen que es un acto de justicia social que le aumenten los impuestos.
¿Qué dirá el presidente Milei al respecto? ¿Cómo juzgará la conducta de que aquellos que tienen más recursos afirmen que están en condiciones de pagar aún más impuestos, porque son conscientes que la sociedad le debe mayores recursos públicos a los que no tienen para pagar impuestos, y necesitan servicios imprescindibles para sobrevivir? Parece ser una muy loable petición que sería bueno plantearla aquí en la Argentina. Dicen y detallan, para cerrar esta parte de mi exposición, que los impuestos que ellos piden que se aumenten servirían para la creación de empleos sostenibles, mejores hospitales y cuidados sociales, ayudas a pequeños emprendedores, etc.
Estamos en presencia entonces de una novedad que vale la pena incluir en el calendario electoral argentino del año que viene. Qué bueno sería que los nombres ilustres de la oligarquía terrateniente de la Provincia de Buenos Aires o de los dueños de bancos, o de los grandes vendedores de soja y maíz al mercado mundial, etc. salgan a decir en voz alta: “Argentinos, queremos pagar más, porque hemos visto gente que vive muy mal, o que tiene sueldos públicos muy bajos, o que requiere ayuda en su estado de salud o en su vivienda”. El estado alega que no hay plata. Sí, Sr. Milei, hay plata. La tienen los más ricos. Ponga más impuestos que es lo que corresponde en un acto de perfecta justicia social.
El índice de precios y las tres mentiras
El jueves 13 el INDEC dio a conocer el nuevo Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de julio pasado.
Según la información oficial el Índice resultó ser el 2,1% de aumento por sobre el valor del mes de junio, lo que supuso un cambio de tendencia respecto de los tres meses anteriores, volviendo a valores encabezados por la cifra “2”. Tal circunstancia supuso que el valor interanual alcanzó el 33,6%, un valor por demás elevado luego de 2 años y medio del actual gobierno. Los alimentos y bebidas aceleraron tras el 1,3% de julio, sin que ningún factor causal inesperado haya sido responsable de tal fuerte alza. La consultora LCG, muy respetada en él ambiente de la City porteña, indicó que “la inercia todavía resulta muy difícil de domesticar” al comentar los datos, remarcando, como decimos previamente, que ningún acontecimiento extraordinario justificó tal incremento para el rubro alimenticio, de un monto 60% mayor de un mes al siguiente.
Pero el índice del 2,1 es mentiroso si se los contrasta con la realidad.
En primer lugar el indicador del INDEC sigue tomando como base del patrón promedio de consumo de todo el país a la detectada para el año 2004, descartando su ajuste correspondiente cuando el INDEC ya cuenta con la actualización del año 2018. El Gobierno descarto realizar esta actualización a la que había comprometido oportunamente que se efectuaría al inicio del año 2026. Dado que los gastos en servicios aumentaron mucho más que los del resto de los consumos (las tarifas de los servicios públicos se incrementaron entre tres a cuatro veces más que el resto de los consumos), el IPC nacional que informó el INDEC es mentiroso. Acorde con la consultora citada, si se adoptara, como sería lo correcto y verdadero, el esquema promedio del gasto de los hogares acorde al relevamiento del año 2018, el IPC de julio se habría elevado en realidad un 2,5 %, o sea un 20% más que la información de junio.
Entonces el dato es a sabiendas mentiroso. Pero hay una segunda mentira. Ya estamos en el año 2026 y, como apuntamos más arriba, los incrementos en las tarifas deberían ajustarse acorde con el patrón de consumos respecto incluso del de 2018 pues han pasado siete años y el INDEC tendría que elevar el peso relativo de los gastos en servicios públicos. Y una tercera evidencia de que la información es mentirosa la dan los números de la actualización oficial del mismo Indec acerca de los montos de la Canasta Básica Total que la institución realizó, que resultó para una familia tipo promedio de cuatro integrantes calculada para el Gran Buenos Aires en un monto de gastos necesarios de $1,564.716. Con esta erogación la familia tipo analizada tiene un límite mínimo para superar la pobreza, y resulto ser un 2,2 % más elevada que el mes anterior. Si en cambio se adopta la medición de la Canasta Básica Alimentaria que el INDEC calculó para julio, el monto de los egresos de la misma familia tipo de cuatro integrantes marcó un piso de $708.016 para no caer en la indigencia, lo que supuso un aumento del 2,6% con respecto a junio. Estos datos oficiales descubren la tercera mentira del INDEC con respecto al IPC de julio, falsedad que salta a la vista por el cálculo del mismo INDEC, que resulta alarmante en términos de los egresos necesarios para alimentarse dignamente como piso para la unidad familiar adoptada a los efectos de no caer en la indigencia.
¿Cuál sería entonces un dato verdadero y no falso como el informado? Es imposible saberlo, porque las mentiras se acumulan y una desmiente a la otra, pero de lo que estamos seguros es que el IPC informado es falso de toda falsedad. Con un agravante. En el programa mensual de gastos de los sectores sociales más vulnerables, esta desinformación adquiere mayor relevancia, dado que en dicha programación los pagos de los servicios representan un peso muy grande en las erogaciones de los hogares respectivos. Lamentablemente esta circunstancia reduce la disponibilidad en dichos hogares de los gastos cotidianos, como por ejemplo los alimentos que, como vimos, en la realidad han crecido en montos a afrontar por cada familia mucho más que lo que consigna el IPC del Indec.
La acumulación de todas las circunstancias apuntadas torna consecuencias muy dolorosas a los presupuestos a afrontar por la mayoría de la población para su subsistencia.