"La oposición está reclamando una mega-devaluación"

Por Nahuel Placanica

Agencia Paco Urondo: ¿Qué lectura hace de la actualidad económica y su proyección en este 2014?

Marcelo Ramal: Los acontecimientos de estos días muestran un grave empantanamiento económico y político del gobierno. Esto se refleja en la inflación imparable y en la evolución ascendente y sin freno del dólar, aún cuando el gobierno ha utilizado indiscriminadamente a la ANSES, malversando su patrimonio,  para bajar el valor del dólar paralelo a través de la venta de títulos nominados en dólares.
Mientras avanza la desvalorización de la moneda nacional, es clara la tentativa del  gobierno de colocarle un techo a las pretensiones salariales de los trabajadores. El adelantamiento de la paritaria docente al mes de enero, planteado por Scioli y los principales dirigentes de la oposición, y un reclamo similar de algunos integrantes de la burocracia sindical para que el Consejo del Salario se reúna lo antes posible, reflejan la intención de imponerle rápidamente un “cepo” a las paritarias para luego avanzar en una devaluación mayor y en un aumento de tarifas.

Pero lo que naufraga, en estos días de desbarranque del dólar y de los precios, es la pretensión de Capitanich –Kicillof de “administrar” o procesar gradualmente  este traspaso de la crisis a los trabajadores.

En este cuadro, la oposición tradicional y sus economistas, al tiempo que denuncian el fracaso de esta tentativa oficial,  refuerzan el reclamo de una mega-devaluación de la moneda que licue los salarios y el gasto social, y sirva como plataforma para un nuevo ciclo de endeudamiento externo, junto a la liberación de tarifas y a un reordenamiento económico todavía más lesivo para los trabajadores.  El reclamo,  también planteado por ellos, en favor de un aumento de la tasa de interés, apunta a producir una recesión económica que,  aumento de la desocupación mediante, actúe contra los reclamos salariales de los trabajadores.

Pero en definitiva,  el propio kirchnerismo podría ser el ejecutor de esta  variante, incluso por parte del propio Kicillof. No hay que olvidar ni por un momento que el actual ministro de Economìa ha sido el gran arquitecto del acuerdo de Chevron, y es quien está tramitando ahora un arreglo con el club de París,  en relación a una deuda contraída mayoritariamente bajo la dictadura militar.

Esto es el cuadro de situación y las alternativas planteadas por parte del gobierno y la oposición tradicional. En nuestra caracterización, la tentativa, llevada a cabo durante una década, de rescatar a los pilares económicos de la década menemista- los acreedores de la deuda pública y las privatizadas- ha conducido a una nueva quiebra nacional. El kirchnerismo rescató  la deuda en default con los acreedores internacionales y comenzó a pagarla religiosamente, apelando para ello al presupuesto público, a las reservas del Banco Central, y a los fondos del ANSES. Lo mismo hizo con las privatizadas, a las que fue destinando recursos crecientes. Esa variante de rescate ha llegado a su fin. Estamos ante las puertas de un viraje económico y político, donde oficialistas y opositores pretenden  salir de la crisis sobre la base de un nuevo golpe a los que viven de su trabajo.

Frente a esta situación, consideramos que el movimiento obrero debe dar su propia respuesta, debe deliberar y establecer un planteo económico y político frente a la crisis. Por eso,  planteamos la necesidad de un congreso de bases de los sindicatos y las centrales obreras,  para debatir un programa y una acción que debe partir de la defensa de un salario que cubra el costo de la canasta familiar –que hoy no es inferior a los 8000$,  su indexación automática con la inflación, la investigación y el desconocimiento de una deuda publica usuraria, el fin a la sangría del presupuesto en favor de los privatizadores y, en suma,  una gestión de la economía nacional en manos de los trabajadores.

APU: Puntualmente con respecto a la inflación, ¿Cómo ve los acuerdos de precios impulsados por el gobierno?

MR: Son un fraude. Simplemente sirven de pantalla para encubrir una remarcación de precios que se ha operado sin pausa en los últimos meses. Un número mínimo de productos, que se agotan rápidamente en las góndolas,  son colocados bajo este acuerdo formal. Ello encubre una remarcación estimada entre el 10-15% para la abrumadora mayoría de la canasta alimentaria en el último bimestre del año 2013.

APU: Se habla de la falta de divisas y como eso se ve reflejado en la caída de reservas, ¿Cuál es su punto de vista?

MR: El Jefe de Gabinete lo dijo sin disimulos:  el principal factor de caída de divisas es el pago de la deuda. Es muy claro que la desvalorización de la moneda nacional, como resultado de la caída de reservas, está asociada al reconocimiento integral, por parte de este gobierno,  de una deuda que el país ya pagó varias veces. En el pago de la deuda, está una causa fundamental de la inflación. El gobierno emite moneda nacional, compra los dólares necesarios para pagar a los acreedores y luego esos pesos quedan circulando sin que se haya producido aumento alguno de la riqueza social. La emisión de moneda a la que obliga el pago de la deuda es, por lo tanto, absolutamente parasitaria. Lo mismo ocurre con los subsidios a los concesionarios privados de servicios públicos.

APU: Imagino que se refiere particularmente a los subsidios al transporte público, ¿Ustedes son críticos de esta política?

MR: Su utilización ha dado lugar, sólo por tomar un ejemplo,  el del Grupo Cirigliano, a financiar la compra de otras líneas de colectivos o incluso la creación de empresas en el exterior, mientras vaciaba a las líneas ferroviarias que recibió en concesión. Lo mismo puede decirse de las distribuidoras eléctricas, donde los beneficiarios de estos subsidios se sirvieron de ellos –como ocurrió con Edenor-  para la compra de distribuidoras eléctricas en el interior. Los costos y las operaciones económicas de todas las privatizadas deben ser abiertos a los trabajadores y a la consideración popular.  Esta apertura impondría, con seguridad, la rescisión de las concesiones  y  la necesidad de que el país entero sea resarcido con el patrimonio acumulado por los vaciadores.

Al señalar esto, queremos puntualizar que una estatización del sistema de transporte o el sistema eléctrico, bajo ningún punto de vista puede ser un rescate de aquellos que lo han vaciado. Esta es la orientación de las estatizaciones kirchneristas, como se demuestra en el caso YPF. Después de una década de desfalcos a su patrimonio por parte de Repsol, el gobierno  Intervino la empresa  y ahora va a resarcir, precisamente,  a Repsol.

APU: Volviendo sobe la cuestión de la deuda. Se están dando señales al sistema financiero para adquirir nuevos créditos. En general, se sostiene que esa liquidez tiene como objetivo financiar obra pública o favorecer un salto en la matriz productiva, ¿Qué visión tiene al respecto?

MR: El argumento es falso. Si de obras públicas se tratara, ellas requieren un financiamiento mayoritariamente en pesos porque el costo de la construcción y de la infraestructura, salvo cierta maquinaria que no se pudiera producir en el país, tiene su erogación expresada en pesos. En realidad, el verdadero objetivo buscado con este nuevo endeudamiento es financiar el pago de la deuda anterior, o sea, el viejo ciclo de financiar deuda con más deuda. Es el camino que nos llevado a varias cesaciones de pagos y bancarrotas nacionales.

Quiero decir, como legislador porteño, que la orientación del  gobierno  de Macri en materia de deuda no se diferencia del nacional. En la Ciudad, el macrismo ha contraído una deuda en dólares que equivale aproximadamente a 20-25% del presupuesto anual de la Ciudad. Su pago ya está empujando a ajustes diversos en materia educativa o de salud, entre otras áreas.

APU: Al comienzo de la charla usted llamaba la atención sobre la cuestión del empleo. Según entiendo, su perspectiva es que existe la posibilidad de que se vea afectado el nivel de empleo en Argentina.

MR: Por un lado,  está el planteo de una recesión que apunte directamente a afectar el derecho al trabajo. Por otro lado, y cuando el gobierno alude a preservación el empleo “a como sea”, sabemos muy bien a qué se refiere. Durante todo este año,  se han producido situaciones graves en materias de suspensiones y despidos en fábricas automotrices, casi siempre vinculadas a promover prácticas de flexibilidad laboral al interior de la propia planta, reemplazando trabajadores permanentes por transitorios. La década kirchnerista, en este sentido, ha sido de una promoción intensa de la flexibilización laboral y del empleo precario. Por supuesto, esa precarización facilita el despido bajo la circunstancia de la crisis, con lo cual es falso de que se haya procurado por esa vía “defender el empleo”.

APU: En ese sentido, imagino que las medidas anunciadas por el gobierno para combatir la informalidad laboral no es algo que vea con mucha expectativa…

MR: No, porque ese control de la informalidad estará en manos del propio Estado que la ha promovido durante estos diez años. El único control posible debería partir de trabajadores electos que, en las propias plantas industriales, tuvieran facultades para denunciar la situación laboral precaria y sobre esa base, imponer el blanqueo inmediato del trabajador precario.

APU: Usted mencionaba algunos puntos de un posible programa para salir de esta situación, ¿Cuáles destacaría para contener la inflación?

MR: El primer punto debe ser asegurar un salario mínimo que cubra el costo real de la canasta familiar que hoy no es inferior a los $8000. Al mismo tiempo, el derecho a que ese salario, en un contexto de inflación galopante sea ajustado en forma automática con el nivel de inflación mensual. Este es el primer problema y debería ser una cuestión central de la agenda del movimiento obrero.

En segundo lugar,  el único control posible de los precios debería partir del acceso a los costos y operaciones contables de las empresas por parte los trabajadores y sus organizaciones. Ello pondría de manifiesto todo el parasitismo económico asociado a la gestión capitalista, y serviría de puntapié inicial para establecer una contabilidad única y una gestión de la economía nacional bajo el control y la gestión de los que trabajan.  Por el contrario, los controles de precios de un Estado que ha sido expresamente aliado de los remarcadores terminan en lo que hoy estamos viviendo.

Luego, rechazamos  los tarifazos en curso y los que se preparan, y reclamamos  una apertura de las cuentas y los costos del conjunto de las concesiones de los servicios públicos. Una renacionalización de estos servicios debe estar fundada, no en el rescate de los vaciadores a costa del país, sino de los trabajadores y el país a costa de los capitalistas que desfalcaron estas empresas.  El gran problema de fondo, en definitiva, es el de qué clase social debe pagar la crisis.