Privatización de Somisa: disputas de memorias

Por Cynthia Rivero l Las disputas políticas por la nacionalización o privatización de las llamadas “industrias de base” consideradas -en otros contextos históricos- de carácter estratégico tanto para la defensa nacional como para el desarrollo industrial, pueden ser rastreadas en la historia de la siderúrgica Sociedad Mixta de Siderurgia Argentina (SOMISA) hoy devenida en la Organización Ternium-Siderar. Si nos remontamos hacia fines de la década del ’40, durante el primer gobierno del Gral. Perón, encontramos intensos debates entre una fracción del Ejército “industrialista” y distintos funcionarios del gobierno, respecto de la necesidad o no de crear una industria siderúrgica con capacidad para abastecer el mercado local y a su vez desarrollar otras industrias. Bajo la denominada “política de sustitución de importaciones” el Estado, a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) se debía estimular la producción de acero local, mediante la explotación de yacimientos nacionales –también para sustituir la importación de ciertos minerales-.
Con este impulso y gracias al trabajo incansable del Gral. Nicolás Savio el 13 de junio de 1947 el Congreso Nacional sancionó la Ley 12.987 a través de la que aprobaba el Plan Siderúrgico Nacional y la constitución de la Sociedad Mixta de Siderurgia Argentina (SOMISA). Dicho Plan tenía como finalidad producir acero en el país, suministrar a la industria nacional acero de alta calidad y fomentar la instalación de otras Plantas que permitiesen asegurar la evolución y posterior consolidación de la industria siderúrgica argentina. El Gral. Savio fue el heredero y continuador de las tesis esgrimidas y materializadas por las fracciones del ejército que representó el Gral. Enrique Mosconi –a través de YPF– para transformar una economía nacional agro-pastoril exportadora en otra que tuviera a las industrias de base como motor del crecimiento.  La necesidad de financiamiento para las obras de construcción de la Planta y la magnitud de la misma, implicó numerosas gestiones por parte de la DGFM ante los industriales nacionales y organismos de crédito internacionales, que extenderían su inauguración hasta 1960 cuando se produce la puesta en funcionamiento de las instalaciones y se realiza el acto de apertura a cargo del entonces Presidente Arturo Frondizi.

Para los ex trabajadores de SOMISA, la fábrica aparece en la reconstrucción de la memoria como la que organizó, impulsó y ordenó sus vidas y la de sus familias durante décadas. La empresa no circunscribía su actividad al espacio productivo sino que se extendía hacia el ámbito de reproducción creando un universo social y económico vinculado a su crecimiento, ya que representaba la principal fuente de empleo directo o indirecto. La posibilidad de trabajar allí significaba además cierto prestigio social dado el carácter de soberanía y desarrollo nacional que la misma detentaba, una condición económica favorable que permitía cierta movilidad social, sobre todo para los obreros que habían llegado de diversos lugares del interior del país y que lograron hacer su carrera laboral trabajando en la fábrica.

De este modo en la reconstrucción que hacen de sí mismos quienes trabajaron durante la gestión estatal de la Planta aparece la categoría de “somiseros”, como un colectivo de trabajadores que si bien tenían diferencias según las tareas que desempeñaban y los puestos que ocupaban dentro de la fábrica, recuperaban aquellos sentidos, valores y experiencias comunes que fundan, aún hoy, una memoria en disputa. En tal sentido la memoria ha sido configurada como un rompecabezas incompleto por definición, cuyos fragmentos se componen en la certeza de que las figuras creadas son siempre contingentes pero necesarias. Esas contingencias se han definido en coyunturas políticas e históricas específicas que requirieron de la articulación de un grupo social, en nuestro caso el colectivo de trabajadores de la ex SOMISA. Sin ellos, sin sus recuerdos y olvidos, sería imposible intentar pensar cuáles son los variados fragmentos que componen esa memoria y porqué se definen de un modo u otro según el contexto histórico. De tal modo ese carácter “contingente” se trasforma en “necesario” cuando aparece una voluntad común de rastrear y recomponer aquellos fragmentos que forman parte de las memorias de los trabajadores de la ex SOMISA, y que han permanecido ocultos o difusos bajo el discurso de legitimación de los procesos privatizadores.
Ahora bien dadas las diferentes temporalidades en la evocación de los recuerdos es preciso definir el contexto social que enmarca los procesos de construcción de la memoria. Por ello no es fortuito que los trabajadores en la actualidad señalen aquel aspecto de la memoria en el que todos eran iguales, más allá de las diferencias e incluso de las disputas internas que pudieran existir. Ante la precarización e individualización que impera en el presente del trabajo ligado a la gestión privada de la siderurgia, el pasado retorna idílico, armónico y estable, ya que sobresale incluso con cierta nostalgia, el sentido de pertenencia que les otorgaba trabajar en SOMISA así como un conjunto de relaciones sociales concebidas de manera solidaria y una identidad común.

Las políticas de flexibilización y racionalización laboral implementadas durante los años ’80 y ’90 provocaron rupturas en las trayectorias laborales de tales colectivos de trabajadores, cuyas memorias se encuentran atravesadas por la experiencia de la privatización de la fábrica. En tan sólo dos años, entre 1990 y 1992, las sucesivas intervenciones designadas por el ex presidente Carlos Menem llevaron a cabo distintos planes de “racionalización de personal” que implicaron la pérdida concreta del trabajo para unos 6.500 trabajadores. A través de suspensiones, retiros voluntarios o despidos quedaron afuera de la fábrica miles de personas para quienes su vida entera estaba atravesada por el trabajo en la siderúrgica. Ellos desarrollaban una actividad que requirió de muchas horas invertidas en la Planta para adquirir y desplegar un saber y una práctica muy específica que difícilmente pudiera trasladarse a otra actividad laboral. Por ello las consecuencias económicas y sociales de los procesos privatizadores fueron devastadores en términos de reinserción laboral.

Así como sucedió con otras empresas estatales, SOMISA fue desacreditada por los principales funcionarios de gobierno y por gran parte de la prensa nacional que promovía una concepción del Estado como un mal administrador de bienes. Fundamentalmente calificado como ‘ineficiente’ debido a la ausencia de una lógica mercantil orientada al lucro, debía ceder el manejo de las empresas públicas a capitales privados. En este contexto el mercado aparecía como la única instancia factible de organización de la sociedad, e incluso de la política. En tal sentido, la antropóloga Sabina Frederic afirma que “cualquier resistencia, disidencia o manifestación de oposición a la centralidad del mercado era interpretada por el gobierno como una vuelta a un ‘pasado de sufrimiento’”

Contrariamente a la retórica privatista, para los trabajadores de la ex SOMISA la vuelta al pasado no significa de ningún modo “sufrimiento” sino más bien “plenitud”. Es decir, si el pasado se ancla en las décadas anteriores, ellos señalan aquel momento en términos de estabilidad laboral, ascenso social, posibilidad de planificar el futuro, etc. mientras que el presente de los años ’90 y 2000 aparecía bajo el signo de la incertidumbre y la inestabilidad. El acontecimiento de ruptura entre estas dos temporalidades fue impuesto por el proceso de privatización que culminó en noviembre de 1992 cuando SOMISA es transferida por un valor irrisorio al Grupo Techint, quienes la fusionan con su empresa Propulsora Siderúrgica y la transforman en Siderar S.A.

El proceso de privatización es significado como un tiempo crítico en la memoria, de largas agonías vinculadas a las estrategias de despidos, donde se jugaron negociaciones y tensiones entre dirigentes gremiales, interventores y funcionarios políticos, así como la permanente contradicción entre las declaraciones públicas y las acciones políticas efectivamente ejecutadas, que desgastaron enormemente al colectivo de trabajadores. Por ello el proceso de privatización significó un acontecimiento traumático y un punto de referencia ineludible en tanto provocó no sólo la pérdida del trabajo, sino también la desorganización de las familias, así como los sentidos, valores y experiencias que los identificaban como colectivo de trabajo. Ellos lo recuerdan como un período cargado de presiones, aprietes y continuos rumores que sembraban la desconfianza entre quienes habían trabajado juntos durante muchos años. Frecuentemente se instalaban dentro y fuera de la fábrica todo tipo de sentencias inverosímiles respecto a los posibles despidos e indemnizaciones, que acentuaban la incertidumbre y hacían imposible la vida cotidiana dentro del espacio de trabajo. Los murmullos acerca de “a quien le tocará hoy” “dicen que ya no van a pagar los retiros” “me cambiaron de lugar” “nos sacaron las herramientas”, etc. tornaban agobiante la vida dentro de las fábricas e imposibilitaron, entre otras muchas cuestiones, la construcción de una alternativa colectiva, circunscribiendo la decisión de continuar o no dentro de la fábrica a la opción falaz de los retiros “voluntarios”: “Era más como una cuestión de rumor, que no sabés de dónde sale, que te comentan y que se percibe en el ambiente. Antes de la privatización se escuchaba ‘dicen que SOMISA va a cerrar’, después venían y te decían: ‘dicen que van a echar 1.500’, ‘dicen que ahora echan 20, ‘dicen que ahora echan 200’, ‘dicen que’… nunca nadie podía decir quién lo decía pero esto pasaba. También decían ‘si no privatizan quedan todos en la calle’ con esta cuestión se jugó mucho. La cuestión era quién era el afortunado que se iba a quedar y después la cuestión fue, quién era el afortunado de acogerse al retiro voluntario que no era más que un despido encubierto, obviamente.” (Fragmento de entrevista a ex trabajador de SOMISA).

En particular, los ex trabajadores de SOMISA invocan las condiciones fraudulentas y engañosas que caracterizaron la venta de la principal fábrica nacional de producción de acero, y cómo ello significó entre otras cuestiones, abandonar y regalar el proyecto que fuera impulsado por el Gral. Savio para consolidar una industria de base. Si bien ellos reconocen que existían falencias en la gestión estatal de la fábrica, ello no constituía un argumento suficiente para su privatización, fundamentalmente por el costo social que tuvo para miles de personas, la pérdida del trabajo.
Los retiros voluntarios resultaron una política estratégica en la desarticulación de posibles acciones comunes, tanto durante el proceso de privatización, como posteriormente cuando tuvieron que decidir en qué invertir el dinero. Muchos pensaron que era más conveniente, en última instancia y dadas las condiciones de presión e incertidumbre, aceptar el dinero y buscar un nuevo camino fuera de la fábrica. Pero los resultados que obtuvieron de esta elección no los favorecieron, en tanto fracasaron la mayoría de los emprendimientos que impulsaron de manera individual. De este modo la política de retiros voluntarios no sólo silenció las voces de protesta, sino que tergiversó el sentido de las responsabilidades. La responsabilidad ya no era del empleador que despedía, sino de los trabajadores que no supieron invertir el dinero, omitiendo incluso las condiciones en las que debieron tomar esa decisión.

En este contexto surcado por la incertidumbre y la inestabilidad, dado que desaparecía la estructura de SOMISA como garante de la relación salarial y como marco de referencia de los proyectos y expectativas de los trabajadores, aparece un nuevo énfasis en las responsabilidades y obligaciones de los individuos respecto del deber de tomar iniciativas para asegurar su bienestar. El discurso y las acciones que impulsaron ciertos sectores del gobierno nacional y local durante los años ‘90 para afrontar los altos índices de desempleo, fue exaltar las virtudes de conceptualizar el trabajo bajo el signo del “emprendedorismo”. Estos principios atravesaron tanto las escasas implementaciones de políticas públicas orientadas a la capacitación y reinserción de la fuerza de trabajo, como a los ámbitos más nucleares de la familia o los círculos de amigos. La nueva filosofía de gobierno fue la promoción de diversos emprendimientos productivos a cargo de los trabajadores que cobraron el dinero de los retiros voluntarios. La nueva fórmula del éxito consistía en convertir a los trabajadores en emprendedores, ya que la nueva empresa privatizada les aseguraría la contratación de los servicios (que antes realizaban como trabajadores de la misma).

En este marco la responsabilidad por el fracaso de los “emprendimientos”, no fue asumido por quienes los impulsaron sino trasladada a quienes habían sido expulsados durante el proceso de privatización. El resultado de ese fracaso fue atribuido por algunos sectores del gobierno nacional y local, a la ausencia de una actitud empresarial, visión de negocios, y capacidad de quienes habían formado parte de ellos. Así, resulta sintomático de esta época, los modos en que se instala progresivamente y en diferentes ámbitos un vocabulario que emerge, en este caso, de los discursos legitimadores de las privatizaciones. Dentro de está lógica que subvierte valores y transfiere responsabilidades, el trabajador debe convertirse en un “emprendedor” para advertir que la pérdida del trabajo es una oportunidad para desarrollar, desde su saber y capacidad individual, nuevas formas de autosustentarse y por supuesto ello debe hacerlo de manera rápido y exitosa. Pareciera entonces que la condición de posibilidad para permanecer en el mundo del trabajo y por lo tanto huir de la categoría de “desempleado”, fuera cumpliendo con esa difusa normativa que depende casi exclusivamente de la capacidad de los individuos para emprender la propia vida.

Frente a este escenario de profundos cambios y transformaciones las memorias discurren como procesos en construcción pero también como recursos a los que apelar  en la recuperación y resignificación de ciertos valores, sentidos y experiencias de los colectivos de trabajadores, quienes reconocen experiencias similares cuando construyen una memoria que focaliza en la producción, en la generación de valor, en la reivindicación de una identidad común en torno a la fábrica y en la interpretación de sí mismos como productores, y no como emprendedores. Por el contrario la figura del emprendedor corresponde al período post privatización y se vuelve significativa como vestigio de una memoria interrumpida, donde es más dificultoso construir una trama, es decir una narrativa a través de la cual definir una identidad anudada a un colectivo de trabajo más amplio.

Por todo ello podríamos reflexionar de qué manera los acontecimientos que han sucedido en el pasado tienen una profunda y estrecha relación con el presente e incluso se constituyen en su condición de posibilidad. Es posible que los nuevos vocabularios que exaltan las virtudes de la gestión privada de la siderurgia, más allá de lo económico, estén vinculados a ciertos grupos poderosos que pretenden construir una memoria desconociendo la historia de SOMISA y la trayectoria de sus trabajadores. Por lo tanto, los discursos sobre nacionalizaciones o privatizaciones de ciertas empresas que han sido estatales pueden ser una buena excusa para dar la batalla política con aquellos que aspiran a construir una memoria aséptica que desconoce el pasado de quienes han forjado y continúan forjando con su trabajo los cimientos de lo que hoy se conoce como Ternium- Siderar.

Cynthia Rivero es Antropóloga – Docente e investigadora INTI-UBA. Miembro del Grupo de Antropología del Trabajo – GAT. Es autora del libro Entre la "comunidad del acero" y la "comunidad de María". Un análisis antropológico sobre los avatares sociopolíticos de San Nicolás (Antropofagia, 2008)