Trabajo recortó el 55% de su presupuesto y vació sus políticas públicas
Un detallado y riguroso informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) elaborado a partir de datos oficiales, demuestra el feroz ajuste de Cambiemos que fue acompañado por subejecuciones.
El año en el que la cartera de Trabajo perdió su rango de ministerio, la reducción de su presupuesto general en pesos corrientes (nominales), comparado con 2017, alcanzó los 3.632 millones de pesos, una reducción del 33%. Si le sumamos la erosión de la inflación, el recorte fue del 55% en términos reales.
Además presentó un porcentaje importante de subejecución, que alcanzó el 19%: 1.761 millones de pesos quedaron sin aplicaciones específicas.
El programa que sufrió mayor impacto fue el llamado “Acciones de Empleo”, el cual está orientado a asistir a los trabajadores desocupados en la actualización de sus competencias laborales y su inserción en empleos de calidad. El recorte fue del 75%, casi 4 mil millones de pesos.
La asistencia para la inserción de los jóvenes en el mercado laboral también sufrió el feroz ajuste: el programa llamado “Fortalecimiento del Empleo Joven en la República Argentina” tuvo una erogación de apenas 10 millones de pesos, solo el 15% de todo su presupuesto.
Al revisar el gasto en el área de Trabajo según su ubicación geográfica, se obtiene la conclusión que todos los distritos fueron afectados en términos nominales, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires, que recibió 22 millones de pesos más en relación a 2017.
Los recortes superaron el 60% en el caso de Jujuy; 85% en Tierra del Fuego; 72% La Rioja; 69% Neuquén y Santiago del Estado; 66% San Juan; 64% Chaco; 63% Chubut; y 52% Buenos Aires.
En cuanto a las unidades responsables de la ejecución de los programas, los proyectos y las actividades, la de mayor monto de reducción fue la Dirección Nacional de Promoción del Empleo, con una caída de fondos del 75% en términos reales.
La Secretaría de Empleo achicó unos 663 millones (-77% reales), la Subsecretaría de Promoción del Sector Social de la Economía 186 millones (-52%) y la Secretaría de Trabajo y Dirección Nacional de Relaciones Federales 105 millones (-53%).