Los muertos de Once también son nuestros

Por AGENCIA PACO URONDO

La tragedia ferroviaria que concluyó con 51 muertos y 700 heridos (en su mayoría trabajadores) debe poner en el podio de responsabilidades a la empresa responsable de la concesión. Usuarios, especialistas, organismos auditores y trabajadores del sector vienen señalando desde hace tiempo que el Grupo Cirigliano no hizo las inversiones necesarias para garantizar un servicio de calidad, que entre otras cosas cuide la vida de los usuarios.

En segundo lugar, no puede soslayarse el rol del Estado que no controló debidamente a la empresa, para obligarla a realizar las inversiones adecuadas (que además paga ese mismo Estado), y para que el servicio ofrecido proteja la integridad de los 300 mil laburantes que a diario se movilizan desde el oeste del Gran Buenos Aires hacia Capital Federal.     

Remarcada la anterior trama de responsabilidades, vale proponer una serie de preguntas que nos invocan como militantes kirchneristas. ¿Fue la tragedia de Once la crónica de una muerte anunciada? O de modo más prosaico: ¿es la política ferroviaria del gobierno nacional la simple desidia que profundizó el abandono de los 90 para privilegiar únicamente las ganancias de capitales rapaces?

Si se responde afirmativamente, sirve interrogarse sobre por qué apoyar un proceso político que somete a los trabajadores más humildes a la ruleta rusa del transporte ferroviario.

En cambio, como es nuestra posición, si se considera que el gobierno nacional sí ha invertido en ferrocarriles (aunque de modo insuficiente) y ha generado un esquema que como principal virtud mostró el acceso masivo mediante tarifas accesibles: ¿cómo explicar la masacre?

Hay un consenso aceptado en la militancia en torno a que el kirchnerismo es un frente pluriclasista. Esto es: actores del campo popular aliados a una fracción de la burguesía, preferentemente, la burguesía nacional. Señalar esta alianza implica dos cosas. Primero, que los militantes populares no somos empresarios, es decir, no tenemos porqué asumir su identidad o defenderlos. Segundo, que el proceso político que sí defendemos tiene un componente estructural en el empresariado.

Los hermanos Cirigliano son hoy la cara visible de esa burguesía aliada al gobierno nacional. Su rapacidad no es la única causa del homicidio masivo. Es sencillo apuntar a TBA. Más difícil es preguntarse sobre la capacidad del Estado para disciplinar a esa burguesía y cuál es la base popular que cimenta ese poder.

¿Qué hubiera pasado si desde el campo popular se hubieran organizado marchas o actos denunciando la situación de los trenes en Argentina? ¿No existe ninguna causalidad entre el sindicalismo empresarial de Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria, y el destino de los subsidios que el Estado le otorga al Grupo Cirigliano? ¿Qué otras organizaciones del campo popular no quisieron o no pudieron acompañar a un Estado pluriclasista en su obligación de controlar a la patronal? ¿Está el campo popular preparado para aportar los cuadros de gestión para una posible estatización de los ferrocarriles o el entramado institucional seguirá cooptado por funcionarios formados y financiados por el empresariado?

No se trata de igualar las responsabilidades del campo popular con su aliado empresarial. Pero por impotencia o por incapacidad, ese campo popular no pudo evitar que murieran medio centenar de trabajadores. Esos muertos son nuestros y no los supimos proteger.