Mientras es candidata, Gladys González enfrenta una causa por "estafa, defraudación y malversación"

Por Enrique de la Calle

Fernando Morales es marino mercante y periodista: entre 2011 y 2015, realizó campañas mediáticas para el gremio de los marineros, SOMU. Cuando en febrero de 2016 fue a cobrar honorarios adeudados se encontró con la intervención de Gladys González al frente del sindicato, a partir del procesamiento (hoy detenido) de Omar Suárez. "Por mi experiencia personal me topé con la gente de González y a partir de ahí me fui enterando de muchas cosas", contó López en diálogo con AGENCIA PACO URONDO. 

La actual candidata a segunda senadora nacional por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires enfrenta dos denuncias judiciales por su intervención entre febrero de 2016 y principios de 2017 en el SOMU. Una la lleva adelante Canicoba Corral y otra Servini de Cubría. 

"Canicoba tiene la causa porque González cobraba dos salarios del Estado, uno como diputada y otro como interventora. Cuando saltó el escándalo ella hizo cambiar su recibo de sueldo para que aparezca 'gastos de representación' en vez de salario. Entonces, vos tenías que el SOMU tenía dos interventores que cobraban salario y una (González) que cobraba gastos de representación", describió Morales. 

La segunda casa tiene que ver con el manejo de los fondos del gremio que realizó la gestión de González. Servini de Cubría la investiga por los delitos de "estafa, defraudación y malversación de fondos": "González montó una estructura política en el sindicato SOMU. Lo inundó de personal militante, gente de su confianza, con sueldos muy altos. Esa gente le significaba al gremio dos millones de pesos al mes (más de 20 millones durante el paso de González). Es decir, los pagaban los afiliados", siguió Morales. Se supone que los trabajadores aportaban un 10% a la fundación Pensar, el think tank del macrismo. Así lo denunció Daniel García, ex dirigente del PRO. De esta manera, Cambiemos se financió con plata del SOMU. 

El marino y periodista se enfrentó a la intervención del gremio durante 2016 cuando quiso cobrar sus honorarios adeudados. "Me llamaron y me dijeron que si quería cobrar, debía resignar el 10% de la deuda para la fundación de ellos. Les dije que no y para cobrar tuve que litigar. Tardé un año", recordó. 

"Ahí me enteré que era un modus operandi con muchos proveedores a los que se le debía plata. Se le pedía un porcentaje para cobrar. Yo pude resignarme  porque no necesitaba esa plata para vivir. Pero tal vez otros proveedores no estaban en mi misma situación", concluyó.