Caso Micaela Gaona: la responsabilidad estatal

Por Lucía Barrera Oro

Micaela Gaona tenía 20 años y un hijo. El juicio por su asesinato, pospuesto hasta mayo de este año, se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal n°25 de la Ciudad de Buenos Aires con una querella integrada por Patricia y Lidia Gaona -tía y madre, respectivamente-. El 27 de junio pasado, Lidia pudo brindar testimonio de la violencia vivida por su hija, a través de una videoconferencia desde Londres, donde actualmente se encuentra detenida, consecuencia del abandono estatal y una grave situación económica.

En dicha declaración, realizada gracias a las gestiones de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra la Mujer (UFEM) y la Dirección de Cooperación Internacional y Regional del MPF, Lidia refirió varios hechos contados por su hija y la intención de separarse y poner fin al ciclo de violencias: escenas de celos, hostigamiento, persecuciones, amenazas de muerte -“Dijo que voy a ser de él o de nadie más”-, golpes durante el embarazo. Tanto Lidia como su tía y sus amigas siempre le aconsejaban separarse, pero Micaela sentía miedo: por ella, por su hijo y por su familia.

Tal vez si desde el Estado hubiera existido una red de contención y ayuda a mujeres en situaciones de violencia y vulnerabilidad social, Micaela habría podido separarse y romper ese ciclo en el que miles como ella están inmersas. A raíz de su femicidio, las vecinas del barrio empezaron a organizarse, a tejer esos lazos y formar las redes que aún hoy el Estado pretende negar. De esa organización nace la Cooperativa Mika de servicios de belleza y estética: un espacio autogestionado en el cual realizan reuniones semanales para discutir y reflexionar sobre la violencia de género y pensar estrategias para enfrentarla, y además se dictan talleres de oficio, para que las mujeres puedan lograr una autonomía económica y evitar la profundización de la dependencia que en la mayoría de los casos dificulta la separación con el varón violento.

En el caso de Micaela, después de dos años y medio de una relación en la que las amenazas, la violencia física y verbal eran constantes, el hartazgo la llevó a dar el primer paso para salir del círculo y echar a su novio de la habitación que compartían en la villa 21-24 de Barracas. La noche anterior a su partida, Arzamendía aprovechó el momento en que ella dormía para dispararle en el rostro, evidenciando el grado de agresión y ensañamiento ejercido sobre su persona en un momento de total indefensión.

Una vez más, ante el abandono del aparato estatal que invisibiliza y niega la compleja trama en la que los varones abusan constantemente de las mujeres por considerarlas un objeto a su disposición, se hace presente que la organización y la militancia son herramientas fundamentales para enfrentar la violencia de género porque, efectivamente “si tocan a una, respondemos todas”: fueron las numerosas movilizaciones las que lograron la rápida detención del femicida dos días después del crimen, por ejemplo.

Pasados casi dos años, la familia de Micaela Gaona, sus amigas y amigos aún esperan que la justicia deje de ser un garante de impunidad del machismo y cambie de lado de vereda, brindando una sentencia acorde al crimen perpetrado por Alexis Arzamendía.