“A Garro no le interesan las travestis”

Por Julia Pascolini

AGENCIA PACO URONDO: ¿En qué situación se encuentra la regularización de la Ley de Cupo Laboral Trans?

Claudia Vázquez Haro: No, no hay ningún avance. Está todavía parada. Las reuniones que hemos tenido tienen que ver con ir discutiendo cuestiones formales, pero la verdad que, a mi entender, no hay voluntad política. 

APU: ¿Quién no la tiene o debería tenerla?

CVH: La gobernadora tendría que decir: “hay que aplicar esto”. Las pibas lo están pidiendo. No pueden vivir más en la calle, sobre todo ahora que se agudizaron las prácticas de mano dura, de represión, de persecución, de hostigamiento. La gobernadora tendría que llevar adelante la aplicación de la ley.
No solamente esta nueva gestión no tiene voluntad política, sino que están pensando en generar la vacancia y entonces dicen “veremos cómo hacemos para ir incorporando”. Entonces te das cuenta de que esa ley es imposible. Es decir, aún aplicándola todavía están pensando cómo se van a ir generando esos puestos, porque en teoría no los hay.

La verdad que a veces siento que es una falta de seriedad. Porque se supone que, si es el 1% del total de empleados provinciales que tiene la gobernación, tendríamos que saber que las compañeras tienen que ser contratadas en función a, por ejemplo, que hay 6000 puestos con respecto a los trabajadores que hay en la provincia de Buenos Aires. Esas 6000 compañeras tendrían que entrar, o sea, tendrían que cumplir con la ley. Pero, en cambio, ellos están viendo cómo se genera el puesto. Y en un país donde hay más despidos, yo me pregunto cómo se va a llegar a la completa aplicación de la ley.  

APU: ¿Y qué sucede con aquellos puntos de la ley que  continúan siendo criminalizadores y que se aspiraba a modificar? Como por ejemplo la cuestión de los antecedentes penales. 

CVH: En las discusiones se avanzó, pero cuando lees el texto sigue siendo profundamente reglamentario. O sea, va a haber un problema con las que no hayan terminado los estudios, y con las compañeras que tienen antecedentes penales. Las migrantes quedan afuera. Pareciera mentira que, mientras las argentinas están peleando políticas públicas que no retrocedan en lo que se consiguió con respecto a la salud, nosotras estamos peleando por la libertad, por poder caminar y transitar en la vía pública. Estamos peleando para que no nos lleven detenidas, no sólo por trans, sino también por migrantes. 

APU: ¿El año anterior el intendente de La Plata Julio Garro planteó la posible mudanza de la Zona Roja hacia otro espacio de la ciudad ¿Cuál fue su respuesta? 

CVH: El problema es que la medida que llevan adelante es la persecución. O sea, no hay propuesta ni la va a haber. Porque, en realidad, las organizaciones no queremos solamente institucionalizar un lugar para la prostitución, sino que lo que nosotras queremos es que el estado implemente políticas públicas. Porque de las compañeras, un 75%, no quieren estar más paradas en la calle prostituyéndose.

En una reunión que tuvimos con Ponce, que es el presidente del Concejo Deliberante, nos dijo: “bueno, júntense y después vemos de reglamentar la ley de cupo”, que nosotras también presentamos con Florencia Saintout en 2012/2013. No hay voluntad política, nosotras en su agenda política no existimos.

A Garro no le interesan las travestis, de hecho en su campaña de gobierno fue bien claro, dijo que él no iba a dar trabajo a una trans porque sería como legitimar la delincuencia. O sea que asocia identidad con delincuencia, ese es su pensamiento. De Macri para abajo, por más que utilicen otro tipo de discursos, o a veces se cuiden o se midan, no les interesa. Y lo lamentable de esto es que hay sectores de la diversidad sexual, que son la hegemonía en la Argentina, que se terminan sentando con el macrismo y negociando en detrimento de toda la violencia, persecución y muerte de una compañera en un penal. 

APU: ¿Y cómo es la relación con la Federación Argentina Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans/travestis? 

CVH: No, nosotras no tenemos ninguna relación porque no negociamos la vida de nuestras compañeras. Porque tenemos bien en claro lo que tenemos que exigirle al estado y, como militantes, tenemos el deber de exigirle al estado que cumpla con políticas públicas  garanticen el derecho para nuestro colectivo.