Poder judicial patriarcal: avanza la causa contra los jueces que absolvieron a los femicidas de Lucía Pérez

Por Camila Ristoff | Foto: Dani Morán

El 23 de noviembre de 2021 se decidió por unanimidad la admisibilidad del enjuiciamiento contra los magistrados del Tribunal Oral Criminal N° 1 de Mar del Plata, Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Javier Viñas, además de la suspensión provisoria en sus funciones y la retención de un 40% de su sueldo. El pedido de enjuiciamiento se debió a la sentencia dictada en el caso de Lucía Pérez, la cual, sin perspectiva de género y de modo totalmente arbitrario, dejó impune a sus femicidas. 

El 8 de octubre de 2016, Lucía Pérez, una adolescente de 16 años, fue drogada, violada y asesinada. Los imputados por los hechos fueron Matías Farias, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel. 

Este femicidio unió a las voces feministas en el Primer Paro Nacional de Mujeres, que se llevó adelante en octubre de 2016. Una marea de personas salió a las calles para exigir una vida en la que ser mujer no sea condición de peligro; a exigirle al Estado que deje de propiciar y tolerar las violencias diarias.

Sin embargo, los jueces del Tribunal Oral Criminal N° 1 de Mar del Plata, Aldo Daniel Carnevale, Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Javier Viñas, quienes debían decidir en la causa seguida contra los femicidas de Lucía Pérez, se mantuvieron alejados, no solo del sentir de esas calles, sino también de sus deberes como funcionarios públicos que implican, mínimamente, ajustarse a los deberes y mandatos de nuestra Constitución Nacional. 

Su sentencia se constituyó en un conocido y triste ejemplo de cómo los estereotipos de género se cuelan en los sistemas de justicia a través de sus operadores/as. Especialmente, cuando siguen resistiéndose a las capacitaciones en perspectiva de género, minimizando la violencia estructural contra las mujeres y, peor aún, reproduciéndola institucionalmente. 

La sentencia del Tribunal dijo poco sobre los hechos y las pruebas, pero mucho sobre Lucía y su estilo de vida, para sugerir casi explícitamente que ella no era una mujer fácil de ser violada. Llegando, incluso, a entender que una persona que compra Cindor (chocolatada) y facturas no es alguien que esté pensando en cometer una violación. 

Con estos y otros razonamientos arbitrarios y estereotipados, los jueces absolvieron de la violencia sexual y el femicidio a los imputados, y del encubrimiento a uno de ellos, condenando a Farias y Offidani por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Una sentencia que no solo revictimizó a una joven asesinada, sino que también condujo a una impunidad dolorosa e imposible de entender.

Esta decisión del Tribunal fue revocada por la Cámara de Casación, Sala IV, en agosto del 2020, quién dispuso la realización de un nuevo juicio, lo cual se confirmó en mayo de este año por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, los jueces de primera instancia, Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, fueron acusados a la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados/as, por la parcialidad, prejuicios y estereotipos sexistas y discriminatorios con los que decidieron en el caso. El tercer juez, Aldo Daniel Carnevale, se jubiló en el año 2019. 

Finalmente, este semana se decidió la admisibilidad del juicio contra los dos jueces, la suspensión provisoria en sus funciones y la retención del 40% de su sueldo, por decisión unánime del jurado bonaerense, acompañado nuevamente por la movilización social que continúa exigiendo justicia. Queda pendiente así la realización del juicio en su contra, donde, luego de producirse la prueba, se decidirá su destitución o no como funcionarios y servidores públicos. 

Pasos hacia un sistema judicial más justo

Días atrás, el 18 de noviembre de 2021, fue destituido por la justicia tucumana el juez penal Juan Francisco Pisa, juzgado por incumplimiento a sus deberes de funcionario público tras no brindar una tutela efectiva que pudo haber impedido el femicidio de Paola Tacacho. 

Como vemos, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, el Estado dió muestras de la no tolerancia a actuaciones y decisiones que, alejadas de la perspectiva de género, minimizan la violencia o juzgan la vida de las mujeres para dejar impunes los actos de aquellos que se la arrebataron. 

Aunque la sentencia del tribunal marplatense no deja de evidenciar la vigencia de prácticas patriarcales al interior de nuestros tribunales, es también un símbolo para el impulso de enjuiciamientos a jueces/as que obstinadamente ejercen sus funciones en forma contraria a la Constitución Nacional. Asimismo, es un fundamento contundente para avanzar en una reforma judicial feminista, por la que pugnamos quienes deseamos construir sistemas de justicia igualitarios, no discriminatorios y enmarcados en los principios constitucionales e internacionales de derechos humanos. 

Enjuiciamientos de este tipo son un avance en la construcción de esos sistemas judiciales que anhelamos dentro un Estado que ha sabido normar y reconocer derechos, pero flaquea bastante al momento de garantizarlos.