¿Por qué la comunidad LGTB habla de "30.400 desaparecidxs"?

Este 24 de marzo se conmemora el aniversario número 47 del golpe que instauró la última dictadura en Argentina. Desde hace unos años las organizaciones de derechos humanos de la diversidad sexual y de género han comenzado a levantar la bandera de les 30.400 desaparecides. ¿Por qué 30.400? ¿De dónde sale ese número? ¿Hubo un plan sistemático para destruirnos? Vayamos por partes

El número 30.400 traza sus orígenes a Carlos Jáuregui, histórico militante de la causa de la diversidad sexual. En su libro La Homosexualidad en Argentina, de 1987, Jáuregui relata que un integrante de la CONADEP le había confirmado que al menos 400 integrantes de sus listas eran homosexuales, y que habrían sido víctimas de un especial ensañamiento por parte de los genocidas, al igual que los desaparecidos judíos. Años más tarde Jáuregui confirmaría que su fuente fue el rabino Marshall Meyer.

Si lo pensamos, es un número muy chico. 400 es poco más del uno por ciento de 30.000. Lo esperable sería que el número real sea mucho mayor.

Por otra parte, tenemos muchísimos testimonios de otras víctimas del terror estatal por aquellos años. En aquella época regían los edictos policiales, normas creadas y ejecutadas por las propias policías, que generalmente creaban excusas para permitir detenciones, como por ejemplo escándalo público, oferta de sexo o travestismo. En la Capital Federal el edicto más usado para detener integrantes de la comunidad LGBT era el infame 2ºH. 

En general, la mayoría de los detenidos por el 2º H eran condenados a penas de arresto de 30 días, a cumplir en comisarías o en la Cárcel de Devoto. En ambos casos las condiciones de detención eran deplorables, incluyendo frecuentes torturas. 

Hubo casos en los que la represión policial de las disidencias sexuales y el terrorismo de estado terminaron entrelazados. Uno de los casos más paradigmáticos es el de Valeria del Mar Ramírez, la primera travesti en declarar en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Valeria fue detenida y torturada en el Centro Clandestino de Detención conocido como el Pozo de Banfield. Afortunadamente Valeria logró sobrevivir para contar su historia. Otres no tuvieron la misma suerte.

Pero al margen de todas estas experiencias, hay algo que hace un poco de ruido: en muchos sentidos, la dictadura representó más continuidades que rupturas en el trato del estado a las minorías sexuales y de género.

La represión estatal a nuestras existencias no comenzó el 24 de marzo de 1976, sino que fue una constante a partir de la posguerra. Todos los gobiernos, tanto democráticos como de facto, fueron parte de la persecución a todo lo que saliera de la norma. El nefasto edicto 2º H que mencioné hace un rato entró en vigencia en 1954, durante el segundo mandato de Perón. El comisario Magaride, encargado de reprimir toda forma de sexualidad no acorde a los cánones eclesiásticos, llegó a su cargo durante el mandato de Arturo Frondizi.  Nadie se salva en esta, con la posible excepción de la primavera camporista de 1973, que duró demasiado poco.

También es cierto que esto no fue una particularidad argentina, sino que era la norma en todo occidente. Sobran ejemplos de Europa (como la condena a Alan Turing, pionero de la computación en el Reino Unido) o en Estados Unidos (con la persecución encabezada por el senador Joseph McCarthy). Incluso en los espacios políticos de izquierda éramos indeseables. Muchos de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual habían sido expulsados del Partido Comunista.

Y la vuelta a la democracia el 10 de diciembre de 1983 tampoco fue una liberación de la violencia estatal. Tras una euforia inicial, las razzias policiales en espacios de disfrute y socialización se volvieron habituales. La Comunidad Homosexual Argentina, primera gran organización de los derechos de la diversidad sexual de la nueva etapa democrátical, tuvo como primer objetivo político el cese de los edictos policiales. Las normas contravencionales que castigaban el travestismo se mantuvieron en vigencia en muchos casos hasta entrado el siglo XXI.

Sin embargo, no se puede dejar de marcar una diferencia sustancial, que hace que la represión durante la dictadura tenga un carácter único y especialmente nefasto: la imposibilidad de la militancia colectiva. 

Desde fines de los 60s se había creado en nuestro país un movimiento político para garantizar nuestros derechos. En primer lugar el grupo Nuestro Mundo, fundado en noviembre de 1967, y posteriormente el Frente de Liberación Homosexual desde 1971 canalizaron la lucha política contra la represión estatal. Durante los meses de gobierno de Héctor Cámpora incluso se produjo un acercamiento a algunas dependencias estatales, y se editaron las primera publicaciones periódicas de la comunidad, como la revista Somos.

El Frente fue disuelto en 1976, tras el recrudecimiento de la represión durante la dictadura. Muchos de sus integrantes fueron exiliados. Recién en 1984 se produce el segundo momento de lucha colectiva importante, con la creación de la CHA que relatábamos antes. Con altibajos, ese momento fundante nos trajo hasta hoy.

Tal vez la mayor ruptura de la dictadura fue esta, la de inhabilitar la posibilidad de lucha. La represión existió desde antes y siguió existiendo por décadas. Sin embargo, ningún otro gobierno bloqueó la posibilidad de resistir y reclamar por nuestras existencias.

Y me gusta pensarlo así por otro motivo: no somos un colectivo de víctimas. Si, nos han victimizado sistemáticamente. Pero lo que nos hacen no es lo que somos. Antes que nada, somos un colectivo que lucha. Incluso en el testimonio de Valeria del Mar está presente esto: al indagar sobre por qué ella fue chupada por las fuerzas, la respuesta fue que ella era la cabecilla de su grupo. El verdadero objetivo de la dictadura siempre fue quebrar la organización popular, incluyendo la nuestra.