"EEUU debe asumir la responsabilidad de los actos ilegales del juez Griesa"

El canciller Héctor Timerman  dejó en claro hoy: “vamos a seguir exigiendo que EEUU respete el derecho soberano de seguir pagando la deuda sin interferencias violatorias al derecho internacional” y agregó que Argentina seguirá insistiendo ante tribunales y organismos internacionales para concluir este proceso de reestructuración de deuda que comenzó en 2005, "en forma justa, legal, equitativa al ciento por ciento de los bonistas".

En una conferencia de prensa que ofreció este mediodía en la Casa de Gobierno Timerman dejó en claro que la demanda presentada ante el Tribunal Internacional de La Haya es “contra los Estados Unidos, en el marco de la controversia entre estados y no contra los fondos buitre, ni de revisión de las decisiones adoptadas por la Justicia”.

La controversia es porque “las decisiones de los tribunales de EEUU comprometen  la responsabilidad internacional de dicho país” y violan  la responsabilidad del estado, según la Carta de Naciones Unidas. Timerman ofreció una conferencia de prensa junto al Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, sobre la presentación ante el tribunal internacional.

El canciller dijo luego que es “producto de cierta ignorancia” el planteo del principio de división de poderes,  “que son inoponibles ante el tribunal internacional, para desligarse del hecho ilícito. EEUU debe asumir la responsabilidad de los actos ilegales del juez (Thomas) Griesa” reafirmó. Explicó que una de las decisiones sobre el pari passu “no solo es arbitraria; se extralimita en la competencia de los jueces”  ya que abarcó bonos “que no estaban judicializados, afectando a la inmensa mayoría que aceptaron el canje y no son parte del proceso iniciado por los fondos buitre”. Dejó en claro, además que la Argentina “no cedió su soberanía” y por lo tanto el juez Griesa “debe respetar el derecho internacional”.

Se busca, dijo el canciller,  “estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad de otro estado miembro de la ONU” para que la Argentina “no pueda llegar a cumplir el pago de los bonos, forzando su decisión   soberana de reestructurar su deuda”.

Comparó la situación actual con la coerción militar contra Venezuela en 1903, señalando que es una versión moderna de bloqueo; aquella –recordó- dio lugar a la llamada ‘Doctrina Drago’, esgrimida por el canciller argentino Luis María Drago, base legal de que no se pueden cobrar deudas soberanas por la fuerza.

Timerman denunció además una campaña de agravios de parte de miembros del Congreso de los EEUU. Dijo que políticos han recibido de parte de Paul Singer y sus empresas donaciones directas por más de diez millones de dólares que tienen una única finalidad, que es forzar a la Argentina a pagar a los fondos buitre, para lo cual se ha formado un ‘Grupo de tareas’ sobre la Argentina.

Timerman señaló que la decisión de presentar la demanda se tomó luego de que tres funcionarios, entre ellos él, fueron informados en forma oficiosa de que funcionarios del Poder Ejecutivo de los EEUU habían sido instruidos –por el departamento de Estado y el departamento del Tesoro- a no dialogar con funcionarios de la Argentina sobre la deuda y la reestructuración de la deuda.

Además en el debate de la Organización de Estados Americanos sobre el tema, salvo estados Unidos y Canadá, todos respaldaron el trabajo argentino. EEUU dijo que no iba a emitir opinión sobre el tema por la separación de poderes. El canciller ratificó que se trata de una demanda ante la Corte Internacional de La Haya “por una violación directa a la soberanía, emanada de una decisión judicial de estados Unidos”.

Dijo que después de la presentación, el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, a través de funcionarios del Departamento de Estado y otra del Departamento del Tesoro, que pidieron no ser identificados, por canales mediáticos de terceros,  rechazaron la jurisdicción de la Corte.

Timerman denunció que EEUU no ha contestado “ni al país, ni a la Corte, si acepta dirimir la controversia nacida de las decisiones ilegales que su país ha permitido, violando la soberanía de la Argentina”. Dijo que Argentina optó por presentarse ante la Corte aún sabiendo que EEUU podría negarse a presentarse ante una Corte imparcial, sabiendo que en varias oportunidades no ha acatado las sentencias de la Corte en contra de sus acciones violatorias al derecho internacional”.

Precisiones de Capitanich

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, precisó que la demanda se presentó el 7 de agosto último y agregó que se trata de una disputa concerniente a decisiones de la Justicia de EEUU que afectan la reestructuración de la deuda soberana de la Argentina. “El rol de la Argentina tiene que ver con la defensa de su soberanía y entender que la aplicación de una serie de acciones o medidas, han impedido objetivamente el cobro de parte de los acreedores y esto ha generado obstáculos para el proceso de reestructuración y constituye una violación de la soberanía argentina y de sus inmunidades”, dijo el Jefe de Gabinete.

Comparación con el caso de Ghana

Por su parte, la Consejera Legal de la Cancillería, Susana Ruíz Cerutti, señaló que cuando un juez de primera instancia de la República de Ghana decidió embargar la Fragata Libertad, el gobierno de ese país explicó que existía la división de poderes y que a pesar de no estar de acuerdo con la dedición del magistrado no podía hacer nada.

Cerutti argumentó que por eso la Argentina se presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo donde planteó que la Fragata libertar tenía inmunidad por tratarse de un buque de guerra. Dos meses después, el tribunal de Hamburgo se pronunció  a favor de la Argentina  y el poder ejecutivo de Ghana acató el fallo de manera inmediata al dejar salir del puerto a la Fragata Libertad. “Ghana se presentó y cumplió inmediatamente el fallo del tribunal”, remarcó.

La funcionaria señaló que luego del fallo del tribunal del Mar, la Corte Suprema de Ghana tomó ese fallo  internacional y emitió una acodada en la que ordenaba a todos sus jueces de primera instancia aplicar esa jurisprudencia por la cual se garantizaba la inmunidad de los buques de guerra. “El recurso del Tribunal del Mar le facilitó a los dos estados la solución de una controversia, en la cual Ghana había invocado la división de poderes, y ante una decisión de un tribunal internacional, la Corte del país se avino a considerar el criterio correcto. Esto le facilitó a los dos estados recuperar la excelente relación bilateral”, explicó Ruiz Cerutti.

La asesora legal de la Cancillería indicó que en el caso de Thomas Griesa se está también ante un juez de primera instancia que falló en contra de la República Argentina. “¿Que dice EEUU? Que esto es una decisión del poder judicial, que existe la división de poderes, es decir, la misma argumentación que la República de Ghana”, explicó la funcionaria.  Cerutti aseguró que según diversas cláusulas de la carta de la ONU “los estados son responsables de las decisiones de todos los poderes de su país”, y remarcó que EEUU “es responsable de los actos de su poder judicial, sean de tribunales nacionales, estaduales o municipales”.

La funcionaria de la Cancillería explicó que se presentó ante la Corte Internacional de La Haya porque es el organismo de resolución de controversias entre Estados de la Organización de las Naciones Unidas, y la demanda es contra EEUU porque debe hacerse responsables de los fallos de su poder judicial. “EEUU responde por los hechos ilícitos de su poder judicial”, finalizó la asesora legal de la Cancillería.