USINA: "Por fuera de la democracia, nada"

Es imposible no estar aturdidos frente a la muerte violenta de un fiscal federal. Resulta también muy difícil sobreponerse al titular obvio, sensacionalista, e imprudente que rezó: "Aparece muerto fiscal que días atrás denunció a la Presidenta". No preguntar por las razones que alentaron al fiscal Alberto Nisman a presentar una denuncia judicialmente endeble, probatoriamente inacabada y políticamente temeraria, es ocultar las razones de su muerte. Por temeridad, o por temor, los últimos días de la vida del fiscal se desencadenaron dramáticamente, y eso merece una explicación.

La envergadura de los acontecimientos, desde el atentado a la Embajada de Israel en 1992 hasta lo ocurrido hoy, exige mayores complejidades, que inevitablemente nos llevan a poner el ojo en las direcciones en las que fue orientada la investigación.

A la fecha poco se pudo avanzar en la causa AMIA, en gran parte debido a que los esfuerzos estuvieron concentrados en desandar un camino dirigido minutos después del atentado, un camino equivocado que sólo trajo impunidad y dolor. Quienes condujeron la investigación solamente produjeron más mentiras y confusión, desviando interesadamente los señalamientos y las imputaciones, plantando pruebas, financiando testimonios y ocultando evidencias. Se perdieron minutos, horas y años fundamentales para esclarecer los hechos. Recién en el año 2004 se comenzó a desandar el camino de la impunidad, desplazando a quienes la habían garantizado sin impedimentos desde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y especialmente desde el fuero Federal. Sin embargo, pervivieron los metejones judiciales entre quienes habían alentado la pista iraní, custodiándose en intereses geopolíticos -siempre negociables- más que en el derecho a la verdad, que afirmamos jamás debe ser negociada.         

El fiscal Alberto Nisman sostuvo invariablemente una línea de investigación que en diez largos años produjo pocos avances. La única variante fue una propuesta que siquiera provino de él: el memorándum con Irán, que de lograr las indagatorias de los imputados persas hubiera evitado el naufragio judicial definitivo, y que constituía la única salida (o el último intento) por darle una continuidad posible a un camino iniciado y desviado hacía ya mucho tiempo.

Existe un factor ineludible en estos 21 años de investigación: las pruebas requeridas por los sucesivos fiscales y ordenadas por los sucesivos jueces de la causa fueron producidas, y a veces aportadas, por el organismo de inteligencia federal. Actualmente, la Secretaría de Inteligencia se encuentra en un proceso de reforma ordenado por nuestra Presidenta, que hasta ahora produjo cambios nominales, y no por eso cosméticos. La reciente salida de quien estuvo a cargo de la Dirección General de Operaciones, Antonio Stiuso, no puede ser entendida como un simple cambio de nombres, sino como parte de una decisión política que sólo puede ser atravesada con mayor transparencia, más institucionalidad y más democracia, a la que se le oponen la violencia política y el juego de extorsiones en el que se montan las corporaciones que este gobierno ha enfrentado.

Este lunes, el diario Clarín publicó un artículo con el poco presagioso título "La muerte de Nisman frenó los cambios en la SIDE", en el cual se sostiene que las modificaciones en la nómina de personal dejaron "desprotegida" a la oficina de inteligencia. Nos preguntamos ¿Respecto de quién? ¿Quién "protege" a los servicios? ¿Acaso no es el propio estado? En el artículo se atribuye el estado de zozobra a la ruptura de las relaciones con la CIA y el Mossad. El mismísimo Miguel Ángel Toma (director durante el gobierno de Eduardo Duhalde, y Secretario de Seguridad Interior durante el gobierno de Carlos Menem) afirmó que "luego de semejante purga y con el memorándum caído, estamos en riesgo cierto de un tercer atentado". La afirmación constituye una amenaza directa al poder político y a las instituciones: si siguen con los cambios en la SIDE, va a haber otro atentado. Tristemente el atentado ya se produjo: es la denuncia y la muerte de Nisman, del cual se derivan este rosario de extorsiones de los que quieren sostener privilegios enquistados en el estado desde hace décadas.   

Es evidente que quienes pretenden desconocer la ligazón que existe entre los cambios que se están produciendo en el área de inteligencia con lo ocurrido con Nisman eligen preservar el estado actual de las cosas, y son responsables de agravar sus consecuencias. Corremos la misma suerte si no asumimos que Nisman fue objeto de una encerrona mafiosa destinada a aminorar el ritmo de esos cambios hasta detenerlos.

La desatada estrategia mediática de endilgarle al gobierno -sin el más ínfimo sostén probatorio-  el asesinato a sangre fría de Alberto Nisman no hiere a Cristina Fernández de Kirchner, que visualiza en este entramado de amenazas y extorsiones el verdadero corazón del problema. Más bien, el griterío irresponsable daña a las instituciones democráticas, que se ven reducidas a la mínima expresión en el momento en que deben fortalecerse para evitar mayores males. Señalar a la corporación mediática como responsable de una confabulación puede ser útil para comprender los efectos de su manipulación miserable y desnudar las razones de su virulencia, pero no debe desviar la mirada de donde debemos poner el foco: convertir definitivamente a las fuerzas de seguridad e inteligencia en parte de la democracia, para que de una vez dejen de ponerla en duda.     

Así, la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso constituye un audaz paso del Gobierno Nacional para mejorar la calidad de la democracia, en el marco de las instituciones y con la intervención efectiva del parlamento, jerarquizando un sistema de inteligencia que provea sensible información a los poderes públicos (que de otra manera estaría a exclusiva disposición de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) para la protección de los intereses soberanos de la población. De lo que se trata es de desarticular las trabas que impedían a los poderes elegidos por el pueblo tomar la dirección de las políticas de inteligencia, dotando de mayor responsabilidad orgánica a quienes las conduzcan, y generar impedimentos para los posibles abusos

Los ítems que articulan el proyecto enviado por la Presidenta al parlamento son de una significancia vital: dirección política de la nueva agencia con acuerdo del senado; obligación de todas las relaciones y actividades de la nueva agencia de pasar por los funcionarios políticos, limitando la autonomía de los agentes; determinación rigurosa de las áreas que involucran a la actividad de inteligencia; interceptación de comunicaciones a cargo del Ministerio Público Fiscal.

Esta última medida, constituye una reforma sustancial en un tema de muchísima sensibilidad. El traspaso de esta responsabilidad al MPF pone las cosas en su correcto lugar, siendo que la autorización para interceptar comunicaciones corresponde a los jueces y son los fiscales quienes tienen a su cargo la producción de la prueba en las causas penales. Sólo la mezquindad y estrechez de mirada que caracteriza a la oposición puede justificar que se opongan a este punto de la reforma en función de la circunstancial conducción actual del Ministerio Público. Posición incomprensible, siendo que -correctamente- el proyecto enviado por la Presidenta quita esta función a un organismo dependiente del PEN para otorgársela a un organismo extra poder.

Más allá de las especulaciones sobre la muerte del fiscal, la propuesta de este proyecto político reproduce una lógica que tuvo su máxima expresión en el período 2008- 2011: ante la crisis política, recuperar la iniciativa con más fuerza ampliando la democracia hacia afuera de la estructura estatal o, como en este caso, hacia adentro. La creación de una agencia federal de inteligencia más transparente hacia los demás poderes y la ciudadanía es mucho más que resolver un problema de gestión de la seguridad democrática. Implica inundar con más democracia y estatalidad los bolsones de autogobierno y presión, zonas marrones del estado en las que el vacío de instituciones democráticas a través de las cuales se debería cumplir la ley es llenado, a cambio, por los intereses sectoriales y su capacidad para apropiarse del estado y sus normas. La totalidad del arco político tiene frente a sí la posibilidad de posicionar la institucionalidad democrática en la conducción del sistema de inteligencia estatal, frente a un riesgo cierto de que estos sectores autonomizados excluyan a los sectores representativos de la determinación de las políticas que la Argentina lleva adelante.

Creemos que la responsabilidad de las organizaciones democráticas del campo popular en este contexto es, en primer lugar, sostener este proceso de cambio profundo de las instituciones de inteligencia sin aceptar ningún tipo de retraso, freno, o negociaciones que vayan en sentido contrario a esta transformación; en segundo lugar, aportar a generar conciencia acerca de que, más allá de cualquier discurso sobre la capacidad transformadora del estado y la política, los cambios institucionales que no generen nuevos esquemas de incentivos en el control no van a resolver el problema de autogobierno de, en este caso, la inteligencia nacional; en tercer lugar, buscar las herramientas necesarias para que nuestro pueblo tenga la democracia que se merece, libre de presiones de grupos mafiosos, donde el voto popular sea la institución por encima de todo esquema pretoriano y extorsionador. Este pueblo fue a la Plaza de Mayo en la semana santa del 87´ dispuesto a defender el poder constitucional por sobre el pretorianismo militar; este pueblo juzgó y condenó a sus represores; este pueblo buscó incansablemente la reparación histórica y la búsqueda de la identidad. No se merece nada menos que esto.

Contacto prensa: Martín Antoniucci, m.aantoniucci@gmail.com