Raúl Zaffaroni hablará con la militancia sobre la necesidad de una nueva Constitución Nacional

Por Álvaro Erices*

Con el objetivo de plantear ejes temáticos estratégicos para la formación política de la militancia peronista y popular es que Grupo Ongaro ha venido desarrollando las I Jornadas de Formación Política Raimundo Ongaro.

La primera charla de las Jornadas la impartió Alicia Castro, co-fundadora del MTA y ex embajadora en Reino Unido y de la República Bolivariana de Venezuela, y se debatió sobre la pregunta: ¿Es la política internacional la verdadera política? Recordando la mítica frase que Juan Perón solía decir como eje de interpretación de la política. La segunda charla profundizó acerca del significado e importancia del Sindicalismo de Liberación y tuvo como expositor principal a Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y co-fundador de la Corriente Federal de Trabajadores. En esa oportunidad, además, recibimos la adhesión y afectuoso saludo de Lorenzo Pepe, historia viviente del peronismo y actual secretario general del Instituto Nacional Juan Domingo Perón.

Es así que este viernes 27 de agosto a las 20hs, vía Zoom y Facebook Live, debatiremos sobre la siguiente pregunta: ¿Necesitamos una nueva Constitución Nacional? Para contestarla tendremos el gusto de escuchar a Raúl Zaffaroni, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los antecedentes demuestran que la historia constitucional de la Argentina ha sido compleja y fruto de las pugnas ideológicas y políticas que cada época ha generado. El ejemplo más emblemático del siglo XX fue la Constitución de 1949 que al día de hoy podría ser considerada de avanzada debido a la profundidad de sus contenidos: derechos de trabajador a la capacitación, al bienestar, a la preservación de la salud, al mejoramiento económico, a la seguridad social, a la defensa de los intereses profesionales; derechos de la familia al “bien de familia” garantizado por ley especial, a la atención y asistencia a la madre y el niño; derechos de la ancianidad a la vivienda, a la alimentación, al vestido, a la salud física, a la tranquilidad, al respeto; no admisión del racismo, función social de la propiedad, recursos naturales en cabeza de la Nación y no de las provincias, y la lista sigue.

La necesidad de pensar una nueva Constitución Nacional llama a reflexionar qué pasaría si los fenómenos actuales que producen desestabilización política llegaran a ser controlados bajo una institucionalización que tienda al bienestar de las grandes mayorías nacionales. ¿Se puede pensar en un nuevo enfoque de la Justicia?, ¿Qué pasaría si la AUH y la política de previsión social se vuelven derechos constitucionales?, ¿Qué ocurriría si la Comunicación es instaurada como derecho fundamental?, ¿Es viable pensar en pleno siglo XXI la función social de la propiedad?, ¿Qué pasaría si logramos vencer la enorme informalidad laboral y la estabilidad del trabajo se convierte en derecho constitucional de absolutamente todos los trabajadores y trabajadoras? 

Llegó la hora de discutir realmente todos los vicios de ilegitimidad con los cuales fue construido el andamiaje constitucional en el que actualmente vivimos. En el derecho se conoce como “orden de prelación” al que debe existir entre el “Poder constituyente” y el “Poder constituido” (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial). El primero siempre debe preceder al segundo y no al revés. Es decir, jamás un constituido se puede arrogar el poder de modificar lo que decide la Convención convocada al efecto. Esto fue lo que ocurrió en la aberración decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Fayt” (1999) y que muchos años después se subsanó en el fallo “Schiffrin” (2017) mediante el concepto de “deferencia” que se debe tener ante lo decidido por la Convención.

Por supuesto, en 1956 la teoría constitucional no se respetó y un bando militar de la “Revolución Libertadora” derogó la Constitución de 1949. A partir de ahí, pasaron décadas -reformas de 1957 y de 1972 mediante- hasta que en 1994 la Ley 24.309 que declaró la necesidad de la reforma constitucional tampoco agregó como antecedente a la Constitución de 1949. Un historial de silencios, defecciones e infiltraciones. ¿Qué significa todo esto? A pesar de la violencia oligárquica que quiso eliminarla del eje temporal mediante una proclama, todos esos derechos provinieron de un sentido de la vida profundamente justicialista: la dignidad humana y el bien común. Ese crecimiento colectivo, tanto intelectual como espiritual, fue lo que desató una violencia que veinte años después produjo el Golpe de Estado de 1976. 

Entonces, esa Revolución Peronista producida entre 1945 y 1955, cristalizada institucionalmente en 1949, fue lo que las potencias imperiales colaboraron en marchitar. Por eso no es casualidad el surgimiento de la Resistencia Peronista. Los históricos Programas del Movimiento Obrero de La Falda (1957), Huerta Grande (1962), fueron impulsados a instancias del dirigente textil Andrés Framini y tomaron por norte mucho de lo que decían los artículos de la Constitución de 1949, sobre todo el artículo 40, ese que Raúl Scalabrini Ortiz denominó “Bastión de la República”. Y claro, era el que sostenía que la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, que el Estado podrá intervenir en la economía para salvaguardar los intereses generales, que los recursos naturales deben estar en cabeza de la Nación y que los servicios públicos pertenecen al Estado.

Vivimos una época en que la unidad de la militancia, la formación política y el buen trato entre compañeros y compañeras son herramientas fundamentales para contrarrestar la irracionalidad y la forma violenta de vinculación que quiere imponernos la oposición mediático-política.

Estamos en medio de una campaña electoral previa a las PASO del 12 de septiembre de 2021 y la mayor parte de la información la acaparan las chicanas políticas, fotografías y videos que intentan darnos lecciones de moral cuando en realidad fue la actual oposición política al Frente de Todos quienes durante 2015-2019 literalmente se fugaron el mayor préstamo que en toda su nefasta historia el FMI le dio a un país.

“El poder no se cuestiona a sí mismo, cuestiona al pueblo en sus errores”, expresó categóricamente CFK hace unos días atrás en el barrio Isla Maciel de Avellaneda. Es por esto que desde Grupo Ongaro nos decidimos a no caer en el juego del adversario y cerrar filas comprendiendo que la necesidad histórica hoy es la unidad del Frente de Todos.

Nuestra propuesta de formación es intentar elevar el nivel de debate político poniendo temas de peso sobre la mesa y que hagan crecer el interés por aprender las cuestiones que hacen a la cosa pública.

¿Cómo podremos pensar una Argentina grande si no controlamos el sistema financiero, si las multinacionales controlan los puertos, si no se considera a la Comunicación como un derecho fundamental, si de 2015 a 2019 nos legaron una deuda externa impagable en el mediano y largo plazo, si los recursos naturales no están en cabeza de la Nación y si no hay un Poder Judicial que tienda al bienestar de las grandes mayorías nacionales?

Si Arturo Sampay viviera se sumaría a esta charla. ¡Te esperamos!

El link de Zoom es: https://us02web.zoom.us/j/82444825733?pwd=RTRPMzlrMkM4bE5nbHhGb3J0bWg5QT09

ID de reunión: 824 4482 5733

Código de acceso: 109827

Facebook Live se transmitirá desde el siguiente enlace: https://www.facebook.com/grupoongaro/  

Adhesiones: Federación Gráfica Bonaerense (FGB), Dr. Héctor Recalde, Centro de Estudios para el Movimiento Obrero (CEMO), Generación Patriótica (GP), Juventud Sindical de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (JS APSEE), Corriente Peronista 13 de Abril de San Vicente (CP13A San Vicente), Juventud Federal Organizada Argentina (JuFOA), La Cámpora Templanza Suramericana (LC TS), Estudio Jurídico F&S y Ediciones Manutara.  

*Abogado UBA y referente del Grupo Ongaro