El debate sobre la sindicalización
Por Nicolás Adet Larcher
La creciente expansión de protestas salariales a lo largo y ancho del país que involucra a miembros de las fuerzas de seguridad, vuelve a poner sobre la mesa el prorrogado debate sobre la sindicalización de la policía. El problema que comenzó en Córdoba, rápidamente se extendió por otras provincias como Chaco, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, entre otras, con acuartelamientos que concluyeron con saqueos e importantes conflictos sociales.
En nuestro país no existe la personería gremial en las fuerzas de seguridad. Según los fundamentos que se exponen al respecto para justificar esto, se expresa que se podría alterar la estructura verticalista que deberían tener los miembros del personal policial para garantizar cierto orden. En otros países de la región como Uruguay o europeos, existe un gremio policial, en base a que el mismo es un derecho ineludible hacia el trabajador. Aunque con restricciones: por ejemplo, para llevar adelante una huelga.
Según una argumentación extendida en el país, un cuerpo de hombres y mujeres que está armados legalmente por el Estado no podrían tener la misma organización que un trabajador común y corriente. La Constitución Nacional establece que todo trabajador debe poseer representación gremial como organización sindical libre y democrática. Según declaraciones del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dejó librado a cada país el establecimiento de pautas en relación a la sindicalización de sus fuerzas de seguridad. Las voces a favor y en contra resuenan en la misma medida desde una amplia gama de sectores. Ayer, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, negó esa posibilidad para Argentina.
Según el diputado nacional por Unidad Popular, Víctor de Gennaro, la sindicalización es un derecho laboral. "Permitir la sindicalización no implica dar derecho de huelga sin ninguna restricción", y comparó al sector policial con los trabajadores de la salud, que si bien tienen derecho a huelga, lo mantienen de acuerdo a las limitaciones y obligaciones impuestas por su actividad. Siguiendo esta línea, el juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, opinó que habría que desmilitarizar a la policía generando conciencia de sus propios derechos. Para Zaffaroni la sindicalización lograría mayor eficiencia y rompería el sistema actual enviciado por negociados que corrompen el verdadero rol de las fuerzas de seguridad. El abogado especialista en derecho laboral, Héctor Recalde, se preguntó al respecto: “¿Por qué no avanzar en un proyecto de sindicalizar a las fuerzas policiales? Pienso que es una propuesta progresista y democrática, que mira hacia el futuro, que le da entidad a la policía y capacidad de negociación”. Los diputados sindicales Omar Plaini y Facundo Moyano trabajaron en su momento en un proyecto al respecto.
Lo real y concreto es que los efectivos de la policía no cuentan con representación gremial, buenos salarios o derechos laborales dignos. En la mayoría de los casos, el básico que cobran es mínimo comparado con otras profesiones, y los adicionales son otorgados en negro. Entonces, por un lado tenemos una fuerza de seguridad descuidada por los gobiernos democráticos, que sirvió de instrumento represivo en excesivas ocasiones, y por otro lado tenemos a un grupo de trabajadores que maneja el monopolio de la fuerza, sin derechos que los contengan.
Actualmente la Corte Suprema debe pronunciarse respecto al caso de Adriana Rearte quien había denunciado su despido por formar parte de actividades gremiales. Obtuvo un fallo favorable en primera instancia que avaló la creación de un sindicato policial. Sin embargo, en 2012 – en otro caso – la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, consultada por la Corte Suprema, emitió un dictamen que rechaza en forma contundente cualquier tipo de sindicalización policial. El caso rechazado era el de el Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba) que se sumó a otros rechazos de la propia Corte como la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires y Asociación Unión Profesional de Río Negro.
A treinta años de vuelta de la democracia el debate respecto a las fuerzas de seguridad es necesario y urgente. En una entrevista con AGENCIA PACO URONDO, Marcelo Saín pidió ir al fondo de la cuestión: “Lo que primero hay que cambiar es la matriz de lo que son las bases profesionales de lo que es el trabajo policial. En segundo lugar, las condiciones laborales propiamente dichas. Y cuando hablamos de la restructuración de lo que es el sistema salarial policial es no pegar el salario a la jerarquía, sino a las funciones, al cargo o a las responsabilidades que se tienen, que es distinto.”