Misiones: entidades tabacaleras cobraron fondos “por afectaciones climáticas inexistentes”

Después de meses de procurar obtener información oficial mediante el uso de la flamante pero inefectiva Ley de Acceso a la Información Pública, y luego de conseguir apenas un listado parcial de beneficiarios, el Partido Agrario y Social (PAyS) presentará esta semana la denuncia penal por desvío de fondos, asociación ilícita y defraudación en contra de dirigentes y ex dirigentes de entidades tabacaleras que aparecen como beneficiarios del seguro de granizo el año pasado, sin haber sufrido afectación alguna, con la supuesta complicidad de los funcionarios provinciales encargados de la fiscalización.

El listado parcial (que sólo incluyó a los beneficiarios del último trimestre de 2013) obtenido después de meses de insistencia, es apenas “una muestra del alcance de la defraudación millonaria, ya que aparecen los dirigentes de la Cámara de Tabaco, sus esposas, hijos, parientes, todos cobrando montos suculentos por el supuesto daño de granizo que nunca sufrieron” explicó el legislador del PAyS Héctor Bárbaro.

A fines del año pasado desde el PAyS intentaron obtener también la lista de beneficiarios de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), la otra entidad que manejó parte de los 39 millones de pesos destinados a cubrir las contingencias climáticas, pero desde el gobierno provincial se negaron a dar a conocer esos datos que configurarían el grueso del desvío.

La negativa motivó la presentación de la primera acción judicial de Acceso a la Información pública, una especie de “amparo” previsto en la Ley misionera que nunca antes se había utilizado en la provincia. Los abogados Isaac lenguaza y Rodrigo Bacigalupi, ambos ex presidentes del Colegio de Abogados, aceptaron el desafío de estrenar la acción judicial atendiendo a la gravedad de la maniobra investigada y de los millones de pesos del Fondo Especial del Tabaco que habrían sido desviados a los bolsillos de los dirigentes.

Pero a la fecha, la justicia todavía no intimó al gobierno de la provincia para que entregue la información faltante, por lo que a decir del diputado del PAyS, “a estas alturas es claro que son cómplices de los que estafaron a los productores llevándose la plata”.

La maniobra

Según los dirigentes del PAyS, el monto del FET destinado en los últimos años para cubrir la afectación por granizo a los productores habría sido literalmente “licuado” en beneficio de los dirigentes de las dos entidades a los que apuntan en la denuncia, con la complicidad de funcionarios provinciales.

Antes de 2010, los productores debían solventar su propio fondo de contingencia climática mediante el pago de una suma descontada de la retribución al productor (1%), pero este mecanismo era totalmente inadecuado porque el trámite administrativo tardaba alrededor de un año, y el monto cobrado no servía para paliar la afectación.

A lo descontado a los productores se sumaban montos obtenidos mediante programas elevados a la Nación en el marco de los Programas Operativos Anuales (POA). Así, la suma total obtenida nunca superaba los diez millones de pesos por año.

En 2010, el Ministerio del Agro como organismo responsable, y la APTM y CTM como organismos ejecutores, cambiaron el destino de los fondos mediante la contratación de compañías aseguradoras, con pólizas a pagar con dinero del FET. Así, de un año para el otro el monto destinado al seguro de  cosecha aumentó de 10 millones a 32 millones de pesos en 2011 para el pago de daños por granizo a las plantaciones, el pago de las pólizas y los costos de las inspecciones y los gastos administrativos y de reposición de las chapas de cartón de los galpones de curado.

En la campaña 2012 y por Resolución 179 del Ministerio de Agricultura de la Nación,  se autorizó la disposición de 38.183.910 pesos el pago de los seguros, otra vez un monto inexplicablemente superior al del año anterior. Las entidades decidieron cambiar de compañía aseguradora. Desde el PAyS sospechan que en la gestión del cambio de aseguradora y el aumento de los costos del programa, habría participado como gestor un alto funcionario del gobierno provincial, (el señor Enrique Gross, jefe de asesores del gobernador Maurice Fabián Closs) con el objeto de “dibujar” los índices de siniestralidad para evitar la devolución de los montos excedentes a las cuentas del FET.

Con la nueva operatoria, la distribución de los 38 millones de pesos se determinó de la siguiente forma:
$ 26.273.000 para el pago de las pólizas de la compañía SANCOR Seguros.
$ 2.910.910 para inspecciones (monto destinado a APTM y Cámara).
$ 9.000.000 para compra y reposición de chapas de cartón (monto destinado a APTM y Cámara).

Se estableció entonces que si el índice de siniestralidad no superaba los $ 9.195.550, las entidades debían devolver a la Nación un total de 3.666.000.

De hecho, la supuesta afectación por granizo conllevó el pago de un poco más de $ 9.195.550, por lo que los operadores de la gestión finalmente que quedaron con $ 3.666.000 que de otro modo hubieran tenido que devolver.

Para aumentar el índice de  siniestralidad, se presentaron listados de supuestos productores afectados por la caída de granizo, tanto en plantaciones como en galpones de curado. “Pero estamos en condiciones de afirmar que gran parte de los que cobraron, son los dirigentes de APTM y Cámara, sus esposas, sus hijos y cuñados, pese a no haber sufrido daños por granizo, es decir que hubo una estafa, una asociación ilícita y malversación”, sostienen los denunciantes.

La denuncia penal en sede federal buscará determinar el alcance total de la operatoria, identificar a todos los que cobraron sin haber sido afectados en los últimos tres años y las supuestas complicidades desde el gobierno de la provincia.