Economía 2014: no apta para cardíacos

Por Pablo Varela

El jueves pasado el Ministro de Economía Axel Kicillof, junto al Ministro de Planificación Julio De Vido, anunciaron la quita de subsidios al gas y al agua. Dichos recursos serán reasignados a obra pública y mejorar la AUH.

El minucioso informe elaborado y difundido por el palacio de hacienda, estipula que durante el año 2013, la masa de recursos destinada a subsidios representó 98.028 millones de pesos, el equivalente a 3,6 puntos porcentuales del PBI. De los cuales 70.302 millones corresponden al sector energético, mientras que el transporte fue subsidiado en 24.153 millones y AySA, en 2783 millones de pesos.

El mentado informe estipula que el PBI creció en la última década en promedio un 6,8 por ciento anual. De no haber existido la política de subsidios, dicho crecimiento hubiera sido del 5,2 por ciento.

A su vez menciona la incidencia de las tarifas en los gastos de los hogares. En 2003, el gas representaba 1,1 por ciento mientras que ahora 0,5 por ciento. En el caso del agua era del 0,55 por ciento y ahora es del 0,23 por ciento. La comparación de la evolución de las tarifas en relación al salario mínimo, también es significativa: en 2005, representaba el 5,5 por ciento, 3,6 por ciento en 2007, 1,5 por ciento en 2011 y 1,3 por ciento en 2013.

La política de subsidios al consumo de energía y transporte, fue iniciada por Néstor Kirchner en 2003, cuando el país salía de su peor crisis política y económica, con la finalidad de apuntalar el consumo y dinamizar el mercado interno.

El cronista entiende que agotadas las variables económicas del “modelo 2003”, el gobierno llega tarde a la quita de subsidios, aunque su ejecución, es de imperiosa necesidad, tanto porque las condiciones actuales no son las heredadas de la crisis 2001, como por la inequidad en su aplicación.

Aumentos escalonados

Los aumentos están escalonados desde abril hasta agosto, en función del consumo y el poder adquisitivo de los usuarios. En el caso del gas, los aumentos irán de 100 por ciento hasta el 284 por ciento. Mientras que en el agua, los aumentos serán entre el 70 y el 400 por ciento.

En el caso del gas, la categoría más baja R1, a la cual pertenecen el 27 por ciento de los hogares, y que pagan en promedio 20 pesos, tendrá un aumento del 100 por ciento. R2-1, (9 por ciento de los hogares) que pagan en promedio 30 pesos, tendrán un aumento del 116 por ciento.  En la categoría R2-2, (también 9 por ciento de hogares) cuyo pago promedio es 35 pesos, el aumento es del 142,8 por ciento. El 11 por ciento de los usuarios (categoría R2-3) pagan en promedio 44 pesos, su aumento será de 172,7 por ciento.

Categoría R3-1, que agrupa el 13 por ciento de los hogares y paga en promedio 77 pesos, su aumento será 194,8 por ciento. En el caso de la categoría R3-2, (10 por ciento de los usuarios), paga 119 en promedio, tendrá un aumento de 210 por ciento. La categoría R3-3, (8 por ciento de usuarios) pagan 183 pesos, su aumento será 284 por ciento. La categoría más alta, R3-4, (13 por ciento de hogares) tendrá un aumento de 261,5 por ciento, actualmente pagan en promedio 325 pesos.

En el caso del agua, los barrios más populares, que abarcan el 30 por ciento de los usuarios tendrán un aumento del 170 por ciento, pasando a pagar de 27 a 73 pesos. Los sectores medios (35 por ciento de los hogares), pasarán de pagar de 30 a 120 pesos, con un aumento de 300 por ciento. Los sectores de poder adquisitivo más elevado (13 por ciento de los usuarios), pasarán de pagar 32 a 162 pesos, con un aumento del 406 por ciento.

Quedan exentos de la quita, el sector industrial, jubilados con haberes mínimos, exentos de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), hogares sustitutos, geriátricos públicos, centros contra adicciones, orfanatos y comedores, personas con enfermedades crónicas o capacidades diferentes, beneficiarios de asignaciones familiares por ingresos inferiores a los 5.200 pesos.

Breve disertación de un cronista

El cronista, celebra el impulso tardío (pero impulso al fin) de una cultura de utilización de energía responsable, aunque los frutos de dicha cultura, no los cosechará la actual administración. Por otro lado, la lectura imperante en los canales mainstream de circulación de información, califican la medida de “tarifazo” o “ajuste”. Sin embargo, equiparar ahorro fiscal con reasignación de recursos, es una torpeza conceptual que resiste escaso, o nulo análisis. La historia argentina, es altamente nutricia en ejemplos: en el año 2001 el gobierno encabezado por De la Rúa, realizó una rebaja en los salarios a los estatales y a las jubilaciones superiores a 500 pesos del 13 por ciento. Quizá, aún hoy, algún trasnochado piense que aquello también significó una reasignación de recursos. Con un pequeño detalle: los beneficiarios fueron los acreedores externos.

En el entendimiento del cronista la miopía intelectual imperante, lesiona severamente la posibilidad de la creación un amplio marco conceptual, en donde enmarcar el indispensable debate público, para la etapa venidera.