Causa Massot: Allanaron La Nueva Provincia

Por Diego Kenis

En compañía de efectivos de la Gendarmería Nacional, los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia realizaron durante casi toda la jornada de ayer martes 8 un allanamiento en el edificio del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, en el marco de las investigaciones que se siguen respecto de la participación del director y dueño del matutino, Vicente Massot, en delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar.

El allanamiento fue autorizado por el juez federal Álvaro Coleffi, quien ante el pedido de los representantes del Ministerio Público también resolvió hace días citar al imputado a prestar declaración indagatoria el próximo jueves 24 de abril a las 8, 15 y prohibirle la salida del país. Con el visto bueno de Coleffi, el Poder Judicial local finalmente cumplió con un requerimiento que data de hace tres años, cuando el entonces fiscal bahiense Abel Córdoba se lo solicitó al ex juez Eduardo Tentoni, en el marco de la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional de la Armada. Tentoni denegó el pedido. Más tarde se supo que el magistrado mantenía contactos informales con altos jefes de la fuerza y con el contador Domingo Marra, subdirector del diario.

El operativo se prolongó por espacio de casi 12 horas, desde pasadas las 8, 30 hasta aproximadamente las 20 y arrojó como resultado el secuestro de documentación de archivo periodístico y administrativo de la empresa, para cuyo traslado fueron necesarios tres viajes de una camioneta 4x4.

El material será ahora analizado por los fiscales y, si así lo amerita, incorporado a la causa que tiene a Massot como imputado, como parte del núcleo directivo del diario durante la dictadura, durante la cual el matutino realizó “aportes esenciales” al genocidio perpetrado mediante operaciones psicológicas y de propaganda negra, según consideran probado los fiscales actuantes. Además, se imputa a Massot participación en los secuestros y homicidios de los obreros gráficos y delegados gremiales Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich, asesinados en 1976 tras encabezar medidas de fuerza contra la patronal, en reclamo de la efectiva aplicación de un Convenio Colectivo ya firmado, y ser sindicados por la Prefectura Naval como parte de una “guerrilla sindical” a ser “raleada” de “un medio de difusión fundamental”.

La documentación secuestrada durante el allanamiento en la sede de Rodríguez 55 “va a ser estudiada y se incorporará en caso de que aporte elementos nuevos a los muchos que ya hemos aportado como prueba. A nuestro entender, más allá de estos archivos, la carga probatoria de lo aportado hasta el momento resulta suficiente como para detener y procesar al acusado”, indicó el fiscal Palazzani. “De hecho, el propio juez ya ha resuelto en base a ello la citación a una declaración indagatoria y le ha prohibido salir del país”, recordó a AGENCIA PACO URONDO al cabo del operativo.

Los tiempos cambian

Más allá de lo estrictamente jurídico, el enorme simbolismo que el allanamiento realizado supone para la ciudad y la región puede ser expuesto en un ejemplo ilustrativo de que los tiempos cambian.

Aunque por el momento no forma parte de las investigaciones judiciales en curso, la radio LU2 comparte con el diario La Nueva Provincia edificio y dueño: Rodríguez 55 y Vicente Massot.

Poco después del fallo del Tribunal Oral Federal que en septiembre de 2012 condenó a diecisiete represores en la ciudad y señaló la necesidad de investigar a los directivos del diario, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Superior “Vicente Fatone” de Bahía Blanca realizó un documental donde periodistas de diferentes medios dieron su visión sobre el vínculo de La Nueva Provincia con la dictadura y su impacto en la sociedad.

Uno de ellos era Norman Fernández, quien fue funcionario de la dictadura en la órbita provincial y continúa hoy siendo columnista de la radio LU2. Durante el reportaje con los estudiantes, Fernández aseguró no haber sufrido censura en ningún momento de su prolongada carrera.

Otros testimonios recogidos en el mismo documental inducen a pensar que si no fue el azar habrá sido la absoluta comunión con el régimen la que lo constituyó en invulnerable a la censura. Ante las preguntas de los jóvenes estudiantes, el director de LU3 Alberto Mac Dougall aseguró lo evidente: la censura existía. En sus manos tenía viejas resoluciones del entonces Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) donde se prohibían decenas de canciones y publicidades. Lo que, obviamente, era igual de imperativo para todas las emisoras.

Una madrugada de 1976, Mac Dougall entró al edificio de la histórica LU3 para hacer el primer informativo matutino. Hacía un tiempo se había tenido que ir su compañero de madrugadas, Carlos Iaquinandi, perseguido por la represión. En las paredes del histórico edificio, hogar de la infancia del escritor Eduardo Mallea, quedaba cada vez quedaba menos espacio libre. Allí se iban pegando las resoluciones del COMFER censurando música y publicidades. Mac Dougall abrió la puerta, subió la escalera de ingreso y vio botas y uniformes por doquier. Con la excusa de prevenir un atentado montonero que jamás ocurrió y sobre cuya posibilidad no existía el más mínimo indicio, los soldados de Adel Vilas dormían ahí y controlaban el movimiento cotidiano de la radio.

En el presente, mientras Mac Dougall encabeza a los trabajadores que recuperaron y autogestionan la septuagenaria LU3, volvieron a verse botas y uniformes en el edificio de una radio. Pero no era la dictadura entrando en una emisora para cercenar la libertad de expresión sino la Gendarmería subordinada al poder civil y custodiando el ingreso de la democracia -corporizada en un juez y dos fiscales- al edificio de un multimedios acusado de ser parte integrante de la dictadura. Norman Fernández, el hombre que nunca conoció la censura, entró y salió del edificio durante el allanamiento sin hacer comentarios. Los tiempos cambian.