El narcotráfico en Brasil (San Pablo y Río)

Por Norberto Emmerich * y Joanna Rubio **

En mayo del 2006, una rebelión en San Pablo promovió 399 ataques directos contra policías e instalaciones públicas en Brasil. La rebelión fue promovida por la organización criminal Primer Comando de la Capital, PCC, comandada por Marcos Camacho, alias Marcola. En Río de Janeiro, a finales del mismo año, el crimen organizado realizó ataques sincronizados donde murieron 18 personas. Los ataques fueron realizados por el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV).

Con excepción de la Policía Federal, que recibió inversiones razonables por parte del gobierno federal y las aplicó en sistemas de inteligencia, la capacidad de inteligencia de las policías estatales es precaria. La formación de sus comandantes, y la política predominante, viene del régimen militar, con énfasis en la represión ciega y deficiencia en el trabajo de prevención e inteligencia.

San Pablo

En el año 2006 la causa inmediata de la rebelión del PCC en San Pablo fue una reacción a las medidas restrictivas que las autoridades carcelarias estaban a punto de tomar contra los líderes del PCC, cortándoles ciertos privilegios y su envío a una penitenciaría de seguridad máxima, Catanduvas, en el Estado de Paraná, eliminando de esta forma su capacidad de comunicación con la organización que comandaban.

Según el propio PCC, la organización o “partido” como la llaman (en Río los bandos se denominan “movimiento” o “comando”), fue creada en 1993, en los presidios de San Pablo. Con la transferencia de presos a otros Estados, dentro de una política equivocada para debilitar la organización en San Pablo, el PCC se trasladó a prisiones de otros Estados. Su principal líder, Marcola, tiene un razonable bagaje cultural y conocimiento de las organizaciones revolucionarias de la lucha contra el régimen militar. De inicio, la organización fue estructurada como reacción a los malos tratos a que son sometidos los presos en el sistema penitenciario brasileño, donde al infierno de depositar 30 presos en celdas destinadas a apenas 3 detenidos, se suma el irrespeto a los derechos que les son garantizados por ley y a la corrupción de los agentes carcelarios que venden derechos y privilegios, que actúan de forma arbitraria y violenta, perdiendo el respeto de la población carcelaria, que odia y desprecia a los agentes que los temen.

Según la copia del Estatuto del PCC, incautada en la prisión y remitida a la CPI, su artículo 4 establece como uno de los objetivos del “partido”: “La unión contra la injusticia y la opresión dentro del sistema penitenciario.

El artículo 11 dice: (...) revolucionaremos el país de dentro de las prisiones, y nuestro brazo armado será el terror de los opresores poderosos y tiranos, que usan el anexo de Taubate [prisión de São Paulo] y de Bangu I de Río de Janeiro, como instrumentos de venganza de la sociedad en la fabricación de ´monstruos´ (...)”.

Por lo tanto, el PCC surge y se implanta como un movimiento de protección de los presos contra el arbitrio y la ley de la selva que impera en los presidios. Pertenecer al PCC dentro de las prisiones es participar de una organización que protege al preso de los agentes carcelarios y de los demás prisioneros. El artículo 8 establece: “Los integrantes del Partido tienen que dar el buen ejemplo a ser seguido por la masa, y por eso el Partido no admite que haya asaltos, estupros, extorsión en el sistema [carcelario]”.

Quien no entra al PCC está condenado a la tierra de nadie, a ser víctima de ambos lados. Además, la estructura de la organización existe intra muros y fuera de las prisiones. El detenido que sale está obligado a contribuir financieramente con los que se quedan. El lucro de cada asalto u operación ilícita tiene que ser compartido con los presos del PCC, bajo pena de asesinato, o represalia a la familia del “traidor”. El artículo 3 establece: “Contribución de los que están en libertad, con los hermanos que están prisioneros, a través de abogados, dinero, ayuda a los familiares y acción de rescate [escape de la prisión]”. El artículo 7 determina: “Los que están en libertad y en buena situación, pero se olvidan de contribuir con los hermanos que están detenidos, serán condenados a muerte, sin perdón”.

En contrapartida, cuando un miembro del PCC es preso otra vez, él y su familia recibirán la ayuda financiera y protección de la organización. Es decir, coerción y beneficio. Si no colabora, sentencia de muerte. Integrado y colaborando, será tratado como “hermano”. Se montó un sistema basado en la motivación, amenaza y protección/ beneficio, irresistible. El miembro del PCC actúa por miedo, pero también por convicción. Aunque sin ambicionar el poder político, tiene una ideología de oprimido contra el opresor, calcada en la idea de solidaridad entre sus miembros.

Su Estatuto tiene en su inicio un corazón, símbolo de fraternidad y amor, y el signo taoísta del ying y el yang, expresión de integración y armonía. El discurso es político, oponiendo la elite contra los presos, que se deben unir para sobrevivir. El artículo 2 y el final del Estatuto traen el eslogan del movimiento: Lucha por la Paz, Justicia y Libertad. El leitmotiv no es el dinero ni la droga; esos serían medios para viabilizar la auto-defensa de los presos. El sentimiento de cuerpo y unión es mostrado como indispensable y el centralismo es absoluto. El artículo primero no deja dudas: Lealtad, respeto y solidaridad antes de todo por el Partido; artículo 14, al estilo mosquetero: “Somos uno para todos y todos para uno, y en el artículo 11: (...) estamos preparados y unidos y un pueblo unido jamás será vencido”.

Se calcula que el PCC cuenta, entre sus miembros presos y que operan fuera de los presidios, con cerca de 1.485 miembros y colaboradores. La evaluación del poder financiero del PCC sorprendió. Se estima que, apenas en 2006, manejaba cerca de US$ 18 millones, lavado del dinero en puestos de gasolina y revendedoras de autos controlados por la organización. Participaban de las operaciones financieras, involucrando a los que hacían los contactos entre los presos y el exterior (en su mayoría mujeres, pero también abogados), 260 personas; el dinero circuló por 232 cuentas bancarias. La acción ágil del PCC, capaz de comandar acciones simultáneas, en minutos, en distintos puntos de la ciudad y de otros estados, no habría sido posible sin la complicidad de agentes carcelarios, de las propias autoridades, que después de la rebelión, amenazadas con nuevos levantamientos, cedieron a las exigencias de la organización.

Río de Janeiro

En Río de Janeiro el crimen organizado es disperso y está dividido en varias facciones, que normalmente se hostigan y disputan territorio en las casi 700 favelas existentes en esta capital, donde vive 1/5 de la población. Allí predomina la organización criminal Comando Rojo (Comando Vermelho), CV, creado durante el régimen militar, cuyos fundadores empezaron a imitar a los presos políticos, que luchaban de forma organizada y unida por sus derechos en la prisión. Pero hoy día ni el CV ni las demás facciones cultivan el sentimiento de solidaridad, el discurso político o el mecanismo de amenaza o premio que encontramos en el PCC.

El control es ejercido por el terror, y las organizaciones están dirigidas exclusivamente al negocio de drogas y armas. Visitando la favela de Cantagalo, en Ipanema, el director de la Academia de Policía de Estados Unidos en Washington, D.C. dijo que apenas había visto una “geografía y urbanización tan desfavorable al trabajo de la policía en los barrios argelinos, en que ni el ejército francés se atrevía a entrar”. Organizaciones como el Primer Comando, Segundo Comando, Tercer Comando o Amigo de los Amigos, además del CV, compiten por el control del mercado consumidor de segunda clase en que se convirtieron las favelas, además de los mercados de clase media y alta. La muerte o prisión de sus principales líderes hizo que las facciones quedaran a cargo de jóvenes, que con su inexperiencia, osadía y dependencia de drogas volvieron errática y cruel la criminalidad en Río.

Una característica del crimen organizado en Río de Janeiro es el sentimiento “tribal”, que une a los miembros de una determinada facción y torna a las demás enemigas mortales, afectando no solamente a sus miembros, sino a la comunidad bajo su dominio. Los pobladores de una favela no pueden ir a otra con diferente dominio, pues corren el riesgo de ser torturados y muertos. Esa división en “tribus” se reproduce dentro de los presidios, donde los presos son separados según su comando, lo que demuestra la falta de control por parte del Estado.

Entre 1995 y 2003, 303 presos fueron asesinados por otros presos, según la SENASP del Ministerio de Justicia. La estructura del crimen organizado en Río no está completa si no se incluye a la banda podrida de la policía, que fue estimada por el ex jefe de policía de Río, Hélio Luz, en un 80% del total de la corporación. Los policías-bandidos no son outsiders en relación al crimen organizado. La escalada de violencia que ocurrió en Río de Janeiro en 2005 y 2006 también fue comandada desde dentro de los presidios de “seguridad máxima” de la ciudad.

Según el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística, IBGE, Río de Janeiro cuenta con 681 favelas donde viven 1.2 millones de personas de baja renta, que constituyen el 20% de la población carioca. En 1959, los favelados representaban apenas un 7% de la población.

* Investigador Prometeo – IAEN, Quito, Ecuador

** Departamento de Estudios Políticos y Gobierno, Universidad de Guadalajara