Apoyo del G77 más China contra los Fondos Buitre

Luego del discurso de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, donde exhortó a pronunciarse contra “las prácticas financieras de expoliación” de los fondos buitres, la declaración final dedica un apartado el problema de la deuda externa. Allí los paìses miembro del G77 aclaran que “resolver los problemas de la deuda externa de los países en desarrollo constituye una parte importante de la cooperación internacional y de la alianza mundial para el desarrollo fortalecida”.

Leugo de remarcar la importancia de los procesos de reestructuraciòn de deuda como el modelo argentino, denuncian el peligro que significan las polìticas de juicios de los fondos buitre. “En los últimos tiempos, ha surgido una nueva preocupación relacionada con las actividades de los fondos buitre. Algunos ejemplos recientes de las acciones de los fondos buitre en los tribunales internacionales han puesto de manifiesto su carácter altamente especulativo. Esos fondos plantean un peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda, tanto para los países en desarrollo, como para los países desarrollados”.

Ante ese peligro, reiteran “la importancia de no permitir que los fondos buitre paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo ni priven a los Estados de su derecho a proteger a su pueblo conforme al derecho internacional”.

La postura de la Argentina es ampliamente respaldada en todo el mundo, pero la Corte Suprema norteamericana ha rechazado la apelación que presentara nuestro país. Ahora queda por ver el margen de maniobra que tenga el Gobierno Nacional para enfrentar este nuevo golpe del mercado financiero.

Declaración de Santa Cruz

Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 77 Por un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien. Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, 14 y 15 de junio de 2014

Parte I: Contexto general

1.           Nosotros, Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Grupo de los 77 y China, nos hemos reunido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, para conmemorar el cincuentenario de la creación del Grupo.

2.           Conmemoramos la formación del Grupo de los 77 el 15 de junio de 1964 y recordamos los ideales y principios contenidos en la histórica Declaración Conjunta de los Setenta y Siete Países en Desarrollo, firmada al final del primer período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), celebrada en Ginebra.

3.           Recordamos que, en su primera declaración, el Grupo de los 77 se comprometió a promover la igualdad en el orden económico y social internacional y a promover los intereses del mundo en desarrollo, declaró su unidad en el marco de un interés común y definió al Grupo como instrumento para ampliar el ámbito de la cooperación en la esfera internacional y para asegurar relaciones mutuamente benéficas con el resto del mundo.

4.           Recordamos también la primera Reunión Ministerial del Grupo de los 77 celebrada en Argel del 10 al 25 de octubre de 1964, en la que el Grupo aprobó la Carta de Argel, que estableció los principios de unidad, complementariedad, cooperación y solidaridad de los países en desarrollo y su determinación de esforzarse por lograr el desarrollo económico y social, individual o colectivamente.

5.           Ponemos de relieve que el Grupo de los 77 ha proporcionado los medios para que los países del Sur articulen y promuevan sus intereses económicos y sociales, ha mejorado su capacidad de negociación en el sistema de las Naciones Unidas, y observamos con satisfacción que el Grupo ha establecido una secretaría permanente en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y capítulos en Ginebra, Nairobi, París, Roma, Viena y el Grupo de los 24 en Washington D.C., y que lo integran actualmente 133 Estados miembros.

6.           Recordamos también el éxito de la primera Cumbre del Sur del Grupo de los 77 y China, celebrada en La Habana en abril de 2000, y de la segunda Cumbre del Sur, celebrada en Doha en junio de 2005, que elevaron la condición del Grupo de los 77 y China a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, y en las que se adoptaron importantes declaraciones y planes de acción que han guiado nuestro Grupo y constituyen la base fundamental para la construcción de un nuevo orden mundial y una agenda propia de los países del Sur para la creación de un sistema más justo, democrático y equitativo que beneficie a nuestros pueblos.

7.           Nos comprometemos a continuar la tradición de nuestros países de consolidar el desarrollo nacional y unirnos en el plano internacional, en aras del establecimiento de un orden internacional justo en la economía mundial que ayude a los países en desarrollo a alcanzar nuestros objetivos de crecimiento económico sostenido, pleno empleo, equidad social, suministro de bienes y servicios básicos a nuestro pueblo, protección del medio ambiente y vida en armonía con la naturaleza.

8.           Nos enorgullecen el legado y los grandes logros del Grupo de los 77 y China en la defensa y la promoción de los intereses de los países en desarrollo en los últimos 50 años, que han contribuido poco a poco a incrementar su peso e influencia en las cuestiones económicas, sociales y ambientales. Nos comprometemos a consolidar esa base y seguir construyendo un orden mundial que sea justo, equitativo, estable y pacífico. Entre otros hitos importantes en ese sentido cabe mencionar la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración sobre el Establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional de 1974, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en 1986, y varias otras declaraciones históricas que reconocen las necesidades y los intereses de los países en desarrollo y responden a ellos, y constituyen una de sus prioridades máximas.

9.           Creemos en el arreglo pacífico de las controversias mediante el diálogo.

10.        También observamos que, a pesar de cinco decenios de logros, aún existen graves deficiencias en el cumplimiento de los objetivos de nuestro grupo, y que nuestros países, individual y colectivamente, se enfrentan a desafíos emergentes y que continúan, como la desaceleración de la economía mundial y sus efectos en nuestros países, y la falta de medidas sistémicas y mecanismos de rendición de cuentas adecuados para abordar las causas y los efectos de las crisis financiera y económica mundial, que plantea el consiguiente riesgo de que se mantenga el patrón de los ciclos de crisis.

11.        También tomamos nota de las limitaciones existentes en muchos de nuestros países a la hora de satisfacer las necesidades de empleo, alimentos, agua, atención de la salud, educación, vivienda, infraestructura física y energía de nuestro pueblo, así como la inminente crisis del medio ambiente, que acarrea los efectos negativos del cambio climático en los países en desarrollo, la escasez cada vez mayor de agua potable y la pérdida de diversidad biológica.

12.        Destacamos que los desequilibrios de la economía mundial y la desigualdad de las estructuras y los resultados de los sistemas comercial, financiero, monetario y tecnológico dieron lugar a la creación de nuestro Grupo. No obstante, esos desequilibrios persisten hoy en algunos aspectos incluso con más efectos adversos en los países en desarrollo. Por lo tanto, nos comprometemos a continuar e intensificar nuestros esfuerzos para tratar de establecer un orden internacional imparcial, justo y equitativo, orientado a satisfacer las necesidades de desarrollo de los países en desarrollo.

13.        Ponemos de relieve que las razones para el establecimiento de nuestro Grupo hace 50 años siguen siendo reales y válidas, incluso más válidas que en ese momento. Por lo tanto, volvemos a comprometernos y a comprometer a nuestros países a fortalecer y ampliar los esfuerzos incansables del Grupo de los 77 y China en todos los ámbitos en pro de un mayor progreso y del mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo.

14.        Afirmamos que el siglo XXI es el momento para que los Países y los Pueblos del Sur desarrollen sus economías y sociedades a fin de cumplir las necesidades humanas de manera sostenible, en armonía con la naturaleza y respetando a la Madre Tierra y sus ecosistemas. Convenimos en consolidar nuestros valores tradicionales y las prácticas de solidaridad y colaboración en beneficio mutuo y la fortaleza de nuestro pueblo, a fin de lograr progresos en nuestros países y en la cooperación Sur-Sur.

15.        Hacemos hincapié en que nuestras principales prioridades son promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo, crear mayores oportunidades para todos, reducir las desigualdades, mejorar los niveles de vida básicos; fomentar el desarrollo social equitativo y la inclusión; y promover una ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas que preste apoyo, entre otras cosas, al desarrollo económico, social y humano, facilitando al mismo tiempo la conservación, la regeneración, el restablecimiento y la resiliencia del ecosistema frente a los desafíos nuevos y emergentes.

16.        Reafirmamos que los puntos más fuertes del Grupo de los 77 han sido su unidad y solidaridad, su visión de las relaciones multilaterales justas y equitativas, el compromiso de sus Estados miembros con el bienestar de los pueblos del Sur y su empeño en promover una cooperación mutuamente beneficiosa.

17.        Hacemos hincapié en que cada país tiene el derecho soberano de decidir sus propias prioridades y estrategias de desarrollo, teniendo presente que no hay una fórmula que sirva para todos. Ponemos de relieve la necesidad de que las normas internacionales permitan que los países en desarrollo dispongan de espacio y flexibilidad en cuanto a las políticas, ya que dichas normas están directamente relacionadas con las estrategias de desarrollo de los gobiernos nacionales. Ponemos de relieve también la necesidad de que haya espacio político para que nuestros países puedan formular estrategias de desarrollo que expresen intereses nacionales y distintas necesidades que no siempre se tienen presentes al formular políticas económicas internacionales en el proceso de integración con la economía mundial.

18.        Nos preocupa la situación actual de la economía mundial y el estado de la gobernanza económica mundial y la necesidad de una enérgica recuperación. Creemos que el mundo se enfrenta a la peor crisis financiera y económica desde la Gran Depresión, y nos alarman los efectos adversos que está teniendo esta crisis sobre todo en los países en desarrollo. Creemos que la crisis ha puesto de relieve puntos débiles y desequilibrios sistémicos de larga data de la economía mundial, y ha puesto más de manifiesto la insuficiencia y el carácter antidemocrático de la gobernanza económica mundial. Deben hacerse ahora nuevos intentos para establecer un sistema adecuado de gobernanza económica mundial, con la plena expresión, representación y participación de los países en desarrollo en los debates y la adopción de decisiones.

19.        Reconocemos la gran importancia de mantener la protección social y fomentar la creación de empleo, incluso en tiempos de crisis económica, y tomamos nota con satisfacción de los ejemplos alentadores de políticas que han permitido a los países reducir la pobreza, aumentar la inclusión social y crear nuevos y mejores empleos en los últimos años.

20.        Nos preocupa el aumento de la concentración de la riqueza y los ingresos en el mundo y su distribución asimétrica, que han creado grandes desigualdades entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Este grado de desigualdad es injustificable y no puede tolerarse en un mundo donde la pobreza sigue prevaleciendo, los recursos se están agotando y la degradación del medio ambiente es cada vez mayor. Pedimos que se adopten medidas a escala mundial para reducir las desigualdades a todos los niveles. También nos comprometemos a hacer frente a la desigualdad en nuestros propios países.

21.        Tomamos nota con preocupación de la influencia de las grandes empresas, principalmente de los países desarrollados, en la economía mundial, y sus efectos negativos en el desarrollo social, económico y ambiental de algunos países en desarrollo, en particular en lo que respecta a los obstáculos que esa influencia pueda plantear al ingreso de nuevas empresas en el mercado mundial. En ese sentido, pedimos que la comunidad internacional adopte medidas concretas para hacer frente a esos efectos negativos y promover la competencia internacional y un mayor acceso a los mercados para los países en desarrollo, en particular políticas que promuevan el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en los países en desarrollo, la eliminación de las barreras comerciales que impiden la adición de valor en los países de origen, como las crestas arancelarias y la progresividad arancelaria, así como el fomento de la capacidad en materia de derecho de la competencia, la regulación de la política tributaria y la responsabilidad social de las empresas.

22.        Ponemos de relieve que las empresas transnacionales tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos y deberían abstenerse de causar desastres medioambientales y afectar al bienestar de los pueblos.

23.        Reconocemos los progresos logrados en el desarrollo sostenible a nivel regional, nacional, subnacional y local, y reafirmamos la importancia de apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por erradicar la pobreza mediante el empoderamiento de los pobres y las personas en situación vulnerable, promoviendo el desarrollo de la agricultura sostenible, así como el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, complementados por políticas sociales eficaces, incluidos niveles mínimos de protección social.

24.        Respetamos plenamente los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, sobre todo en cuanto se refiere a la igualdad entre los Estados, el respeto de la independencia de los Estados, la soberanía nacional, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, y destacamos que dichos propósitos y principios inspiran nuestra plena adhesión al multilateralismo y dedicación a la búsqueda de un sistema económico internacional más justo y equitativo, que ofrezca oportunidades para elevar el nivel de vida de nuestros pueblos.

25.        Somos profundamente conscientes de que decenios después de haber alcanzado la independencia política, algunos países en desarrollo siguen en las garras de la dependencia económica de las estructuras y los caprichos de la economía mundial y de los países desarrollados y sus entidades económicas. Esa dependencia, especialmente por parte de los países pobres y vulnerables, limita el alcance de nuestra verdadera independencia política también. Por lo tanto, nos comprometemos a aunar los esfuerzos encaminados a seguir tratando de alcanzar la independencia económica, y a reunirnos bajo la égida del Grupo de los 77 y China, así como de otras organizaciones del Sur, a fin de lograr avances a ese respecto.

26.        Recordamos las decisiones adoptadas en la segunda Cumbre del Sur, celebrada en Doha en 2005, de cerciorarnos de que en las políticas y los programas concebidos en el contexto de la globalización se respeten plenamente los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, sobre todo en cuanto se refiere a la igualdad entre los Estados, el respeto de la independencia de los Estados, la soberanía nacional, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, y de destacar que dichos propósitos y principios inspiran nuestra plena adhesión al multilateralismo y dedicación a la búsqueda de un sistema económico internacional más justo y equitativo, que ofrezca oportunidades para elevar el nivel de vida de nuestros pueblos.

27.        También recordamos la decisión adoptada en la Cumbre del Grupo de los 77 y China celebrada en Doha en 2005 de colaborar para la realización del derecho a la libre determinación de los pueblos que vivían bajo dominación colonial u otras formas de dominación u ocupación extranjera, lo que repercutía negativamente en su desarrollo social y económico, y de exhortar a la comunidad internacional a que adoptara todas las medidas necesarias para poner fin a la continuación de la ocupación extranjera, de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.

28.        Reafirmamos que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. A este respecto, ponemos de relieve la necesidad de respetar y salvaguardar las identidades culturales, los conocimientos y las tradiciones indígenas de nuestros países.

Parte II: Desarrollo en el contexto nacional

Estrategias de desarrollo sostenible

29.        Hacemos hincapié en la necesidad de incorporar aún más el desarrollo sostenible en todos los niveles, integrando los aspectos económicos, sociales y ambientales y reconociendo los vínculos que existen entre ellos, a fin de lograr el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.

30.        Reafirmamos que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones, modelos e instrumentos, en función de sus circunstancias y prioridades nacionales, para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, que es nuestro objetivo general (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible). En algunos países existe el enfoque del “Vivir bien” con un desarrollo integral encaminado a alcanzar las necesidades materiales, culturales y espirituales de las sociedades en el contexto de la Armonía con la Naturaleza.

31.        Reconocemos que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y estamos convencidos de que, para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra. También reconocemos que “Madre Tierra” es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos.

32.        Acogemos con beneplácito que en 2011 se celebrara el vigésimo quinto aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, que es un importante documento histórico que establece el derecho de los países en desarrollo a actuar con miras a lograr el desarrollo y el derecho de los pueblos a participar en el desarrollo y beneficiarse de él.

33.        En este contexto, reafirmamos que el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político de carácter global que tiende al mejoramiento constante del bienestar de la población en general y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan, como se reconoce en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.

34.        También reafirmamos la proclamación de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todas las personas y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales para contribuir a ese desarrollo y para disfrutar del él, como se reconoce en la Declaración.

Mejoramiento de las prácticas de la democracia

35.        Consideramos que la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Reafirmamos que, si bien todas las democracias tienen características comunes, no existe un modelo único de democracia, y que la democracia no pertenece a ningún país o región, y reafirmamos además la necesidad de respetar debidamente la soberanía, la unidad y la integridad territorial y el derecho a la libre determinación, así como el rechazo de cualquier intento de desestabilizar los sistemas constitucionales y democráticos legítimamente establecidos por los pueblos.

36.        Pedimos que los medios de comunicación dejen de utilizarse de modo que puedan difundir información distorsionada contra los Estados miembros del Grupo de los 77 haciendo caso omiso del principio del derecho internacional.

37.        Expresamos nuestra profunda indignación y desaprobación por los hechos relacionados con el retiro sorpresivo de permisos de sobrevuelo y aterrizaje del avión presidencial en que viajaban el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Sr. Evo Morales Ayma, y su grupo el 2 de julio de 2013. Estos hechos constituyen actos hostiles e injustificables que además pusieron en grave riesgo la seguridad del Presidente Morales. Hacemos pública nuestra máxima solidaridad y exigimos que se aclaren los hechos.

Soberanía nacional sobre los recursos naturales y beneficios de esos recursos

38.        Afirmamos que los Estados tienen, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

39.        Reafirmamos también que el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado.

40.        Si bien hacemos hincapié en la soberanía de nuestros países y pueblos sobre sus recursos naturales, somos conscientes de que tenemos el deber de conservar, gestionar y utilizar esos recursos de manera sostenible, y de crear condiciones para que la Naturaleza y los ecosistemas puedan regenerarse, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. También reconocemos que el uso sostenible de los recursos naturales es un medio eficaz de lograr el crecimiento económico y reducir la pobreza y la degradación del medio ambiente.

41.        Tomamos nota de las decisiones adoptadas por algunos países para nacionalizar o recuperar el control de sus recursos naturales con el fin de obtener mayores beneficios para sus pueblos, en particular para las personas pobres, y para invertir en la diversificación económica, la industrialización y los programas sociales, y respetamos esas decisiones.

42.        Instamos a que se proporcione asistencia técnica y para el fomento de la capacidad a los países en desarrollo a nivel internacional, regional y nacional, a fin de ayudarlos a obtener los máximos beneficios de la extracción y utilización de los recursos en consonancia con el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el pleno ejercicio del derecho soberano de nuestros países sobre sus recursos naturales.

Erradicación de la pobreza

43.        Reconocemos que la pobreza es una afrenta a la dignidad humana y destacamos que la erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad, y concedemos la máxima prioridad a la erradicación de la pobreza en la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas para después de 2015, que debe apoyarse con medios efectivos y adecuados de aplicación y con una alianza mundial para el desarrollo fortalecida, y que entre otros objetivos entraña la promoción del empleo y el trabajo decente para todos, el mejoramiento del acceso a los servicios sociales, la erradicación del analfabetismo y las enfermedades, y la aplicación de estrategias nacionales y regionales integradas, coordinadas y coherentes.

44.        Expresamos nuestra profunda preocupación por los problemas que afectan la lucha contra la pobreza como consecuencia de las crisis, en particular la crisis financiera y económica mundial, la continua inseguridad alimentaria, la volatilidad de las corrientes de capital y la extrema volatilidad de los precios de los productos básicos, el acceso a la energía y los problemas que plantea el cambio climático para los países en desarrollo.

45.        Subrayamos también que, a fin de que los gobiernos de los países en desarrollo puedan erradicar efectivamente la pobreza, los países en desarrollo deben garantizar la implicación nacional en sus propios programas de desarrollo, lo que conlleva la preservación de sus propios márgenes de acción en materia de políticas respaldados por un firme compromiso político para reducir la pobreza de conformidad con sus prioridades y circunstancias nacionales. En consecuencia, los gobiernos de los países en desarrollo deben formular sus propias estrategias de desarrollo para ayudar a los pobres con políticas y medidas, entre las que cabe mencionar el fomento de un fuerte crecimiento económico sostenido e inclusivo, la concesión de prioridad a la generación de empleo, en particular para la población joven, el suministro de un mejor acceso universal y asequible a los servicios básicos, el establecimiento de un sistema de protección social bien concebido, el empoderamiento de las personas para que puedan aprovechar las oportunidades económicas y la adopción de medidas para garantizar la protección del medio ambiente.

46.        Recordamos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el instrumento más completo y universal sobre la corrupción, y reconocemos la necesidad de seguir promoviendo la ratificación o la adhesión a la Convención y su plena aplicación. También reconocemos que la lucha contra la corrupción a todos los niveles es una prioridad, que la corrupción es un serio obstáculo para la movilización y asignación efectivas de recursos y que desvía recursos de actividades que son vitales para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.

47.        Tomamos nota con aprecio de los valores tradicionales y ancestrales de algunos de nuestros pueblos, como los principios andinos de ama suwa (“no seas ladrón”), ama llulla (“no seas mentiroso”) y ama qhilla (“no seas perezoso”) y que, de conformidad con todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuyen a los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción.

Reducción de la desigualdad

48.        Hacemos hincapié en que el problema de la desigualdad es más grave que nunca debido a la prevalencia de la riqueza extrema mientras se sigue padeciendo hambre y pobreza, y en que esta situación se agrava, entre otras cosas, por unas pautas de consumo y producción insostenibles, principalmente en los países desarrollados. Afirmamos que todo beneficio del crecimiento económico tiene que distribuirse de manera equitativa y debe beneficiar a las personas en situaciones vulnerables en nuestras comunidades, por lo que pedimos una vez más que se tomen medidas concertadas para reducir las desigualdades a todos los niveles.

49.        Estamos profundamente preocupados por la insuficiencia de las medidas adoptadas para reducir la disparidad cada vez mayor que existe entre los países desarrollados y los países en desarrollo, así como dentro de los países, que ha contribuido, entre otras cosas, a agravar la pobreza y ha menoscabado el pleno disfrute de todos los derechos humanos, particularmente en los países en desarrollo.

50.        También tomamos nota con preocupación de que el alto grado de desigualdad dentro de los países y entre ellos sigue repercutiendo negativamente en todos los aspectos del desarrollo humano y es especialmente perjudicial para las personas en situaciones vulnerables, quienes resultan afectadas por desigualdades interrelacionadas. Por lo tanto, instamos a los países a que, con el apoyo de la cooperación internacional y otros medios, intensifiquen los esfuerzos por ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades y los resultados a todos los sectores de la sociedad, de conformidad con las políticas nacionales.

51.        Entendemos que el desarrollo sostenible entraña un cambio en el orden de las prioridades de la generación de riqueza material a la satisfacción de las necesidades humanas en Armonía con la Naturaleza. La excesiva orientación hacia los beneficios no respeta la Madre Tierra ni tiene en cuenta las necesidades humanas. La continuación de este sistema desigual aumentará las desigualdades.

Crecimiento económico sostenido e inclusivo

52.        Afirmamos que el crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo es necesario para erradicar la pobreza, generar empleo y elevar el nivel de vida de nuestros pueblos y generar ingresos públicos para financiar las políticas sociales. Observamos que los datos históricos han demostrado que ningún país ha logrado mejorar de modo constante las condiciones de vida y el desarrollo humano sin mantener un ritmo de crecimiento económico regular. Por lo tanto, instamos a la comunidad internacional y las Naciones Unidas a que ayuden a los países en desarrollo a lograr un crecimiento económico elevado y adecuado durante un período prolongado.

53.        También somos conscientes de que un elevado crecimiento económico, aunque necesario, no basta por sí mismo. Somos conscientes de que el crecimiento económico debe ser sostenido e inclusivo generando puestos de trabajo y aumentando los ingresos de las personas en situaciones vulnerables, especialmente los pobres y los más necesitados. El crecimiento económico también debe ser racional desde el punto de vista ecológico y social, y para lograrlo, los países en desarrollo necesitan, entre otras fuentes, apoyo financiero y tecnológico de los países desarrollados con arreglo a los planes nacionales

Creación de empleo

54.        Expresamos la opinión de que la capacidad de generar empleo pleno y trabajo decente está fundamentalmente relacionada con la revitalización y el fortalecimiento de estrategias de desarrollo productivo, mediante la aplicación de políticas adecuadas en materia de financiación, inversión y comercio. A este respecto, reafirmamos la necesidad de movilizar una considerable cantidad de recursos procedentes de diversas fuentes y utilizar eficazmente los fondos a fin de apoyar firmemente a los países en desarrollo en sus iniciativas para promover el desarrollo sostenible. También subrayamos la necesidad de mantener la coherencia entre las políticas macroeconómicas y de creación de empleo para asegurar un crecimiento económico mundial inclusivo y resiliente.

55.        Expresamos profunda preocupación por la persistencia de los altos niveles de desempleo y subempleo, en particular entre los jóvenes, y afirmamos nuestro compromiso de reducir el desempleo mediante políticas económicas y de desarrollo orientadas a generar un gran número de puestos de trabajo. Afirmamos la necesidad de poner en marcha un proceso intergubernamental, en el marco de las Naciones Unidas, a fin de incluir la cuestión del empleo de los jóvenes y las inquietudes de los jóvenes en el actual proceso de la agenda para el desarrollo después de 2015. Afirmamos también la importancia de asegurar unos medios de vida dignos para los agricultores de nuestros países.

56.        Afirmamos la necesidad de poner en marcha un proceso intergubernamental, en el marco de las Naciones Unidas, para elaborar una estrategia mundial dirigida a mejorar la formación para el empleo y crear empleo para los jóvenes.

Prestación de servicios básicos para nuestros pueblos

57.        Nos preocupa que sigan existiendo diferencias sustanciales y cada vez mayores entre los ricos y los pobres del mundo, diferencias que no obedecen únicamente al reparto desigual de la riqueza, sino también a las disparidades en materia de acceso a los recursos y servicios básicos, lo que impide que se creen oportunidades económicas para todos.

58.        Reconocemos la importante función que corresponde desempeñar al Estado para velar por que todas las personas tengan acceso a los servicios básicos y buscar soluciones a las desigualdades y la discriminación relativas a la distribución de esos servicios y el acceso a ellos.

59.        También reafirmamos nuestra determinación de adoptar medidas que hagan efectivo el derecho de nuestros pueblos a acceder a los servicios básicos.

60.        Reafirmamos nuestros compromisos respecto del derecho humano al agua potable y el saneamiento, que debe materializarse y hacerse efectivo gradualmente en beneficio de nuestra población, respetando plenamente nuestra soberanía nacional.

61.        Exhortamos a los países donantes y las organizaciones internacionales a que registren progresos en el suministro de recursos financieros, la creación de capacidad y la transferencia de tecnología por medio de las actividades internacionales de prestación de asistencia a los países en desarrollo y de cooperación con ellos, a fin de intensificar los esfuerzos para proporcionar a toda la población un acceso económico y en condiciones de seguridad al agua potable y el saneamiento.

Acceso a la salud pública y a los medicamentos

62.        Reconocemos que la cobertura sanitaria universal implica que todas las personas tengan acceso, sin discriminación, a un conjunto de servicios médicos básicos de promoción, prevención, cura y rehabilitación que se ajuste a las necesidades y se determine a nivel nacional, así como a medicamentos esenciales, seguros, asequibles, eficaces y de calidad, al tiempo que se garantiza que la utilización de esos servicios no suponga graves dificultades económicas para los usuarios, especialmente para quienes se encuentran en situación vulnerable.

63.        También reconocemos que en muchos países en desarrollo no existen los recursos financieros ni humanos ni la infraestructura necesaria para hacer efectivo el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Por tanto, exhortamos a los países desarrollados y a las organizaciones internacionales competentes a que proporcionen a esos países recursos financieros y tecnológicos suficientes como complemento a sus esfuerzos para establecer políticas y medidas que proporcionen cobertura sanitaria universal y servicios básicos de salud para todos.

64.        Observamos con gran preocupación que las enfermedades no transmisibles han alcanzado grandes dimensiones epidémicas que debilitan el desarrollo sostenible de los Estados miembros. En ese sentido, reconocemos la eficacia de las medidas de control del tabaco para mejorar la salud. Reafirmamos el derecho de los Estados miembros a proteger la salud pública y, en particular, a garantizar el acceso universal a los medicamentos y las tecnologías de diagnóstico médico, por ejemplo, utilizando de forma plena, si fuera necesario, las flexibilidades previstas en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Salud Pública.

65.        Recordamos el contenido del párrafo 142 del documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en el que los Jefes de Estado y de Gobierno “reafirman el derecho a aplicar plenamente las disposiciones del Acuerdo ADPIC, la Declaración de Doha relativa al Acuerdo ADPIC y la Salud Pública, la decisión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 30 de agosto de 2003, relacionada con la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha, y, cuando concluyan los procedimientos formales de aceptación, la enmienda al artículo 31 del Acuerdo ADPIC, que otorgan flexibilidad para la protección de la salud pública y, en particular, para promover el acceso universal a los medicamentos, y alientan a que se preste asistencia a los países en desarrollo a este respecto”. Afirmamos la importancia de aprovechar las flexibilidades que ofrece el Acuerdo ADPIC para promover la salud de las personas y el acceso a los medicamentos. Exhortamos a los países desarrollados a que respeten plenamente el derecho de los países en desarrollo a aprovechar al máximo las flexibilidades previstas en el Acuerdo ADPIC y a que se abstengan de adoptar medidas, incluso de índole comercial, que impidan que los países en desarrollo ejerzan este derecho o que los disuadan de hacerlo.

66.        Nos preocupa el creciente problema de la resistencia a los medicamentos antimicrobianos, incluidos los fármacos existentes para luchar contra la tuberculosis y la malaria. Como consecuencia de esto, un número cada vez mayor de enfermos, especialmente en los países en desarrollo, puede morir a causa de enfermedades que pueden prevenirse o tratarse. Instamos a las autoridades y organizaciones internacionales de la salud, en especial a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a que adopten medidas urgentes y a que, a solicitud de los países en desarrollo que no cuentan con los recursos adecuados, cooperen con ellos para solucionar este problema.

Desarrollo agrícola y seguridad alimentaria

67.        Recordamos que la seguridad alimentaria y la nutrición son elementos indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible y expresamos nuestra preocupación por el hecho de que los países en desarrollo son vulnerables, entre otras cosas, a los efectos adversos del cambio climático, que amenazan todavía más la seguridad alimentaria.

68.        Reafirmamos que el hambre es una violación de la dignidad humana e instamos a que se adopten medidas urgentes en los planos nacional, regional e internacional para eliminarla. Reafirmamos también el derecho de toda persona a disponer de alimentos sanos y nutritivos de conformidad con su derecho a una alimentación adecuada y su derecho fundamental a no padecer hambre, a fin de poder desarrollar y mantener su plena capacidad física y mental. Reconocemos también que la seguridad alimentaria y la nutrición son esenciales para el desarrollo sostenible y se han convertido en un desafío mundial apremiante y, a este respecto, reafirmamos también nuestro compromiso de aumentar la seguridad alimentaria y el acceso de las generaciones presentes y futuras a alimentos suficientes, sanos y nutritivos, en consonancia con los Cinco Principios de Roma para la Seguridad Alimentaria Mundial Sostenible, aprobados el 16 de noviembre de 2009, especialmente en favor de los niños menores de 2 años, y mediante estrategias de seguridad alimentaria y nutrición nacionales, regionales y mundiales, según proceda.

69.        Denunciamos que las subvenciones y otras distorsiones del mercado impulsadas por los países desarrollados han perjudicado gravemente al sector agrícola de los países en desarrollo, limitando la capacidad de este sector fundamental para contribuir significativamente a la erradicación de la pobreza y a un crecimiento económico sostenido e incluyente, al desarrollo sostenible y equitativo, a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural. Pedimos que se anulen de inmediato todas las formas de subvenciones agrícolas y otras medidas adoptadas por los países desarrollados que distorsionan los mercados y que no se ajustan a las normas establecidas por la OMC. Instamos a los países desarrollados a que demuestren la flexibilidad y la voluntad política necesarias para abordar debidamente estas preocupaciones fundamentales de los países en desarrollo en la Ronda de Doha de negociaciones comerciales.

70.        Reiteramos nuestro compromiso de concluir disciplinas multilaterales sobre las subvenciones a la pesca que den efecto al Programa de Doha para el Desarrollo, de la OMC, y a los mandatos de la Declaración Ministerial de Hong Kong para hacer más estrictas las disciplinas sobre las subvenciones en el sector pesquero, incluso prohibiendo determinadas modalidades de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobrepesca, reconociendo que la negociación en la OMC de las subvenciones a la pesca debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y menos adelantados, teniendo en cuenta la importancia del sector para las prioridades de desarrollo, la reducción de la pobreza y las cuestiones relativas a los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria.

71.        Ponemos de relieve la necesidad de fortalecer la capacidad de nuestros países, en especial mediante la cooperación internacional, para salvaguardar y mejorar la calidad de la nutrición de nuestros pueblos, promoviendo sus prácticas productivas, culturales y ambientales.

72.        Ponemos de relieve también la urgente necesidad de intensificar en los planos nacional, regional e internacional los esfuerzos para alcanzar la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola como parte fundamental de la agenda internacional para el desarrollo. Exigimos una financiación sostenida y más inversiones dirigidas concretamente a aumentar la producción de alimentos en el mundo, y pedimos recursos financieros nuevos y adicionales de todas las fuentes para materializar el desarrollo agrícola sostenible y la seguridad alimentaria.

73.        Ponemos de relieve además la necesidad de fortalecer el sector agrícola, en el contexto de la agenda para el desarrollo después de 2015 y sus medios de aplicación, a fin de alcanzar la seguridad alimentaria, destacando la importancia de que en las estrategias nacionales, regionales e internacionales dirigidas a alcanzar esa seguridad se incluyan los conocimientos, las prácticas y las tecnologías propias de los pueblos indígenas, las comunidades rurales y los pequeños y medianos productores agrícolas.

74.        Acogemos con beneplácito la adopción de las resoluciones de la Asamblea General 68/177 sobre el derecho a la alimentación y 68/233 sobre desarrollo agrícola, seguridad alimentaria y nutrición. Acogemos con beneplácito también la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OMS, que tendrá lugar en la sede de la FAO en Roma del 19 al 21 de noviembre de 2014, con objeto de aprobar el marco normativo sobre nutrición para las próximas décadas y definir las prioridades que regirán la cooperación internacional en el ámbito de la nutrición a corto y mediano plazos.

75.        Acogemos con beneplácito la decisión del Director General de la FAO de nombrar por segundo año consecutivo al Sr. Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y a la Sra. Nadine Heredia Alarcón, Primera Dama del Perú, Embajadores Especiales ante la FAO para el Año Internacional de la Quinua, en reconocimiento de su liderazgo y compromiso en la lucha contra el hambre y la malnutrición, y de la labor realizada por los Gobiernos de Bolivia y el Perú para mostrar al mundo los beneficios y la calidad de esa fuente andina de alimento.

76.        Reafirmamos que la biodiversidad y el valor nutricional de la quinua la convierten en un elemento clave para la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación de la pobreza, así como para promover los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas andinos; contribuir al logro de la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación de la pobreza; crear conciencia sobre su contribución al desarrollo social, económico y ambiental; e intercambiar buenas prácticas sobre la realización de actividades.

77.        Llamamos a que se creen unas condiciones propicias para el surgimiento de oportunidades económicas provechosas para los pequeños agricultores y las explotaciones familiares, los campesinos y los pueblos y las comunidades indígenas, y a que se establezcan vías para conectar a estos grupos con los consumidores, en el marco de las estrategias nacionales para hacer efectivo el derecho a la alimentación.

78.        Reconocemos la función positiva que desempeñan los pequeños agricultores y las explotaciones familiares, incluidas las mujeres, las cooperativas, los pueblos indígenas y las comunidades locales de los países en desarrollo, así como sus conocimientos y prácticas en la conservación y el uso sostenible de las semillas, la biodiversidad agrícola y la biodiversidad vinculada a la producción de alimentos de las generaciones presentes y futuras.

79.        Destacamos la necesidad de hacer frente a las causas profundas de la inestabilidad excesiva de los precios de los alimentos, incluidas sus causas estructurales, en todos los niveles, y de gestionar los riesgos derivados de la inestabilidad excesiva de los precios de los productos básicos agrícolas y sus consecuencias para la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial, así como para los pequeños agricultores y los pobres de las zonas urbanas.

80.        Llamamos a que en la ronda de negociaciones de Doha de la OMC se conceda prioridad al desarrollo y, en concreto, a la seguridad alimentaria, de conformidad con el Programa de Doha para el Desarrollo. Llamamos a que se promuevan los medios de subsistencia de los pequeños agricultores y el desarrollo rural en los países en desarrollo. En este contexto, instamos a los miembros de la OMC a que adopten, lo antes posible, una solución permanente para la cuestión de las existencias públicas de alimentos y la seguridad alimentaria en relación con los países en desarrollo, como se acordó mediante la Decisión Ministerial de la OMC aprobada en Bali (Indonesia) en 2013.

Agricultura familiar sostenible

81.        Declaramos que la agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas son una base importante para la producción sostenible de alimentos orientada a lograr la seguridad alimentaria (resolución 66/222 de la Asamblea General). En este contexto, debería prestarse apoyo a la actividad económica de la agricultura familiar sostenible, teniendo en cuenta los conocimientos tradicionales de los pequeños agricultores, a fin de mejorar su situación y promover su desarrollo, en particular facilitando su acceso a los servicios financieros, los recursos productivos y los insumos agrícolas, como las tierras, las semillas, los medios tecnológicos adecuados, el transporte y la información.

82.        Fomentaremos la adopción de medidas exhaustivas y complementarias tanto a nivel nacional como regional en materia de producción, acceso y consumo sobre la base de una planificación integral, multisectorial y participativa, volviendo a evaluar y fortaleciendo la agricultura familiar sostenible, las pequeñas explotaciones agrícolas, y las prácticas agrícolas de los pueblos indígenas y los afrodescendientes.

Industrialización e infraestructura

83.        Afirmamos que el desarrollo industrial y la creación de valor añadido, junto con la ciencia, la tecnología y la innovación, son, entre otros, elementos esenciales para que los países en desarrollo alcancen mayores niveles de desarrollo de manera sostenida, dado que el proceso de industrialización puede generar una mayor productividad, más puestos de trabajo y competencias técnicas y efectos positivos indirectos en la economía. En consecuencia, instamos a los países desarrollados a que ayuden a los países en desarrollo a impulsar la industrialización en sus estrategias y políticas de desarrollo y a promover el desarrollo industrial sostenible con arreglo a sus intereses nacionales.

84.        Observamos que muchos países en desarrollo aún dependen excesivamente de los productos básicos y hacemos notar que deberían estudiar estrategias de diversificación industrial mediante, entre otras cosas, el aumento de las capacidades productivas con valor añadido.

85.         Exhortamos a las organizaciones internacionales competentes y pedimos a los mecanismos de cooperación internacional que presten una asistencia adecuada a los países en desarrollo, incluso mediante la transferencia de tecnología, para que puedan desarrollar su capacidad para formular y aplicar políticas y estrategias de industrialización, de conformidad con sus prioridades nacionales.

86.        Pedimos que en el sistema comercial internacional se respete y consolide el margen normativo de los países en desarrollo para la promoción y el crecimiento de nuestro desarrollo industrial y para la formulación y aplicación de nuestras estrategias industriales. A ese respecto, pedimos que se haga una revisión de todas las normas del sistema comercial mundial que afecten al espacio normativo de los países en desarrollo.

87.        Afirmamos que el desarrollo de infraestructuras fiables y económicas, la conectividad regional, y su apropiada interrelación a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, incluidos el transporte, las carreteras, la energía y las telecomunicaciones, así como la promoción del acceso a los mercados para las exportaciones procedentes de los países en desarrollo, son elementos esenciales para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y el desarrollo sostenible de nuestros países.

88.        En ese sentido, instamos a los países desarrollados y las organizaciones internacionales a que, en consonancia con los compromisos asumidos en el plano internacional, proporcionen asistencia financiera suficiente para apoyar la transferencia de tecnologías fiables y de costo razonable y promover la creación de capacidad, teniendo en cuenta las prioridades nacionales.

89.        Instamos a los países desarrollados a que proporcionen asistencia técnica, transferencia de tecnología y recursos financieros para que nuestros países puedan industrializarse y desarrollar la infraestructura por medios que sean sostenibles en el plano ambiental.

90.        Ponemos de relieve a ese respecto la importancia que reviste la asistencia técnica para el desarrollo industrial de los Estados Miembros con el fin de adoptar modalidades de consumo y producción sostenibles menos contaminantes, basadas en los recursos y de alto rendimiento energético, que incluyan tecnologías menos contaminantes para el aprovechamiento de los combustibles fósiles.

91.        Acogemos con beneplácito la iniciativa del Estado Plurinacional de Bolivia, en su calidad de Presidente del Grupo de los 77 y China, de organizar la Reunión de ministros de industrialización o autoridades equivalentes del Grupo de los 77 y China sobre la cuestión de la gobernanza de los recursos naturales y la industrialización, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para África, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, reunión que se celebrará en Tarija en agosto de 2014.

92.        Acogemos con beneplácito la Declaración de Lima: hacia un desarrollo industrial inclusivo y sostenible, aprobada en el 15º período de sesiones de la Conferencia General de la ONUDI que se celebró en Lima en diciembre de 2013, como un paso importante en nuestros esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

Inclusión de la mujer en el desarrollo

93.        Recordamos el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, reafirmamos el papel fundamental de la mujer y la necesidad de lograr su participación y liderazgo plenos y en pie de igualdad en todos los ámbitos del desarrollo sostenible, y decidimos acelerar el cumplimiento de nuestros respectivos compromisos en este sentido, que figuran en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como en el Programa 21, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Declaración del Milenio y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994.

94.        Reconocemos también que el potencial de las mujeres para colaborar en el desarrollo sostenible, contribuir a este y beneficiarse de él como líderes, participantes y agentes de cambio no se ha hecho plenamente efectivo. Apoyamos que se asigne prioridad a las medidas para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todas las esferas de nuestras sociedades. Resolvemos aprovechar el potencial de las mujeres como impulsoras del desarrollo sostenible por numerosos medios y nos comprometemos a crear un entorno propicio para mejorar la situación de las mujeres y las niñas en todas partes, especialmente en las zonas rurales y las comunidades locales, así como entre los pueblos indígenas y las minorías étnicas.

95.        Estamos comprometidos a lograr la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres en la adopción de decisiones políticas y económicas y la asignación de recursos, a otorgar a las mujeres iguales derechos que los hombres a los recursos económicos y a asegurar su acceso a la educación, las finanzas, las tecnologías de la información y las comunicaciones, los mercados, la asistencia letrada y otros servicios básicos, entre ellos los servicios de atención de la salud, incluidos los métodos modernos seguros, eficaces, asequibles y aceptables de planificación familiar.

96.        Recordamos los compromisos respectivos que asumimos con arreglo a la resolución 61/143 de la Asamblea General y otras resoluciones sobre la cuestión, reconocemos que la violencia contra la mujer viola gravemente todos sus derechos humanos, y acordamos por tanto adoptar medidas para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, incluidos el feminicidio y la discriminación de las mujeres y las niñas, mediante una respuesta más sistemática, amplia, multisectorial y sostenida, apoyada y facilitada adecuadamente por sólidos mecanismos institucionales y métodos de financiación, así como por planes de acción nacionales, incluidos los que se realizan con el apoyo de la cooperación internacional, y, según proceda, por planes nacionales de desarrollo, incluidas las estrategias de erradicación de la pobreza y los enfoques sectoriales y basados en los programas.

97.        Reafirmamos el compromiso de trabajar juntos para formular una agenda para el desarrollo después de 2015 con perspectiva de género.

98.        Instamos a que se haga frente a los problemas fundamentales que siguen teniendo las mujeres y las niñas mediante un enfoque amplio y con vocación transformadora y hacemos un llamamiento para que la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas se recojan en un objetivo de desarrollo sostenible independiente y se incorporen por medio de metas en las políticas inclusivas para superar la pobreza y fomentar el desarrollo social y económico de nuestros países.

Pueblos indígenas

99.        Instamos a trabajar en pro de la realización de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, recursos naturales, identidad y cultura, de conformidad con la legislación nacional. Reafirmamos nuestros compromisos respectivos de cumplir nuestras obligaciones jurídicas, en particular, según proceda, el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de promover la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

100.    Reafirmamos el valor y la diversidad de las culturas y las formas de organización social de los pueblos indígenas y sus conocimientos científicos e innovaciones y prácticas tradicionales holísticas, que contribuyen de manera significativa a fortalecer los medios de vida de la población local, garantizar la seguridad alimentaria y hacer frente al cambio climático.

101.    Destacamos la importancia de los pueblos indígenas para el logro del desarrollo sostenible en los países en desarrollo y la función crucial que desempeñan en los procesos sociales, económicos y políticos de nuestros países, a la vez que fortalecen los puntos de vista y valores locales conocidos como visiones holísticas de la Madre Tierra.

102.    Reafirmamos la importancia de la acción colectiva y los esfuerzos de las comunidades indígenas y locales para conservar la diversidad biológica, teniendo en cuenta que contribuyen decisivamente a la ordenación y gestión sostenible de los recursos naturales renovables.

103.    Consideramos que la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos dependen de los distintos contextos socioculturales, teniendo especialmente en cuenta a los pueblos indígenas y las comunidades locales y sus sistemas de conocimientos y prácticas tradicionales, incluida su visión holística de la comunidad y el medio ambiente, como un importante medio de adaptación al cambio climático.

104.    Pedimos que se fortalezca el diálogo intercientífico entre los sistemas de conocimientos tradicionales e indígenas y las ciencias modernas en el contexto de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas y del marco conceptual “Vivir bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”, aprobado por la Plataforma.

105.    Acogemos con beneplácito que se haya convocado la reunión plenaria de alto nivel del sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, que con el nombre de Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas se celebrará en Nueva York los días 22 y 23 de septiembre de 2014, con el fin de intercambiar ideas y mejores prácticas sobre la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El documento final de la Conferencia, que estará orientado a la acción, debe contribuir a la realización de los derechos de los pueblos indígenas y la consecución de los objetivos de la Declaración y promover el logro de todos los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente.

106.    Tomamos nota de la Declaración especial sobre la hoja de coca suscrita en La Habana el 29 de enero de 2014 por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe reunidos en ocasión de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la que se reconoce la importancia de conservar las prácticas culturales y ancestrales de los pueblos originarios, en el marco del respeto de los derechos humanos y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes. En ese contexto, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocen el masticado (akulliku o chacchado) de la hoja de coca como una manifestación cultural ancestral de los pueblos de la región andina, que debe ser respetada por la comunidad internacional, y expresan interés en conocer los resultados de investigaciones científicas acerca de las propiedades de la hoja de coca realizadas por institutos y universidades de la comunidad internacional de reconocido prestigio en la materia.

Parte III: Cooperación Sur-Sur

107.    Reafirmamos el documento final de Nairobi de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur y, por lo tanto, reconocemos la importancia, las diferencias históricas y las particularidades de la cooperación Sur-Sur, y reafirmamos nuestra opinión de que la cooperación Sur-Sur es una expresión de solidaridad entre los pueblos y países del Sur que contribuye a su bienestar nacional, su autosuficiencia nacional y colectiva y el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La cooperación Sur-Sur y su programa deben ser determinados por los países del Sur y seguir orientándose por los principios del respeto de la soberanía, la implicación y la independencia nacionales, la igualdad, la no condicionalidad, la no injerencia en los asuntos internos y el beneficio mutuo.

108.    Reafirmamos la importancia de fortalecer la cooperación Sur-Sur, especialmente en el actual entorno económico internacional, y reiteramos nuestro apoyo a la cooperación Sur-Sur como estrategia para respaldar la labor de los países en desarrollo en pro del desarrollo y como medio de fomentar su participación en la economía mundial. Reiteramos la posición del Grupo de que la cooperación Sur-Sur complementa, pero no sustituye, a la cooperación Norte-Sur y reafirmamos que se trata de un empeño colectivo de los países en desarrollo basado en el principio de solidaridad y en premisas, condiciones y objetivos específicos del contexto histórico y político de los países en desarrollo y de sus necesidades y expectativas, por lo que la cooperación Sur-Sur debería fomentarse de modo separado e independiente, tal y como se reafirmó en el documento final de Nairobi. En este contexto, recalcamos que la cooperación Sur-Sur y su programa deben ser impulsados por los países del Sur. La cooperación Sur-Sur, que es fundamental para los países en desarrollo, exige una perspectiva de largo plazo y el mecanismo institucional mundial previsto en la Segunda Cumbre del Sur.

109.    Acogemos con beneplácito la reunión del Grupo de Alto Nivel de Personalidades Eminentes del Sur, celebrada en Natadola (Fiji) del 7 al 9 de mayo de 2013, de conformidad con el mandato pertinente de la Segunda Cumbre del Sur. Acogemos con beneplácito también las conclusiones y recomendaciones del Grupo sobre el panorama futuro de la cooperación Sur-Sur como una contribución importante para el desarrollo ulterior de la Plataforma de Desarrollo para el Sur. Reiteramos el marco y los principios de la cooperación Sur-Sur que los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77 hicieron suyos por primera vez en su 32ª reunión anual, celebrada en Nueva York el 26 de septiembre de 2008, que el Grupo utilizó también como base para sus deliberaciones.

110.    Acogemos con beneplácito la conclusión de la tercera ronda de negociaciones del Sistema Global de Preferencias Comerciales, que es un instrumento para promover y fortalecer la integración comercial Sur-Sur y exhortamos a que más países en desarrollo participen en el Sistema Global.

111.    También señalamos y acogemos con beneplácito el aumento de las iniciativas de cooperación regional que manifiestan de manera concreta la cooperación y la integración Sur-Sur en esferas diversas como las finanzas, la banca, el comercio, la atención de la salud y la producción de alimentos. Esperamos que estas iniciativas beneficien no solo a los participantes en los programas regionales, sino también a otros países en desarrollo. Hacemos un llamamiento para que se adopten otras iniciativas en el futuro, así como maneras concretas en que los países en desarrollo puedan intercambiar experiencias y buenas prácticas para difundir estas iniciativas Sur-Sur.

112.    Alentamos a nuestros países a intercambiar experiencias y mejores prácticas en materia de igualdad de acceso a los servicios básicos para todos.

113.    Destacamos que el Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur, de la Asamblea General, es el principal organismo normativo multilateral del sistema de las Naciones Unidas encargado de examinar y evaluar los progresos realizados a nivel mundial y en todo el sistema y el apoyo en materia de cooperación Sur-Sur para el desarrollo, incluida la cooperación triangular, y de impartir orientación general sobre la dirección futura.

114.    Destacamos también que la cooperación Sur-Sur, como elemento importante de la cooperación internacional para el desarrollo, no sustituye, sino que complementa la cooperación Norte-Sur y que su programa debe ser establecido por los países del Sur. Apoyamos la integración de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en las políticas y el marco estratégico de los fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas, así como su fortalecimiento mediante la asignación a nivel de todo el sistema de recursos adicionales, entre ellos recursos financieros y humanos, a la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, y reconocemos que la Oficina, acogida actualmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), constituye una entidad separada, con un carácter jurídico particular, encargada de la coordinación, a nivel mundial y en el sistema de las Naciones Unidas, de la promoción y facilitación de iniciativas relacionadas con la cooperación Sur-Sur para el desarrollo.

115.    En este sentido, solicitamos que se establezca un mecanismo de coordinación interinstitucional más formal y robusto para la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, a fin de alentar la prestación de un apoyo conjunto a las iniciativas de cooperación Sur-Sur y de cooperación triangular, y de intercambiar información sobre las actividades de desarrollo y los resultados obtenidos por los distintos fondos, organismos y organizaciones en apoyo de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular.

116.    Exhortamos también al Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo a promover la transferencia de tecnologías desde los países desarrollados en beneficio de los países en desarrollo a fin de resolver las cuestiones relativas a la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible, y, en este contexto, alentamos, en la medida de lo posible, la cooperación tecnológica entre los países del Sur.

117.    Reconocemos el papel desempeñado por el Centro del Sur en el apoyo al Grupo de los 77. Exhortamos a los miembros del Grupo a que sigan apoyando la labor del Centro y al Centro a que amplíe sus actividades en beneficio de los países en desarrollo. Alentamos a las organizaciones de países en desarrollo, incluidos los del Centro del Sur, a aportar ideas y proponer planes de acción para seguir llevando a la práctica la cooperación Sur-Sur.

Parte IV: Desafíos mundiales

Alianza mundial para el desarrollo

118.    Desatacamos la necesidad de que los países desarrollados asuman un nuevo y mayor compromiso con la cooperación internacional a fin de prestar apoyo al cumplimiento de las aspiraciones de desarrollo de los países en desarrollo. En el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se asumió un compromiso respecto de una alianza mundial para el desarrollo, que representaba la dimensión de cooperación internacional del marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, observamos con preocupación el considerable retraso en la alianza en relación con los Objetivos, que contribuyó a que no se lograran muchos de los objetivos y de las metas. Por consiguiente, pedimos que se cumplan urgentemente todos los compromisos asumidos en el marco de la alianza mundial para el desarrollo con el fin de corregir los desfases señalados en los informes del Equipo de Tareas sobre el Desfase en el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

119.    También exhortamos a los dirigentes de los países desarrollados a que convengan en una nueva fase de cooperación internacional, y se comprometan con ella, mediante el fortalecimiento y la ampliación de la alianza mundial para el desarrollo, que debería ser el elemento central y el ancla tanto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como de la agenda para el desarrollo después de 2015. Esta alianza mundial fortalecida debería incluir las cuestiones relativas al suministro de recursos financieros a los países en desarrollo, la asistencia oficial para el desarrollo, el alivio de la deuda y la reestructuración de la deuda, el comercio, la transferencia de tecnología y una mayor participación de los países en desarrollo en la gobernanza económica mundial.

Asistencia oficial para el desarrollo

120.    Reafirmamos que la asistencia oficial para el desarrollo sigue siendo la principal fuente internacional de financiación para muchos países en desarrollo y que es esencial como catalizador del desarrollo, ya que facilita el logro de los objetivos de desarrollo nacionales, incluida la labor inconclusa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda para el desarrollo después de 2015, de conformidad con lo establecido en el párrafo 246 del documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (“El futuro que queremos”).

121.    Destacamos que los países desarrollados deben cumplir y ampliar los compromisos asumidos en materia de asistencia oficial para el desarrollo y los objetivos fijados, por ejemplo, en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, el Consenso de Monterrey, el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, la Declaración de Doha sobre la Financiación para el Desarrollo y en otros foros pertinentes. Para hacer frente a los consabidos problemas de desarrollo y a los problemas nuevos e incipientes que están surgiendo en los países en desarrollo, en particular los menos adelantados, es indispensable que las corrientes de la asistencia para el desarrollo aumenten y sean más previsibles y sostenibles. Recordamos el incumplimiento del compromiso contraído por los países desarrollados en la reunión celebrada en Gleneagles (Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

122.    Instamos a los países desarrollados a que cumplan su compromiso de asignar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo para los países en desarrollo, así como de lograr la meta de destinar del 0,15% al 0,20% de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo para los países menos adelantados y la de aumentarla al 1% del ingreso nacional bruto para el año 2030. Expresamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que siguen sin cumplirse los compromisos relativos a la asistencia oficial para el desarrollo.

123.    Los países desarrollados no pueden utilizar la crisis financiera y económica mundial como pretexto para eludir el cumplimiento de los compromisos ya contraídos en materia de ayuda o la asunción de nuevos compromisos. Para responder con eficacia a la crisis económica, es necesario cumplir puntualmente los compromisos existentes en materia de ayuda, siendo apremiante e ineludiblemente necesario que los donantes los cumplan. Por lo tanto, exhortamos colectivamente a los países desarrollados a que cumplan los compromisos asumidos en materia de asistencia oficial para el desarrollo y aumenten aún más los niveles de ayuda en general, teniendo en cuenta que los países en desarrollo requerirán nuevos recursos financieros adicionales y sostenibles, en gran medida y cuantía, para poner en práctica una amplia gama de actividades de desarrollo.

124.    Destacamos la necesidad de asegurar un apoyo financiero nuevo y adicional a los países en desarrollo como uno de los principales medios de ejecución para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los próximos Objetivos de Desarrollo Sostenible. La asistencia financiera debería proporcionarse sin supeditarla a condiciones, puesto que las estrategias de desarrollo deberían ser dirigidas por los países y deberían tener en cuenta las condiciones, necesidades y prioridades propias de los países en desarrollo. Debería basarse en el principio de la responsabilidad común pero diferenciada y en la cooperación Norte-Sur como elemento fundamental y la Cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular como complementos útiles.

125.    Destacamos que la asistencia oficial para el desarrollo es una fuente importante para financiar el desarrollo de los países en desarrollo que debería utilizarse de conformidad con las prioridades nacionales en materia de desarrollo de esos países, sin condiciones; y expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos realizados por países donantes, fuera de los foros de las Naciones Unidas, de redefinir la asistencia oficial para el desarrollo incluyendo otras fuentes de financiación que no están vinculadas o relacionadas con el desarrollo de los países en desarrollo, con el objetivo de ocultar la disminución de las corrientes de asistencia oficial para el desarrollo que no se ajusta a los compromisos que acordaron y que aún no han cumplido.

Deuda externa

126.    Nos preocupa el hecho de que, con la crisis económica mundial, las economías de un número cada vez mayor de países en desarrollo se están viendo afectadas y de que algunos países se están volviendo más vulnerables a nuevos problemas relacionados con la deuda externa o incluso a crisis. Por consiguiente, resolver los problemas de la deuda externa de los países en desarrollo constituye una parte importante de la cooperación internacional y de la alianza mundial para el desarrollo fortalecida.

127.    Opinamos que las crisis de la deuda suelen ser costosas y perturbadoras, y que por lo general van seguidas de grandes recortes del gasto público y de una disminución del crecimiento económico y el empleo. Esas crisis afectan más profundamente a los países en desarrollo, y los que están muy endeudados no pueden regresar a la senda del crecimiento sin asistencia internacional. Reconocemos la importancia que tiene el alivio de la deuda, incluidos los procesos de cancelación, reestructuración, moratoria y auditoría de la deuda. Los procesos de reestructuración de la deuda deben tener como elemento central la determinación de la capacidad real de pago, de modo que no afecten negativamente el crecimiento económico ni el cumplimiento de la tarea inconclusa de hacer realidad los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda para el desarrollo después de 2015. A este respecto, reiteramos la necesidad urgente de que la comunidad internacional examine diferentes opciones para establecer un mecanismo internacional de solución del problema de la deuda, que sea eficaz, equitativo, duradero, independiente y orientado al desarrollo, y exhortamos a todos los países a que promuevan los debates que se celebran en el seno de las Naciones Unidas y en otros foros pertinentes, y a que contribuyan a ellos.

128.    También recordamos que en decenios anteriores y en los últimos años la gestión de la deuda soberana ha sido una cuestión crucial para los países en desarrollo. En los últimos tiempos, ha surgido una nueva preocupación relacionada con las actividades de los fondos buitre. Algunos ejemplos recientes de las acciones de los fondos buitre en los tribunales internacionales han puesto de manifiesto su carácter altamente especulativo. Esos fondos plantean un peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda, tanto para los países en desarrollo, como para los países desarrollados. Por consiguiente, reiteramos la importancia de no permitir que los fondos buitre paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo ni priven a los Estados de su derecho a proteger a su pueblo conforme al derecho internacional.

129.    Expresamos nuestra grave preocupación por el aumento considerable de los riesgos en materia de estabilidad financiera que encaran muchas economías desarrolladas y, en particular, por las grandes debilidades estructurales que tienen esas economías para financiar la deuda soberana creada como resultado de la transferencia del riesgo privado al sector público. A este respecto, instamos a buscar soluciones urgentes y coherentes que permitan reducir el riesgo soberano de las economías desarrolladas, a fin de prevenir el contagio y mitigar su efecto en el sistema financiero internacional y los países en desarrollo.

130.    Hacemos hincapié en la necesidad de asegurar que las políticas económicas y monetarias aplicadas por los países desarrollados no afecten a la demanda agregada y la liquidez mundiales, debido al objetivo de buscar el superávit en sus balanzas de pagos, lo que tiene resultados negativos que se traducen en la reducción de los ingresos globales de los países en desarrollo.

Reforma de la estructura financiera mundial

131.    Afirmamos la necesidad de reformar la estructura financiera internacional, de manera que tengamos un sistema financiero y monetario que refleje las realidades del siglo XXI, incluido un sector financiero internacional debidamente reglamentado que reduzca y desestimule las inversiones especulativas, a fin de que se puedan movilizar los mercados de capital para alcanzar el desarrollo sostenible, y de que esos mercados desempeñen un papel constructivo en la agenda mundial para el desarrollo.

132.    También observamos que siguen existiendo problemas fundamentales en el sistema financiero y monetario mundial, en particular la falta de regulación para garantizar la estabilidad financiera, los problemas de las monedas de reserva, la inestabilidad de los tipos de cambio, las grandes corrientes transfronterizas de capital especulativo y la insuficiencia o inexistencia de liquidez para los países en desarrollo necesitados de recursos financieros, que encaran un déficit de divisas o que requieren recursos para generar un crecimiento y desarrollo sostenibles. Pedimos un programa de reformas, en el que los países en desarrollo tengan voz, representación y participación plenas para hallar una solución a esos problemas.

133.    Observamos con preocupación que la desregulación y la liberalización financieras han dado lugar a una enorme ampliación de las corrientes financieras especulativas y del comercio de derivados. La crisis económica y financiera de 2008 ha demostrado que las finanzas internacionales han creado una economía propia, cada vez más desconectada de la economía real de la producción, las inversiones directas, la creación de empleo y el crecimiento de los salarios. Entre los efectos negativos de la financialización se incluyen la inestabilidad de las corrientes de capital, las fluctuaciones excesivas de los precios de los productos básicos y los alimentos, las rápidas fluctuaciones cambiarias y los ciclos de auge y caída en las crisis financieras y la recesión económica.

134.    Instamos a que el proceso de reforma de la estructura de gobernanza de las Instituciones de Bretton Woods se finalice lo antes posible y sea mucho más ambicioso, y a que se establezca un plan acelerado de introducción de nuevas reformas en lo relacionado con la representación, la participación y la paridad del número de votos de los países en desarrollo en el proceso de adopción de decisiones de las Instituciones de Bretton Woods y en todos los debates sobre la reforma monetaria internacional, así como en el funcionamiento de los nuevos acuerdos sobre los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre la base de criterios que reflejen verdaderamente su mandato en la esfera del desarrollo y con la participación de todas las partes interesadas en un proceso transparente, consultivo e incluyente. A este respecto, pedimos a la Asamblea General que ponga en marcha un proceso de reforma del sistema financiero y monetario internacional.

135.    Apoyamos el examen de la posibilidad de crear un mecanismo intergubernamental de las Naciones Unidas en el marco de la Asamblea General, como entidad responsable de supervisar el funcionamiento del sistema económico y financiero mundial de forma integral y sostenible. Es fundamental que este mecanismo supervise el impacto de determinadas corrientes y políticas financieras internacionales que son sistemáticamente importantes para prevenir la propagación de las crisis económicas y financieras entre los países.

Reforma del sistema de calificación crediticia

136.    Destacamos que en las medidas internacionales para volver a regular al sector financiero se debería incluir a las agencias de calificación crediticia. Los gobiernos deberían limitar su dependencia normativa de las agencias de calificación crediticia y reformar sus regímenes jurídicos para responsabilizar a esas agencias por el comportamiento negligente a fin de eliminar los conflictos de intereses y asegurar la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia.

137.    También recalcamos la necesidad de contar con un sistema internacional de calificación crediticia más transparente que tenga plenamente en cuenta las necesidades, preocupaciones y peculiaridades de los países en desarrollo, en particular de los muy endeudados. En este sentido, expresamos nuestra preocupación por la solidez de la metodología utilizada por las principales agencias de calificación crediticia. Ponemos de relieve que es necesario aumentar la transparencia de esas agencias y la competencia entre ellas, a fin de evitar las tendencias oligopolísticas y sus efectos negativos. Reiteramos que la evaluación inadecuada de la solvencia de los deudores puede generar o exacerbar las crisis y, con ello, aumentar la vulnerabilidad del sistema financiero. Es necesario proseguir los debates en las Naciones Unidas y otros foros sobre el papel de las agencias de calificación crediticia, con miras a proponer políticas concretas que permitan reducir la dependencia que se tiene de esas agencias mejorando su supervisión y aumentando la transparencia y la competencia mediante el establecimiento de mecanismos de evaluación independientes.

Gobernanza económica mundial

138.    Afirmamos que la actual crisis financiera y económica mundial y sus consecuencias para el desarrollo han puesto de relieve las deficiencias y los fracasos de la gobernanza económica mundial, en particular en el seno de las instituciones financieras internacionales, y la necesidad urgente de que la comunidad internacional dé una respuesta global, universal e integrada. Observamos con profunda preocupación que siete años después del inicio de la crisis mundial ha habido pocos progresos para fortalecer los aspectos sistémicos, reglamentarios y estructurales del sistema financiero mundial. Además, persiste la falta de participación de los países en desarrollo en general en las cuestiones económicas mundiales y la gobernanza; esto es motivo de grave preocupación porque el funcionamiento del sistema mundial afecta a todos los países, y este déficit democrático tiene consecuencias aún más graves para los países en desarrollo cuando la economía mundial se está desacelerando o en recesión.

139.    Exhortamos firmemente a la comunidad internacional a que corrija el déficit democrático en la gobernanza económica mundial y proporcione a los países en desarrollo el lugar que legítimamente les corresponde y participación en la gobernanza y la adopción de decisiones en todas las instituciones y foros donde se realicen debates y se adopten decisiones sobre cuestiones económicas y financieras mundiales.

140.    Afirmamos que la labor para reformar la estructura financiera internacional se debería por tanto reforzar seriamente y coordinar a nivel internacional, y debería conducir a la plena participación de los países en desarrollo en la adopción de decisiones y el establecimiento de normas en los ámbitos financiero y económico internacionales. Pedimos una reforma amplia de las instituciones de Bretton Woods, incluido el fortalecimiento del poder de voto de los países en desarrollo en un plazo estipulado, a fin de lograr mayor equidad entre países desarrollados y países en desarrollo y eliminar todo tipo de condiciones relacionadas con la ayuda.

141.    Pedimos que se complete con urgencia la reformar de la fórmula de cálculo de las cuotas que hizo el FMI en 2010 para garantizar que las cuotas y la gobernanza del FMI reflejen mejor el peso relativo de los países emergentes y en desarrollo en la economía mundial. Sin embargo, una redistribución del derecho de voto solo para reflejar la realidad no resolverá los problemas estructurales de inestabilidad financiera y de falta de liquidez que necesitan solucionar los países en desarrollo para generar los niveles necesarios de crecimiento y desarrollo sostenibles. Además, la reforma debería abarcar la creación de liquidez, en particular la mejora de los derechos especiales de giro para los países en desarrollo. El FMI debe responder a las necesidades de los países en desarrollo en el ámbito financiero de manera más equilibrada y flexible, sin imponer condiciones procíclicas y respetando su necesidad de un margen normativo adecuado. Además, el personal de nivel superior de las instituciones de Bretton Woods debería designarse en función de sus méritos individuales mediante un proceso de selección abierto y justo. Mientras el FMI no refleje las nuevas realidades de la economía mundial y se siga designando a su Director General mediante un proceso carente de transparencia, se seguirá poniendo en entredicho su legitimidad.

142.    Destacamos la necesidad de celebrar una conferencia internacional de seguimiento de la financiación para el desarrollo en 2015 para examinar la aplicación del Consenso de Monterrey y la Declaración de Doha con el fin de contribuir al proceso de la agenda para el desarrollo después de 2015.

143.    Al tiempo que respetamos los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el carácter intergubernamental de la Organización, reconocemos la importante función de las Naciones Unidas al constituir un foro intergubernamental, incluso por medio de conferencias y cumbres internacionales, para el diálogo universal y el consenso sobre los retos mundiales, con la debida participación de los interesados pertinentes.

144.    Reafirmamos la posición central que ocupa la Asamblea General en su calidad de principal órgano de deliberación, adopción de políticas y representación de las Naciones Unidas, así como la función de la Asamblea en los asuntos mundiales de interés para la comunidad internacional, como establece la Carta de las Naciones Unidas.

Fortalecimiento y reorientación de las Naciones Unidas

145.    Reafirmamos nuestro compromiso de aumentar la participación de los países en desarrollo en los órganos de adopción de decisiones de las instituciones multilaterales a fin de que sean más acordes con la realidad geopolítica actual.

146.    Subrayamos la importancia de la función central de las Naciones Unidas en la gobernanza económica mundial, que tiene por objeto mejorar la asociación mundial para el desarrollo, con miras a crear un entorno mundial propicio y favorable para el logro del desarrollo sostenible y asegurar la estabilidad financiera y económica. En este contexto, la Asamblea General y un Consejo Económico y Social fortalecido podrían actuar para mitigar los efectos de la crisis financiera y económica internacional y garantizar el derecho de los países en desarrollo a un margen normativo para el desarrollo sostenible.

147.    Destacamos que el fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas y de su función en la cooperación internacional en pro del desarrollo es fundamental para aprovechar las oportunidades y afrontar los problemas resultantes del proceso de globalización, tanto en la actualidad como en el futuro. Reconocemos que es preciso que las Naciones Unidas mejoren sus medios y capacidades para cumplir plenamente sus mandatos y asegurar la ejecución eficaz de sus programas en el ámbito del desarrollo social y económico. A ese respecto, instamos al Secretario General a que siga reforzando el componente de desarrollo en toda la Organización, incluida su Cuenta para el Desarrollo.

148.    Instamos a los países desarrollados a que demuestren una voluntad política genuina a fin de que en el proceso de reforma de las Naciones Unidas, incluido el fortalecimiento y la revitalización de la Asamblea General como emblema de la soberanía global, pueda mejorar sus medios y capacidades para desempeñar plenamente sus mandatos y asegurar la ejecución efectiva de su programa en los ámbitos social, ambiental y de desarrollo económico.

149.    Destacamos que el fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas y de su función en la cooperación internacional en pro del desarrollo es fundamental para aprovechar las oportunidades y afrontar los problemas resultantes del proceso de globalización, tanto en la actualidad como en el futuro. En este contexto, expresamos nuestra preocupación por el creciente desequilibrio entre las cuotas y las contribuciones voluntarias en los proyectos de presupuesto por programas de la Organización. Destacamos también que el nivel de recursos que apruebe la Asamblea General de las Naciones Unidas debe ser suficiente para que todos los programas y actividades encomendados puedan ejecutarse íntegra y eficazmente.

150.    Reafirmamos que ninguna iniciativa de reforma de la Secretaría y la administración, inclusive de los procesos presupuestarios, debe tener como propósito alterar el carácter intergubernamental, multilateral e internacional de la Organización, sino el de reforzar la capacidad de los Estados Miembros para cumplir su función de supervisión y vigilancia, y que el examen y la aprobación previos por los Estados Miembros son indispensables en todos los casos en que las medidas que hayan de aplicarse guarden relación con las prerrogativas de la Asamblea General, y a este respecto, recordamos la resolución 66/257. Reiteramos también la necesidad de aumentar la representación de los países en desarrollo y la representación de las mujeres de los países en desarrollo, en particular en las categorías superiores, y de mejorar la distribución geográfica en la Secretaría y aumentar la transparencia en el proceso de contratación.

151.    Pedimos que continúen los esfuerzos por reformar las Naciones Unidas, incluida la revitalización de la Asamblea General y una reforma amplia del Consejo de Seguridad, que correspondan a los intereses colectivos de los países en desarrollo.

152.    Expresamos preocupación por los recortes presupuestarios que afectan negativamente la ejecución de los mandatos aprobados por los órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas, en particular en el componente de desarrollo, y el creciente desequilibrio entre las cuotas y las contribuciones voluntarias.

153.    Pedimos una mayor transparencia, rendición de cuentas y supervisión por parte de los Estados Miembros respecto de las contribuciones voluntarias y los recursos extrapresupuestarios. Es importante que los recursos provenientes de las contribuciones voluntarias y los recursos extrapresupuestarios se utilicen para apoyar todas las prioridades acordadas por los Estados Miembros y se empleen estrictamente de conformidad con el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de la Organización convenidos intergubernamentalmente.

154.    Recalcamos la función central de las Naciones Unidas en la gobernanza económica mundial como foro multilateral verdaderamente universal e inclusivo, con una legitimidad incuestionable, poder de convocatoria y marcos normativos. Ponemos de relieve el importante papel que debería desempeñar la Asamblea General en el nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas, previa recomendación del Consejo de Seguridad de conformidad con el Artículo 97 de la Carta. En ese sentido, destacamos que el proceso de selección del Secretario General debería incluir a todos los Estados Miembros y ser más transparente. Además, consideramos que la rotación regional, así como el respeto de la representación geográfica equitativa, deberían tenerse en cuenta durante los procesos de selección y nombramiento.

155.    Reconocemos también la importancia de aumentar el número de nacionales de países en desarrollo en los niveles superiores de la Secretaría, en particular en el Grupo Superior de Gestión.

Transferencia de tecnología, ciencia e innovación para el desarrollo

156.    Creemos que la integración de la ciencia, los conocimientos y la integración de la tecnología y la innovación deben ser instrumentos para promover la paz y el desarrollo sostenible de las personas, su bienestar y felicidad, y que, por tanto, deben estar orientados a promover el empoderamiento de los pobres, la erradicación de la pobreza y el hambre, la promoción de la solidaridad y la complementariedad entre y dentro de los pueblos para que puedan vivir bien en armonía con la Madre Tierra.

157.    Expresamos nuestra preocupación por que la ciencia, la tecnología y la innovación puedan ser utilizadas indebidamente como instrumentos para limitar y socavar la soberanía de los países, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

158.    Pedimos que se ponga fin a la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones, incluidas las redes sociales, en contravención del derecho internacional y en detrimento de cualquier Estado, en particular los miembros del Grupo de los 77 o sus ciudadanos.

159.    Reafirmamos que la tecnología es esencial para hacer frente a los problemas de desarrollo en una amplia variedad de cuestiones, como la alimentación y la agricultura, el agua y el saneamiento, el cambio climático, la energía, la industria y la gestión de productos químicos y de desechos. La transferencia de tecnología, la integración de la tecnología y el desarrollo y la promoción de tecnologías endógenas son importantes para que los países en desarrollo generen crecimiento económico de manera ecológicamente sostenible. Exhortamos a los países desarrollados a cumplir sus compromisos de transferir tecnología a los países en desarrollo y facilitar el acceso a tecnología en condiciones favorables, incluso en condiciones de favor y preferenciales, para que los países en desarrollo puedan optar a una vía de desarrollo más sostenible.

160.    Es fundamental que los países desarrollados se vuelvan a comprometer con el objetivo de la transferencia de tecnología como uno de los principales componentes, junto con las finanzas, el desarrollo de la capacidad y el comercio, de la provisión de medios de realización del desarrollo sostenible para los países en desarrollo, y que tomen medidas para zanjar la brecha tecnológica. Pedimos la pronta creación por el sistema de las Naciones Unidas de un mecanismo de facilitación de la tecnología que promueva el desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnologías limpias y ambientalmente racionales, incluidas tecnologías de combustibles fósiles menos contaminantes.

161.    Pedimos que las reglamentaciones y las políticas sobre la propiedad intelectual se incluyan en un marco de desarrollo, en virtud del cual los derechos de propiedad intelectual se orienten hacia la promoción de un desarrollo social, económico y ambiental equilibrado. En este sentido, apoyamos las medidas adoptadas por los países en desarrollo para promover la aplicación de las recomendaciones adoptadas en el marco de la Agenda de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para el Desarrollo de 2007. Reiteramos nuestro llamamiento en el párrafo 8 vii) del Plan de Acción de Doha de 2005, aprobado en la Segunda Cumbre del Grupo de los 77, de que la OMPI siga incluyendo en sus planes y actividades futuros, entre otras cosas, asesoramiento jurídico, una dimensión de desarrollo que abarque la promoción del desarrollo y el acceso de todos al conocimiento, el establecimiento de normas que favorezcan el desarrollo, la armonización con las normas del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el establecimiento de principios que favorezcan el desarrollo y la transferencia y difusión de tecnología.

162.    También reiteramos que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC contiene medidas de flexibilidad y que los Estados en desarrollo miembros de la OMC tienen derecho a utilizarlas, como se confirmó en la Declaración Ministerial de la OMC de 2001 relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, y apoyamos el uso de esas disposiciones que prevén flexibilidad en nuestros países con el fin de promover la salud, la educación y el desarrollo económico y social. Observamos con gran interés y aprecio que algunos países en desarrollo han hecho uso con éxito de algunas medidas de flexibilidad de los ADPIC para promover el uso de medicamentos genéricos, que tienen menor costo y, por tanto, aumentan en gran medida el acceso a medicamentos a precios asequibles. Rechazamos los intentos de cualquier país desarrollado o de cualesquiera intereses comerciales de presionar a los países en desarrollo a fin de que no ejerzan su derecho a hacer uso de las medidas de flexibilidad del Acuerdo ADPIC para fines sociales y de desarrollo, y expresamos nuestra solidaridad con los países en desarrollo que han sido objeto de presiones de esa índole.

163.    Destacamos la necesidad de proteger los conocimientos de los países en desarrollo, los pueblos indígenas y las comunidades locales respecto a los recursos genéticos, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, en particular de los intentos constantes de personas o empresas de patentar esos recursos y conocimientos sin la aprobación de los países, los pueblos indígenas y las comunidades de que se trate.

164.    Pedimos que se intensifiquen las medidas de nuestros negociadores y encargados de formular políticas para establecer mecanismos jurídicos a nivel internacional o nacional a fin de prevenir la biopiratería exigiendo la divulgación del país de origen y de pruebas de acuerdos de participación en los beneficios por los solicitantes de esas patentes. Pedimos también disposiciones firmes y mecanismos eficaces para la transferencia de tecnología, en particular el tratamiento adecuado de la propiedad intelectual, en el régimen internacional relativo al cambio climático en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Comercio

165.    Creemos que el comercio en el contexto de políticas y normas apropiadas puede ser un instrumento importante para el desarrollo económico. Debido a la crisis financiera y económica mundial que continúa, se ha producido un declive del comercio que ha tenido graves efectos en muchos países en desarrollo a causa del descenso de los ingresos de las exportaciones, las barreras comerciales y los subsidios que distorsionan el comercio en los países en desarrollo, y el acceso restringido a la financiación del comercio y la disminución de las inversiones en la diversificación de la producción y en la promoción de las exportaciones y sigue siendo motivo de preocupación. Es esencial establecer y mantener un sistema comercial multilateral universal, justo, basado en normas, abierto, favorable al desarrollo, no discriminatorio, inclusivo y equitativo que contribuya al crecimiento, al desarrollo sostenible y al empleo, en particular en los países en desarrollo.

166.    Pedimos que concluya oportuna y satisfactoriamente la Ronda de Doha de negociaciones comerciales multilaterales, que debe atenerse plenamente a su mandato en materia de desarrollo y estar centrada en las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Tras la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Bali en 2013, pedimos un proceso de negociación inclusivo y transparente y que se dé prioridad a los intereses y problemas de los países en desarrollo en el programa posterior a Bali. Vemos con preocupación que algunos países desarrollados miembros de la OMC tienen más interés en obtener acceso a los mercados de los países en desarrollo, pero no están dispuestos a adoptar medidas adecuadas para eliminar o reducir el proteccionismo en su sector de la agricultura ni a facilitar más acceso a los mercados a los países en desarrollo.

167.    Reiteramos que los países desarrollados deben proporcionar una asistencia técnica y una creación de capacidad relacionadas con el comercio eficaces, financiadas adecuadamente y adaptadas a las necesidades y las limitaciones específicas de los países en desarrollo, en particular mediante el Marco Integrado Mejorado de la OMC, para abordar las limitaciones de los países menos adelantados respecto de la infraestructura y la capacidad productiva relacionadas con la oferta y el comercio. Asimismo, es fundamental que los países en desarrollo tengan acceso a asistencia financiera y técnica para desarrollar su capacidad a fin de aplicar efectivamente el nuevo Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. En este contexto, debe prestarse especial atención, entre otros elementos, a los proyectos y programas orientados a desarrollar y fortalecer corredores para reducir los costos del tránsito internacional.

168.    Ponemos de relieve la importancia de facilitar la adhesión a la OMC. El proceso de adhesión debe acelerarse sin impedimentos políticos y de manera expedita y transparente para los países en desarrollo, en plena conformidad con las normas de la OMC. Esto contribuiría a la integración rápida y plena de los países en desarrollo en el sistema comercial multilateral.

169.    Creemos que las normas comerciales, en la OMC o en los acuerdos de comercio bilaterales y regionales, deberían permitir que los países en desarrollo dispongan de suficiente margen normativo para que puedan hacer uso de instrumentos y medidas de políticas necesarios para su desarrollo económico y social. Reiteramos nuestra petición de que se fortalezca de manera efectiva el trato especial y diferenciado y los principios y las disposiciones de la OMC que no conlleven una reciprocidad plena a fin de ampliar el margen normativo de los países en desarrollo y permitirles beneficiarse más del sistema comercial multilateral. También pedimos que los acuerdos bilaterales de comercio e inversión entre países desarrollados y países en desarrollo tengan un trato especial y diferenciado suficiente para los países en desarrollo para que puedan conservar un margen normativo adecuado para el desarrollo social y económico.

Migración

170.    Consideramos que el nexo entre la migración y el desarrollo deben abordarse de manera integral, teniendo en cuenta las dimensiones económica, social y ambiental e incluir una perspectiva cultural y humana. Reconocemos la necesidad de abordar esta cuestión mediante la cooperación y el diálogo internacionales, regionales o bilaterales y a través de un enfoque amplio, equilibrado, coordinado y consistente, reconociendo las funciones y responsabilidades de los países de origen, tránsito y destino en la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes y sus familiares, especialmente los de las mujeres y los niños, independientemente de su situación migratoria.

171.    Observamos que a pesar de los progresos logrados en los debates, el diálogo y la cooperación a nivel internacional, la migración aún no se reflejaba adecuadamente en los marcos de desarrollo, los programas de desarrollo y las políticas sectoriales tanto nacionales como mundiales. Por tanto, estamos explorando la posibilidad de una convención jurídicamente vinculante sobre la migración y el desarrollo para mejorar la gobernanza de la migración internacional, proteger y promover los derechos humanos de los migrantes y su contribución al desarrollo, independientemente de su situación migratoria.

172.    Reconocemos la importante función que desempeñan los migrantes como asociados en el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino y la necesidad de mejorar la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los trabajadores migratorios y sus familiares. También destacamos la necesidad de seguir examinando el reconocimiento de las calificaciones y competencias de los migrantes y su acceso a servicios financieros de bajo costo para las remesas.

Cambio climático

173.    Afirmamos que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro internacional intergubernamental para negociar la respuesta mundial al cambio climático. En este sentido, destacamos que la respuesta internacional al cambio climático debe respetar plenamente los principios, disposiciones y objetivo último de la Convención, en particular los principios de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas.

174.    Reiteramos que la consecución del objetivo último de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático requerirá reforzar el régimen multilateral basado en normas en virtud de la Convención, y por tanto, reafirmamos además la importancia de continuar las negociaciones sobre el cambio climático en el marco de la Convención de conformidad con sus principios y disposiciones, y aprobar en 2015 un protocolo, otro instrumento jurídico o una conclusión acordada con fuerza legal en el marco de la Convención aplicable a todas las partes.

175.    Recordamos que el cambio climático es uno de los problemas mundiales más graves de nuestro tiempo. Recalcamos que los países en desarrollo siguen siendo los que más sufren los efectos adversos del cambio climático, el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y las consecuencias de las medidas de respuesta, a pesar de que son los que menos contribuyen al cambio climático. En consecuencia, pedimos a los países desarrollados que encabecen la respuesta al cambio climático. El cambio climático pone en peligro no solo las perspectivas de desarrollo de los países en desarrollo y su logro del desarrollo sostenible, sino también la propia existencia y supervivencia de los países y las sociedades.

176.    Reconocemos que los países de baja altitud y otros pequeños países insulares, los países en desarrollo con zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas o zonas expuestas a inundaciones, sequía y desertificación, y los países en desarrollo con ecosistemas montañosos frágiles, son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático.

177.    Reafirmamos la importancia de la aplicación del mecanismo de Varsovia para las pérdidas y los daños relacionados con las repercusiones del cambio climático, aprobado en el 19º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Varsovia del 11 al 23 de noviembre de 2013 (decisión 2/CP.19). Reconocemos también la necesidad urgente de adoptar medidas concretas en este año, antes de la celebración del 20º período de sesiones de la Conferencia de las Partes, que tendrá lugar en Lima, para la puesta en marcha inmediata del mecanismo.

178.    Hacemos hincapié en que los países desarrollados, habida cuenta de su responsabilidad histórica, deben tomar las riendas a la hora de abordar ese reto acogiéndose a los principios y las disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en particular los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas y de equidad, y proporcionar apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo en forma transparente, adecuada y previsible con arreglo a una modalidad de vigilancia, presentación de informes y verificación.

179.    Reiteramos que la medida en que los países en desarrollo lleven a la práctica efectivamente sus compromisos en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático dependerá de la manera en que los países desarrollados lleven a la práctica efectivamente sus compromisos en virtud de la Convención relativos a los recursos financieros y la transferencia de tecnología y tengan plenamente en cuenta que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son las prioridades primeras y absolutas de los países en desarrollo.

180.    Destacamos la necesidad de resolver urgentemente la cuestión del establecimiento de objetivos deliberadamente poco ambiciosos, y manifestamos preocupación por la falta de cumplimiento de los compromisos por los países desarrollados. Para hacer frente a esas dificultades, la atención no debe limitarse solamente a la mitigación sino abordar también las lagunas en materia de financiación, tecnología y apoyo para el desarrollo de capacidad, equilibradas con un enfoque centrado en la adaptación al cambio climático. Ponemos de relieve que los países desarrollados deben asumir compromisos de mitigación firmes y ambiciosos, con metas cuantitativas ambiciosas respecto de la reducción y la limitación de emisiones, de acuerdo con los niveles dictados por la ciencia y establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

181.    Reiteramos la urgencia de acelerar el proceso de puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima y de su pronta capitalización, y exhortamos a los países desarrollados a alcanzar el objetivo de movilizar 100.000 millones de dólares cada año para 2020 a fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo.

182.    Afirmamos nuestro apoyo para el éxito de la reunión que se celebrará en la República Bolivariana de Venezuela antes del 20º período de sesiones de la Conferencia de las Partes que se celebrará en Lima, y reafirmamos la necesidad de lograr progresos en las negociaciones para alcanzar un acuerdo ambicioso, equilibrado, justo y eficaz en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de conformidad con sus principios y disposiciones, que se acordará en 2015 y entrará en vigor en 2020 que realmente contribuya a la estabilización del sistema climático.

Biodiversidad

183.    Reafirmamos el reconocimiento que figura en el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible acerca de la gravedad de la pérdida mundial de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, y ponemos de relieve que socavan el desarrollo mundial, afectan a la seguridad alimentaria y la nutrición, el abastecimiento de agua y el acceso al agua, la salud de los pobres del medio rural y de los pueblos de todo el mundo, incluidas las generaciones presentes y futuras. Esto resalta la importancia de conservar la biodiversidad, reforzar la conectividad del hábitat y aumentar la resiliencia de los ecosistemas.

184.    Reconocemos la importancia del papel de las medidas colectivas de los pueblos indígenas y las comunidades locales para proteger, utilizar y conservar la biodiversidad. Reafirmamos también que los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales aportan una contribución importante a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y que su aplicación más amplia puede apoyar el bienestar social y los medios de vida sostenibles. Reconocemos además que a menudo los pueblos indígenas y las comunidades locales son los que más directamente dependen de la biodiversidad y los ecosistemas, y por tanto, con frecuencia son los más inmediatamente afectados por su pérdida y degradación.

185.    Acogemos con beneplácito los importantes resultados de la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Hyderabad (India) en octubre de 2012, en particular el compromiso de duplicar las corrientes financieras internacionales relacionadas con la biodiversidad hacia los países en desarrollo para 2015 y como mínimo mantener ese nivel hasta 2020 a fin de contribuir a alcanzar los tres objetivos del Convenio. Exhortamos también a las Partes en el Convenio a examinar los avances a ese respecto en la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes con miras a adoptar una meta definitiva para la movilización de recursos.

186.    Acogemos con beneplácito la reunión informativa conjunta celebrada en 2013 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la OMPI, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el PNUD, la UNCTAD, la secretaría del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre la aplicación de los objetivos del Convenio, incluidas las medidas adoptadas para promover el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización y los conocimientos tradicionales conexos. Señalamos que se deberían alentar interacciones similares, reconociendo los respectivos mandatos de las organizaciones participantes, y exhortamos a todos los Estados Miembros, en particular a los países desarrollados, a que aceleren el proceso de ratificación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica.

187.    Observamos con profunda preocupación el aumento sin precedentes de la caza furtiva y el comercio ilícito de vida silvestre y sus productos en todas las regiones, en particular de colmillos de elefante y cuernos de rinoceronte. Destacamos que esa tendencia es perjudicial para el equilibrio ecológico, promueve la delincuencia dentro y a través de las fronteras y se le debe poner fin con urgencia a fin de evitar invertir decenios de ganancias con la conservación. Por tanto, condenamos enérgicamente la caza furtiva y los delitos relacionados con el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, y acordamos aumentar la cooperación internacional de conformidad con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y otros acuerdos pertinentes para poner freno a esas prácticas, hacer frente a la demanda y la oferta de la flora y la fauna silvestres y sus productos, y aumentar la capacidad de las comunidades afectadas por ese tráfico para promover oportunidades de medios de vida sostenibles.

Bosques

188.    Resaltamos los beneficios sociales, económicos y ambientales que tienen los bosques para las personas y las contribuciones de la gestión forestal sostenible al objetivo del desarrollo sostenible. Apoyamos las políticas intersectoriales e interinstitucionales que promuevan la gestión forestal sostenible (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible) y reconocemos también la importancia de los enfoques holísticos, integrales y alternativos para la gestión forestal sostenible elaborados en el marco de las negociaciones sobre el cambio climático.

189.    Observamos el resultado del décimo período de sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, celebrado en Estambul (Turquía), del 8 al 19 de abril de 2013, y recalcamos la importancia de los cuatro objetivos mundiales sobre los bosques para la comunidad internacional en su conjunto, en particular para los países en desarrollo. El cuarto objetivo mundial es particularmente pertinente para los países en desarrollo, ya que señala la necesidad de invertir la disminución de la asistencia oficial para el desarrollo y movilizar recursos financieros nuevos y adicionales para aplicar una gestión forestal sostenible. Para cumplir el cuarto objetivo mundial es fundamental respetar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas entre los países desarrollados y en desarrollo. A este respecto, instamos a los países desarrollados a ejercer una voluntad política firme y la flexibilidad necesaria para contribuir a lograr la gestión forestal sostenible.

190.    Pedimos que se establezca un nuevo fondo silvícola mundial que esté en consonancia con los principios del desarrollo sostenible. Consideramos que es necesario a fin de canalizar la financiación necesaria para los países en desarrollo a fin de gestionar de manera sostenible sus bosques.

Desertificación, degradación de las tierras y sequía

191.    Reafirmamos que la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía son motivos de grave preocupación para los países en desarrollo. Por tanto, es urgente que se adopten medidas internacionales encaminadas a hacer frente a esos problemas. Ponemos de relieve la gran importancia de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África, destacando que la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía socavan las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Reiteramos que hacer frente a la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía permite a los países abordar varios retos en materia de política de escala mundial, como la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático y la migración forzada. En este contexto, observamos la realización del 11º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención de Lucha contra la Desertificación, celebrado en Windhoek del 16 al 27 de septiembre de 2013.

192.    Reiteramos la necesidad de cooperar mediante el intercambio de información sobre el clima y meteorológica y los sistemas de pronóstico y alerta temprana relacionados con la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, así como sobre las tormentas de polvo y arena, a nivel mundial, regional y subregional. En este sentido, invitamos a los Estados y a las organizaciones competentes a que cooperen en el intercambio de la información y los sistemas de pronóstico y alerta temprana conexos.

Océanos y mares

193.    Destacamos la importancia de la conservación y el uso sostenible de los océanos y mares y sus recursos para el desarrollo sostenible, en particular debido a su contribución a la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico sostenido, la seguridad alimentaria, la creación de medios de vida sostenibles y trabajo decente, así como de la protección de la biodiversidad y el medio marino y las medidas para hacer frente a los efectos del cambio climático. Por tanto, nos comprometemos a proteger y restablecer la salud, la productividad y la resiliencia de los océanos y ecosistemas marinos, mantener su biodiversidad, promover su conservación y uso sostenible para las generaciones presentes y futuras y lograr las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

Gobernanza de Internet, incluido el derecho a la intimidad

194.    Vemos con consternación que algunos países han realizado recientemente actividades de vigilancia o de interceptación de las comunicaciones extensas, arbitrarias e ilegales, incluidas la vigilancia o la interceptación extraterritoriales de comunicaciones y la recopilación de datos personales, incluso a gran escala, de personas e instituciones de otros países, en particular de dirigentes políticos, altos funcionarios y diversos departamentos gubernamentales y organismos, así como de ciudadanos. Pedimos que se ponga fin a esas actividades, que violan el derecho humano a la intimidad de las personas y tienen efectos negativos en las relaciones entre los países. En este sentido, pedimos que entidades intergubernamentales examinen y revisen el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a fin de asegurar que se ajusten plenamente al derecho internacional, incluido el derecho de los derechos humanos, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

195.    Acogemos con beneplácito la celebración de NETmundial, la Reunión Global de Múltiples Partes Interesadas sobre el Futuro de la Gobernanza de Internet, que tuvo lugar en São Paulo (Brasil), los días 23 y 24 de abril de 2014, y tomamos nota de su documento final.

196.    Ponemos de relieve las importantes posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluidas las redes sociales y la infraestructura conexa, como medio para promover un mejor entendimiento entre las naciones y el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente.

197.    Reconocemos al mismo tiempo que el uso ilegal de las tecnologías de la información y las comunicaciones tiene efectos negativos en las naciones y sus ciudadanos. En este sentido, expresamos nuestro firme rechazo a la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en violación del derecho internacional, incluido el derecho a la intimidad, y a toda medida de esta índole dirigida contra cualquier Estado Miembro, en particular un Estado miembro del Grupo de los 77.

198.    Subrayamos además la importancia de velar por que la utilización de esas tecnologías sea plenamente compatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, en particular los principios de soberanía, no injerencia en los asuntos internos y las normas internacionalmente reconocidas de la coexistencia civil entre los Estados.

199.    En este sentido, observamos con preocupación la información publicada en medios de comunicación internacionales sobre los objetivos de la denominada red “ZunZuneo”, que constituiría un uso ilícito de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

200.    Por consiguiente, reiteramos nuestro compromiso de intensificar los esfuerzos internacionales dirigidos a salvaguardar el ciberespacio y promover su uso exclusivo para la consecución de fines pacíficos y como vehículo para contribuir al desarrollo económico y social, y resaltamos que la cooperación internacional, respetando plenamente los derechos humanos, es la única opción viable para fomentar los efectos positivos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, evitar sus posibles efectos negativos, promover su uso con fines pacíficos y legítimos y garantizar que los avances científicos y tecnológicos tengan por objeto preservar la paz y promover el bienestar y el desarrollo de nuestras sociedades.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

201.    Expresamos nuestro compromiso de intensificar los esfuerzos encaminados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de 2015 y de asumir un papel rector para dar forma a la agenda internacional para el desarrollo después de 2015. Exhortamos a la comunidad internacional a que redoble todos los esfuerzos para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de aquí a 2015 mediante medidas concretas.

202.    Observamos los progresos logrados hasta la fecha para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero nos preocupan la desigualdad y las deficiencias en el logro y los enormes desafíos socioeconómicos y ambientales que persisten en los países en desarrollo. Reiteramos que los Objetivos siguen siendo fundamentales para atender las necesidades básicas de la población de los países en desarrollo, muchos de los cuales no están en condiciones de alcanzarlos para 2015.

203.    Recalcamos el papel central que corresponde a la alianza mundial para el desarrollo y la importancia del octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio para la consecución de todos los Objetivos, y que sin un apoyo internacional sustancial y cambios sistémicos, muchos países en desarrollo no lograrán alcanzar varios Objetivos para 2015. Exhortamos a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos para que se proporcionen a los países en desarrollo mejores medios para progresar mediante una alianza mundial renovada basada en la búsqueda colectiva de medidas destinadas a erradicar la pobreza y las privaciones.

Desarrollo sostenible y Objetivos de Desarrollo Sostenible

204.    Recordamos y reafirmamos la aseveración que hicieron los dirigentes mundiales en el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, titulado “El futuro que queremos”, de que la erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad y una condición indispensable del desarrollo sostenible.

205.    Reiteramos que erradicar la pobreza, modificar las modalidades de consumo y producción insostenibles y promover modalidades sostenibles, y disponer la protección y la ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social son objetivos generales y requisitos indispensables para el desarrollo sostenible. Reafirmamos también que es necesario lograr el desarrollo sostenible promoviendo un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para todos, reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo social equitativo y la inclusión, y promoviendo la ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, que contribuye, entre otras cosas, al desarrollo económico, social y humano y facilita al mismo tiempo la conservación, la regeneración, el restablecimiento y la resiliencia de los ecosistemas frente a los problemas nuevos y en ciernes.

206.    Destacamos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberían abordar y centrarse prioritariamente en la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental), regirse por el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, respetar todos los Principios de Río y tener en cuenta las diferentes circunstancias, capacidades y prioridades nacionales.

207.    Reafirmamos que el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible es la base de la labor del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Subrayamos que para avanzar en el logro del objetivo general de erradicar la pobreza es importante que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se basen en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los complementen.

208.    Destacamos que los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda para el desarrollo después de 2015 dependerán de la medida en que se cree un entorno internacional propicio que favorezca el desarrollo y se faciliten los medios de ejecución pertinentes a los países en desarrollo, en particular en las esferas de las finanzas, el comercio, la tecnología y la creación de capacidad.

209.    Reafirmamos que los principios rectores del Objetivos de Desarrollo Sostenible deben basarse en todos los principios establecidos en las grandes cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en las esferas económica, ambiental y social, teniendo en cuenta, entre otros, los enunciados en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21 y el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, y los derivados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (2012), la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (2002) y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), y deben ajustarse al derecho internacional. El proceso y los resultados del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben respetar plenamente todos los Principios de Río, en particular el principio de la responsabilidad común pero diferenciada. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben contribuir a la plena aplicación de los resultados de todas las grandes cumbres en las esferas económica, social y ambiental.

210.    Reafirmamos que reconocemos que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que “Madre Tierra” es una expresión común en muchos países y regiones, y observamos que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que, para lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza. Pedimos que se adopte un enfoque holístico e integrado del desarrollo sostenible, que podría incluir, entre otras cosas, el reconocimiento por algunos países de los principios antes mencionados, que lleve a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y que propicie la adopción de medidas para restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra.

211.    Acogemos con satisfacción el diálogo interactivo de la Asamblea General sobre la Armonía con la Naturaleza, celebrado el 22 de abril de 2013 con ocasión del Día Internacional de la Madre Tierra, en el que se examinaron diferentes enfoques económicos en el contexto del desarrollo sostenible a fin de promover una base más ética en la relación entre los seres humanos y la Tierra, así como la necesidad de fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, teniendo en cuenta la importancia de estudiar la adopción y la aplicación de políticas que conformen estrategias nacionales de desarrollo que promuevan una mejor distribución de los beneficios y no se circunscriban a la mera producción de materias primas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 67/214 de la Asamblea General.

212.    Recalcamos que el informe del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe ser el resultado de un proceso intergubernamental inclusivo. En consecuencia, reafirmamos nuestro compromiso de participar activamente en tales negociaciones.

213.    Subrayamos la necesidad de definir medios de ejecución adecuados para todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la necesidad de un objetivo de desarrollo sostenible dedicado expresamente al fortalecimiento de la alianza mundial para el desarrollo sostenible, con compromisos generales con respecto a los medios de ejecución y la cooperación internacional para el desarrollo sostenible.

Agenda para el desarrollo después de 2015

214.    Reafirmamos la importancia fundamental de que la agenda para el desarrollo después de 2015 se establezca en un proceso de negociación intergubernamental justo, transparente e inclusivo, según lo decidido en el acto especial de seguimiento de la labor realizada para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio celebrado en 2013. Destacamos que ese proceso de negociación intergubernamental deberá centrarse en sus modalidades y aspectos sustantivos de modo que se genere un documento final negociado y convenido que tenga plenamente en cuenta los resultados de los diversos procesos de seguimiento previstos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y de las principales cumbres y conferencias relacionadas con los ámbitos social, económico y ambiental.

215.    Recordando la afirmación hecha en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de que la erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo y una condición indispensable del desarrollo sostenible, hacemos hincapié en que la erradicación de la pobreza debe seguir siendo el objetivo central y conductor de la agenda para el desarrollo después de 2015. Estamos firmemente convencidos de que la agenda para el desarrollo después de 2015 debe reforzar el compromiso de la comunidad internacional de erradicar la pobreza para 2030.

216.    Subrayamos la necesidad de adoptar un enfoque coherente en lo que respecta a la agenda para el desarrollo después de 2015, que refuerce el compromiso de la comunidad internacional de erradicar la pobreza e integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible de manera equilibrada, con la contribución del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el proceso de financiación para el desarrollo, el Comité Intergubernamental de Expertos en Financiación del Desarrollo Sostenible, el proceso para formular opciones con respecto a un mecanismo de las Naciones Unidas de facilitación de la tecnología y otros procesos pertinentes.

217.    Reafirmamos que la agenda para el desarrollo después de 2015 debe ajustarse plenamente a los Principios de Río, en particular al principio de la responsabilidad común pero diferenciada.

218.    Subrayamos la importancia de fortalecer la alianza mundial para el desarrollo, que se ha de basar en objetivos cuantificados con plazos concretos, en consonancia con el octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio y de conformidad con el principio de la responsabilidad común pero diferenciada en el marco de la agenda para el desarrollo después de 2015. La piedra angular de esta alianza sigue siendo la cooperación Norte-Sur, de la que la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular son un complemento útil. En consecuencia, los países desarrollados han de reafirmar su compromiso de intensificar la cooperación internacional y prestar un mayor apoyo a los países en desarrollo. Hacemos hincapié en la necesidad de que los países desarrollados cumplan urgentemente los compromisos de asistencia oficial para el desarrollo que han contraído de manera individual y colectiva, en particular la meta de destinar el 0,7% de su producto nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo para el año 2015 y la meta de destinar entre el 0,15% y el 0,20% de su producto nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados.

219.    Hacemos hincapié en que la agenda para el desarrollo después de 2015 debe abordar de manera sustantiva cuestiones relativas a la reforma de las instituciones de gobernanza económica mundial a fin de dar mayor voz y participación a los países en desarrollo en la adopción de decisiones en esas instituciones. Observamos también que los sistemas económicos, financieros y comerciales mundiales siguen estando desequilibrados, en detrimento de los países en desarrollo, y a este respecto destacamos la importancia de indicar, en la agenda para el desarrollo después de 2015, las deficiencias y los desequilibrios de esos sistemas mundiales y de proponer medidas para mejorarlos con objeto de favorecer la agenda y los programas de desarrollo de los países en desarrollo.

220.    Afirmamos la necesidad de un mecanismo sólido de aplicación de la agenda para el desarrollo después de 2015 que asegure la disponibilidad de recursos para el desarrollo para lograr los objetivos fijados. En este sentido, pedimos que se intensifique la financiación para el desarrollo, se establezcan y mejoren mecanismos de transferencia de tecnología y se potencien iniciativas para desarrollar la capacidad de los países en desarrollo.

221.    Pedimos que se adopte un enfoque de rendición de cuentas responsable con respecto a las alianzas de las que formen parte las Naciones Unidas, en particular en lo referente a la participación del sector privado, la sociedad civil y entidades filantrópicas. A este respecto, reafirmamos que es preciso aumentar la transparencia, la coherencia y la sostenibilidad, así como la rendición de cuentas a los Estados Miembros en las alianzas de las Naciones Unidas, y destacamos la necesidad de que haya establecidos procedimientos para que los Estados Miembros examinen y aprueben este tipo de iniciativas en la Asamblea General a fin de preservar el carácter intergubernamental de las Naciones Unidas.

222.    Hacemos hincapié en que la agenda para el desarrollo después de 2015 debe ser una agenda para el desarrollo y en que, en este contexto, es importante promover el desarrollo económico, social y ambiental de manera integral, equilibrada y coordinada. Esta agenda debe tener un mayor alcance que los Objetivos de Desarrollo del Milenio y abarcar las esferas, las cuestiones y los grupos de población que son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible.

223.    Destacamos también la importancia de que la agenda para el desarrollo después de 2015, si se pretende que sea de carácter global y universalmente aplicable a todos, respete plenamente el margen normativo en materia de desarrollo de los países en desarrollo, de forma que puedan recurrir a las medidas y los instrumentos normativos necesarios para poner en práctica sus políticas de erradicación de la pobreza y otros planes y programas de desarrollo. Destacamos también que la agenda para el desarrollo después de 2015 debe promover el crecimiento económico rápido, sostenido e inclusivo en los países en desarrollo como requisito fundamental para erradicar la pobreza y el hambre y reducir las desigualdades dentro de los países y de un país a otro.

Parte V: Necesidades particulares de los países en desarrollo en situaciones especiales

224.    Recordamos las necesidades especiales de África, único continente que no va camino de alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Reconocemos que, si bien se está reanudando el crecimiento económico, es necesario apuntalar la recuperación, que es frágil y desigual, para hacer frente a los actuales efectos adversos de las múltiples crisis en el desarrollo y a las graves dificultades que suponen para la lucha contra la pobreza y el hambre, que podrían comprometer aún más el logro en África de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

225.    Expresamos profunda preocupación por el hecho de que no se ha cumplido plenamente el compromiso de duplicar la ayuda a África antes de 2010 formulado en la cumbre del Grupo de los Ocho celebrada en Gleneagles (Reino Unido) y, a este respecto, recalcamos la necesidad de avanzar con rapidez en el cumplimiento de esos compromisos y los asumidos por otros donantes de aumentar la ayuda a los países africanos por medios diversos, entre ellos la aportación de nuevos recursos adicionales, la transferencia de tecnología y la creación de capacidad, y de contribuir a su desarrollo sostenible. Pedimos que se siga prestando apoyo a las iniciativas de desarrollo de África, como la Agenda 2063 (plan estratégico y marco de prioridades para el desarrollo socioeconómico a escala continental), la Nueva Alianza para el Desarrollo de África y el Programa de Desarrollo de la Infraestructura en África. Por otro lado, acogemos con satisfacción el apoyo prestado a África por algunos países en desarrollo mediante programas de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular.

226.    Manifestamos preocupación ante la situación de los países menos adelantados, que sigue deteriorándose como consecuencia de las múltiples crisis mundiales actuales, que se exacerban mutuamente. Es evidente que la actual crisis financiera y económica mundial está socavando el desarrollo en los países menos adelantados. Como consecuencia del retroceso en los modestos avances en materia de desarrollo conseguidos a lo largo de los años por estos países, está aumentando el número de personas abocadas a la pobreza extrema en su territorio. Muchos países menos adelantados siguen estando lejos de alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hacemos hincapié en la necesidad de llevar a la práctica de forma plena y efectiva los compromisos asumidos en el Programa de Acción en Favor de los Países Menos Adelantados para el Decenio 2011-2020. Subrayamos además la necesidad vital de hacer efectiva rápidamente una alianza mundial renovada y fortalecida para los países menos adelantados a fin de superar sus problemas estructurales, erradicar la pobreza, alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente y ayudar a la mitad de los países menos adelantados a cumplir los criterios que les permitan salir de esa categoría para 2020.

227.    Recordamos que las vulnerabilidades específicas y particulares de los pequeños Estados insulares en desarrollo han sido reconocidas por la comunidad internacional en varias reuniones de las Naciones Unidas, como por ejemplo las celebradas en Río de Janeiro (1992), Barbados (1994), Johannesburgo (2002) y Mauricio (2005), y señalamos con preocupación que no se han tomado suficientes medidas a nivel internacional para subsanar esas vulnerabilidades y apoyar con eficacia los esfuerzos de dichos Estados en pro del desarrollo sostenible. Recordamos que el cambio climático y la elevación del nivel del mar constituyen la mayor amenaza para la supervivencia y la viabilidad de los pequeños Estados insulares en desarrollo y para sus esfuerzos por lograr los objetivos de desarrollo sostenible, y hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a que se comprometa a aumentar con carácter urgente la cooperación internacional en apoyo de dichos esfuerzos, en particular mediante el incremento de recursos financieros, el fomento de la capacidad, la transferencia de tecnología y conocimientos especializados, y una mayor participación de los pequeños Estados insulares en desarrollo en la toma de decisiones económicas a nivel internacional. Acogemos con beneplácito la decisión de convocar la tercera Conferencia Internacional sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, que se celebrará en 2014 en Apia, y pedimos que se aumenten las medidas de asistencia a los pequeños Estados insulares en desarrollo en la aplicación del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y la Estrategia de Mauricio para la Ejecución del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo. Nos comprometemos a trabajar en pro de un resultado sólido para la Conferencia de Apia que sirva de apoyo a los pequeños Estados insulares en desarrollo en sus necesidades y aspiraciones en materia de desarrollo sostenible.

228.    Reconocemos las necesidades y los desafíos especiales que afrontan los países en desarrollo sin litoral, causados por su falta de acceso territorial al mar, situación agravada por la lejanía de los mercados mundiales, y expresamos también nuestra preocupación por el hecho de que el crecimiento económico y el bienestar social de los países en desarrollo sin litoral siguen siendo muy vulnerables a las perturbaciones externas así como a los múltiples desafíos que enfrenta la comunidad internacional, como la crisis financiera y económica y los cambios climáticos. Hacemos hincapié en la necesidad de que la comunidad internacional aumente la asistencia para el desarrollo a los países en desarrollo sin litoral para ayudarles a subsanar sus vulnerabilidades, aumentar la resiliencia y adoptar una senda de desarrollo social y económico sostenible. Reafirmamos la necesidad de atender sin dilación las necesidades especiales de desarrollo y los desafíos que enfrentan los países en desarrollo sin litoral y de tránsito a través de su asociación genuina con el apoyo y cooperación suficientes de la comunidad internacional para la eficaz aplicación de las prioridades del Programa de Acción de Almaty y su programa sucesor. Acogemos con beneplácito la decisión de la Asamblea General de celebrar una conferencia de examen global decenal del Programa de Acción de Almaty en 2014 y exhortamos a la comunidad internacional a considerar con espíritu crítico las necesidades y los desafíos especiales que afrontan los países en desarrollo sin litoral y ayudar a establecer las prioridades de un marco más integrado y orientado hacia la acción común en favor de los países en desarrollo sin litoral para el próximo decenio.

229.    Reconocemos que los países de ingresos medianos siguen afrontando importantes desafíos en materia de desarrollo y subrayamos que, a pesar de los recientes progresos logrados y los esfuerzos realizados por los países de ingresos medianos, el 75% de los pobres del mundo vive en esos países. La consecución de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como el logro del pleno empleo y la creación de puestos de trabajo para los jóvenes, la diversificación de sus economías y el desarrollo de las tecnologías siguen planteando enormes dificultades para los países de ingresos medianos. Hacemos hincapié en la creciente solidaridad y el papel desempeñado por los países de ingresos medianos en el ámbito de la cooperación Sur-Sur en apoyo de las iniciativas de desarrollo de otros países en desarrollo. Observamos también los resultados de la conferencia de alto nivel de los países de ingresos medianos, organizada por Costa Rica y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en junio de 2013.

230.    Subrayamos la necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo se asegure de que aborda las distintas necesidades de los países de ingresos medianos en materia de desarrollo de una forma coordinada por medios como una evaluación precisa de las prioridades y necesidades nacionales de esos países, teniendo en cuenta la utilización de variables que vayan más allá de los criterios relativos a los ingresos per capita y reconociendo la naturaleza multidimensional del desarrollo y de la pobreza y a través de un apoyo adecuado, sistemático y mejor enfocado, de conformidad con los planes nacionales.

231.    Reiteramos nuestro llamamiento para que Israel, la Potencia ocupante, se retire total e inmediatamente del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y del Golán sirio ocupado hasta la línea existente el 4 de junio de 1967, así como del resto de territorios ocupados del Líbano. Reafirmamos nuestro apoyo a un proceso de paz en el Oriente Medio orientado a lograr una paz amplia, justa y duradera en la región, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, entre ellas las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967), 338 (1973), 425 (1978) y 1850 (2008) y el principio de territorio por paz. En este contexto, también reafirmamos nuestro apoyo a la Iniciativa de Paz Árabe, aprobada por el Consejo de la Liga de los Estados Árabes en marzo de 2002.

232.    Hacemos hincapié en la necesidad de la pronta realización por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación y a la independencia de su Estado de Palestina a fin de hacer posible la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo en pro de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), a los que tienen derecho todos los pueblos. Expresamos nuestro apoyo a los esfuerzos del pueblo palestino por lograr la independencia y, a ese respecto, celebramos el hecho de que el 23 de septiembre de 2011 el Estado de Palestina presentara la solicitud de ingresar en las Naciones Unidas como miembro de pleno derecho, y observamos la aprobación por la Asamblea General de la resolución 67/19, de 29 de noviembre de 2012, en que concedió a Palestina la condición de Estado observador no miembro en las Naciones Unidas. Seguimos prestando apoyo al proceso de admisión del Estado de Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas lo antes posible. Recordamos que 2014 fue declarado Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

233.    Condenamos la continuación de la ocupación militar israelí del territorio palestino, incluida Jerusalén Oriental, y las actividades ilegales que lleva a cabo la Potencia ocupante, que siguen provocando víctimas civiles, penurias socioeconómicas y humanitarias y destrucción de bienes, infraestructura y tierras agrícolas palestinos, y socavan la contigüidad, la unidad y la integridad del territorio.

234.    Expresamos nuestra profunda preocupación por el empeoramiento de las condiciones sociales y económicas del pueblo palestino, particularmente en la Franja de Gaza asediada, como consecuencia de las prácticas ilegales de Israel, como la construcción de asentamientos y del muro y la imposición de un bloqueo y de cientos de puestos de control. Exhortamos a Israel, la Potencia ocupante, a que cese de inmediato todas las medidas ilegales que obstaculizan la economía y el desarrollo de Palestina, en particular, el bloqueo inhumano e ilegal impuesto a la Franja de Gaza y las restricciones impuestas a la circulación de personas y bienes, incluido el comercio en todo el Territorio Palestino Ocupado, con destino a él y desde él, y a que pague indemnizaciones por todos los daños causados a las propiedades, instituciones e infraestructura palestinas. Reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional para que durante este período crítico siga prestando al pueblo palestino la asistencia humanitaria y para el desarrollo que tanto se necesitan, especialmente para las labores de reconstrucción y la recuperación económica en la Franja de Gaza.

235.    Reafirmamos los derechos inalienables del pueblo palestino y de la población del Golán sirio ocupado sobre sus recursos naturales, incluidos la tierra, el agua y los recursos energéticos, y exigimos que Israel, la Potencia ocupante, deje de explotar, dañar, destruir, agotar y poner en peligro los recursos naturales del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y el Golán sirio ocupado.

236.    Reafirmamos la necesidad de que los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido reanuden sus negociaciones de conformidad con los principios y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa de soberanía relacionada con la cuestión de las Islas Malvinas, que perjudica gravemente la capacidad económica de la Argentina, y la necesidad de que ambas partes se abstengan de tomar decisiones que entrañarían la introducción de modificaciones unilaterales de la situación mientras las islas se encuentran en medio del proceso recomendado por la Asamblea General.

237.    Reafirmamos la necesidad de encontrar una solución pacífica a las cuestiones de soberanía que afrontan los países en desarrollo, entre otras la disputa relativa al archipiélago de Chagos, incluida la isla Diego García, que el Reino Unido arrancó ilegalmente del territorio de Mauricio antes de su independencia, en violación del derecho internacional y de las resoluciones 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, y 2066 (XX), de 16 de diciembre de 1965, de la Asamblea General. De no resolverse estas cuestiones en materia de descolonización y soberanía, el desarrollo y las capacidades y perspectivas económicas de los países en desarrollo se verían gravemente perjudicados y menoscabados. A este respecto, pese a la firme oposición de Mauricio, el Reino Unido pretendió establecer una “zona marina protegida” alrededor del archipiélago de Chagos, lo que vulnera el derecho internacional y dificulta aun más el ejercicio por parte de Mauricio de sus derechos soberanos sobre el archipiélago y el derecho de los ciudadanos mauricios que fueron desplazados a la fuerza por el Reino Unido a volver al archipiélago.

238.    Tomamos nota de la Declaración de la Habana, aprobada en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada los días 28 y 29 de enero de 2014.

239.    Reafirmamos nuestro firme rechazo a la imposición de leyes y reglamentos con un efecto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas, incluidas las sanciones unilaterales contra países en desarrollo, y reiteramos la urgente necesidad de eliminarlos inmediatamente. Recalcamos que esas medidas no solo socavan los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, sino que además constituyen una grave amenaza para la libertad de comercio e inversión. Por consiguiente, instamos a la comunidad internacional a que adopte medidas urgentes y eficaces para impedir la aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales en contra de los países en desarrollo.

240.    Expresamos nuestro rechazo a las listas y certificaciones unilaterales por parte de países desarrollados y que afectan a los países en desarrollo, en particular las referidas a terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras de similar carácter.

241.    Reiteramos nuestro llamamiento al Gobierno de los Estados Unidos de América, formulado en la segunda Cumbre del Sur, organizada por el Grupo de los 77 y China y celebrada en Doha en 2005, a que ponga fin al embargo económico, comercial y financiero contra Cuba que, además de ser unilateral y contrario a la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional, así como al principio de vecindad, causa grandes pérdidas materiales y daños económicos al pueblo de Cuba. Instamos al estricto cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General acerca de este asunto. También tomamos nota que en la Declaración de La Habana los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños reafirmaron su más profundo rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y reiteraron una vez más su solidaridad con Cuba, al tiempo que reafirmaron su llamamiento al Gobierno de los Estados Unidos a que pusiera fin al bloqueo económico, comercial y financiero que impone a dicha nación hermana desde hace más de cinco décadas. Rechazaron la inclusión de Cuba en la denominada lista de Estados que promueven el terrorismo publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y solicitaron que se pusiera fin a esa práctica unilateral.

242.    Reafirmamos nuestro rechazo a las sanciones económicas unilaterales impuestas contra el Sudán, que tienen efectos negativos sobre el desarrollo y la prosperidad del Sudán, y a este respecto pedimos el levantamiento inmediato de dichas sanciones.