Economia popular: legislación para una realidad efectiva

Por Secretariado Nacional de CTEP

1.    Ley de Lucha contra el Trabajo Informal

El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció en diciembre que impulsará una reforma laboral que prevé medidas contra el trabajo informal y al menos dos importantes reivindicaciones laborales: el aumento de la indemnización mínima y la ampliación de la licencia por paternidad.

Para el primer punto, es importante realizar un análisis crítico del concepto de “trabajo informal”. Desde luego, consideramos que se trata de un término que aborda la problemática de los más postergados desde la óptica de la burguesía y la burocracia estatal. Porque la noción de “trabajo informal”, además de no ir al fondo del problema  -por limitarse a reflejar el grado de institucionalización de una relación laboral desde la perspectiva del Estado y no su verdadera naturaleza desde el punto de vista del Trabajo- es ciertamente ambigua. Existe una heterogeneidad de situaciones que no responden a las mismas causas ni pueden abordarse de la misma manera. Sucede que la clase trabajadora está fragmentada en un caleidoscópico universo de relaciones laborales cualitativamente distintas. Una tipología del trabajo actualizada que contemple al sector popular tiene que analizar no sólo la situación del trabajador ante los registros oficiales (formalidad / informalidad) sino la integralidad de sus condiciones laborales (grado de precariedad laboral, características de la unidad económica, tipo de relaciones laborales que se establecen en el proceso de trabajo, etc). Ni todos los trabajadores son dependientes ni todos los independientes son económicamente autónomos. Comprender la situación de los trabajadores sin patrón pero económicamente dependientes es indispensable para encontrar soluciones.

2.    Ley Federal de Economía Popular

El Presidente del INAES, Patricio Griffin, anunció que impulsará un debate nacional sobre una “ley federal de economía solidaria”, concepto con el que el funcionario hace referencia al modo en el que se estructuran las relaciones sociales dentro de una unidad económica y los fines que persigue. El dogma cooperativista nos habla de gestión democrática, propiedad colectiva, distribución equitativa de las ganancias y finalidad social. Más allá de que la práctica real del cooperativismo tradicional está bastante alejada de la teoría, incluso si se acepta acríticamente las bondades de la economía social, este concepto diluye un tema que, mal que nos pese, existe y es definitorio de la real naturaleza de una unidad económica: su ubicación dentro de una sociedad estratificada y excluyente, la ineludible cuestión de clase y, más específicamente, la creciente proporción de trabajadores “sobrantes” desde la perspectiva del Capital. Desde el punto de vista del sujeto social, también se invisibiliza un factor determinante y diferenciador: la cultura popular.

El concepto de economía social y/o solidaria engloba indistintamente al Banco Credicoop  y a la Cooperativa Obreros del Cartón. Es evidente que las diferencias son abismales. ¿Cooperativismo Tradicional o Cooperativismo Popular? Dentro de la llamada “economía solidaria”, la modalidad paradigmática es la cooperativa mientras que en la economía popular, la cooperativa es una forma de excepción (gracias, entre otras cosas, al pésimo trabajo del INAES). Sin embargo, aun cuando los sectores populares constituyen cooperativas como forma de institucionalizar sus unidades económicas, bien distintas son estas cooperativas de las tradicionales, ni que hablar del cooperativismo agroexportador, financiero o de seguros.

El origen del cooperativismo tradicional es indudablemente popular. Las primeras cooperativas eran una forma de proveer servicios que nadie prestaba, reducir costos, mejorar la vida del obrero. El cooperativismo inicial, el de los pioneros de Rochdale y sus seguidores, fue un subproducto de la sociedad industrial y un instrumento de lucha económica de los trabajadores asalariados y sus familias. En países como el nuestro cumplieron un rol fundamental en el desarrollo de los pueblos, la provisión de servicios públicos y el gremialismo agrario, el de los colonos y chacareros, por entonces pobres y oprimidos.

La receta es eliminar completamente los aspectos burocráticos y acompañar el desarrollo progresivo de las cualidades esenciales del cooperativismo: gestión democrática, distribución justa de los frutos del trabajo, propiedad colectiva de los medios de producción. En ese sentido, la intervención de la CTEP en el debate parlamentario apuntará a garantizar que los preciosismos normativos no atenten contra los derechos de los compañeros. Vale la reiteración: las formas institucionales deben adaptarse a la realidad porque la realidad se resiste a adaptarse a ella. Tenemos buenos ejemplos en Ecuador, Bolivia y Venezuela para iniciar el debate.

3.    Ley de Asociaciones Sindicales

Existen varias iniciativas parlamentarias para la modificación de la LAS como la de Facundo Moyano que apunta principalmente a cuestiones vinculadas a la democracia y libertad sindical. Como se dijo anteriormente, la LAS está totalmente obsoleta. Sancionada durante el gobierno radical de Alfonsín en 1988, mientras el Ministerio de Trabajo estaba a cargo de Ideler Tonelli (autor de la Ley de Obediencia Debida) dicha normativa tiene serias deficiencias para abordar la realidad laboral de la actualidad.

Uno de los problemas más graves es el impedimento (más doctrinario que propiamente legal) de formar sindicatos de trabajadores que trabajan bajo modalidades distintas a la relación de dependencia. Este punto toca particularmente a la CTEP que se caracteriza, precisamente, por agrupar trabajadores que están fuera del mercado laboral institucionalizado y en general trabajan en forma “técnicamente” independiente, en cooperativas o unidades productivas familiares.

Paradójicamente, se niega a los últimos de la fila la formación de sindicatos. Los “informales” no pueden sindicalizarse. Algunos dirigentes obreros abonan este impedimento con argumentos que chocan de bruces con la realidad a diario. Olvidan que, en sus orígenes, todos los sindicatos fueron creados por trabajadores informales, ya que en la época cuando los sindicatos fueron inicialmente organizados toda la economía era informal. Los sindicatos eran, y todavía lo son, organizaciones de autoayuda de trabajadores que, a través de la acción colectiva, buscan regular sus salarios y condiciones laborales con el fin de eliminar las peores formas de explotación, es decir, formalizar / dignificar una situación informal.

4.    Ley Integral de Reciclado Social

Cada día, los cartoneros de todo el país recuperan 1.600 toneladas de residuos sólidos urbanos, aproximadamente un 10% del total de los desechos que produce nuestra economía. Ninguna empresa, ningún municipio, ninguna ONG ambientalista se acerca a esa cifra. Ha sido y es la participación activa de cartoneros los que han permitido que la crisis de la basura que sacude a todas las principales ciudades del país no haya terminado colapsando los lugares de disposición final. Ese trabajo silencioso, sin derechos, mal pagado, en muchos casos con los hijos a cuestas, ha demorado la catástrofe ambiental que hoy todos pronostican.

Fueron los trabajadores cartoneros, desprovistos de todo derecho, despreciados por los supuestos ambientalistas, los que revirtieron la idea de un "reciclado de marketing" por una Gestión Popular de los Residuos Reciclables. Fue en la lucha callejera, en los cortes de puentes, rutas y vías, en los enfrentamientos con vecinos que nos rechazaban, contra la represión estatal y policial, donde se gestaron los gérmenes de una nueva perspectiva para el tratamiento adecuado de los residuos sólidos urbanos.

Así, con las plantas sociales arrancadas al CEAMSE por los trabajadores del relleno sanitario de José León Suàrez como la Cooperativa ECOMAYOhasta la experiencia de gestión mixta estatal-cooperativa en la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores vienen marcando un camino, desarrollando un Sistema Popular de Gestión de los Residuos, que el Estado nacional y los estados provinciales y municipales deben recoger. Por eso, impulsamos un sistema nacional de reciclado social que incluya al menos estos puntos: Plan de Inclusión Social de Recuperadores Urbanos (PISRU); Plan de Erradicación del Trabajo Infantil Cartonero (PETIC); Plan Integral de Logística (PIL); Plan de Centros Verdes, Plantas Sociales y Comercialización Colectiva (PCV); y Reconversión del Trabajo en Basurales (RTB).

5.    Ley Especial de Expropiaciones de Unidades Productivas

Con esta ley se consolidarían jurídicamente las 184 empresas ya recuperadas.
Con esta Ley se pueden recuperar rápidamente 50.000 puestos de trabajo. Hoy las Empresas están cerradas, con sus máquinas adentro y sus trabajadores afuera, sin poder conseguir empleo.
Con esta Ley aseguraríamos que no se pierda ningún puesto de trabajo más en Argentina. Que cada Empresa que cierre tenga continuidad gestionada por sus trabajadores.
Con esta ley, aportaríamos a un serio desarrollo local, ya que muchas de estas Empresas se encuentran en el interior del País. Además, evitaríamos las quiebras fraudulentas, los abusos de tantas patronales, dándose en el marco de la democracia, donde los trabajadores han perdido casi todos sus derechos, es justo que alguna vez se legisle a favor del pueblo.

6.    Estatutos de Actividades y Oficios Populares

Impulsamos la creación de estatutos para todos los oficios y actividades populares donde queden fijados presupuestos mínimos de derechos y obligaciones y quede establecido que el ámbito para la resolución de los conflictos es el Ministerio de Trabajo.