Gráfica Vulcano: los trabajadores acampan en la fábrica para defender sus empleos

Por Redacción APU

APU: ¿Cuál es la situación en la imprenta Vulcano?

Pablo Godoy: Hago un poco de historia. A fines de 2014, la patronal intentó vaciar la empresa y se llevó algunas máquinas. En esa situación quedaron 16 familias a la intemperie. En abril de 2015, el juez declara la quiebra. Los trabajadores pedimos la continuidad de la gráfica mediante una cooperativa. Entonces, el síndico que intervino en la quiebra nos pide que arreglemos con el HSBC una deuda por la compra de una máquina de 300 mil pesos y que resolvamos la situación de hipoteca sobre el inmueble de 2 millones de pesos.

APU: ¿Eso ocurrió?

PG: En tres meses resolvimos las dos situaciones en negociaciones difíciles pero pudimos resolver un plan de pagos en los dos casos. Nos ayudó el gremio y el Estado. Así y todo el juez no nos permitió la continuidad y nos pidió que debíamos tener la habilitación de la Ciudad de Buenos Aires para funcionar. Ese es un problema, porque no es un trámite sencillo, lleva tiempo. Además, desde la Ciudad no nos dicen si ya la fábrica contaba con habilitación para funcionar. Ese trámite puede llevar tiempo y compromete nuestras posibilidades de trabajar.

APU: ¿El juez no les asegura algún camino intermedio que les permita mantener el trabajo de la gráfica?

PG: No, claramente están haciendo todo para que no podamos funcionar. El juez que interviene es Gerardo Santicchia, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 19, y la secretaria es Fernanda Mazzoni. La ley de Concursos y Quiebras se modificó en 2011 y se crearon mecanismos para que los trabajadores puedan continuar con la explotación de una empresa quebrada. Claramente se está violando esa ley, porque no puede ser que la cooperativa se tenga que hacer cargo de negociar contratos por 2 millones de pesos para levantar una hipoteca, 300 mil pesos para comprar una máquina o 100 mil para una habilitación. Los trabajadores son víctimas de esta situación que es responsabilidad de la patronal. La justicia debería garantizar que los trabajadores puedan mantener sus fuentes de trabajo.

APU: ¿Los trabajadores están acampando en la gráfica?

PG: Sí, gracias a eso pudieron evitar que la patronal termine de vaciar la empresa. Son 16 trabajadores que quieren mantener sus puestos de trabajo y la Justicia no los deja.